El Amazonas, cuyo 65% de territorio se encuentra en Brasil, se consume en llamas desde hace más de 17 días continuos. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), entre el 1 de enero y el 22 de agosto se han producido 76.700 incendios a lo largo de toda su extensión, de los cuales 9.500 se han reportado desde la semana pasada, que han exterminado más de 1,5 millones de hectáreas de bosques de la mayor reserva forestal del planeta, hogar de 3 millones de especies naturales y animales, y que aporta el 20% del oxígeno del mundo.
Aunque los incendios en el Amazonas son un fenómeno recurrente, sin embargo, su número se ha incrementado de manera extraordinaria, un aumento del 85% con respecto al año pasado, según informó el indicado Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales brasileño (INPE), desde que asumió el gobierno Jair Bolsonaro en Brasil, quien tomó posesión en enero de este año, prometiendo abrir la selva amazónica a la industria agroganadera y minera, desregulando leyes medioambientales y de protección de las comunidades indígenas, y rodeado de “negacionistas” que, como el Ministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, consideran que el cambio climático es “un engaño marxista”.
Su campaña electoral y su gestión de gobierno, marcadamente de extrema derecha, ha sido acompañada por el sector ganadero y agrícola (el de la Soya), quienes sostienen que necesitan más tierra para sus negocios, promoviendo la deforestación ilegal, para la cría de ganado, tal como ocurrió recientemente, cuando el diario local de Novo Progreso (estado de Pará) convocó la semana pasada un “Día do Fogo” (día de fuego), en el que decenas de agricultores incendiaron sus propiedades para mostrar su apoyo al presidente Bolsonaro.
Por su parte, el general Augusto Heleno Pereira, asesor principal de Bolsonaro, declaró que “era una tontería, que el Amazonas fuera parte del patrimonio mundial”. La derecha brasileña esgrime el mellado recurso del nacionalismo para avanzar en la explotación de la Amazonía, bajo el argumento de que ésta es un territorio muy extenso que debe ser aprovechado económicamente y, en fin, que se impone la necesidad de explotar sus inmensos recursos naturales a favor de Brasil, es decir, … de ellos.
Así, Bolsonaro, quien se ha proclamado, en su estilo cínico-autoritario “el capitán motosierra”, ha desregularizado la protección sobre la Amazonía, promovido la extensión de las tierras cultivables en el Amazonas, atropellado a los pueblos indígenas, cancelado acuerdos internacionales de protección del Amazonas (Fondo Amazonia), ocultado cifras de deforestación y, despidió a comienzos de mes de agosto al director del INPE, el ingeniero Ricardo Magnus Osorio Galvao, después de que dicho organismo encargado de supervisar la deforestación de Brasil, divulgara datos que revelaban la dimensión del desastre medioambiental, y, vaya sorpresa, ha acusado a las ONG ambientales de provocar los incendios como parte de una “conspiración” en su contra.
Los organismos especializados en el área ambiental, instituciones reconocidas en el Brasil por la protección del Amazonas, denuncian que los incendios son provocados por los ganaderos o sectores agrícolas, pués, por las características de Selva Húmeda del Amazonas, los mismos no son espontáneos. La práctica extendida ahora con el permiso del gobierno de Bolsonaro, de deforestar las áreas, es la de esperar al menos cuatro meses para que se seque el material vegetal y sólo entonces se le prende fuego.
Es decir, un gobierno de derecha, con un presidente autoritario, destruye la Amazonía, arrasa con el medio ambiente y desplaza a los pueblos indígenas, con tal de apropiarse de sus tierras y recursos naturales. Su programa económico de derecha, avanza a pesar de cualquier consideración ambiental o responsabilidad que exista en preservar la última gran reserva forestal del mundo, en un planeta que se dirige inexorablemente al desastre climático de manos del capitalismo, un sistema económico insostenible que requiere para su expansión de todos los recursos naturales posibles, un sistema depredador.
Pero el título del artículo de hoy “Amazonas, el negocio de este mundo” nos recuerda que Venezuela es parte integral de la Amazonía. A través de la obra cinematográfica de Carlos Azpurua: “Yo hablo a Caracas” (1978), “Caño Mánamo” (1983) y “Amazonas, el negocio de este mundo” (1986), comenzamos a tomar conciencia de lo que sucedía en nuestros extensos territorios selváticos al sur del Río Orinoco, tierras ancestrales de nuestros pueblos originarios, reserva forestal de agua dulce y de inmensos recursos naturales.
Eran los años de la denuncia: a pesar de los problemas y limitaciones impuestos por la IV República, la izquierda no tenía miedo, ni ningún tipo de compromiso, por lo cual, era rebelde, libre, y, en consecuencia, cumplía con su deber histórico de estar al lado de los pueblos más vulnerables, en defensa de sus cultura y tradiciones, en defensa de nuestra soberanía, nuestros inmensos recursos naturales, nuestros ríos y bosques.
Este tipo de denuncias, que recoge declaraciones y testimonios de indígenas, campesinos, del Vicario apostólico, además de las interpelaciones en el marco de una investigación llevada a cabo por el antiguo congreso de la República a partir del “Informe Mariño” que denunciaba la presencia y actividad de las misiones norteamericanas “Nuevas Tribus”, además de visibilizar y exponer a la luz pública lo que pasaba en nuestro territorio amazónico, con nuestros pueblos originarios y la vulneración a nuestra soberanía, nos daba una dimensión de los inmensos recursos minerales, estratégicos, que contenían las entrañas de la selva y que al fin y al cabo, eran y fueron siempre el objetivo de los intereses extranjeros y de los grupos económicos que medraban en el territorio.
Al igual que Bolsonaro hoy día estimula en Brasil la depredación y arrase del Amazonas brasileño, con la motivación de explotación económica y el interés de apropiarse de tierras y recursos naturales de un área que se supone debe ser protegida; avanza maduro haciendo peores daños que los que se denunciaban entonces en la Amazonía venezolana.
Como en Brasil Bolsonaro, maduro es el dueño del desastre del Arco Minero, donde se depreda nuestro medio ambiente, bosques y reservas de agua, para apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas y explotar de manera salvaje nuestros inmensos y estratégicos recursos minerales.
En su ya acostumbrado ejercicio de cinismo, el gobierno nacional emite un comunicado donde expresa “su preocupación” por los “gravísimos impactos” de los incendios en el Amazonas “…sobre la población, los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona, …” Ésto lo dice un gobierno que, con base en una mentira infame, ha desarrollado lo que ellos llaman el “Arco Minero”.Pero la mentira infame es que maduro manipuló y utilizó el nombre y desvirtuó la idea del presidente Chávez del Arco Minero, para justificar la mayor depredación de nuestro ambiente de nuestra historia contemporánea.
Lo que el presidente Chávez pensaba del Arco Minero, donde el río Orinoco, sería la bisagra, el eje de desarrollo tanto de la Faja Petrolífera del Orinoco, para reflotar, apalancado con el desarrollo y las necesidades industriales de la Faja Petrolífera, nuestro desarrollo minero e industrial YA existente al sur del río, incluyendo Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y los Pijiguaos, no tenía nada que ver con intervenir las áreas protegidas ambientalmente, ni los Parques Nacionales, ni promover la pequeña minería ilegal, ni emplear los métodos destructivos de la minería a cielo abierto. Mucho menos desplazar a nuestros pueblos indígenas, ni entregar la explotación de nuestros recursos estratégicos a transnacionales como la Gold Reserve, los grupos económicos del madurismo, los militares, impulsando la proliferación descontrolada de la pequeña minería y la presencia de grupos irregulares y paramilitares.
El Arco Minero de maduro (Decreto Nº 2.248 de febrero de 2016), ha significado entregar a la explotación minera, más de 111.843,7 kilómetros cuadrados de territorio selvático y amazónico venezolano, 12 % del territorio nacional, una extensión mayor que el territorio de Cuba, Islandia o Corea del Sur, que abarcan reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente, donde habitan más de 198 comunidades indígenas. Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela.
Uno de ellos es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, el cual abarca 30.000 kilómetros cuadrados, se caracteriza por su extensa selva, Tepuyes , el Salto del Ángel, además de una rica flora y fauna.
La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca (3.800.000 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5.134.000 hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní (que abarca 96.000 kilómetros cuadrados), impactando la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.
En el decreto se establecen áreas para la explotación de oro y coltán, los dos minerales que se han llevado los titulares informativos desde entonces, pero también de diamante, bauxita, cobre, dolomita, hierro, caolín y tierras raras; sin los estudios de impacto ambiental, ni mucho menos sus respectivos planes de remediación para una región donde se han contado más de 5.000 especies de insectos, aproximadamente 5.000 especies de plantas, 850 especies de aves, 205 especies de anfibios, 204 especies de reptiles, 257 especies de mamíferos y 654 especies de peces.
Estas decisiones las tomó el gobierno de maduro unilateral e inconsultamente, mintiendo sobre el hecho de que esa hubiese sido la idea del presidente Chávez, pero además, violando flagrantemente los Tratados Internacionales en materia de protección ambiental, la Constitución, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005); no se realizaron las consultas con los pueblos originarios, ni se respetaron sus tierras, ni se protege el modo de vida ancestral de las distintas etnias.
Además de la devastación ambiental, los pueblos indígenas han sido desplazados de sus tierras o absorbidos por la actividad de la minería ilegal; las condiciones de vida de los campamentos, la precariedad de la protección social, la ausencia de autoridad y presencia del Estado, los ha empujado a las actividades criminales, la prostitución, la pobreza y las enfermedades, como el resurgimiento y expansión de la malaria y otras enfermedades, además, de la contaminación por mercurio.
Mención aparte hay que hacer de la presencia de empresas militares en la actividad minera extractiva. Se corrompe a los oficiales y componentes enteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se coloca a la Fuerza Armada en puja por el negocio, a proteger áreas de actividad ilegal, a convivir con grupos irregulares o paramilitares, en una mezclade la que no ha salido nada bueno. Se le hace un profundo daño a la institución que tienen el monopolio de la violencia, y que se supone que debe ser garante de nuestra soberanía e integridad territorial.
maduro, igual que bolsonaro, hace lo que quiere, no le rinde cuentas a nadie, pero a diferencia del presidente brasileño, maduro lo que busca profundizar es un modelo minero extractivo, salvaje, brutal, depredador. Dos personajes autoritarios, avanzando por encima de todas las instituciones, para concretar sus planes y satisfacer sus intereses económicos, en un programa económico evidentemente de derecha, depredador y que viola los derechos de los pueblos originarios.
El oro, coltán, diamantes se los llevan de la patria. Ha surgido una nueva clase política, muy corrupta, que ha hecho ahora de la explotación y apropiación de estos minerales una de sus fuentes, junto al menguado petróleo, de enriquecimiento y poder. Con sus opacos intereses, sin rendir cuenta a nadie, barriendo el piso con el quinto objetivo del Plan de la Patria del pueblo venezolano: “Preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana”, las riquezas del pueblo venezolano salen hacia cualquier país o destino que los reciba sin preguntar mucho si están manchados de sangre.