El negocio involucra al bolichico Alejandro Betancourt y al empresario español Bianco Balín.

Entregaron fraudulentamente bloque más valioso de la Faja a empresa de maletín de Chipre

En una entrevista con el medio Sumarium, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, denunció la entrega del bloque 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco a una empresa de maletín registrada en Chipre. El español Ramón Blanco Balín, quien fuera vicepresidente de Repsol y vinculado a la familia Cortina y al Partido Popular de España,  Alejandro Betancourt, connotado miembro de los llamados “Bolichicos” y el sobrino de Cilia Flores y ex-Tesorero Nacional Erik Malpica estarían detrás de esta operación. 

A través del Tribunal Supremo de Justicia se aprobó la constitución de una empresa mixta en la que una firma de maletín registrada en Chipre posee 40% de las acciones y cuyo representante es Ramón Blanco Balín, empresario español vinculado con sonados casos de blanqueo de capitales. 

A propósito de una nota de prensa publicada por el impreso Últimas Noticias, donde se destaca que Venezuela percibirá 400 millones de dólares por la aprobación de un contrato petrolero, Ramírez denuncia que la operación se saltó se los procedimientos que deben ejecutarse cuando se trata de un contrato de interés público de esta magnitud. 

La aprobación de este “contrato petrolero” no es más que un paso mas en el proceso de privatización de la explotación petrolera en el país. otra prueba de la destrucción paulatina dePDVSA en manos del madurismo.

Ramírez acotó que el área de Junín 10 es una de las mejores en la Faja Petrolífera del Orinoco cuya producción era operada por PDVSA en su totalidad. 

El exministro de Chávez aseguró que “nosotros vamos a revertir todo lo que está haciendo maduro a favor de unas empresas piratas y de maletín como esta de Chipre”.

Al margen de la legislación nacional

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara al señalar, en sus artículos 150 y 187, que “no podrá celebrarse contrato alguno de interés público (…) sin la autorización de la Asamblea Nacional” y que es competencia de este organismo el aprobar el presupuesto nacional, créditos adicionales y todo lo concerniente al régimen tributario.

Para salir del paso a esta condición que establece la Carta Magna, el madurismo emitió el 12 de abril de 2018 el decreto 3.368, publicado en la Gaceta Oficial No. 41.376, donde se otorgan poderes plenipotenciarios al ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, para entre otras cosas: “crear,  suprimir o  efectuar modificaciones  a las empresas del sector  público industrial petrolero,  incluida Petróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales”.

Escucha el segmento de la entrevista:

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