LA BATALLA DE ROMA

La sentencia emitida el pasado 20 de septiembre por la “Corte d’Appello” de Roma, rechazando la solicitud de extradición de mi persona interpuesta ante Italia por el gobierno de nicolás maduro, no sólo significa una victoria para mí y mi familia, también es una victoria de la lucha en contra de la persecución política y la violación de los Derechos Humanos y Políticos en Venezuela; y, además, esta sentenciame permite –ahora sí– contar una historia que tuve que mantener en secreto por razones obvias de seguridad. 

Entre 2014 y 2017, luego de mi salida de PDVSA en 2014 y del desplazamiento del chavismo del gobierno, maduro –ya con pleno control de la economía, así como de las empresas e instituciones del Estado– decidió torcer el rumbo de nuestro país, abandonando el camino trazado por el presidente Chávez en el Plan de la Patria de 2012, barriendo las conquistas de la Revolucion Bolivariana, y cancelando así la posibilidad de construir el socialismo, a la vez que violaba abiertamente la Constitución y las Leyes de la República, mediante la entrega del petróleo y nuestra economía a grupos económicos que lo sostenían en el poder.

En 2017 el gobierno demostró, con su violenta y desproporcionada respuesta a los eventos políticos de 2017 –donde murieron más de 130 venezolanos–, decidido a instaurar la violación de los Derechos Humanos como política de Estado.

El 4 de diciembre de 2017, decidí renunciar a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, luego de que fueron insostenibles mis profundas diferencias con maduro, las cuales me obligaron a rechazar ofertas para cargos diplomáticos en otros destinos,     a cambio de mi silencio y para mantenerme lejos de la patria (ofertas que iban desde la postulación como candidato a la Secretaría General de la OPEP, hasta mi designación como Embajador ante la ONU en Ginebra donde –como decía uno de sus emisarios– “había un lago con un chorrito de agua que le parecía muy bonito”). Esta constante tensión dio origen a roces de todo tipo que llegaron hasta un fuerte cruce de palabras con maduro debido a mis escritos y opiniones contrarias al curso que había tomado su gobierno.

Renuncié porque decidí salirle al frente a esta situación y asumir mi papel histórico, a pesar de que sabía que se desataría en mi contra la persecución política y todo tipo de represalias por parte del madurismo. Lo hice convencido, como venezolano, revolucionario y chavista, como Ministro del Presidente Hugo Chávez durante 12 años y uno de sus más estrechos colaboradores en el gobierno, que no podía permanecer indiferente a lo que estaba sucediendo en el país.  

Recuerdo que en mis días finales como Embajador ante la ONU, cuando eran evidentes las diferencias y mi renuncia inminente, distintos países me ofrecieron protección en su territorio a través de los canales diplomáticos correspondientes. La mayoría de las naciones latinoamericanas y europeas lo hicieron, porque estaban preocupados por mi integridad física si volvía a Venezuela.   

Tenía la intención de regresar al país con mi familia, todavía con la esperanza de contar con garantías en mi patria. Sin embargo, una vez que se corrió la noticia de lo que sucedía, recibí llamadas de oficiales militares, amigos, con quienes  trabajamos juntos durante la época del Presidente Chávez –algunos hoy en condición de retiro, otros todavía activos–, en las que me insistían que no lo hiciera, que no volviera, porque maduro ya había dado la orden de mi detención “tan pronto bajara en Maiquetía”, desde donde sería trasladado a una de sus hoy triste y mundialmente  famosas prisiones. Me tenía reservado maduro el mismo tratamiento y ensañamiento que le ha dado al Mayor General Rodríguez Torres, a los trabajadores de PDVSA y a otros muchos funcionarios del gobierno del presidente Chávez.  

Es entonces –ante la certeza de que mi vida y la seguridad de mi familia corrían peligro– que decidimos trasladarnos a Italia, por una razón muy sencilla: este país tiene instituciones democráticas que no permitirían ningún tipo de atropello en mi contra, más aún siendo mi esposa de origen italiano. Además, es el único país donde tenemos familia cercana, dispuestos a acogernos y brindarnos solidaridad. 

En este punto, el madurismo y los disociados del twitter comenzaron a difundir, desde entonces, historias fantásticas: “Rafael Ramírez salió en un avión privado hacia Ecuador…”, “Ramírez estableció un pacto secreto con una potencia extranjera…”,  “vieron a Ramírez viviendo en Washington…”, y la última, la más estúpida de todas, propagada por el propio maduro, “Rafael Ramírez tiene un castillo en Mónaco –con los Príncipes de vecinos–, tiene otro en Capri, y vive en un Palacio en Roma...”.  

La verdad, como puede ser constatada por cualquiera que tenga interés, es que salí de los Estados Unidos  en un vuelo comercial desde el aeropuerto JFK de Nueva York y, desde entonces, he vivido en Roma, en un apartamento de la familia de mi esposa, desde donde ejerzo profesionalmente en el área en la que me he manejado durante 34 años, de los cuales 12 me desempeñé como Ministro: el petróleo. 

Por supuesto que me he mantenido en una intensa actividad política, en permanente contacto con antiguos compañeros del gobierno de Chávez, del PSUV, militares, trabajadores y líderes políticos. Sobre todo pendiente de los trabajadores que han sido secuestrados por el gobierno, haciendo seguimiento y denunciando ante organismos internacionales sus casos, ayudando en lo que se puede.

He estudiado y reflexionado mucho durante este tiempo sobre nuestra experiencia política, nuestros aciertos y nuestros errores:  en qué fallamos y cómo permitimos que el madurismo llegara al poder. A la vez, y de manera muy especial, cómo superaremos esta profunda crisis en el país que abarca lo político, económico, social y espiritual y cómo devolverlo al cauce de la Constitución y las leyes, cómo volver al camino de Chávez.

Me mantengo en permanente contacto con el sector petrolero nacional e internacional y con ex compañeros –los que han podido escapar a la persecución–, preparando el Plan para recuperar nuestra industria petrolera, lo cual es absolutamente posible lograrlo dentro del marco de nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, y, a partir de allí, atender la dramática situación humanitaria venezolana y recomponer nuestra economía soberana.   

De allí nace la propuesta de una Junta Patriótica de Gobierno, como un espacio para que confluyan todas las fuerzas patriotas, bolivarianas, para articular un movimiento que pueda conducirnos nuevamente al cauce de la Constitución y las leyes.  Devolver al pueblo la soberanía en la conducción del país, en la decisión de sus propios asuntos, en la reconquista del futuro. 

 La persecución política

La persecución política y el ensañamiento en mi contra no se hizo esperar. Pasaron apenas pocas horas desde que hice pública mi renuncia para que la maquinaria de propaganda y “bots” de twitter del madurismo iniciaran una feroz campaña donde me etiquetaban de “traidor”. Sin espera alguna, el Fiscal tarek william saab –señalado en todos los Informes de la Comisión Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como responsable e instrumento de la violación de Derechos Humanos en el país– arremetió en mi contra, realizando acusaciones sin fundamento y anunciando órdenes de captura a INTERPOL contra mi persona, lo cual nunca fue cierto, por la sencilla razón de que tal organismo no actúa en casos de persecución política y, además, no confia en las actuacines de la justicia del gobierno de maduro. Pero lo que intentaba el gobierno era dañar mi reputación, anularme politicamente.

A partir de allí vendría la arremetida contra los trabajadores y gerentes de PDVSA, la PDVSA del pueblo. Una tras otra, todos los jueves y viernes de todas las semanas se anunciaba en cadena nacional detenciones, las cuales se vinculaban a mi nombre, a la vez que se exponía a los altos funcionarios de la industria al escarnio público, conculcando todos sus derechos consagrados en la Constitución. 

Es así como maduro decidió decapitar a la industria petrolera, la cual terminaría finalmente militarizando. Las consecuencias de ello han sido trágicas. Algunos, como el ex ministro Nelson Martínez, murieron en cautiverio, al negársele las atenciones médicas imprescindibles debido a su condición crónica de salud, situación conocida por el mismo maduro y delcy, su actual vicepresidenta. A otros, en una larga lista de más de 100 trabajadores, se les ha destrozado su vida, la de su familia, se les han violentado sus derechos, despojados de sus bienes. Mientras, en consecuencia, la industria petrolera colapsaba y se repartía entre los distintos factores de poder del madurismo. Hoy  día, la industria petrolera, descuajada y rematada por el madurismo, produce apenas 500 mil barriles día, la misma producción de 1930, en un retroceso de 90 años. 

Ante la “represión selectiva”, patrón de la conducta del gobierno – como muy bien señalan los Informes de Michelle Bachelet y de la Comisión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU–, la sociedad venezolana y los factores de todo el espectro político (sobre todo del PSUV), guardaron un silencio cobarde. Unos, desde la intolerancia y el odio, han manifestado abiertamente que los chavistas perseguidos por maduro merecemos que se violen nuestros Derechos Humanos, justamente, por ser chavistas. Otros, desde el madurismo, aplauden el linchamiento y han cultivado la violencia y el facismo como una forma de dirimir las diferencias politicas. El resto de la sociedad y factores políticos, agobiados en resolver su cotidianidad,  se debaten entre el miedo y la conveniencia política, sin entender que toda la violencia del Estado venezolano ha desfigurado y afectado la psiquis y la espiritualidad de nuestro país. Además,  el madurismo convirtió nuestras instituciones en agentes perpetradores en la violación de los Derechos Humanos. 

Ante el hecho evidente de que yo no tenía garantías ni condiciones para ejercer el derecho a mi defensa, acudí en dos oportunidades a la Oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en Ginebra, para denunciar mi caso y el de los más de 100 trabajadores petroleros secuestrados por el gobierno, cuya suerte no le interesa a ninguno de los factores del espectro político del país. A partir de entonces y de manera permanente, le he enviado a la Alta Comisionada información, no solo de la evolución de mi caso, sino de otros tan graves, como el del Mayor General Rodríguez Torres. 

Luego sobrevino la acusación de “Harvest”, instigada por los nuevos dueños venezolanos de esa empresa norteamericana que, a pesar de haber sido una demanda civil temeraria en mi contra, fue la primera oportunidad para mí donde pude ejercer  el derecho a la defensa ante un tribunal (en este caso norteamericano), mientras que todas las acusaciones en mi contra en Venezuela han sido en ausencia y utilizando falsos positivos, fabricados desde un Poder Judicial y un Ministerio Público que, como bien lo denunció recientemente el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, son instrumentos de la persecución política en Venezuela. 

El gobierno de maduro, satisfecho por la demanda de “Harvest” en contra de un Ministro de Chávez, fue sorprendido con nuestra contundente victoria en los EEUU, cuando la empresa tuvo que retirar su demanda porque no encontró asidero para mantener sus falsos alegatos. Es importante indicar que la empresa norteamericana, con permiso del juez de la causa, contrató empresas de investigación para buscar mi supuesta riqueza en el mundo, incluso haciendo requisiciones judiciales ante distintos bancos e instituciones financieras, sin encontrar nada. No se puede encontrar lo que no existe. 

Los Informes de la ONU

El problema para maduro es que nada le ha salido bien. Su incapacidad sólo es comparable con su maldad y odio. Todos estos años, lamentablemente, me han dado la razón. El país y la industria petrolera están en ruinas y el gobierno se ha convertido en una dictadura.  Esto no sólo lo decimos la mayoría de los venezolanos, sino que ha sido constatado por  los organismos internacionales de Derechos Humanos. 

Los Informes de Michelle Bachelet, ex Presidenta chilena, que ha sufrido en carne propia la violencia fascista durante la era de Pinochet, marcaron un punto de inflexión en la situación internacional del gobierno, porque sus Reportes y su prestigio identifican de manera clara un hecho que hemos denunciado en todos estos años: en Venezuela la violación de los Derechos Humanos es una política de Estado, que  coloca a maduro al margen, no sólo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino del Sistema de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual le resta toda legitimidad a nivel mundial.  

Mientras que los dos Informes de la Comisión Internacional Independiente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU (la cual es una Comisión únicamente dedicada a constatar los hechos en el país, por mandato directo de este organismo electo en el seno de la Asamblea General de la ONU), determinó de manera clara y científica, las graves violaciones a los DDHH en Venezuela y el rol del sistema de justicia en ello, todo de acuerdo con los procedimientos estándares de actuación de Naciones Unidas.

En el primer Informe –en virtud de la revisión y sustanciación de más de 400 casos de violación de Derechos Humanos– la Misión determinó la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, identificando la actuación específica de los Cuerpos Policiales, Militares, de Seguridad e Inteligencia, bajo órdenes directas del gobierno. En el informe se establecen las responsabilidades directas de los altos jerarcas del gobierno y del Estado, entre ellos el mismo nicolás maduro, recomendando que los mismos sean sometidos a un proceso penal ante la Corte Penal Internacional.

El segundo Informe publicado el pasado 16 de septiembre, se concentra en identificar los mecanismos por medio de los cuales el Sistema de Justicia Venezolano (Poder Judicial, Policía y Fiscalía) ha actuado como instrumento de violación de los Derechos Humanos y en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, señalando como responsables de estos delitos a Maikel Moreno y a Tarek William Saab. 

Estos dos Informes son elementos probatorios vinculantes, pudiendo  conducir a los altos jerarcas del madurismo a un proceso penal ante la Corte Penal Internacional de Justicia, creada en el marco del Estatuto de Roma de 2000, el cual fue suscrito por el Presidente Chávez –sin excepción– en el año 2002, siendo un claro indicativo de que el Presidente Chávez jamás concibió la comisión de este tipo de crímenes en el país como política de Estado. 

Este Segundo Informe NOS DA LA RAZÓN a los que hemos sido víctimas de la persecución política por parte de un gobierno que hace uso para esto del Sistema de Justicia venezolano. Las acusaciones a viva voz de maduro y las afirmaciones destempladas de su fiscal, son un delito que vulnera nuestros derechos y que condicionan la actuación de jueces (todos provisionales) del sistema de justicia, prestos a construir expedientes a la medida del odio de maduro. 

La ONU denuncia, de esta manera, cómo el gobierno y sus sistema de justicia montan falsos positivos para perseguir y encarcelar a sus opositores políticos, que es lo que hemos repetido una y otra vez. 

La solicitud de extradición

El gobierno de maduro y su Tribunal Supremo de Justicia remitieron a España una primera solicitud de extradición, en agosto de 2018. Al inicio nos extrañó, puesto que los altos personeros del gobierno y la encargada directa de estas operaciones de persecución en mi contra, la hoy Vicepresidente Delcy Rodriguez, conocen de los orígenes italianos de la familia de mi esposa. Luego, con base en investigaciones realizadas por nuestros equipos políticos y jurídicos, logramos saber que el gobierno pensaba que sus operadores en el sector político español podrían lograr una actuación judicial que me afectara en Europa. Este intento no tuvo éxito, maduro no termina de entender que existen instituciones que funcionan apegadas a la Ley y al Derecho Internacional. 

En septiembre de 2020, maduro introduce la solicitud de extradición ante la República Italiana, pretendiendo tomar ventaja de algunos factores políticos que lo apoyan en este país. 

Luego, en mayo de este año, el gobierno volvió a arremeter en mi contra. Mi  casa de habitación y de mis hijos en Caracas, fue allanada y ocupada por agentes oficiales aparentemente del SEBIN o del DIGCIM –no se sabe–, lo cual fue antecedido por una declaración de maduro donde, nuevamente, me atacaba y descalificaba, como respuesta a mis denuncias del hecho absolutamente irregular de pretender que Álex Saab fuese un diplomático venezolano y que el gobierno use dineros del Estado venezolano para defender a un empresario, acusado por la justicia en distintos países de apropiación indebida y corrupción en la importación de alimentos, entre otros negocios. 

La solicitud estuvo retenida en Italia –no sabemos por qué– en algún punto del procedimiento, hasta que el gobierno de maduro logró el control de la Asamblea Nacional y firmó el nombramiento del Procurador General de la República, Reinaldo Enrique Muñoz. 

La acusación de los jueces de maduro, en particular la del Fiscal Provisorio Farik Karin Mora Salcedo, ante el Tribunal Décimo de Primera Instancia, se basaba en supuestos hechos irregulares producidos en 2010 con base en una denuncia formulada, nada más y nada menos, que por el  Diputado de la Comisión CLAP, el muy desprestigiado y sancionado diputado Luis Parra. Los hechos, además de falsos, se vuelven sobre Cosa Juzgada (según sentencia del anterior TSJ, presidido por la Magistrado Gladys Gutiérrez, de fecha 24 de febrero de 2017).  

El gobierno de maduro se fue de bruces al anunciar en VTV “con bombos y platillos”, por intermedio del mismo ministro de comunicación, Freddy Ñañez, una opinión no vinculante de la Procuraduría de Roma, mientras que los “bots” y palangristas del madurismo lo celebraban como una victoria del madurismo y daban por seguro que yo iría a parar a La Tumba, lo cual solo demuestra su desesperación y ansiedad en el caso. 

Nosotros, el equipo legal, mi familia y yo, mantuvimos la calma, como siempre lo hemos hecho, por respeto a las autoridades italianas y a un proceso judicial que estaba en marcha.  

La audiencia ante la “Corte d’Appello di Roma” (conformada por tres jueces), ya en instancia vinculante, se fijó para el 14 de septiembre. Trabajamos concentrados en revisar uno a uno los documentos enviados por el gobierno de Venezuela y nuestros elementos de defensa. 

El gobierno trataba de demostrar –sin ningún éxito– que mi persecución no es de tipo político, insistiendo en fabricar falsos positivos sobre mi gestión. 

Sin embargo, en la documentación enviada por el gobierno se evidencia la naturaleza política de la persecución en mi contra y, además, la presencia activa de bloques de búsqueda y vigilancia de los organismos de inteligencia y policiales, actuando en Europa con cobertura diplomática y consular

En uno de los documentos, por ejemplo, se hace referencia a una comunicación del Fiscal provisorio Farik Karin Mora Salcedo, donde afirma que, de acuerdo con los informes de los órganos de inteligencia y tras haber hecho seguimiento a mi persona en la ciudad de Torino, “dicho ciudadano (yo) se encuentra realizando recorrido por distintos países integrantes de la Unión Europea, demandando el apoyo de esa comunidad ante las Organización de las Naciones Unidas (ONU), para promover en esa instancia superior, apoyo para la instalación de una “Junta Patriótica” en Venezuela que permita la reconciliación nacional y que, con el apoyo de la ONU, se convoque a elecciones generales en el país, …) Es clara la intencionalidad política de la persecución del gobierno en mi contra.

El día de la audiencia, el 14 de septiembre,  nuestro abogado, Dtt. Roberto de Vita, hizo una brillante exposición del caso, presentando más de 6.000 documentos probatorios de nuestros alegatos. Fue tal la contundencia y gravedad de lo que se debatió que el Procurador, en plena audiencia, pidió la palabra para solicitar, a nombre de la Procuraduría General de Roma –tal como hizo nuestro abogado–, una sentencia absolutoria en total rechazo de la solicitud de extradición. Es decir, todo el escándalo de maduro fue revocado por la misma Procuraduría. Mientras, el abogado de maduro, Luigi Giuliani, no pudo alegar nada al respecto. Este abogado seguramente prometió a maduro y a delcy rodríguez algo que, a la luz del Derecho y de la justicia, era imposible obtener.  

Existían muchas razones para denegar la extradición, todas de acuerdo con lo que establece el Convenio de Extradición entre ambos países y la Constitución Italiana y Venezolana. 

Pero, entre todos ellos, hay un alegato irrefutable y que dio por concluido el caso definitivamente en firme, el cual no tiene apelación: el hecho cierto de que SOY UN PERSEGUIDO POLÍTICO. En virtud de ello, las autoridades italianas me otorgaron el ESTATUS DE REFUGIADO CON PROTECCIÓN INTERNACIONAL, de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1952 y, en consecuencia, no puedo ser extraditado. 

Pero además, tal como lo establece la misma Convención de Ginebra, el estatus de refugiado no se otorga a personas que sean perseguidos por delitos comunes. Se aplica para proteger a aquellos discriminados por razones políticas, religiosas o raciales. En mi caso, se trata de una protección internacional para salvaguardarme de la persecución política.

Las instituciones italianas y europeas reconocen el riesgo de la extradición hacia Venezuela, puesto que en el país, tal como lo determinan los Informes de la ONU y lo establecen las normas vinculantes de la Unión Europea, NO EXISTE ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ES UNA POLÍTICA DE ESTADO. 

Solo la mente y el accionar autoritario de maduro y su gobierno podían imaginar que Italia, la cuna de Ulpiano y de Garibaldi, la Italia que derrotó al fascismo, me iba a entregar a un gobierno con una política de violación de los derechos humanos. 

El silencio de maduro y de los voceros del madurismo, incluyendo los palangristas tan dados al escándalo y a las “victorias” del tuiter,  no han dicho nada. La derrota fue en toda la línea.  

Y ahora?

No me quedaré callado. Esto no se trata de algo personal, se trata de una responsabilidad ante el país. El chantaje del silencio y del miedo que han instalado en los venezolanos, en todo el país, nos ha hecho mucho daño como sociedad y dificulta, cada vez  más, la recuperación de la soberanía popular y al marco de la Constitución como condición, más la reconstrucción del país. 

Nunca he abdicado o claudicado de mis ideas. No lo haré nunca. Reivindico el camino de Chávez, el camino que marca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el socialismo. No comparto la postura de algunos compañeros de izquierda que creen “prudente callar”. Esto no solamente es inútil, no sirve para nada, porque aquí se trata de estar al lado del pueblo y sus intereses colectivos, es imperativo salir del abismo, de esta profunda crisis política, económica y social que ha destrozado el país. 

Quiero agradecer a las autoridades italianas, sus instituciones y su pueblo, así como a los líderes, países y organismos multilaterales y organismo defensores de los Derechos Humanos, con quienes estamos en permanente contacto y que siguen mi caso y el de mi familia, y todas las amenazas a las que estamos expuestos tanto en el país como en el exterior. 

Finalmente quisiera decir, parafraseando al presidente Lula Da Silva, que nunca pensé que poner el petróleo al servicio de los más pobres, generaría tanto encono y tanto odio. Es el precio que hemos pagado los que seguimos al lado del pueblo, de Chavez y del socialismo. 

Más temprano que tarde, nuestro país y sus fuerzas políticas y sociales serán capaces de reagruparse y reconquistar su propio futuro, nuestro sueño colectivo. El pueblo venezolano cuenta conmigo, con mi fuerza, mi capacidad y honestidad, para seguir luchando hasta ver a nuestro país caminando con sus propios pies, movilizado por objetivos altruistas, liberadores, revolucionarios. Venceremos!