La violencia en Venezuela

Tomo este título del extraordinario ensayo de Orlando Araujo, publicado en 1968 para, de una manera más sucinta y que evidentemente requerirá de mayor profundidad en el estudio, enmarcar, desde el punto de vista de la crisis política, económica y social del país, la violencia desatada por el gobierno de nicolás maduro. 

Lo primero que es importante entender, es que asistimos a un proceso de restauración plena del capitalismo en Venezuela. El gobierno de maduro ha derrotado al Chavismo como propuesta transformadora y revolucionaria en el país, acabando con la obra del gobierno del Presidente Chávez, orientado a modificar radicalmente las relaciones de propiedad y producción en Venezuela, así como el ordenamiento político y la espiritualidad de nuestra sociedad. En su lugar, el de maduro, restablece un modelo capitalista salvaje, muy atrasado, dependiente de poderes extranjeros y basado en la entrega de nuestros recursos naturales (petróleo, oro, gas) y en la explotación de los trabajadores.

Los enemigos de los cambios políticos que se sucedían en el país y la derecha nacional e internacional, se preguntaban, no solo cómo deponer a Chávez, sino cómo barrer con sus avances revolucionarios, puesto que, por la transformación que había sufrido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el inmenso apoyo popular con el que él mismo contaba, además de su liderazgo y carisma, no parecía posible en Venezuela el surgimiento de un Pinochet, Videla o de las Juntas Militares que ahogaron en sangre los avances progresistas de los años 60, 70 en el Cono Sur, así como, tampoco era plausible que se recurriera a la invasión o a la intervención militar, como hicieron contra Jacobo Abner en Guatemala en 1953 o Juan Bosch en República Dominicana, en 1965. Por eso, mataron a Chávez. 

La desaparición física del Presidente Chávez abría las puertas a la única manera de detener el avance de la Revolución Bolivariana: la traición y el ascenso al poder de la contrarrevolución agazapada en el seno de las propias fuerzas que apoyaron a Chávez. Solo ellos, el madurismo, el “chavismo sin Chávez” y la “derecha  endógena”, eran capaces de frenar la marcha de la revolución y retrogradar todo para llevarnos a una crisis peor que la que dio pie al “Caracazo” del 27 de febrero de 1997 o al 4 de febrero de 2002. 

Ese ha sido el triste papel que ha jugado maduro: derrotar al chavismo, acabar con la Revolución Bolivariana y restablecer el sistema de dominación. Es por y para ello, que el gobierno ha instaurado la violencia, como UNA POLÍTICA DE ESTADO. 

La violencia, tal como señala Orlando Araujo en su ensayo, además de tener sus raíces en elementos históricos, culturales y sociales muy específicos de cada país, adquiere dimensiones de tragedia, cuando la misma se convierte  en una POLÍTICA DEL ESTADO PARA OBTENER UN OBJETIVO POLÍTICO. Así, el gobierno de maduro ha recurrido a la violencia como un instrumento cruel, y, por supuesto, ILEGAL e INCONSTITUCIONAL, para lograr el control social y poder arrebatar los DERECHOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES  CONQUISTADOS POR EL PUEBLO VENEZOLANO durante la Revolución Bolivariana, e imponer a sangre y fuego, un conjunto de medidas económicas de derecha, llamadas en el “argot” técnico-económico “POLÍTICAS DE CHOQUE” y conocidas popularmente como “UN PAQUETAZO”. Se trata del “Paquetazo de maduro” que ha hecho palidecer al “paquetazo neoliberal” de Carlos Andrés Pérez en términos de despojo de la riqueza nacional, entrega de la soberanía y destrucción de la economía, llevando hoy día a nuestro pueblo a una condición de pobreza y atraso social desesperante. 

La violencia del gobierno y la violación de los Derechos Humanos establecidos como una POLÍTICA DEL ESTADO VENEZOLANO, por el gobierno de maduro, tiene varias dimensiones

Por un lado; la represión y la violencia directa de los Cuerpos Policiales, Parapoliciales y de Inteligencia del Estado

El gobierno ha sido prolífico en la creación de organismos especializados en la represión y la violencia: el CONAS, el FAES y grupos de civiles armados, no tiene nada que envidiar ni a la Digepol, ni a la Policía Metropolitana, ni a las bandas armadas de los adecos, la temible SOTOPOL de los años 60, así como, ha “refundado” al DIGCIM y el SEBIN, dotándolos de una nueva misión: reprimir al pueblo venezolano. La cúpula del madurismo ha brindado todo su apoyo a la actuación de estos organismos de represión, lo cual les otorga impunidad como en los peores años del betancourismo, imponiendo el terror y la violencia en el país.

Los distintos INFORMES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS, el más importante de ellos, el de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, han procesado y CONSTATADO  hechos de violencia de estos cuerpos militares, policiales y parapoliciales en contra del pueblo venezolano y así han sido denunciados y registrados ante las Naciones Unidas, lo cual, en algún momento, más temprano que tarde, generará actuaciones de la justicia EN CONTRA DE SUS PERPETRADORES. Tendrán que rendir cuentas.

Pero, lo que hoy día es claramente una realidad en el país, es que estos cuerpos represivos han perpetrado CERCA DE SIETE MIL EJECUCIONES EXTRA JUDICIALES, que atienden a un mismo “modus operandi”, en contra de una misma “población objetivo”, ubicada en los barrios pobres y en los campos de todo el país, en lo que se ha convertido en una sistemática “OPERACIÓN DE LIMPIEZA”, en la que estos cuerpos policiales administran la “PENA DE MUERTE” instaurada por maduro y su gobierno, que se parece mucho a la actuación violenta de los carteles de la droga en México o al paramilitarismo colombiano.     

La otra dimensión de la violencia como POLÍTICA DE ESTADO de maduro, han sido los encarcelamientos masivos POR RAZONES POLÍTICAS

El gobierno, la fiscalía y el Poder Judicial, han actuado de manera arbitraria e ilegal, en violación de los derechos consagrados por la Constitución: del Debido Proceso, de la Presunción de Inocencia, del Derecho a la Defensa y se han detenido-secuestrado a  CIENTOS de dirigentes y miembros de la oposición tradicional, así como, dirigentes populares y políticos del Chavismo, TRABAJADORES Y GERENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA, trabajadores de empresas del Estado, oficiales militares bolivarianos y dirigentes sindicales y obreros. 

La lista de VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES a los que son sometidos estos ciudadanos  detenidos-secuestrados por el gobierno, es tan extensa como la que caracteriza a cualquier dictadura. El trato ES CRUEL e INHUMANO: el sometimiento al escarnio público y la humillación; la falta de presentaciones ante los tribunales, hay casos en que llevan más de 5 años sin audiencias ni presentaciones (cuando la ley establece un máximo de 48 horas para ello); la falta de juicio, el aislamiento cruel y prolongado por más de un año, las celdas de castigo, las condiciones infra humanas, la permanente extorsión para poder tener acceso a las comidas y visitas de los familiares, la falta de condiciones sanitarias, de higiene, y la falta atención médica, son prácticas permanentes en los Centros de Detención-Secuestro del madurismo. Ahora se recurre, a las prácticas “estalinistas” de obtener confesiones firmadas, bajo coacción, donde se inculpa a las personas que indiquen a sus captores o se asuman delitos no cometidos, para obtener algún “beneficio procesal”. Se despoja al prisionero de su alma y su autoestima. Se libera a un ser humano, aniquilado. Gana el verdugo…

El gobierno de maduro, en vez de inaugurar escuelas, se ha empeñado en crear centros de violación permanente de derechos humanos y de la dignidad humana como “La Tumba”, “El Helicoide”, “Boleíta”, “Fuerte Tiuna”, los calabozos del SEBIN, del DGCIM y ha entregado los Penales para Presos Comunes  al control de los “pranes”, donde, con la anuencia de la señora a cargo, se ejerce una violencia sórdida, inhumana.

En este gobierno, LA TORTURA Y TRATOS CRUELES, se han convertido en una práctica que tiene dolorosos ejemplos, uno de los más tristes, ha sido la muerte por tortura del Capitán de Corbeta Rafael Arvelo; así como,  las muertes EN CUSTODIA del EXMINISTRO NELSON MARTÍNEZ Y DEL CONCEJAL ALBÁN, y las brutales ejecuciones, como la de OSCAR PÉREZ. Todos estos hechos tipificados como criminales por el ordenamiento nacional y los tratados internacionales, quedan impunes, sin investigación, sin respuesta. 

Estas dimensiones de la violencia ejercida directamente por el gobierno de maduro, vienen acompañadas por la IMPOSICIÓN DEL MIEDO, DEL TERROR, también como POLÍTICA DE ESTADO

La ocupación de sus “viviendas principales” y el robo de los bienes de los perseguidos o detenidos-secuestrados, así como la amenaza y la captura, para tener como rehenes a familiares (aún siendo menores de edad) de los perseguidos por el gobierno, es una práctica violatoria de cualquier principio ético y legal en el país, que busca instaurar el miedo, la delación, la traición e incluso, abandonar a su suerte y guardar silencio sobre los maltratos y las privaciones a los detenidos-secuestrados del gobierno.   

Se utilizan las redes sociales, la Fiscalía, las “cadenas” de maduro y las declaraciones del ministro de la manipulación y mentira, para acusar, señalar, difamar y perseguir a los que le hacemos oposición política. El “fake news” y los “falsos positivos” son instrumentos permanentes de la “judicialización de la política” o “lawfare”. maduro hace lo mismo que hace Bolsonaro, Lenin Moreno o lo que hizo Macri.

Las persecuciones y el exilio, las violaciones al derecho a la vida, a la defensa, a la imagen y a la reputación, se han convertido en una POLÍTICA DE ESTADO, que utiliza para su ejecución los medios públicos de información y a los medios privados adquiridos con recursos del Estado, manejados por testaferros del madurismo, periódicos, televisoras y radios, para propagar la mentira y guardar silencio ante los desmanes del gobierno. También utiliza a sus animadores de los programas de odio, en particular, aquellos que para “expiar culpas” por sus opiniones contrarias al madurismo al inicio del gobierno (algunas están grabadas), se han convertido en perseguidores de revolucionarios, así como, la cantidad de “bots” y laboratorios de la infamia 2.0, desde donde se propagan el odio, la intolerancia y el medio.

Pero el miedo y el terror igual se ejerce en instituciones del Estado, ministerios y empresas, donde se han creado grupos protofascistas, que persiguen y señalan compañeros de trabajo y han impuesto el silencio y el control en anteriores espacios del debate y la democracia participativa y protagónica. Todo el mundo está asustado. Nadie ve, nadie escucha, nadie dice. El país del miedo.  

Se han impuesto también mecanismos de control que nunca habían existido con Chávez. Sistemas y métodos de vigilancia que antes eran extraños a nosotros y que ahora son cotidianos. Control y entrevistas, interrogatorios para la entrada y salida del país, donde los funcionarios te retienen documentos, revisan teléfonos, computadoras, hacen requisas personales, donde la atemorizada persona debe responder incluso, para qué viaja, cuál es su destino exacto , con qué dinero y por qué viaja. Todos son sospechosos. 

Igual sucede en las distintas alcabalas en las ciudades y vías de comunicación, donde hombres encapuchados, que el ciudadano no sabe si son civiles, militares o paramilitares, retienen documentos, celulares, computadoras y donde el que no atiende una voz de alto o se confunde, recibe inmediatamente un tiro.

La otra dimensión de la violencia del Estado, tiene que ver con la VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES, como el DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, a la salud, a los medicamentos, a la atención médica, a los servicios básicos: como el agua, la electricidad, el transporte.

Se actúa con violencia, persecución e imposición del terror, para que, el pobre, el humilde, acepte su tragedia, para que el trabajador acepte un salario mínimo de 3,3 dólares mensuales (el más bajo del hemisferio), e incluso “agradezca”  que sus verdugos, ahora le ofrezcan una “caja Clap extraordinaria”, como anuncia la Comisión Privatizadora en PDVSA; para que la población (sobre todo, en el interior del país) agradezca que, “por lo menos” hay algunas horas de luz o un poco más de agua o que pueda comprar, de vez en cuando, una medicina, un alimento o una golosina para sus hijos. El país del ‘POR LO MENOS”. Es entonces cuando la gente pierde sus ganas de luchar, su dignidad, se conforma con la tragedia y acepta ser gobernada por payasos o criminales, por dráculas o por presidentes que confiesan que tienen tiempo para ver series de “Netflix”, mientras todo el país está en una permanente oscuridad. 

La violencia de este gobierno de derecha es permanente, sistemática, masiva, contra todo el país, no importa de qué bando político sea, o si es indiferente. 

Es la violencia contra el diabético que muere por no tener la insulina, contra el niño que muere por falta de trasplante de médula, contra la abuela o el abuelo que no consigue o no puede comprar las medicinas, contra el niño que sufre de epilepsia, el que padece enfermedades crónicas o de alto riesgo sentenciado a muerte por la crisis e incapacidad del gobierno,  contra los ancianos y jubilados que tratan de cobrar su mísera pensión, es la violencia de la injusticia, contra las familias que comen de la basura, contra los niños que abandonan la escuela. 

Es la violencia contra los jóvenes asesinados por el FAES, por el color de su piel y extracción social; ya no está vigente la Ley de Vagos y Maleantes, pues fue expresamente derogada por Chávez, ni el “dispare primero y averigüen después” ordenado por Betancourt, ahora está el terror de grupos de máscaras y trajes negros, imponiendo el miedo contra la población, los asesinatos, la violencia directa contra el pueblo.

Es la violencia contra los profesionales y sus sueldos miserables, profesores, investigadores, ingenieros, médicos ganando 9 o 10 dólares al mes. Es la violencia contra una juventud a la que han arrebatado su futuro, contra 4.7 millones de venezolanos que han debido salir de la patria, desarraigados de su país, de sus afectos, de su cultura, los que han sufrido todo tipo de vejámenes y explotación en el exterior, los que cruzan ríos y páramos a pie; es la violencia contra el pueblo de Bolívar, contra los hijos de Bolívar, los mismos que hace doscientos años cruzaron esos mismos espacios, para llevar dignidad e independencia a los pueblos hermanos de Suramérica y que hoy mueren en el camino, mueren en el Mar Caribe, deben prostituirse o trabajar de lo que sea, para poder enviar algo de dinero a sus familias en la patria.

Es la violencia contra la madre que pierde a su hijo, bien sea por el crimen, por el exilio, por el éxodo o por el hambre y la enfermedad. Es la violencia de la abuela que sabe que nunca más verá a sus nietos. Es la violencia contra los pueblos indígenas en el Arco Minero, violentadas sus comunidades, arrasadas sus tierras ancestrales, desplazados de ellas. 

Es la violencia contra aquel que no puede ir a un “bodegón”, ni puede ir a una fiesta en el Humboldt, o a la “Zona Rosa” de la ciudad, ni puede tener acceso a los dólares, al mundo que maduro agradece a Dios que existe, al mundo de la dolarización, del madurismo. 

Es la violencia  de las nuevas clases dominantes para imponer su modelo antinacional, antipopular, depredador, es la violencia para acabar con el socialismo. 

maduro y su gobierno, sus jueces, fiscales y policías, tendrán que rendir cuenta ante la Justicia, porque han actuado en violación de la Constitución y las leyes.

Ante todo, han violado los Principios Fundamentales de la Constitución, los valores que la inspiran y su preámbulo, su supremacía por sobre cualquier acto de gobierno. Han actuado en contra de los Tratados y Acuerdos Internacionales (art. 117), contra su garantía por parte del TSJ (art. 335), contra la obligación de su protección (Título VIII), contra el carácter únicamente civil de los órganos de Seguridad del Estado y la taxatividad de los mismos previsto en el artículo 323; contra el Capítulo IV que consagra la obligación del Estado de proteger los Derechos Sociales y a la familia, contra el derecho a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos; contra la obligación del Estado, su Fiscal y la Asamblea Nacional de investigar la violación por parte del Estado de los Derechos Humanos, contra su obligación de indemnización, contra el derecho a la vida que implica su inviolabilidad, y, muy especialmente, la protección de la vida de los privados de libertad o de quienes estén sometidos a la autoridad del Estado (art 43); contra la obligación de garantizar un sistema penitenciario que promueva la rehabilitación y la protección de los Derechos Humanos de la persona en prisión; contra la obligación de aplicar con preferencia las penas no privativas de libertad (art. 272), de la prohibición de tortura, de tratos crueles, de desaparición forzada de personas (art. 45); contra la obligación de garantizar  bienes y servicios de calidad (117), contra la garantía del derecho a la salud (83), contra la prohibición de declararse culpables bajo coacción o a sus allegados (ord. 5, art. 49), contra el derecho al Juez Natural y a la prohibición de llevar a tribunales militares a los civiles, independientemente del delito de que se trate (art. 49 y Principios Fundamentales).

El madurismo debe saber que el presidente, los fiscales, los jueces y los funcionarios que violan la Constitución en cualquiera de las disposiciones antes indicadas, entre otras, así como sus principios de protección a la vida, la libertad, la justicia, la preeminencia de la Constitución y su fuerza normativa, la progresividad de los derechos humanos y su goce y disfrute de forma irrenunciable, indivisible, dictarán actos nulos y serán responsables personal, civil, penal y administrativamente, según lo dispone en forma expresa la propia Carta Fundamental. 

Probablemente nada de ésto les importe, ni les interese. Pero yo no escribo para ellos, yo escribo para todo el país, para todos los ciudadanos, para los civiles y militares, para los que tienen la responsabilidad de asumir su papel en la historia, los que no estamos dispuestos a dejar que sigan destrozando la patria

Pero también escribo para el que tiene miedo, para el que no encuentra una salida, para el indiferente o para el que está lleno de rencor, de intolerancia. 

Al campo revolucionario, progresista, bolivariano, chavista, les digo: basta de justificaciones, basta de excusas. Nadie que haya acompañado al Comandante Chávez, nadie que sea de posiciones progresistas o de izquierda, puede tolerar la violencia. No hay asesinatos buenos y asesinatos malos, no hay torturados buenos y torturados malos, asi como no hay imperialismo bueno e imperialismo malo.

Los que abrazamos las ideas de Chávez, del campo Bolivariano, de la revolución, tenemos la responsabilidad de desenmascarar y luchar para acabar con este régimen violento y represivo, que manipulando el sentimiento chavista, ha llevado al país al abismo del peor gobierno de nuestra historia. 

La gran disyuntiva no es entre maduro y guaidó, son lo mismo, las caras de una misma moneda. La gran disyuntiva es entre la patria o el desastre, entre el socialismo o la barbarie.

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