En reunión del pasado 2 de marzo de 2021, en Consejo de Ministros, nicolás maduro anunció que ha enviado a la “nueva” Asamblea Nacional, un paquete de 34 leyes para ser aprobadas o modificadas. Entre la lista de la propuesta de leyes para ser modificadas, el gobierno incluyó, sin explicación alguna; y, sin decir nada al respecto, la reforma de una de las leyes fundamentales del país y del periodo del gobierno del presidente Hugo Chávez: la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Las grandes agencias internacionales de noticias “celebran” el paso dado, y relatan cómo, después de que la nacionalización y el control del petróleo fue el centro de la política económica del periodo de gobierno del presidente Chávez, ahora maduro está decidido a revertir lo hecho y ceder finalmente al sector privado internacional, el control del petróleo venezolano. Los agentes de las transnacionales están en la antesala de La Campiña esperando el festín.
Así, el gobierno de maduro se apresta a dar el paso más emblemático y concreto de lo que el profesor Javier Biardeau llama “transformismo”, y que he venido denunciando desde el mismo 2017: el gobierno, luego de destruir nuestra empresa nacional y de ceder a los intereses económicos que el mismo representa, ha decidido entregar el petróleo y el gas del país.
He denunciado esta política del gobierno desde que tuve constancias y evidencia de hacia dónde se dirigen sus actuaciones en el sector. Mi denuncia y rechazo irreductible a la entrega del petroleo y la destrucción de PDVSA, me han costado persecución, exilio, ocupación de mi casa, violación de mi imagen, honor y reputación, y todo tipo de acusaciones y defenestraciones en mi contra y de mi familia, por parte de maduro y su Fiscal. El tiempo me ha seguido dando la razón con respecto a las motivaciones y objetivos de maduro con sus ataques en mi contra y su saña en contra de PDVSA.
Privatizar el petróleo es la gran concesión que hace maduro al capital nacional y transnacional para mantenerse en el poder, y ésto no sólo anula las posibilidades nacionales de salir de la peor crisis de nuestra historia; sino que, constituye el peor error del que podremos arrepentirnos algún día, por eso, debemos detenerlo a tiempo.
En una “reforma” que nadie conoce, sino que circula en secreto entre los más conspicuos exponentes del madurismo, a través de consultas con los nuevos empresarios del país y los círculos de poder económico nacionales y extranjeros, el gobierno se apresta a eliminar de la Ley, las disposiciones que garantizan el control del Estado sobre la actividad, tal como lo establece el artículo 302 y 303 de la Constitución. Esta “reforma” del madurismo; es, en esencia, la misma que ha levantado como bandera la oposición de extrema derecha y su “remix” de la nefasta “apertura petrolera”, es el eje central, el punto de encuentro del “diálogo” del madurismo con ella y con las élites económicas del país: entregar el petróleo
Nada nuevo, se trata de convertir a PDVSA en una simple administradora de contratos, con mínima capacidad operativa, para así entregar, de manera abierta o enmascarada, las actividades fundamentales de la industria petrolera, al sector privado.
El Petróleo es del pueblo
El petróleo no sólo es nuestro principal recurso económico; realmente, es el más estratégico e importante de nuestros recursos naturales. Si a ello sumamos el hecho de que, a partir de la Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, el 27 de febrero de 2007 durante el gobierno del presidente Chávez, logramos certificar 316 mil millones de barriles de reservas probadas, ubicados principalmente en dicha área; entonces, nuestro país, se convierte en la mayor reserva probada de petróleo del mundo; y, concentramos en nuestro subsuelo, el 20 % de las reservas de petróleo de la tierra. Esa inmensa riqueza es de todos los venezolanos y de nuestras generaciones futuras.
Cuando nacionalizamos la Faja Petrolífera del Orinoco y avanzamos con la Plena Soberanía Petrolera, estábamos pensando y luchando por el presente y el futuro de todos; poníamos punto final a la nefasta “apertura petrolera”, asumiendo el control soberano de nuestros recursos estratégicos, colocando el petróleo al servicio del pueblo venezolano, de su desarrollo social, de nuestra economía.
Decía emocionado el Presidente Chávez, ante más de 40 mil trabajadores de PDVSA, que estábamos congregados en el Complejo de Mejoradores de Jose, el 1ero de mayo de 2007, en oportunidad de la Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco:
“Hoy le ponemos punto final, hoy estamos cerrando un perverso ciclo que aquí se abrió hace más de 10 años, un perverso proceso al que llamaron la apertura petrolera. ¡Hemos enterrado hoy la apertura petrolera, aquí en José Antonio Anzoátegui y en la Faja Petrolífera del Orinoco!”
La única razón por la que nuestro país vivió un extraordinario periodo de auge económico y desarrollo social entre 2004-2012, fue por la vigencia de la Plena Soberanía sobre nuestro petróleo; y, por el hecho, de que Petróleos de Venezuela, la PDVSA del Pueblo, era capaz de explotar y desarrollar estos inmensos recursos a favor del Estado y de todos los venezolanos.
Es oportuno recordar lo que decía el presidente Chávez en su discurso ante la AN, el 15 de agosto de 2007:
“Venezuela va a crecer, y va a seguir creciendo en la economía; pero ninguna riqueza material que generemos va a poder compararse con la inmensa masa, el inmenso mar de petróleo pesado y extra pesado que tenemos a mil metros de profundidad, allá, al norte del soberbio río Orinoco, ésa es una de las más grandes riquezas del mundo, que la hemos recuperado, la hemos salvado del imperialismo y del proyecto de privatización.”
Ese petróleo siempre estuvo allí, en el subsuelo, explotado a favor de las transnacionales o entidades privadas; mientras, se acumuló la pobreza y la desigualdad que caracterizó a nuestro país durante todo el siglo XX; y, cuya expresión más trágica, son los barrios de las grandes ciudades y el abandono del campo.
Sólo en la medida en que el Estado Venezolano pudo tomar efectivamente en sus manos la explotación y desarrollo del petróleo, y colocar sus inmensos beneficios a favor del pueblo, fue que el país pudo alcanzar importantes avances en el desarrollo de infraestructura, educación, salud, bienestar. Fue con la distribución popular y revolucionaria de la renta petrolera, que, durante el gobierno de Chávez, pudimos dar la batalla en contra de la pobreza y la exclusión, en contra de la desigualdad económica y social, garantizando el “vivir bien” y el bienestar de todos los venezolanos.
El petróleo es un bien de dominio público, definido en la Constitución como de interés estratégico, imprescriptible e inalienable, se ubica en el subsuelo de nuestro territorio, es decir, está intrínsecamente vinculado a nuestra soberanía. Privatizar el petróleo, es como privatizar el Río Orinoco, Los Andes o entregar El Esequibo. Es el descuaje de la Patria, de nuestra integridad territorial.
Por ello, desde el Decreto de Quito de 1829 del Libertador Simón Bolívar y en TODAS las Constituciones de la República; incluyendo, por supuesto, la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela, se consagra el hecho de que el petróleo es del pueblo de Venezuela y se reserva su propiedad, control y explotación al Estado Venezolano a través de su empresa nacional, Petróleos de Venezuela.
Esta disposición de la Constitución, se desarrolla y regula en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que ahora la “nueva” Asamblea Nacional se apresta a modificar para derogar los mecanismos y disposiciones que garantizan que el Estado, a través de PDVSA, explote y ejerza el control efectivo sobre la actividad petrolera en el país.
Resulta más que emblemático que la aprobación y entrada en vigencia de esta Ley, el 1 de enero de 2002, fue uno de los detonantes de la violencia de las élites económicas y sus partidos en contra del presidente Chávez y la Constitución, lo que luego se expresaría en el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002. No deja de ser paradójico que la Ley que hoy quiere modificar maduro, con el voto de la mayoría de la bancada del PSUV, es la misma que derogó Carmona en su decreto golpista, desde el Salón Ayacucho, aquel infausto 12 de abril de 2002 ¿Levantará su mano el jefe de la bancada del PSUV en contra de la soberanía del país, del pueblo, de Chávez y su legado?
La aprobación de la Ley que hoy el gobierno pretende modificar, fue la razón fundamental de la violencia del Sabotaje Petrolero de diciembre 2002-marzo 2003. Fue la oposición a esta Ley, lo que movilizó a la “meritocracia petrolera” de la vieja PDVSA, en contra del gobierno Bolivariano.
El gobierno de maduro se apresta a modificar una Ley que probó durante más de 10 años, una extraordinaria eficacia para desarrollar nuestros recursos petrolíferos bajo control del Estado a través de PDVSA. Fue una Ley que, luego de su vigencia efectiva con el desarrollo de la Plena Soberanía Petrolera, fue aceptada y respetada por todos los socios internacionales del sector, los cuales se mantuvieron trabajando en el país, en condición de socios minoritarios de PDVSA.
Nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos permitió, de manera efectiva, restablecer nuestras plenas capacidades operativas, PDVSA se mantuvo como la quinta empresa petrolera más importante del mundo, una empresa estatal que en 2013 contaba con 231,12 miles de millones de dólares en activos y 84,49 miles de millones de dólares en patrimonio. Nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos; además, nos permitió restablecer el régimen Fiscal Petrolero; y, así ingresar al Fisco Nacional, entre 2004-2012, más de 500 mil millones de dólares provenientes de regalías e impuestos, de los cuales 240 mil fueron destinados al Desarrollo Social (Misiones, Grandes Misiones, infraestructura social) y a los distintos Fondos de Desarrollo.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos es el asiento fundamental, junto a la Constitución, del marco jurídico de los hidrocarburos en el país, y la base legal que permite poner el petróleo al servicio del interés colectivo, de todo el pueblo, de todo el país y no del interés privado, sea éste nacional o transnacional.
La ola privatizadora
El desastre de la gestión de maduro en todos los ámbitos de la economía y en el manejo del Estado, ha sido de tal magnitud, que el gobierno ha hecho de la privatización del país, su tabla de salvación. Más grave aún, ha manejado la entrega de todos los bienes y activos del Estado como “necesidad” nacional; y, lo ha hecho en secreto para no alborotar demasiado a su base de apoyo político y militar.
Esta política del gobierno no solo es contraria al interés público y a nuestra soberanía económica, sino que es absolutamente ilegal. Son miles de millones de dólares que el Estado Venezolano invirtió en adquirir o desarrollar los sectores estratégicos de la economía, para garantizar de esta forma los intereses del pueblo, así como, la hegemonía del Estado en la conducción de la misma, y ponerla a favor del país y de los objetivos del Plan de la Patria.
Ahora, en una triste acción que recuerda el desmantelamiento de la antigua Unión Soviética durante el gobierno de Boris Yeltsin, el gobierno de maduro, tal como hiciera el mandatario ruso en su momento, transfiriere las empresas, bienes y activos del Estado, a favor de su nueva “oligarquía”, los grupos de poder económico y militar que lo sostenían en el poder.
A través de distintos mecanismos; y, la mayoría de las veces, actuando de facto, el gobierno ha venido privatizando la industria petrolera, desde la militarización de PDVSA en 2017 que trajo como consecuencia la destrucción de sus capacidades operativas. El gobierno ha avanzado en una privatización de hecho de PDVSA, a través de decisiones ejecutivas, ilegales e inconstitucionales.
Con el Decreto 3.368, del 12 de abril de 2018, se autorizó al entonces presidente de PDVSA, general Manuel Quevedo, a ajustar los contratos y acuerdos petroleros, al margen del marco legal y normativo vigente, lo cual dio lugar a los “Contratos de Servicios” petroleros y la entrega de infraestructura y facilidades de producción a terceros. Igualmente, mediante el Decreto 3.569 del 2 de agosto de 2018, se autoriza la exención de impuestos a las operadoras petroleras y la cesión de la participación y control de PDVSA en las operaciones petroleras en la Faja Petrolífera del Orinoco, el Oriente y Occidente del país, a favor de sus socios privados. En este periodo, se han cedido campos de petróleo y gas, instalaciones, taladros, buques, plataformas, infraestructura petrolera, equipos y empresas al sector privado y testaferros vinculados a los cinco personajes que manejan el país.
Todas las áreas y campos petroleros que pasaron a control de PDVSA en aplicación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos entre 2004-2012, durante la Plena Soberanía Petrolera, han sido entregadas por el gobierno de maduro, entre 2018-2021, a la gestión de los privados, dejando a PDVSA como una empresa administradora, una “agencia”, una simple intermediaria en la gestión de estos contratos, llamados ahora “Contratos de Servicios” petroleros, tratando de reeditar, de la peor manera posible, la figura de los “Convenios Operativos” de la apertura petrolera.
Sin embargo, la ola privatizadora del gobierno, contrario a lo que han pregonado sus ideólogos e impulsores, ha fracasado de manera estruendosa. Hoy día, luego de la destrucción de PDVSA y la gestión privada de las principales actividades petroleras en el país, PDVSA sólo exhibe el estado desastroso de sus instalaciones y el colapso de la producción, que es de sólo 500 MBD (una caída de 2,4 millones de barriles día de petróleo respecto a 2013), así mismo, las refinerías operan al 10% de su capacidad, no hay dinero, no hay gasolina, ni diesel (gasóleo), ni gas.
Lo mismo ha sucedido en todos los ámbitos de la economía nacional y Estadal, el gobierno ha transferido tierras, empresas, fábricas y actividades del Estado a su grupo de poder, familiares, diputados, militares, aventureros y “agentes” devenidos ahora en “empresarios”: los dueños del país. Pero, la Venezuela de los “Bodegones”, hoteles y restaurantes de lujo, está peor que antes, peor que nunca, en un abismo.
Con la denominada “Ley Antibloqueo” y ahora con su nueva Asamblea Nacional, el gobierno pretende reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para dar así un giro total y abierto a lo que fue la bandera de la gestión del Presidente Hugo Chávez, el elemento más importante de su legado político, su mayor victoria: la Plena Soberanía Petrolera.
Pretenden darle un barniz legal a una acción inconstitucional.
Para avanzar en sus planes, el gobierno tendría que cambiar la Constitución vigente y modificar los artículos 302 y 303, además de los Valores y Principios consagrados en la misma; entre ellos, el de la SOBERANÍA para, solo después de ello, poder intentar darle legitimidad y legalidad a los cambios que pretenden hacer en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El gobierno de maduro se apresta a hacer algo que no había hecho ningún otro en el país: la privatización, la entrega del petróleo al capital privado, nacional y transnacional. Sólo Juan Vicente Gómez lo hizo y entregó el país a la vorágine transnacional, imponiendo el modelo rentista petrolero; después, lo intentó la vieja PDVSA durante la apertura petrolera, con los ya conocidos efectos económicos y sociales, cuya máxima expresión fue el “Caracazo” del 27 de febrero de 1989.
Lo que pretende hacer maduro y su Asamblea Nacional, es peor que todo eso, no solo debido a la forma ilegal e inconstitucional en que pretende hacerlo, sino porque va en sentido contrario del pensamiento nacional petrolero, desde Juan Pablo Pérez Alfonso, Salvador de la Plaza, Medina Angarita y Rómulo Betancourt; y, por supuesto, en contra del pensamiento y política petrolera del presidente Chávez, de su prédica y legado, liquidando la posibilidad de alcanzar los objetivos históricos plasmados en el Plan de la Patria y recuperar la soberanía del país.
Las excusas del gobierno son miles, desde la traición, conspiraciones, “bloqueo” y “sanciones”, hasta los ataques “terroristas” (ayer se produjo otro supuesto “ataque terrorista” en contra de un gasoducto en el área del Tejero, en el Estado Monagas, cuando todos sabemos que es otro falso positivo, los sistemas de transporte de gas y petróleo se han convertido en bombas de tiempo y fuentes de derrame permanente, por la falta de mantenimiento y la impericia o errores en la operación de estos sistemas tan complejos que operan a altas presiones).
El gobierno, luego de destruir PDVSA, perseguir y encarcelar a sus gerentes y trabajadores, y de entregar las operaciones e infraestructura a los privados, argumenta “que debe evadir las sanciones entregando los activos del Estado a los privados”; es decir, desnacionalizado al país, ese es el espíritu y propósito de la nefasta ley llamada “antibloqueo”.
Habría que reflexionar sobre el extraño efecto que producen las sanciones en el gobierno de maduro: ante la presión de las sanciones, el gobierno responde entregando todo lo que puede. Es decir, a diferencia de Cuba, el gobierno de maduro ante las “sanciones” entrega todo, las empresas, los activos, la soberanía. Vaya manera de “defender” la patria que tiene este gobierno.
Por supuesto que el gobierno además de las sanciones, ahora aduce que “son necesarias inversiones mil millonarias para recuperar PDVSA y el petróleo”. Dejemos que sea Chávez quien le responda a maduro y sus ministros, recordando sus palabras del 31 de agosto de 2012:
“¿Qué nos dejaron (las transnacionales)?: La miseria y el hambre. Ese es el capitalismo saqueador y explotador. Y para poderlo hacer realidad en Venezuela el imperialismo siempre necesitó gobiernos títeres, gobiernos burgueses, que allá en Miraflores estuviera siempre una marioneta, un jalabolas.”
“Quisieron presentarnos el tema (de la inversión extranjera) como algo unilateral, donde para recibir a la inversión extranjera había que entregar la soberanía del país y, por tanto, había que flexibilizar, la fundamentación de que no se debe cobrar regalías, no se debe cobrar impuestos, prácticamente cediendo la soberanía del país.”
Mi propuesta
Estamos convencidos que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de Hidrocarburos, son la causa de los graves problemas que enfrenta la industria petrolera nacional, así como, tampoco son un obstáculo para su recuperación.
El hecho, público y notorio, de que el gobierno de maduro no haya sido capaz de administrar ni dirigir el sector petrolero, ni Petróleos de Venezuela, en 7 años caóticos de persecución, desviación de recursos y sucesivos y graves errores en la conducción de la empresa, no es razón alguna para privatizar el petróleo y renunciar a la reconstrucción de PDVSA y la industria petrolera en el país. Quienes afirmen lo contrario, están mintiendo y protegiendo intereses particulares, son los que se harán con el control de nuestras inmensas riquezas.
El mito propalado por el gobierno y el sector privado de que, PDVSA es irrecuperable es una inmensa mentira, una estafa, una excusa para cometer el mayor fraude contra todo el país. Todos argumentan escenarios catastróficos, inversiones de cientos de miles de millones de dólares, incapacidad técnica y tecnológica y un largo etcétera para justificar la entrega del petróleo, la privatización del sector.
Olvidan estos entreguistas y ambiciosos inconscientes, que nuestro país no solo tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, sino que tenemos más de 100 años de acumulación de experiencia técnica y desarrollo de infraestructura petrolera a lo largo y ancho del territorio nacional.
Nuestras áreas petroleras, las más antiguas y complejas, se pueden recuperar, aunque requieran un tratamiento distinto desde el punto de vista empresarial y operacional que atiendan a su situación actual y sus complejidades operacionales propias.
Desde el Occidente hasta el Oriente; y, en particular, la Faja Petrolífera del Orinoco, tenemos áreas operacionales con importantes acumulaciones de petróleo que está allí, superficial, reservas probadas, infraestructura existente, que puede ser reactivada con base en un conjunto de medidas que atiendan a una evaluación área por área, de la afectación en estos años de desastre y abandono.
Pero para nuestros técnicos, ingenieros y gerentes (habría que liberar a todos los que están presos y llamar a los que estamos exiliados), no hay secretos operacionales, ni tecnologías que no conozcamos en el manejo de estas áreas, ni instalaciones. Son ellos, nuestros gerentes e ingenieros los expertos en las operaciones del Lago de Maracaibo, Norte de Monagas o Crudos Extrapesados de la Faja Petrolífera, o los que mejor conocen el CRP, El Palito o la Refinería de Puerto La Cruz. No son otros.
Lo que ha sucedido en Libia es un buen ejemplo de lo que planteo. Luego de años de guerra, bombardeos, intervención extranjera y guerra civil, la producción de Libia se ubicaba en junio del año pasado en apenas 100 MBD, pero luego de alcanzado un gobierno de unidad nacional, la producción aumentó hasta 1.2 millones de barriles día, al mes de febrero, una recuperación del 900% en tan solo 8 meses.
Para recuperar PDVSA, el país debe entrar en una nueva batalla nacional, espiritual, de movilización y combate a favor del país, sin cálculos, sin pretensiones que no sean las de rescatar la patria. Un espíritu como el que prendió en los trabajadores y gerentes que nos sumamos a recuperar PDVSA y todo el sector de las terribles consecuencias del Sabotaje Petrolero de 2002-2003, el cual llevó nuestra producción de petróleo a tan solo 23 mil barriles día el 1 de enero de 2003, y que nos permitió su recuperación en apenas tres meses de trabajo arduo, duro, incansable, con todo el pueblo, todo el país sumado a una tarea monumental.
Ya fuimos capaces de hacerlo durante la derrota del Sabotaje, recuperamos todas nuestras áreas operacionales, nuestras refinerías saboteadas, nuestras instalaciones y sistemas de control. Lo podemos hacer nuevamente, con todo el apoyo del Estado y del país, sus fuerzas políticas y sociales.
Aunque en este momento el daño a PDVSA, es incluso mayor que cuando el sabotaje, la conjunción de fuerzas de todos, y la necesidad de vencer, de que no tenemos otra opción, de que no podemos optar por entregar o abandonar nuestro país, es mayor que cualquier dificultad.
Hay que volver a la manera como hacíamos las cosas con Chávez, con altruismo, fuerza, amor patrio, dedicación, trabajo, estudio y mucho compromiso y amor por el país. La nueva Batalla por el Petróleo, además servirá de empuje, envión, refuerzo a una actitud, valores y conducta necesarios para la sanación espiritual de la sociedad: la honestidad, el trabajo, la solidaridad, la entrega a favor del país.
Todas nuestra áreas de producción de petróleo, todas nuestras refinerías, todas nuestras instalaciones son recuperables, cada una en distintos tiempos y con diversas intensidades, no hay secretos tecnológicos, no hay fronteras de conocimientos para nosotros. No prometo que lo hagamos en un solo tiempo, pero si será una recuperación gradual, continua, apoyándonos en las áreas más prolíferas y las menos afectadas. Fondeando nuestras necesidades con la producción incremental, cobrando lo que corresponde por nuestro petróleo, sin los descuentos groseros de más del 60% que se están otorgando actualmente, pagando impuestos y regalías, cumpliendo con nuestros contratos y compromisos de suministros a los grandes mercados conquistados durante nuestra diversificación; y, de ser posible, supliendo a nuestros mercados tradicionales.
El mercado petrolero internacional seguirá su recuperación y requiere nuestros crudos pesados y medianos, el mundo seguirá necesitando el petróleo por muchas más décadas, quien quiera convencernos de que la era del petróleo ya pasó, solo quiere aprovecharse de nuestras riquezas.
Los recursos económicos para recuperar nuestra producción, están allí mismo, someros, solo se necesitan montos razonables, manejables, perfectamente accesibles para el país, para iniciar una recuperación gradual. Ir recuperando la infraestructura con todas nuestras capacidades nacionales, tanto las del Estado como las del sector privado nacional e internacional, tanto petrolero como tecnológico y financiero, para restablecer las cadenas de suministro y apoyo industrial de equipos y servicios.
Justamente, la Ley Orgánica de Hidrocarburos regula de manera clara cómo y hasta dónde es la participación de estos sectores en las actividades reservadas al Estado, nuestras empresas mixtas están vigentes, el petróleo está allí y el marco jurídico también.
Obviamente que habrá que revisar las situaciones particulares y las necesidades de cada área o instalación para tomar las decisiones dentro del objetivo estratégico y único de restablecer nuestras capacidades operacionales y garantizar el ingreso petrolero al país, manteniendo siempre nuestra Plena Soberanía Petrolera.
El problema del petróleo es político, no técnico
Pero, para recuperar PDVSA, la producción petrolera; y, por ende, comenzar a recuperar nuestra economía, primero tenemos que restablecer la soberanía popular, el marco constitucional y tener un gobierno legítimo, nacional, popular, revolucionario, algo diametralmente opuesto al gobierno entreguista, incapaz y genuflexo que tenemos. El problema político es imperativo resolverlo.
Nosotros hemos propuesto una Junta Patriótica de Gobierno, que sea legitimada en el marco de nuestra Constitución a través de un Referendo Consultivo, que debe impulsarse de inmediato, sin más demora. Todo dentro de la Constitución.
Teniendo un gobierno de estas características, en un periodo no mayor a dos años podemos abocarnos a una batalla nacional por la recuperación de nuestra industria petrolera y resolver los graves problemas económicos y sociales del país.
Ésto por supuesto, acompañado de un proceso de reinstitucionalización del país, plenas libertades, libertad a los presos políticos, trabajadores y militares presos, garantizar el pleno respeto a los Derechos Humanos y la soberanía del país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe asumir plenamente su responsabilidad de garantizar nuestra soberanía y la vigencia de nuestra Constitución, además de acompañar y proteger el esfuerzo de recuperar la industria petrolera y al país en general.
Nuestro país seguirá siendo petrolero
A pesar de lo que diga o haga este gobierno, la realidad es que seguiremos siendo un país petrolero por muchas décadas más, el petróleo está allí y el mundo lo seguirá necesitando. La gran pregunta es ¿a favor de quién se resolverá esta crisis?
Nosotros proponemos que esta crisis tiene que resolverse a favor del pueblo, de todo el país. La recuperación de la economía nacional y la solución a nuestra profunda crisis y los graves problemas sociales que nos aquejan, pasan por recuperar nuestra industria petrolera, a PDVSA como nuestra operadora del Estado única manera de recuperar el petróleo y el ingreso petrolero a favor del pueblo.
Si no se hace de esta forma, si por la debilidad política e institucional, el país se queda paralizado, mudo, ante las pretensiones del gobierno y sus factores políticos de entregar el petróleo, entonces sufriremos un retroceso de 100 años en nuestra historia como país petrolero.
Renunciar a tener nuestra operadora petrolera nacional, PDVSA, nuestra gran empresa, plena de capacidades operativas y técnicas, una empresa que es patrimonio de todos los venezolanos sería un crimen tremendo contra el país, equivalente a disolver nuestro ejército, nos despojaría de la posibilidad de explotar y producir nuestro petróleo para ponerlo al servicio del país, de nuestro pueblo.
Si no se recupera PDVSA, serán las transnacionales las que volverán a señorear en nuestros campos y se llevarán el petróleo como siempre lo hicieron, habrá una casta de políticos, militares y sectores de una nueva burguesía que se enriquecerán con las migajas que nos dejen, y el pueblo seguirá sumido en su pobreza y desesperanza.
No son las transnacionales, u otro interés privado quien trabaje a favor de los intereses del país, los intereses nacionales, ellos tienen su estrategia, sus intereses, nosotros los nuestros, nuestras propias necesidades de desarrollo.
Ese no es el futuro que queremos para nuestro pueblo, nuestros hijos, los hijos de Bolívar, no lo merecemos. Después de tantos años de lucha y combate por nuestra Soberanía Petrolera y el bienestar del país.
Solo el petróleo, nuestro petróleo, será la herramienta efectiva para recuperar nuestra patria, para reconquistar nuestro futuro, pleno de justicia y bienestar para todo el pueblo venezolano. Es la única posibilidad que tenemos de salir del abismo, por eso, debemos levantar la voz, cada vez más alta, sin miedo: ¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO!