Declaración de prensa ante la represión madurista

La tortura y el crimen político no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia

*La tortura en Venezuela es una política de Estado impuesta por maduro para perpetuarse en el poder, y es secundado por el Ejecutivo, el ministerio público y el poder judicial.

**Los Chavistas repudiamos la nueva arremetida represiva que dejó ciego a un adolescente que protestaba por falta de gas doméstico en el Táchira. Este hecho y el asesinato del capitán deben ser investigados hasta las últimas consecuencias.

Caracas, 2 de julio de 2019.- El prontuario de violación de derechos humanos de nicolás maduro se ensancha día a día. Rufo Antonio Chacón Parada, de 16 años, quedó ciego de por vida tras haber recibido 52 impactos de perdigones de goma a quemarropa en el rostro. Su delito, protestar por la falta de gas en Táriba, estado Táchira.

Esta nueva evidencia del exceso con el que actúan los cuerpos policiales y militares del gobierno, da fe de que la tortura y la represión son claramente una política de Estado implementada por maduro y su grupo. No están dispuestos a dejar el poder y actúan en consecuencia.

El caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto en custodia por funcionarios del DGCIM, este 28 de junio, tras ser brutalmente torturado, se suma a la extraña muerte del concejal Fernando Albán, quien estando preso en la Sede del Sebin, cayó de un piso 10, en octubre de 2018.

La muerte en custodia del expresidente de Pdvsa, Nelson Martínez, es también otra evidencia de la sistemática violación de DDHH del madurismo. A Martínez, desde su detención en diciembre de 2017, se le negó reiteradamente atención médica, pese a su delicado cuadro de salud y los ruegos de su familia.

El asesinato del inspector del Cicpc, Oscar Pérez y su grupo, en enero de 2018, es otro caso donde se violó la condición humana y los códigos de honor. Pese a haberse rendido públicamente y solicitado la presencia de la fiscalía, está nunca se presentó y las fuerzas policiales que lo asediaban los volaron con un cohete acabando con la vida de todo el grupo.

Es importante recordar además, que hay más de un centenar de extrabajadores de Pdvsa en los sitios de detención del madurismo, así como cerca de 154 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, secuestrados políticos y algunos cuya suerte se desconoce si que el gobierno informe de su condición.

En ambos casos, tanto a los trabajadores como a los militares se les viola el Derecho al debido proceso, la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa, la mayoría ni siquiera, han tenido la primera audiencia, ni saben de que se les acusa formalmente. 

El madurismo no oculta sus intenciones represivas, y prueba de ello son las razzias policiales llamada cínicamente “Operaciones de Liberación del Pueblo”  (OLPs), creadas en 2015 sin un decreto ni marco legal conocido. Sus actividades delictivas y su política criminal, consisten en realizar ejecuciones extrajudiciales y ajusticiamientos en zonas populares. Tales prácticas superan con creces las terribles razzias con las que la antigua policía metropolitana azotaban las zonas populares de Caracas.

Tal y como lo señala el ex ministro, Rafael Ramírez, “el madurismo ha constituido un Estado policíaco, violento, intolerante. Que busca imponer por la fuerza un modelo atrasado, capitalista dependiente, inviable, y que hará lo que sea para mantenerse en el poder” 

El gobierno viola los Derechos Humanos de forma integral, la situación es insoportable 

A pesar de la violencia del gobierno y el miedo extendido en todo el país, la situación del pueblo se hace insostenible. 

La violación sistemática de los DDHH no incluye sólo la violencia política directa de los cuerpos de seguridad, policiales y fiscalía, sino que tiene que ver con la deplorable situación económica y social del pueblo venezolano. 

Los escandalosos índices de mortalidad infantil, la escasez de medicamentos, de tratamiento para enfermedades de alto riesgo condenan a una muerte cruel y silente a miles de venezolanos. 

Por otra parte la escasez de alimentos, la falta de servicios públicos fundamentales como el agua, gasolina, gas, transporte  y electricidad mantienen a la mayoría de los ciudadanos en niveles de vida de desesperanza y permanente zozobra, que ha llevado a cuatro millones de venezolanos, sobre todo jóvenes, a abandonar la Patria.

Este gobierno, en tan solo seis años de mala gestión, ha acabado con las conquistas económicas y sociales obtenidas con el presidente Chávez. Hoy día nuestro pueblo padece las desastrosas consecuencias sociales del paquetazo de derecha de maduro.

Urge investigar el caso del Capitán de Corbeta Acosta Arévalo

A pesar de que el gobierno pretenda evadir su responsabilidad en el caso y hasta le niegue al Capitán sus grados militares, la verdad es que su muerte reviste un hecho muy grave que evidencia la violencia del gobierno desatada ahora en contra del sector militar, por lo que este hecho debe ser investigado hasta develar la estructura terror montada por el madurismo con apoyo extranjero. 

Pero esa investigación no puede ser conducida por el fiscal general, pues este, no solo carece de la independencia requerida, sino que es un agente más de la represión desatada por el gobierno. 

Es claro que la fiscalía, carece de la más absoluta credibilidad en el país y en el resto del mundo, para realizar una investigación imparcial. Por tanto, urge que se abran las puertas a una investigación dirigida por una comisión internacional seria e imparcial

Es por ello que aplaudimos la petición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de solicitar una investigación exhaustiva, rápida, independiente e imparcial del asesinato por tortura del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, mientras se encontraba detenido por la DGCIM.

Existen sin embargo, dudas razonables de que la demanda de Bachelet, quien recientemente visitó el país y había logrado acuerdos con el gobierno de maduro para mantener una misión permanente en Venezuela y tener acceso a secuestrados políticos que son sistemáticamente maltratados y torturados, sea efectivamente cumplida.

De hecho, circula ya la denuncia de que fue bloqueada la entrada a los enviados de Bachelet a los sótanos donde se practican las torturas y toda clase de violaciones a la condición humana. Tras esta negativa, resulta evidente que el gobierno de maduro tiene mucho que ocultar y explicar, sin embargo le llegará el momento de rendir cuentas ante la justicia. 

La Alta Comisionada ha sido clara en sus exigencias y declaraciones repudiando el asesinato del capitán, al recordar a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad.

Por otra parte, Ramírez indica que a la oficialidad patriota y chavista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le corresponde actuar para preservar la Constitución y las leyes, porque este asesinato muestra el nivel de descomposición de las fuerzas de seguridad y de la institución castrense en el país.

El ex ministro insiste en su denuncia del especial encono represivo que padecen los dirigentes chavistas que se enfrentan al madurato. Y es que la cúpula que respalda a maduro teme a los revolucionarios de verdad, porque representan la genuina reserva política y moral de la revolución. Debemos rescatar con urgencia las líneas maestras del pensamiento del presidente Chávez.

Maduro sabe que en los barrios, pueblos, caseríos, urbanizaciones de Venezuela hay un enorme rechazo, y los cuarteles no son la excepción. 

La feroz represión contra oficiales y efectivos de la Fuerza Armada Nacional es evidencia de temor, porque los cuarteles son hervideros políticos. La conciencia prevalecerá, también, en los cuarteles.

La Junta Patriótica de Gobierno para restablecer la Constitución 

Es urgente que los sectores progresistas, chavistas y patriotas, nos sigamos organizando en todo el país para enfrentar al madurismo y la extrema derecha, es necesaria una alternativa del campo Bolivariano. 

Es preciso lograr, a través de una amplia movilización popular o la convocatoria a un Referéndum la conformación de una Junta Patriótica Cívico-Militar de Gobierno, que nos permita el restablecimiento del hilo constitucional y la soberanía del pueblo.

Los venezolanos no podemos seguir sumando muertes por la tortura, la represión, el hambre, la falta de asistencia sanitaria, la migración desesperada, entre otras calamidades que hoy padece la República. Debemos entender que la unidad cívico-militar es la clave para salir del peor gobierno de nuestra historia republicana.

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