El 28 de julio pasado se venció el plazo que dio el gobierno para que las empresas petroleras se ajustaran a la “Nueva Ley” que derogó a la Ley de Hidrocarburos de 2002 y la Ley de Nacionalización de 1976.
En este periodo ha habido un reacomodo del Mapa petrolero venezolano, con una disminución abrumadora de PDVSA como operadora nacional de petróleo a favor de empresas transnacionales -la mayoría de ellas norteamericanas- y aquellas de “emprendedores” nacionales a los cuales se les otorgaron CPP (Contratos de Participación Productiva ) entre 2022 – 2026.
Por la prensa se conoce, de forma ocasional, notas sueltas que se filtran, que las transnacionales que están el país bajo la figura de Empresas Mixtas celebran que se les otorgaron nuevas áreas y extensiones de las existentes, así como llegan noticias de “empresarios venezolanos” que -de la noche a la mañana- se han convertido en los nuevos señores del petróleo, a quienes les entregaron grandes áreas y campos en operación.
No hay, discusión, licitación, competencia, acuerdos binacionales, nada que justifique o permita establecer parámetros para la escogencia, no se conocen las condiciones fiscales, los planes de negocio, de desarrollo, las ventajas para el país, NO SE SABE NADA!
Pareciera que a nadie le importa o le importa poco, o hay una absoluta desinformación de lo que está sucediendo en el sector petrolero, sin entender que estamos en presencia de un reparto de nuestra riqueza petrolera, con el otorgamiento de contratos que nos comprometen por los próximos 40 años.
El petróleo se entrega al capital transnacional y oportunistas de todo tipo, y esta nueva situación se pretende consagrar con una Ley que es inconstitucional.
A estas alturas NO SE SABE NADA de este proceso, aunque la “Nueva Ley” establece en su Artículo 34 que los contratos serán “enviados” a la Asamblea Nacional para su “conocimiento” ni siquiera eso ha sucedido. Observe que a diferencia de la Ley de Hidrocarburos del 2002, la A Nacional ya no tiene la potestad de revisar ni modificar los contratos, sólo se informa, es decir “un saludo a la bandera” , pero NADIE puede decir nada o modificar dichos contratos. Ahora, ni siquiera ese paso se ha cumplido.
Se ha producido asi, la entrega del petróleo en absoluto secreto, como fue decidido en las más altas instancias de un gobierno provisional, que está de paso, pero nos deja comprometido el futuro del país.
Todo esto ha sucedido bajo la tutela del gobierno de los Estados Unidos, cuyos lobbystas son los que al final deciden quién se queda con qué. Como dijo Trump “El que gana, se lleva el botín”
Habría que preguntar al gobierno, a los diputados de la Asamblea Nacional o a los factores políticos que hoy negocian nuestro destino:
1) ¿Cuántas y cuáles empresas firmaron los nuevos contratos petroleros?
2) ¿Dónde están esos contratos? Qué tipo de contratos son? Cuáles son sus términos y condiciones?
3) ¿Los nuevos contratos han sido enviados a la Asamblea Nacional, al “menos” para que se enteren? ¿Qué dicen los señores diputados, quienes aprobaron la Nueva Ley de forma express?
4) ¿En base a qué criterios se favorecieron a las empresas que obtuvieron los Contratos, por cuanto tiempo?
5) ¿Cuál es el régimen fiscal (impuestos y regalías) de cada contrato?
6) ¿Cuál es el Plan de Desarrollo de las áreas asignadas?
7) ¿Cuál es la participación de PDVSA en los nuevos contratos?
8) ¿Ahora quién opera y quien vende el Petróleo venezolano?
Estas son cuestiones mínimas que debe conocer el pueblo venezolano en relación a materias de interés público, definidos así por la Constitución.
Cuál es el nuevo mapa petrolero del país, asignado a dedo, ya no se sabe por quién. En un proceso similar a cuando la dictadura de Juan Vicente Gómez entregó el petróleo venezolano a sus amigos y a las transnacionales norteamericana e inglesas a principios del siglo XX, condicionando el modelo económico del país, colocando a Venezuela como una “factoría petrolera” del imperialismo norteamericano.
Esto ha sido una “piñata” que sigue comprometiendo el futuro de nuestro país, un proceso sin ningún tipo de transparencia, ni información pública, en un tema que está designado por la Constitución como de interés Público. El presidente Trump se regodea e incluye en sus “reservas de petróleo” es decir las de EE.UU., las reservas del petróleo venezolano.
Es evidente que el gobierno provisional no tiene una Política Petrolera Soberana, ni el interés de recuperar PDVSA o la producción de petróleo, lo que hay es una carrera por privatizar y entregar todo lo que se pueda, para mantenerse en el poder, la Patria como moneda de cambio. Que daño le están haciendo al país. Todo esto constituye un retroceso enorme para nuestra Soberanía e independencia nacional, y un tema que requiere una profunda discusión nacional, un rechazo de parte de los sectores nacionales o patriotas que aún restan en el país.
Rafael Ramírez
09 agosto de 2026