Arreaza: ¿por qué no pides una medida humanitaria para los trabajadores presos en el país?

El pasado 24 de diciembre, el gobierno, por intermedio de la Cancillería venezolana, emitió un Comunicado Oficial donde hace un llamado a la “hermana República de Cabo Verde”, para que, “considerando las fechas festivas decembrinas, en las que la humanidad se reúne en familia para celebrar la vida y pedir por un futuro de paz y de justicia”, le sea otorgada al empresario Álex Saab “una medida humanitaria que le permita compartir con sus seres queridos, en libertad, condición que nunca debió serle arrebatada”.

Nuevamente, se utiliza a la Cancillería para abogar por el cuestionado “empresario” al que el mismo gobierno catalogó como “agente diplomático”, en un primer comunicado de la vergüenza.

Dicho “agente” aparece vinculado a todo el entramado de negocios privados en el que se han convertido las operaciones del gobierno, sobre todo las relacionadas con la importación de alimentos y actividades petroleras en el país. A este empresario colombiano, relacionado desde hace mucho tiempo con nicolás maduro, el gobierno lo eleva prácticamente a la categoría de “héroe de la revolución” y casi “salvador de la patria”. 

Las gestiones del gobierno para defender y proteger a sus operadores económicos refleja la esencia de los jerarcas del madurismo, quienes actúan sin consideraciones legales, éticas ni políticas de ningún tipo, utilizando a las instituciones del Estado, y ejerciendo todo el poder del que disponen para proteger y abogar –en un ejercicio permanente de “solidaridad automática”– a los individuos que, medrando en la tragedia del país, han hecho inmensas fortunas imposibles de justificar. 

A este señor “héroe del madurismo”, las autoridades colombianas le confiscaron en ese país más de 9,6 millones de dólares en activos, mientras que las autoridades italianas le confiscaron bienes valorados en 4,9 millones de euros, además de 1,8 millones de euros en efectivo, y las norteamericanas lo investigan por ocho delitos, siete de los cuales son por lavado de dinero, y uno de ellos por blanqueo de capitales por un valor de 350 millones de dólares. Estos son los operadores del gobierno de maduro, estos son sus “agentes”.

Me tocó desempeñarme por pocos meses al frente de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, conocí a muchos de sus funcionarios y trabajadores, así como a una Institución que, aunque golpeada por años de una conducción destructiva, seguía manteniendo en alto principios y valores de servicio al país y profesionalismo diplomático, merecen todo mi respeto. Por ello, me resulta indignante que el canciller Arreaza utilice la Cancillería para abogar por intereses privados de personas que se han enriquecido a costa del país. 

Arreaza siempre cumple instrucciones de maduro, Cilia Flores o Delcy Rodríguez, pero lo terrible acá es que un funcionario en ejercicio de tan altas responsabilidades al frente de una institución del Estado se preste para este tipo de acciones. Creo que la Cancillería NUNCA había actuado de esta manera, ni que gobierno alguno hubiese emitido “comunicados” con este propósito. 

Sin embargo, el comunicado contiene elementos en su solicitud que son perfectamente aplicables para los CIENTOS DE TRABAJADORES, MILITARES Y DEMÁS PRESOS POLÍTICOS del gobierno de nicolás maduro, injustamente encarcelados en el país. 

El comunicado hace mención, en su solicitud de medida humanitaria, a las “fechas festivas decembrinas en que la humanidad se reúne en familia para celebrar la vida y pedir por un futuro de paz y de justicia”, aplicándolas a Venezuela, estas palabras se transforman en la oportunidad extraordinaria para que el gobierno de nicolás maduro libere a más de 110 trabajadores presos, algunos de los cuales, como son los casos de Gladys Parada y Diagnaly Muñoz, trabajadoras del Ministerio de Petróleo, están detenidas y sin juicio desde 2015, cinco años en la cárcel sin saber de qué se las acusa y sin haberles otorgado el derecho a la defensa, ni respetado el debido proceso. 

En el caso de la primera, el atropello se extiende al hecho de que su vivienda personal, luego de allanada, fue ocupada –con todas sus pertenencias– por un funcionario de inteligencia para su uso personal. Una situación tan irregular como insólita, comparable sólo a los saqueos y despojos llevados a cabo por los militares genocidas en las dictaduras del cono sur de nuestro continente, o la DIGEPOL durante la violencia betancurista de los años ‘60. 

El “comunicado” solicita una medida humanitaria para que a su “agente diplomático”, se le permita “compartir con sus seres queridos en libertad, condición que nunca debió serle arrebatada”. Esto mismo habría que solicitar a favor del Mayor General Rodríguez Torres, de Jesús Luongo, de Eulogio Delpino, de Orlando Chacín, de Pavel Rodríguez, de Bartolo Guerra, de Alfredo Chirinos, de Aryenis Torrealba, de Eudis Girot, sólo para mencionar algunas de las víctimas del ensañamiento de nicolás maduro, venezolanos a quienes se les han violado sus más elementales derechos.  

Sigue el “comunicado” argumentando a favor de la “investidura de su agente diplomático” señalando que “desde el momento de su detención arbitraria se han vencido todos los lapsos procesales, establecidos por el sistema de justicia caboverdiano, para alcanzar una conclusión del proceso judicial”, reclamo éste que no es más que un ejercicio de CINISMO por parte de un gobierno que tiene encarcelados a más de 110 trabajadores, desde 2015 hasta ahora, muchos de los cuales, luego de años detenidos, ni siquiera han tenido la primera audiencia, la cual según nuestro Código Orgánico Procesal Penal, debe producirse en las primeras 48 horas de la detención, tampoco saben de qué se les acusa, ni mucho menos han podido ejercer su derecho a la defensa. 

Resulta un exabrupto que se reclame al gobierno de la República de Cabo Verde por la comisión de supuestas violaciones procesales a su “agente diplomático”, desde un país como Venezuela donde NO EXISTE DIVISIÓN NI INDEPENDENCIA DE PODERES, y donde el mismo presidente de la República, el fiscal general, ministros y otros altos jerarcas del gobierno interfieren en el Debido Proceso cuando emiten opiniones, acusan y condenan sin juicio ni pruebas, calificando a los trabajadores detenidos, entre otras cosas, de “traidores, corruptos, ladrones, agentes extranjeros” acompañado todo esto con la orden de “que vayan a las peores cárceles del país”.

En un país donde están documentados, en los dos Informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y en el Informe de la Comisión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las MASIVAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, así como la violación de los Derechos Humanos como POLÍTICA DE ESTADO, incluso la comisión de crímenes de LESA HUMANIDAD de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es signataria. 

El “comunicado” de Cancillería apela a “la justicia, la humanidad y a las históricas y fraternales relaciones” con el Estado de Cabo Verde, para que éste “dicte una medida humanitaria que garantice la protección de los Derechos Humanos” de su agente, “cuya salud se ha visto deteriorada y comprometida durante el desarrollo de este injusto proceso”.

¿Con qué moral este gobierno esgrime estos argumentos? Este gobierno no sólo mantiene en prisión a detenidos cuya condición de salud se ha deteriorado, como es el caso del Mayor General Rodríguez Torres, o ya estaba comprometida al momento de la detención, como el caso del ingeniero Pedro León, que sufre de enfermedades coronarias graves, y peor aún, este gobierno dejó morir en prisión al ingeniero Nelson Martínez, ex Ministro de Petróleo y ex Presidente de PDVSA, detenido irregularmente el 30 de noviembre de 2017 por instrucciones de maduro. 

Nelson Martínez fue humillado, vejado y fueron violados sus derechos a la presunción de inocencia, a su imagen y reputación cuando, a sabiendas de su precondición de graves afecciones coronarias, operado de corazón abierto –como le informé personal y expresamente a nicolás maduro en 2013–, le negaron los medicamentos y cuidados médicos esenciales para mantener su vida, tal como lo suplicó su esposa Beatriz Arias de Martínez a maduro por intermedio de Delcy Rodríguez y del fiscal general, y tal como consta en las solicitudes que hicieron y consignaron los abogados de Nelson. El gobierno fue cruel. Le negaron reiteradamente la atención médica y la medida humanitaria indispensable para salvarle la vida, tal como lo denuncia su esposa en carta pública de fecha 18 de diciembre de 2018. Nelson Martínez murió en prisión el 12 de diciembre de 2018, una muerte absurda,  un crimen que no debe quedar impune. 

Al final, el “comunicado” aboga porque su agente diplomático pueda “disfrutar de la llegada del año nuevo junto a su esposa e hijos”. Nosotros le tomamos la palabra al gobierno y recordamos que cientos de trabajadores, militares y demás venezolanos presos por razones políticas NO podrán disfrutar, una vez más, de la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, junto a su familias, ni a sus hijos. 

Lamentablemente, en nuestro país existen CIENTOS DE PRESOS por razones políticas, que no tienen un canciller que abogue por ellos, ni un fiscal, tampoco un sistema judicial que vele por sus Derechos. Son víctimas de la intolerancia, del odio y del terrorismo de Estado, herramientas con las que este gobierno pretende perpetuarse en el poder. 

Nosotros seguiremos luchando por la libertad de los trabajadores presos, por el respeto a sus derechos fundamentales, tanto los de PDVSA como de otras empresas del Estado que no tienen a nadie que los defienda, que han sido víctimas del encono y odio personal de nicolás maduro, de su fiscal sicario y de cualquier jerarca del gobierno que se cree con el derecho de violar las garantías fundamentales de los ciudadanos, sus derechos humanos, arruinando la vida de tantos hombres y mujeres venezolanos. 

A los trabajadores y militares Chavistas no hay nadie que los defienda, no sólo son víctimas de la violencia del gobierno, de maduro o de cualquiera de sus jerarcas, sino de la absurda intolerancia de la oposición. Por eso es una obligación recordar sus nombres, de los que están allí, secuestrados por el gobierno, sin derechos de ningún tipo, como si se los hubiera tragado la tierra:

Eudis Girot (PDVSA, 2020), Alfredo Chirinos (PDVSA, 2020), Aryenis Torrealba (PDVSA, 2020), Bartolo Guerra (PDV-MARINA, 2020), Marcos Sabariego (PDVSA, 2020), Gil Mujica (PDVSA, 2020), Guillermo Zarraga (PDVSA, 2020), Carlos Ríos Villamizar (Periodista, 2020), Jesús Ramírez (Alcasa, 2020), Carlos Carmona (Sector Salud)- Monagas, 2020), Julio Molinos (Sector Salud – Monagas, 2020), Magaly Mendoza (Sector Salud – Monagas, 2020), Josué Ortega (Representante comunitario, 2020), Andreina Alemán (Sector Salud, 2020), Yolimar  Alemán (Sector Salud, 2020), Fernando Antonio Marcano Ferrer (Representante comunitario, 2020), Darío Salcedo (Insopesca, 2020), Oswaldo González (PDVSA-ENT, 2019), Miguel Álvarez (Alimex, 2019), Carlos de la Ossa (PDVSA-Petro San Félix, 2019), Roger González (Alimex, 2019), Eugenio Montes (Alimex, 2019), Luis Rivas (Alimex, 2019), Eduardo Torres (PDVSA-Petro San Félix, 2019), Rosa Mota (PDVSA Gas, 2019), Alexander José González Rodríguez (PDVSA-TAEJ, 2018), Alfonso Román (Hospital Clínico Universitario, 2018), Eurípides José Rasquide Rodríguez (PDVSA-TAEJ, 2018), Oscar de Jesús González (PDVSA-TAEJ, 2018), Juan Lorenzo Algarín López (PDVSA-TAEJ, 2018), Leonardo Meléndez (PDVSA-TAEJ, 2018), Leonard Bucarito (PDVSA-TAEJ, 2018), Carlos Indriago (PDVSA-TAEJ, 2018), José Alexander Douglas Guevara (PDVSA-TAEJ, 2018), Jesús Enrique Martínez López (PDVSA-TAEJ, 2018), Joel Antonio Paredes Camacho (PDVSA-TAEJ, 2018), José Gregorio Barceló Vásquez (PDVSA-TAEJ, 2018), Jesús Enrique Luongo Demari,  (PDVSA-Complejo Refinador de Paraguaná, 2018), Keyla Janeth Gatica (PDVSA-Complejo Refinador de Paraguaná, 2018), Lexy Josefina Briceño Baptista (PDVSA-Complejo Refinador de Paraguaná, 2018), Alimir Osorio (PDVSA-Petrowarao, 2018), Yraima Lopez (PDVSA-Petrowarao, 2018), Freddy Márquez (PDVSA-Petrowarao, 2018), Noel Ávila (PDVSA-Petrowarao, 2018), Pedro León (PDVSA-Faja Petrolífera del Orinoco, 2018), Aníbal Velásquez (PDVSA-Petropiar, 2018), Edner Meléndez (PDVSA-Faja Petrolífera del Orinoco, 2018), Neri Abraham Magdaleno González (PDVSA-Faja Petrolífera del Orinoco, 2018), Carlos López (PDVSA-Petro San Félix, 2018), Humberto Francisco Sarti Rivas (PDVSA-Faja Petrolífera del Orinoco, 2018), Hermes Eduardo Chacín (PEQUIVEN-Fertinitro, 2018), Herles Humberto Arellano Escalante (PEQUIVEN-Fertinitro, 2018),  Rosa Virginia González (PEQUIVEN-Fertinitro), 2018), Eliecer Celestino Medina (PEQUIVEN-Fertinitro, 2018), David Malaver (PDVSA, 2018), Armando Serrano (PDVSA, 2018), Gil Ramírez (PDVSA, 2018), Jesús Cornelio Osorio Vigués (PDVSA-TAEJ, 2017), Juan Carrillo Martínez (PDVSA, 2017), Gustavo Malavé Bucc (PDVSA, 2017), Héctor Roque Ramírez (PDVSA, 2017), César Valera Villarroel (PDVSA, 2017), Adolfo Torres Varga (PDVSA, 2017), Henry Sánchez Mora (PDVSA, 2017), José Manuel Marín (PDVSA, 2017), Bernardo Atencio Delgado (PDVSA, 2017), Juan Barreto Ramos (PDVSA, 2017), Hirto Hurtado Briceño (PDVSA, 2017), Orlando Chacín (PDVSA-CVP, 2017), Luis Gerardo Martínez Cardozo (PDVSA-CVP, 2017), Adolfo Ramón Artigas (PDVSA-CVP, 2017), Raibeth Atencio (PDVSA-CVP, 2017), Jalar Antonio Granado Rodríguez (PDVSA-CVP, 2017), Carlos Pereira (PDVSA-CVP, 2017), Carlos Bello Romero (PDVSA-CVP, 2017), Abraham Valentino Lezama (PDVSA-CVP, 2017), Noria Alberto Perozo Villanueva (Ministerio de Petróleo, 2017), José Ángel Pereira Ruimwyk (PDVSA-CITGO, 2017), Tomeu Vadell Recalde (PDVSA-CITGO, 2017), Jorge Luis Toledo Kohury (PDVSA-CITGO, 2017), Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona (PDVSA-CITGO, 2017), José Luis Zambrano Colina (PDVSA-CITGO, 2017), Alirio José Zambrano Colina (PDVSA-CITGO, 2017), Noris Perozo (Ministerio de Petróleo, 2017), Eulogio Delpino (PDVSA, 2017), Marco Malavé (PDVSA, 2017), Joaquín Ernesto Torres (PDVSA, 2017), Javier Alexander Sosa Diluvio (PDVSA, 2017), Pavel Rodríguez (PDVSA, 2017), Douglas Figuera Jaramillo (PDVSA, 2017), Johan Mercedes Carrasquel (PDVSA, 2017), Luis Ramón Mendoza (PDVSA, 2017), Ana Mireya Ortiz de Salazar (PDVSA, 2017), Armando Rafael Serrano Mata (PDVSA, 2017), Víctor Manuel Laucho Rengifo (PDVSA, 2017), Armando José Lara (PDVSA, 2017), Fran Manuel Ruiz Farías (PDVSA, 2017), Vicente Ramírez Cordero (PDVSA, 2017), Yaritza Marín (PDVSA, 2017), Maurin del Pilar Hernández (PDVSA, 2017), Juan Abascal (PDVSA, 2017), Juan Carlos Gamboa Gutiérrez (PDVSA, 2017), Irvin Ramón Barroso Giménez (PDVSA, 2017), Loandys del Valle Olivares López (PDVSA, 2017), Raphel Alejandro Bracho Heras (PDVSA, 2017), Paolo Peruzzo (PDVSA, 2017), Halman Granados (PDVSA, 2017), Gladys Parada (Ministerio de Petróleo, 2017), Diannaly Muñoz (Ministerio de Petróleo, 2017).

Al revisar esta lista, para la cual les pido toda su atención, es evidente como la acción represiva se ha centrado en los trabajadores de PDVSA, y como nicolas maduro y su fiscal sicario vertieron en contra de PDVSA y sus trabajadores todo sus odios y complejos, arrasando con la otrora PDVSA del pueblo, “bastión de soberanía” como la nombraba Chavez, solo para luego entregarla al capital transnacional y a sus amigos y “agentes”. 

La persecución y encarcelamiento de los trabajadores de PDVSA ha sido la causa fundamental del colapso operacional de nuestra empresa nacional de petróleo.

Esta lista ha sido elaborada con información pública y la que suministran los familiares y organizaciones obreras, sin embargo sabemos que es incompleta, faltan otros encarcelados, tratados como si fueran criminales, faltan militares sobre los cuales existe un absoluto secreto y también faltan civiles, periodistas, luchadores sociales y políticos que son continuamente encarcelados. 

Le exigimos a este gobierno que cumpla en el país con lo que en su “comunicado” Arreaza le exige a Cabo Verde. 

Todos los venezolanos, sean de la posición política que sea, debemos exigir a este gobierno infame e inmoral que respete los derechos humanos y libere a todos los trabajadores, militares y civiles presos.  

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