La Alta Comisionada Michel Bachelet y los Derechos Humanos en Venezuela

La Doctora Michel Bachelet, ex presidenta en dos ocasiones de Chile, es la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mujer y dirigente político que goza del respeto de los líderes de la comunidad internacional, que ocupa una posición clave en la Organización de las Naciones Unidas, la organización diplomática por excelencia, el escenario de debate político mas importante del planeta. Una líder progresista, conocedora de la realidad de nuestra región y amiga de nuestro pueblo.

Por ello, resultan de suma importancia para nuestro país su trabajo, sus reportes e informes en materia de Derechos Humanos. Es una voz calificada, equilibrada, de experiencia política, una ex jefa de Estado, que vivió en carne propia el dolor de la persecución política, que viene de un pueblo que sufrió una de las peores dictaduras de nuestra historia suramericana. Por ello, su voz, sus preocupaciones, deben ser respetadas, escuchadas, son una oportunidad para el país.

Es por lo anterior, triste y lamentable, que los voceros del gobierno, del madurismo y de la oposición, los “influencers” del odio y la intolerancia, traten de descalificar su trabajo y sus opiniones y; peor aún, traten de condicionar su actuación al frente de tan importante organismo de las Naciones Unidas.

La visita de parte de su equipo de trabajo a Venezuela, así como el informe oral que hiciese ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el cual invito a revisar y a analizar, refleja una realidad que no se puede ocultar, y mucho menos tolerar: en el país hay una violación permanente de los Derechos Humanos por parte del Estado Venezolano.

Ya no se trata sólo de la acción del gobierno, con la actuación del propio presidente, sus ministros, medios de comunicación, cuerpos de seguridad, policías, fuerzas militares o para-militares; también, del Poder Judicial, con la emisión de todo tipo de sentencias y actuaciones que acompañan estas acciones; y, muy especialmente, de la actuación del Ministerio Público, es decir la Fiscalía, la cual por intermedio del mismo Fiscal General, se ha convertido en el mayor violador de los Derechos Humanos, al transformarse no sólo en brazo ejecutor de todos los atropellos y violaciones a los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, sino en el mayor encubridor de crímenes políticos de toda índole, persecuciones y atropellos, no sólo contra los prisioneros o actores políticos, sino contra los trabajadores de PDVSA, Corpoelec, y militares.

Es claro que no existe separación de Poderes en el país, única forma de garantizar que las actuaciones del Ejecutivo se ajusten a las leyes y la Constitución, única forma de proteger a los ciudadanos de la actuación excesiva o ilegal del gobierno. Hoy día, las instituciones que se suponen son garantes de nuestra Constitución están subordinadas al gobierno, al presidente directamente, su círculo íntimo, y actúan, de acuerdo con sus instrucciones e intereses individuales. Tal vez una frase del Fiscal General, quedará para la historia como ejemplo de la degradación de esta institución: “yo investigo lo que me da la gana”.

La violación de los Derechos Humanos en el país, no es producto de acciones aisladas o delitos que son sancionados por el Estado, sino que la violación de los Derechos Humanos, se ha convertido en una política de Estado, diseñada y desarrollada para reprimir a la oposición política, incluyendo la chavista y para mantener su control del país, e incluso, para satisfacer intereses personales o grupales.

El informe oral de la Alta Comisionada menciona, por primera vez, el fenómeno de la “Judicialización de la política” o “Lawfare” en el país. Es decir, utilizar al Ministerio Público y al Poder Judicial, para emitir acusaciones, órdenes, sentencias de carácter penal en contra de oponentes políticos. En este ámbito de la persecución política, se encuentra mi caso personal, donde he sido acusado, vilipendiado y amenazado por el propio presidente, sus ministros y medios de comunicación, casi siempre en cadena nacional, así como, por el Fiscal General quien acusa, señala, amenaza; y, el TSJ, que ha emitido órdenes de extradición en mi contra, y de mas de una veintena de venezolanos, todos dirigentes políticos. Mientras escribo estas líneas, el ministro de la mentira, formula una nueva disparatada acusación en mi contra vinculándome a un supuesto plan conspirativo de Voluntad Popular.

Todas estas actuaciones, han sido violatorias de mis Derechos Fundamentales, como lo son la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho al honor, a la imagen y a la reputación, entre otros. No sólo se me amenaza permanentemente con persecución continua, captura y prisión en un “juicio sumario”, hecho por el propio presidente en forma de obsesiva, hecho que resulta peligroso en un país donde él hace lo que “le da la gana”, a la vez que amenaza a mi familia y mantiene un hostigamiento permanente en mi contra; utilizando para ello todos los medios de los que dispone el Estado. Es esta la única razón por la que me encuentro en el exilio. La persecución en mi contra, no es asunto personal, no se confundan ni justifiquen la indiferencia de muchos al respecto. La misma está indefectiblemente ligada a la toma del poder por parte del madurismo, a la traición al legado chavista y al programa político que defendimos junto al pueblo.

El 25 de enero me reuní con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en su Despacho en Ginebra, una reunión muy respetuosa, profesional, correcta, en el marco estrictamente institucional, en atención a mis derechos y a sus responsabilidades. En esa oportunidad, además de consignar el escrito concerniente a mi caso y explicar la situación de la violación de Derechos Humanos en el país, le expuse la situación de indefensión en el que se encuentran los trabajadores de PDVSA y los oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana presos-secuestrados por el gobierno.

Esta indefensión deriva, no sólo de la actuación excesiva y violatoria de sus derechos por parte del gobierno, sino por el hecho de que los mismos son casos que están “invisibilizados” ante la opinión pública. Al gobierno no les interesa su suerte, por el contrario, les conviene que estén donde están para que no hablen, pero pareciera tampoco importarle a ningún factor político de la oposición, por ser prisioneros o perseguidos chavistas.

La intolerancia, el miedo, el odio y el cálculo político, los intereses grupales, estimulados por el madurismo y asumidos como práctica política generalizada, dividen al pueblo venezolano y es lo que mantiene en el poder al gobierno. El tratamiento a la violación de los Derechos Humanos, es un reflejo de ello. Parecieran existir categorías de seres humanos, donde los chavistas-chavistas, que hemos sufrido la persecución del gobierno, la prisión y la violación de nuestros Derechos Fundamentales, por oponernos, denunciar y luchar contra este gobierno, no existimos.

El gobierno de maduro ha actuado con saña en contra del Chavismo, que le ha hecho frente a su desastre. Lo ha hecho con violencia, justo para imponer el miedo en las filas chavistas. Lo ha hecho con la crueldad con la que actúa el traidor, así, cada vez que golpea a un chavista o borra un nombre, borra su propio pasado, un pasado al que decidió traicionar.

La única manera que tenía el madurismo de tomar el control de PDVSA, para entrar a saco roto, destruirla, y ahora repartírsela entre los suyos, era imponer el miedo, reprimir con fuerza, con saña, con crueldad, con impacto mediático. Acusarla de corrupción, era la forma de matarla en su moral, desmovilizar a sus trabajadores, quienes siguen abandonando masivamente la empresa. Es la desbandada de los jóvenes que antes vibraban en PDVSA y que le otorgaban esa cualidad motivacional propia, única: la PDVSA Roja Rojita, orgullosamente venezolana y popular; capaz, preparada, motivada y movilizada. Era la empresa que sostenía el país con soberanía económica, irradiaba conciencia, prefiguraba un futuro posible.

Hoy esa PDVSA no existe mas, la rematan, la destruyeron, se la transfieren a los nuevos grupos de poder, la arrasaron y ahora sus verdugos se hacen de los contratos y negocios. La privatizan. Pero en el desarrollo de esta operación contra la empresa emblemática del país, se han cometido muchos crímenes y violaciones a los Derechos Humanos de sus trabajadores. El gobierno los niega despectivamente, los trata de “corruptos”. Actúa como las peores dictaduras, cuando esconden la persecución política bajo acusaciones criminales. No es nada nuevo.

Las pruebas de estas violaciones están allí, con sus nombres y circunstancias, las cuales he entregado a la Oficina de la Alta Comisionada. Lo he denunciado y lo seguiré haciendo en todas las instancias, hasta que se visibilicen sus casos como seres humanos que también tienen derechos, hasta que se haga justicia.

Ya algunos no estarán para cuando llegue ese momento. Allí está la absurda muerte en prisión de Nelson Martínez y la carta denuncia pública de su esposa y familiares. El resto de trabajadores, siguen secuestrados, sin ningún tipo de derechos, sin que a nadie les importen. Esta es la lista con los nombres que me han suministrado militares amigos:

En esta lista, están los nombres de hombres y mujeres, padres y madres, a los que se les ha destrozado la vida y las de sus familias. Se les ha negado sus Derechos fundamentales y se les mantiene en una situación y trato, no sólo ilegal, sino cruel. Algunos familiares temen denunciar su situación para evitar medidas contra los presos.

En algunos casos, como el de Gladys Parada y Diannaly Muñoz, están secuestradas hace ya mas de cinco años, sin derecho a la defensa, sin el debido proceso, sin audiencia pública; acusadas de ser supuestamente responsables del contrabando de combustibles, cuando este fenómeno no sólo ha seguido, sino que “casualmente” se ha extendido en todo el país, (será que eran dos piedras en el zapato), además, el SEBIN les quitó su única vivienda, de la que sacaron a sus familiares.

En el caso de los trabajadores de occidente, toda la estructura operacional de PDVSA fue desmantelada y secuestrada por presiones de uno de los socios privados de la empresa mixta Petrozamora, socio que forma parte de un grupo de poder muy cercano al presidente, de su entorno íntimo y con mucha influencia en altas esferas del Poder Judicial.

En otros casos, como la mayoría en Oriente y la Faja Petrolífera del Orinoco, se trata de la “vendetta” personal de maduro y del Fiscal. Este último, aprovecha la orden de su jefe para sepultar las pruebas y testigos de su pasado de corrupción durante su estadía como gobernador de Anzoátegui; en otros casos, las acusaciones se basan en “informes” y falsos positivos preparados desde Miraflores para tomar el control de las operaciones y contratos. En otros, se criminaliza y culpa a los trabajadores por el desastre operacional en la conducción de la empresa, por los innumerables accidentes y la caída en picada de la producción, cuya responsabilidad es exclusiva de las sucesivas Juntas Directivas y las decisiones de Miraflores. Son emblemáticos lo casos, en que por “arrecheras” del presidente o su entorno contra algún trabajador, terminan en la cárcel.

En el CRP, entre los secuestrados se encuentra nada mas y nada menos que el Ingeniero Jesús Luongo, el mejor ingeniero de refinación de Suramérica, un héroe de la empresa, artífice de la recuperación del “Coloso de Paraguaná” durante el cobarde sabotaje petrolero. Una persona recta a carta cabal, que se negó a firmar como Vicepresidente de Refinación y Comercio y Suministro, los contratos otorgados a los empresarios que les hacen favores a los hermanos Rodríguez o pagan los abogados al entorno de maduro.

En el caso de Citgo, los miembros de su Junta Directiva fueron traídos bajo engaño al país, para luego detenerlos y secuestrarlos al mejor estilo de las dictaduras que azotaron al Cono Sur. Se les acusa de operaciones de financiamiento diseñadas para transferir dinero al gobierno de maduro, operaciones que fueron autorizadas por los ministros que formaban parte de la Junta Directiva de PDVSA en ese momento.

A Nelson Martínez, a pesar de que fue el mismo maduro quien lo involucró en el juego por el poder en PDVSA, lo nombró ministro y presidente de PDVSA, a sabiendas de que era un hombre enfermo. Luego lo dejan morir en custodia y con él enterraron a un testigo de excepción de esas operaciones financieras, así como de la lucha interna entre los factores de poder del gobierno que pujan por controlar lo que queda de PDVSA.

A Eulogio Del Pino, después que aceptó hacer todo lo que le pidieron que hiciera, que aceptó el juego de dirigir una Junta Directiva que él sabía que hundiría a la empresa, lo apresaron como si fuese un delincuente, lo intercambiaron como una pieza desechable entre grupos de poder del madurismo. Allí está: vejado, enterrado en vida, otro testigo de excepción de como destrozaron a PDVSA los intereses en pugna.

Esto es sólo una muestra de las violaciones a los Derechos Humanos que el gobierno ha instaurado como una política en el país. Habría que agregar los exterminios del FAES en nuestras zonas populares, crímenes políticos contra dirigentes como el caso de Alí Domínguez; así como en los casos de los militares secuestrados en Ramo Verde y el DGCIM, como el MG. Rodríguez Torres, Baduel, entre otros tantos sobre los cuales ahondaré en una próxima entrega.

La violación a los Derechos Humanos no tiene distinción política, todas las partes son afectadas. Todos son actos intolerables y son una muestra de la magnitud de la descomposición moral de este gobierno. La Patria toda debe luchar contra estos actos criminales.

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