COMISIÓN DE DDHH DE LA ONU DEBE IMPULSAR RESTITUCIÓN URGENTE DE DERECHOS A PRESOS Y PERSEGUIDOS
*El ex ministro saluda que la comisionada dio visibilidad a los casos de persecución y prisiones ilegales de ex trabajadores de Pdvsa, militares y dirigentes chavistas.
Caracas, 26 de junio de 2019.- El ex ministro de Petróleo del presidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez agradeció la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, porque puso en evidencia la situación de violación de los DDHH en el país.
El también ex embajador de Venezuela ante la ONU sostiene que es primera vez en 20 años, que se requiere la intervención del sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en el país. Y aplaude que con la visita de Bachelet se visibiliza y reconoce un hecho que ha estado silenciado producto de la intolerancia política, y es que “el gobierno de maduro persigue, exilia, encarcela, secuestra, maltrata y tortura, con especial saña, a los chavistas que estamos en contra de su gobierno, sean éstos políticos, trabajadores, militares o ex ministros”, denunció.
Para Ramírez la visita de Bachelet tiene otras lecturas políticas que conviene destacar: “El gobierno está dividido y se impone el grupo, encabezado por el propio maduro, que está cediendo, hace concesiones porque tiene el agua al cuello, porque, a pesar de que está parado sobre los hombros del pueblo venezolano, sabe que su posición es insostenible. Este grupo ahora trata de lavar su cara, en el ámbito económico y político: cede el Esequibo a la Exxon Mobil, publica tardíamente cifras del BCV, entrega áreas petroleras, gasíferas, de oro y los activos del Estado, de la República, que pueda, mientras negocian una salida. El otro grupo, que será objeto de la negociación, sigue dando saltos grotescos de guerra”.
UN TRIUNFO DEL PAÍS
Para el ex ministro Ramírez, la visita de Bachelet es un triunfo de las víctimas que pudieron hacer visible las violaciones de Derechos Humanos, expresadas en detenciones arbitrarias, secuestros, desconocimiento del debido proceso, maltratos, torturas, persecución de las víctimas y sus familias y la judicialización de la política que ha llevado al exilio a dirigentes políticos y trabajadores.
Señala, además, que maduro tiene especial temor por el chavismo, porque es el único sector que puede garantizar una salida a la crisis, a través de una Junta Patriótica Cívico-Militar de Gobierno, que restablezca el hilo Constitucional y la soberanía popular.
“Al madurismo se le acabó el tiempo, la situación es insostenible, política, económica y socialmente. Las sociedades no se suicidan. La salida del poder de maduro y del madurismo es cuestión de tiempo. Lamentablemente, y en la misma medida en que el madurismo ha cerrado todas las opciones constitucionales y políticas, parece que será por una acción violenta, cruenta, que puede tener signo de izquierda o derecha. Más temprano que tarde, cuando menos lo imagine el madurismo, irrumpirá una fuerza o conmoción política que pondrá fin a su gobierno tiránico”, sentencia Ramírez.
PROPUESTAS A LA COMISIÓN
Como se ha informado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acordó con Maduro mantener en Venezuela una delegación permanente de dos representantes, con miras a establecer una oficina.
Para Ramírez, los delegados de Bachelet tendrán una ardua tarea, porque el gobierno de Maduro no se caracteriza por su honestidad y la situación que vive el país es realmente muy peligrosa, porque el riesgo no está solo en el gobierno madurista, sino en las tentaciones totalitarias de la ultraderecha que aspira conquistar el poder para imponer su visión intolerante del país y consolidar con otras leyes y otra Constitución el proceso de entrega que, de manera ilegal, comenzó con maduro.
En este sentido, Ramírez hace una serie de propuestas a la comisión, entre las cuales destacan las siguientes:
– Fe de vida y levantamiento de información de todos los secuestrados en centros de detención, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y los efectivos de la FANB. Precisar su ubicación. Fe de vida del Mayor General Rodríguez Torres y del General Raúl Baduel.
– Certificación por el equipo de la Alta Comisionada de la lista de presos políticos, civiles y militares, trabajadores de PDVSA, efectivos de la FANB. Además reconocerles a todos su condición de presos políticos.
– Inspección a los centros de detención del Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Entrevistas a los detenidos-secuestrados. Exigir un censo de cárceles y centros de reclusión de todo el país, con el número y la identificación, así como, el status de sus juicios y procedimientos penales, de presos y secuestrados por razones políticas y comunes así como, el estado físico de los mismos.
– Debe exigirse que se proceda a otorgar las audiencias correspondientes a los imputados que han sido privados de libertad. (En este sentido, debe exigirse el cumplimiento de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal cuyos artículos 9 y 229 son muy claros al señalar que la privación de libertad de un imputado es de carácter EXCEPCIONAL. Es decir, no es regla que un imputado sea privado de su libertad, todo lo contrario. Si no fuera así, no existiría el derecho a la presunción de inocencia.
– Deben garantizarse a toda la población penitenciaria, no solo a los presos políticos, todos sus derechos y garantías procesales.
– Debe garantizarse que se generen responsabilidades a los funcionarios que violen los Derechos Humanos de los imputados, tal como lo establece el artículo 123 ejusdem.
– Debe, sobre todo, garantizarse que la acción penal esté en manos del Estado a través del Ministerio Público debidamente restituido, y no de un órgano distinto, menos aún del presidente de la República ( art. 11 ejusdem).
– Garantizar que cesen las torturas, secuestros, exilios, confiscaciones de bienes, tanto de los imputados, como de sus familiares. Liberación inmediata de todos los detenidos y secuestrados, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y efectivos de la FANB.
– Facilidades al equipo de la Alta Comisionada para que se puedan recibir familiares y víctimas de violación de los DDHH en las oficinas de la ONU en Caracas y, dados los severos problemas de transporte existentes, abrir centros de atención en el oriente y occidente del país para el mismo propósito.
– Crear una Comisión internacional de Juristas que revisen los juicios y procedimientos aplicados a los imputados por el Ministerio Público o bajo medidas judiciales.
– Exigir al gobierno, los ministerios respectivos y al Instituto Nacional de Estadística, la publicación de todas las estadísticas en relación a la salud, mortalidad infantil, educación y todos los indicadores de desarrollo social en el país.
– Hacer un levantamiento nacional, con el apoyo de la Cruz Roja, la OMS, OPS y otras organizaciones internacionales de las necesidades de medicamentos y tratamientos especiales para enfermedades crónicas y de alto riesgo, así como el estado de la infraestructura de salud en el país.
– Hacer un levantamiento nacional, con apoyo de la FAO, UNICEF y otros organismos de la ONU, de las necesidades de alimentación y los niveles de desnutrición en el país, sobre todo en niños, mujeres embarazadas y ancianos.
“Verdaderamente, la oficina de la Alta Comisionada y demás organismos de las Naciones Unidas tendrían mucho que hacer en el país; todos los sectores nacionales tenemos que sumar esfuerzos y voluntades para prestar todo el apoyo a esta encomiable labor, así como para desenmascarar esta absurda e intolerable situación de violación de los DDHH que sufre nuestro pueblo”, concluye Ramírez.
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