El Informe elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, retrata con gran precisión y autoridad el retroceso que en materia de derechos ha representado para Venezuela el gobierno de Maduro. En este video digo por qué.
Transcurridos seis años de gobierno madurista, es evidente la demolición de la obra del Presidente Chávez y con ella la destrucción del país. Recuerdo al inicio del primer período de maduro que los “inspiradores” del madurismo repetían que “nicolás no pude tener a nadie que le haga sombra”, que “ahora, él es el jefe”, que “necesita su propio espacio”, sus “propias decisiones”, “necesita controlarlo todo”, entre otras consejas del grupo que ascendía al poder. Necesitaban un gobierno de los suyos, un “circo de enanos”, donde pudiese sobresalir su dueño.
Lo lograron, desplazaron a los chavistas del poder, por lo menos, a los ministros del gobierno de Chávez, uno a uno fuimos saliendo; no nos dimos cuenta en ese momento, leales como fuimos al juramento que le hicimos a Chávez de unidad, que se consumaba una inmensa traición al Comandante Chávez y al pueblo. Traición que se fraguó desde el mismo momento en que hubo señales evidentes de la enfermedad del presidente.
Tal vez contaron con información privilegiada, con apoyo internacional de los que mas influyeron en esa última etapa del presidente, evidentemente afectado por la enfermedad que lo consumía. Sea como sea, se prepararon para la ausencia del Comandante. Mientras que los ministros de Chávez, y hablo por mí y unos pocos, trabajamos sin descanso para mantener funcionando el país, como lo hicimos, para ayudar al Comandante, esperanzados de que se recuperaría y volvería al frente del gobierno, otros avanzaban sus propios planes de poder, tomaban posiciones, hacían acuerdos con empresarios, “tendían puentes” para una transición.
Lo que siempre se mencionó como el “chavismo sin Chávez”, agazapado hasta entonces, refugiado en Casa Amarilla y otros espacios, entre empresarios y “guías espirituales”, entre resentidos a los que el propio Comandante había hecho a un lado, y tantos otros, vieron en maduro la inconsistencia de la que obtendrían todo sin mayores problemas; el instrumento para impulsar su propio modelo político-económico, un retroceso con respecto al socialismo y al Plan de la Patria de Chávez.
Un aspecto que caracterizó el período del Presidente Chávez fue que siempre estuvo por delante del grupo humano que lo seguía, de su partido y su gobierno. Chávez era un revolucionario de profundas raíces nacionalistas. Desde el ámbito militar e imbuido del pensamiento Bolivariano, no pudo permanecer indiferente ante el sufrimiento del pueblo e insurgió el 4 de febrero de 1992.
Ya como Jefe de Estado, siendo un hombre estudioso y con la humildad de reconocer sus limitaciones, pero con una férrea voluntad de resolver los graves problemas del país, su pensamiento político fue avanzando a pasos agigantados. Pasó del gobierno miquelenista, al “capitalismo con rostro humano” y la “tercera vía”, sólo para darse cuenta que nuestro país era tan atrasado y dependiente, con unas élites tan intolerantes y violentas, que no estaban dispuestas a aceptar ni siquiera un gobierno reformista.
Vino el Golpe de Estado, el Sabotaje Petrolero, la violencia de las élites y los factores internacionales. Todo ello, le hizo entender muchas cosas. La relación y largas conversaciones con el Comandante Fidel y otros líderes mundiales, le permitieron afinar su propia propuesta para el país. Allí es cuando el Presidente comienza a hacer un conjunto de precisiones y definiciones que, finalmente, le dieron la posibilidad de definir bien sus objetivos y comenzar a resolver efectivamente los problemas de la nación.
Primero, entendió la importancia del petróleo, de PDVSA, reconoce a Venezuela como un país petrolero y fuimos a la conquista de esa colina, de la renta petrolera para ponerla al servicio del pueblo. Luego, definió nuestra revolución como anti imperialista y levantó las banderas del socialismo del siglo XXI, más tarde, vendría el Plan de la Patria y sus objetivos históricos, documento que constituye su legado mas acabado.
Pero no todos sus partidarios lo acompañaban en este pensamiento, él venía con los mismos tenientes o capitanes nacionalistas de derecha, los restos del miquilenismo; venía con los mismos sectores de la vieja izquierda y con lo “mejor” de la cuarta República. Por eso, el Presidente entendió que necesitaba transferir urgentemente el poder al pueblo, darle vida a las nuevas categorías políticas establecidas en la Constitución, como la Democracia Participativa y Protagónica, el Poder Popular; había que darle beligerancia al pueblo, abrir el debate político, la plena libertad de pensamiento, los medios alternativos, las 3R, creó el PSUV, el cual concebía como instrumento de transformación, interpelador del gobierno, vanguardia de la revolución.
En el gobierno, por la misma razón de la diversidad de grupos y personajes con los que cargaba desde el inicio, el Presidente Chávez contaba con distintos grados de apoyo y compromiso político, y con distintos niveles de eficacia de gestión, y él lo sabía.
En el petróleo, lo apoyamos irrestrictamente y conscientes de lo estratégico del sector, avanzamos en desatar los nudos de la dependencia y el atraso del país: desplegamos la Plena Soberanía Petrolera, desmontamos la nefasta “apertura petrolera”, que expropiaba nuestras riquezas, retomamos el control de nuestros recursos y empresa. Convertimos al petróleo en instrumento de liberación de nuestro pueblo, y a PDVSA, la Roja Rojita, como una empresa nacional y profundamente popular, la quinta empresa mas importante del mundo, capaz de explotar y desarrollar nuestros inmensos recursos petroleros y gasíferos, y ponerlos al servicio del pueblo, como lo hicimos y como lo sintió todo el país, durante más de 10 años de prosperidad y desarrollo social.
Por ello, siempre conté con su apoyo y fui el ministro que duré más tiempo con él en el gobierno, 12 años exactamente, no porque yo fuese militar, o de Barinas o cualquier otra razón. Estuve 12 años a su lado, porque era de los pocos ministros que compartía sus ideas y planteamientos políticos; pero que además lo hacía de manera eficaz y precisa, con un éxito innegable en el sector más importante y estratégico del país: el petróleo y PDVSA. Sector que le abrió las posibilidades para desarrollar su planteamiento económico y social. De no ser así, no hubiese durado nada en su gobierno. Por ello, cuando ahora el madurismo insinúa lo contrario, no sólo miente de manera descarada, sino que dejan al presidente Chávez como si hubiese sido un pendejo.
El chavismo sin Chávez.
Pero en otros ministerios o sectores, no había tal compromiso político. Por eso, “arrastraban los pies”; por ello, el gobierno no avanzaba al mismo ritmo de Chávez, nunca lo hicieron, se agazapaban, “pasaban agachados”. Hay ministerios, instituciones y empresas del Estado, donde nunca hubo revolución, nunca se hizo nada para desatar los nudos de la dependencia, para ayudar a construir el socialismo; y, el Presidente también lo sabía, por eso, los hacía a un lado; o, sencillamente, los ignoraba, concentrado, como estaba, en lo grueso del problema.
Éstos eran los sectores que siempre trataban de “moderar a Chávez”; los que planteaban que había que ir “poco a poco”, que era “muy pronto” para hablar de socialismo, los que pretendían interpretar y atenuar el discurso revolucionario. Estaban relegados por Chávez, refugiados en la Asamblea Nacional o en el partido, pero siempre maniobrando, con la audacia del ambicioso, fuera de la visual del Comandante: el grupo de Boston, los intelectuales tarifados y pensadores “afrancesados” que colmaban Cancillería, los “ex” que rumiaban su resentimiento, los empresarios que siempre hicieron grandes negocios y estaban “allí” ayudando la vida y privilegios de los “cautelosos”, siempre con su “plan B”, su plan sin Chávez.
Es este sector, el “chavismo sin Chávez”, la “derecha endógena”, la que asumió el poder con maduro. Son los que han desmontado, con saña, la obra del gobierno Chavista: la democracia participativa y protagónica, el Poder Popular, PDVSA, las Empresas del Estado, las Misiones, la economía, las instituciones, todo. No quedó nada, y en consecuencia, el país se vino a pique.
Este grupo de poder, además de tremendamente ambicioso, ha sido muy incapaz y corrupto; por ello, el país se les fue de las manos. Es que nunca pusieron un ladrillo sobre otro en su vida, ni trabajaron, ni tienen la preparación, ni la calidad política o humana. El país se les vino abajo. Todo lo que tocan “se seca”, como les gusta decir a los luceros.
Por ello, han recurrido a la violencia. Primero abierta contra los sectores de oposición, que lanzaron a sus jóvenes a sacrificarse en las “guarimbas”, mientras ellos estaban a buen resguardo, pensando como siempre en el atajo de la violencia para tomar el poder. Casi 200 muertos por la violencia política en las calles, hecho sin precedentes en nuestra historia. Las conversaciones de República Dominicana, sellaron la impunidad, a cambio de salir de las calles. Las víctimas, todavía esperan justicia.
Pero ahora es una violencia sistemática, estructurada, una política de Estado, diseñada para imponer el miedo y el control social. Violencia del Estado que se traduce en una violación de los Derechos Humanos de los venezolanos, que ha quedado registrada y documentada para el hoy y para la historia, por la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU; y, claramente plasmada en el Informe de Bachelet, emitido el pasado 4 de julio. Informe contra el que ha arremetido tanto la extrema derecha golpista como el madurismo.
Bachelet.
El madurismo, vocifera, insulta y arremete contra la figura de la ex Presidenta de Chile, contra la ONU. Organizan manifestaciones para repudiar a Bachelet. Es lo mismo que hizo Marruecos contra el ex Secretario General de la ONU, Banki-Mon, cuando éste mencionó los derechos del pueblo Saharaui, o lo que hace Israel contra la ONU cuando sus informes denuncian la represión contra los Palestinos. Aunque obviamente son casos distintos, se trata de la misma actuación.
Por qué, en vez de arremeter en contra de Bachelet y la ONU, el madurismo, la ANC, la fiscalía, el defensor del pueblo o los intelectuales que se dicen de izquierda y escriben a favor de maduro, no se detienen a pensar ¿Cómo es posible que existan, de acuerdo con los propios números del gobierno, 6.856 muertes por “resistencia a la autoridad” de los cuerpos policiales en los barrios?, ¿no les llama la atención un número tan alto de muertes?, ¿hace cuánto no van entre los barrios azotados por el FAES, para ver qué les dice el pueblo?, ¿a cuenta de qué, un cuerpo policial enmascarado, impune, merece credibilidad?. Son casos aislados un número tan impresionante, o responde ello a una política de Estado.
Por otra parte, en la cuarta República asesinaban en la tortura y era un crimen, al final entregaban los cuerpos de las víctimas a los familiares para que lo velaran o enterraran, a menos que fuese uno de los tantos desaparecidos. ¿Por qué guardar silencio ante la muerte por tortura del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, frente al hecho de que no entregaron el cuerpo a sus familiares, no permitieron que su familia lo velara y lo enterrara? 8 días mas tarde sus captores lo entierran. Así hicieron con el cadáver de Oscar Pérez y su grupo ¿Por qué se impone esta práctica tan cruel? ¿Qué se esconde?
El Informe arroja tantos datos y documenta tantas violaciones a los Derechos Humanos, que expone una duda más que razonable sobre la actuación del gobierno y sus cuerpos policiales, sobre la tortura y abusos de todo tipo, sobre la actuación cómplice de la fiscalía y el poder judicial. Este Informe sería suficiente para que, en cualquier país normal, se abriera un debate sobre el tema, se tomaran acciones. Sin embargo, paradójicamente, los hijos de las víctimas de ayer, hoy ministros, confían mas en los cuerpos policiales, que en el informe Bachelet. Incomprensible. El informe de Bachelet, haga lo que haga el madurismo, está allí y seguirá siendo discutido en la ONU. Ojalá alguien en el gobierno le prestara atención.
Barbados.
Este grupo humano, el madurismo, es el que negocia en Barbados. El otro grupo, voluntad popular, no es mejor que el madurismo. Es igual de intolerante y violento, sólo que no han tenido la posibilidad de tomar el poder. Existe un severo problema de legitimidad en estas negociaciones. Los sectores que negocian de espaldas al país no representan a la mayoría de los venezolanos, ni cuentan con la confianza de los ciudadanos.
Aunque la negociación política es el camino correcto para la solución de los problemas; en este caso, los negociadores no representan al país. Se han abrogado ese papel, unos porque tienen las fuerzas de las armas, otros porque tienen el apoyo internacional. Pero ninguno de los dos tiene el apoyo popular. La falta de participación de los venezolanos es el problema de fondo de estas negociaciones secretas. El esfuerzo de Noruega y los países de la iniciativa del grupo de amigos, entre ellos, Suecia, Italia, México y Uruguay, es loable. El problema no es ellos, como no lo es Bachelet, el problema es interno, entre los venezolanos.
En Barbados se negocia un nuevo pacto. Ante el fracaso del madurismo por el colapso del país, éste busca desesperado una negociación que le permita mantenerse, co-existir con los factores de la derecha, en un futuro político impredecible, en un país destrozado por ellos mismos, al que le demolieron todas las columnas que le daban estabilidad y gobernabilidad: un estado de cosas caótico que han instalado, la economía, su psiquis y valores. Negocian entre capitalistas, allí no está representado el Chavismo, ni la oposición seria; ni se plantea, de ninguna manera, mantener las conquistas económicas y sociales del período bolivariano, ni la Plena Soberanía Petrolera, ni el control sobre PDVSA, ni la Constitución, ni el Plan de la Patria, mucho menos, el socialismo.
Maduro negocia con el agua al cuello, busca una salida personal, para él y los suyos. Sabe que terminará muy mal, no puede ser de otra manera, y utiliza al chavismo y a la Fuerza Armada Bolivariana para lograr una salida, mantener en el país algún tipo de presencia política, algo que le permita sobrevivir. La extrema derecha acude a Barbados, por su incapacidad y fracaso manifiesto en derrocar al gobierno, su intolerancia y sectarismo le impide entender a las FANB, y no logra articular ni la confianza ni la movilización popular suficiente para tomar el poder, como ellos querían y prometieron a sus mentores políticos y económicos.
Por otra parte, los EEUU y Rusia han conversado y respaldan los esfuerzos de Noruega. Han instruido a sus expresiones en el país, que deben sentarse. Así, como por arte de magia, los dos sectores, aparentemente enfrentados e irreconciliables se sientan, negocian, acuerdan. Lo hacen, además, porque en el fondo no tienen diferencias significativas.
Veamos, lo que maduro está haciendo en la práctica y lo que la derecha promete hacer en su “plan país”: entregar el petróleo y privatizar PDVSA, privatizar las empresas del Estado, las empresas básicas, las de servicios, todo. Revertir las nacionalizaciones e invitar al sector transnacional a tomar el control de nuestros sectores estratégicos, petróleo, gas, energía, comunicaciones, transporte, recursos naturales, oro, coltán y otros minerales. Para ello, tendrán que modificar la Constitución y las leyes. maduro lo hace en la práctica, a través de sus ilegales decretos y leyes aplaudidos por la ANC; la derecha lo hará en el nuevo pacto, desde el poder.
maduro ha pulverizado los programas sociales de la Revolución, sencillamente no existen ni las Misiones educativas, ni las de salud, ni la de alimentación, ni las Grandes Misiones. Sólo mantienen los mecanismos degradantes de control social, cajas Clap y los bonos de monopolio del carnet de la patria. La derecha no tiene ningún interés en reanimarlas, las consideran dispendiosas y le temen a la organización popular. En el pacto, acordarán las medidas asistencialistas de rigor del capitalismo en las crisis económicas.
Sin embargo; hay elementos de conflicto en el aspecto económico. El primero de todos, es el de los intereses trasnacionales. Los Estados Unidos reclaman sus presencia y preminencia económica en el sector petrolero, en las empresas estratégicas, por eso, el jefe económico de la derecha, es el que fuera el jefe del paquetazo de CAP y los artífices de la apertura petrolera. En la delegación de la extrema derecha, siempre va alguien que representa estos intereses. Los rusos y chinos, reclaman mantener todo lo avanzado con maduro, el petróleo, gas, telecomunicaciones, oro, coltán y hasta la pesca.
Otro elemento de conflicto, es el problema económico. maduro ya hizo el trabajo de imponer el paquetazo, barrió con las conquistas laborales y sociales, barrió con los “costos” de la mano de obra. La hiperinflación ha expropiado el trabajo y ahorro de los trabajadores. Es el mundo ideal para imponer un capitalismo rampante, brutal y dependiente. El problema es que la incapacidad del madurismo no le permite articular nada. Allí es donde entra la derecha. En el exterior hay una subasta de la patria. Ya cada sector ha identificado el sector de la economía de la que se apropiará. Pero no se ponen de acuerdo de cómo controlar los demonios desatados en este período: la hiperinflación, la dolarización, la política monetaria, la escasez.
Por eso, la negociación es secreta. Nadie sabe que se está acordando en el nuevo pacto. Todo es confuso.
Diosdado.
Como que finalmente ha entendido que él es parte de la negociación. maduro lo ha llevado a avalar todo lo que él ha hecho, desde la ANC, desde el psuv, ha apoyado lo que ha hecho maduro con PDVSA, con la economía, con sus antiguos compañeros de gobierno, con sus propios compañeros de armas; uno de ellos, el Mayor General Rodríguez Torres, secuestrado por el gobierno, se declara en huelga de hambre y ni siquiera tiene el gesto de levantar su voz en defensa de la integridad física y derechos de su compañero del 4F. Ahora se resiste a la negociación, le da patadas a la mesa, desentona en su programa, dice que no habrá elecciones, contradice a maduro, pero a la vez, levanta los dos brazos por él, busca su propio espacio.
Cada quien puede tomar sus propias decisiones políticas y asumir las consecuencia ante la historia, y eso se respeta. Pero lo que no puede es mentir. Diosdado se fue a La Habana, los cubanos tampoco tienen muy claro cómo van a quedar en este pacto, y afirmó ante Prensa Latina que yo encabecé un “sabotaje económico” contra el país desde PDVSA, y que, durante mi gestión, la producción petrolera estaba en dos millones cien mil barriles día. Mientes descaradamente Diosdado.
Nunca he encabezado ningún tipo de sabotaje u agresión en contra de mi país, ni en este momento, ni durante el gobierno de maduro y mucho menos durante el período del Presidente Chávez. Otra vez lo subestiman.
Lo que dices Diosdado, no sólo es una mentira que se desmonta revisando los propios números de producción de la OPEP, cuya gráfica te anexo, donde está claro, así como también está expresado en los informes auditados de PDVSA y hechos públicos sólo durante mi gestión, porque ni antes, ni después, al cierre de diciembre de 2013, se hacía. Queda claro que entregamos la industria con una producción de 3 millones diez mil barriles días. Revisa la gráfica y revisa lo que tú mismo declarabas, revísate tu mismo, para que no sigas mintiendo.
Pero tu mentira, además, es infame, porque tú y todo el gobierno saben de los esfuerzos que hicimos desde PDVSA para sostener al país durante todo el período revolucionario. Hicimos esfuerzos extraordinarios para aportar al gobierno del Comandante Chávez 500 mil millones de dólares en un período de diez años. Si nó ¿de dónde crees tú que salieron los recursos para sostener todos los programas sociales del gobierno?, ¿de dónde salieron los recursos para los ministerios? Tú mismo fuiste ministro de infraestructura y recibiste cantidades enorme de ese dinero, fuíste gobernador de Miranda y ¿qué hiciste con todos los recursos que se te dieron? Tú mencionas al Comandante Chávez y mientes. Yo podría decir lo que me decía el Comandante Chávez de tí, después que perdiste la gobernación y te hizo a un lado. Pero no lo haré, por respeto a su confianza. En el mismo 2014, tal como le prometí a maduro, le entregamos 45 mil millones de dólares y lo entregué a fleming, malpica y zerpa, para que al final hiciesen no sé qué cosa con esa inmensa cantidad de dinero. Por eso comenzó la caída de la economía. Ya se inventaron lo de la corrupción, ya persiguieron y secuestraron a todo el que pueda hablar. Nadie les cree.
Ojalá Prensa Latina me diese un derecho a réplica, es lo mínimo que merezco después de presidir con éxito la Comisión Mixta Cuba-Venezuela por más de 10 años. A veces me da la impresión que la Dirección de Cuba trata de darle algún tipo de épica o heroicidad al gobierno de maduro. No la tiene compañeros. El período de la Revolución Bolivariana que el pueblo cubano recuerda con afecto y solidaridad es el de Chávez. Ésto, con maduro no es una revolución que merezca el apoyo de vuestro noble pueblo.
El país sigue dando tumbos, nuestro país se hunde y las élites negocian de espaldas al pueblo. Hará falta convocar la opinión y participación del pueblo para salir de este abismo. Esta crisis sólo se puede afrontar con el pueblo, colocando los supremos intereses de la patria por encima de cualquier interés mezquino. Con nuestra Constitución, nuestra Plena Soberanía, nuestro Plan de la Patria, con Chávez.
El General Rodríguez Torres está en huelga de hambre, la noticia es alarmante y más lo es la forma clandestina como llega a nosotros, por los caminos verdes. No es sólo el caso del General Rodríguez Torres, también desconocemos la situación del General Baduel y de cientos de oficiales secuestrados por el madurismo y por la desidia de sus compañeros de armas.
Esta es la realidad, no conocemos la situación de los presos, están secuestrados sin ningún respeto a la legalidad, a las más elementales normas de humanismos Después, gobierno, plumíferos, animadores de programas de variedades no vengan a llorar sobre los informes de violación de los derechos humanos. Este crimen, esta violación de los derechos humanos de los Generales devela el espíritu fascista que cunde en la sociedad. Veamos Unos, situados en el bando contrario al gobierno están alegres, dicen “los sufrimientos de hoy se los tienen merecido por su comportamiento de ayer. De esta manera acompañan la violación de los derechos humanos de los Generales, se ubican en el bando fascista, antihumano. Otros, los fascistas del gobierno, el fiscal, el defensor, aprueban con su conducta cómplice las violaciones que ayer criticaban. Otros, no se atreven a hablar, con silencio cómplice contribuyen a la barbarie.
Otros, anestesiados, comprados, individualizados buscan soluciones aisladas, se van del país, o se quedan con un puñal en la boca y procurando subsistir a costa de lo que sea, aceptando lo que sea, dispuestos a lo que sea. Los más están paralizados, congelados se dejan llevar por la corriente.
El país se hunde en las arenas movedizas del fascismo, lo de los Generales es sólo una muestra que se suma a los suicidios, a los torturados, al hambre, a las condiciones extremas de vida. Algo habrá que hacer, y hacerlo pronto antes de que sólo queden las cenizas de la nacionalidad. Que cada uno asuma su responsabilidad, que haga lo que tenga que hacer de acuerdo a su competencia.
Los militares que por lo menos defiendan a sus compañeros, que exijan un trato humano, ni más ni menos. Los civiles que denuncien la tragedia, los chavistas que aclaren que esto no es Chavismo, que es un sarcasmo de capitalismo, o mejor un lumpen capitalismo que será estudiado en el futuro como una teratología social. Todos que se unan en las acciones para salir del gobierno. Y aquí es bueno precisar la posición. Veamos.
Los capitalista de ambos bandos maduristas y derecha tradicional, los dos con marcado talante fascista buscan un acuerdo para cambiar para que todo siga igual, proponen la democracia burguesa como la solución el bálsamo que todo lo cura, intentan que olvidemos a la cuarta con su inmensa carga de miseria material y espiritual. La democracia burguesa es, en realidad, una dictadura con ropaje legal, represiva con los humildes, con su mismas faes, con sus desparecidos, con sus torturas, todo igual a este lumpen capitalismo pero más disfrazado.
La solución está en regresar al punto donde erramos el camino, al asesinato de Chávez y las entrega, las traiciones posteriores. El Comandante cayó en combate, en lucha contra el capitalismo que ahora, con la complicidad del madurismo, nos cubre de oprobio. Con Chávez la sociedad transitaba hacia la construcción de una sociedad donde todos
viviríamos como hermanos, con conciencia de pertenencia a la sociedad, a la humanidad, con Chávez se comenzó a pagar la deuda social, a crear las bases económicas y espirituales de esa sociedad nueva. No hay que dejarse engañar, no hay que olvidar a Chávez, no hay que confundirlo con este lumpen capitalismo…
Toby Valderrama / Antonio Aponte
*El exministro de Chávez sostiene que ha venido advirtiendo desde hace cinco años la catástrofe en la que maduro ha convertido al país y las violaciones a los DDHH que ha perpetrado, con la anuencia del fiscal y del poder judicial, y que hoy, finalmente, tienen eco en el informe de la ONU.
**Asegura que el Informe Bachelet pone en evidencia a maduro sin complacer a la ultraderecha, y constituye un documento demoledor que deja al madurismo sin argumentos ni excusas ante el país y el mundo.
Caracas, 10 de julio de 2019.- Para el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas el Informe Bachelet es un documento político fundamental para el país, con plena vigencia y de importancia básica, pese a que el gobierno de maduro ha intentado descalificarlo con críticas y argumentos que, claramente, evidencian la responsabilidad directa que tiene el madurismo sobre la trágica situación que ahoga a la nación.
El importante documento desenmascara de manera contundente, ante el mundo, el talante dictatorial y violador de derechos humanos del actual gobierno de Venezuela.
Los únicos que rechazan el Informe Bachelet, son los mismos que hoy se reúnen en Barbados. El madurismo, porque la Alta Comisionada no se dejó manipular ni se prestó a chantajes de ningún tipo. Solo refleja la verdad. Entretanto, la extrema derecha, quedó desilusionada porque sus aspiraciones de intervención extranjera se han visto frustradas.
“El Informe Bachelet no implica una invasión militar contra nuestro país, tal como argumenta el madurismo y lamenta la extrema derecha”, señala Ramírez.
El también ex ministro de petróleo resalta nueve elementos que considera fundamentales del informe, muy graves y que deberían ser tema de debate urgente entre los venezolanos.
1.- La violencia, instrumento para imponer el paquetazo de maduro.
La radiografía de la reprensión que hace el Informe Bachelet indica que el gobierno ha debido recurrir a la violencia y abusos de todo tipo para imponer el paquetazo económico que ha tenido efectos devastadores para la población.
El desmontaje del legado del presidente Chávez, el desarrollo social, la soberanía y el carácter participativo y protagónico del proceso Bolivariano, ha sido impuesto por la violencia y represión del pueblo.
2.- Derechos económicos y sociales violados por Maduro.
Como parte integral de los DDHH, el gobierno de maduro también viola los derechos económicos, al trabajo, a la alimentación, la salud y la vida. Estos Derechos no solo son irrenunciables como obligaciones del Estado sino que definen claramente el carácter de derecha de este gobierno.
El informe denuncia que el salario mínimo en el país, no se puede considerar ni siquiera un “salario de subsistencia”. El mismo no solo es el más bajo de toda la región, incluyendo Haití, sino que ni siquiera alcanza para adquirir cuatro días de alimentos. Lo cual confirma el hecho de que los venezolanos están realizando tan solo dos comidas diarias.
Por otra parte, el informe señala que: “El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición”. Una realidad increíble si nos retrotraemos a las cifras de igualdad e inclusión que logró el comandante Hugo Chávez durante su gobierno, que le valieron el respeto en todo el mundo como gobernante y promotor de un plan progresista.
En cuanto a la salud, se refleja que entre el 60-100% de los medicamentos e insumos fundamentales escasean en las principales ciudades del país, incluyendo Caracas. Además destaca la situación deplorable de los Hospitales donde han muerto en el periodo 2018-2019 más de 1500 pacientes por falta de insumos y medicamentos, así como denuncia 40 fallecidos durante el pasado apagón nacional.
3.- El fascismo y las razzias del FAES
“El Informe desenmascara el carácter profundamente antipopular y la actuación fascista de los grupos armados, que maduro ha creado para someter al pueblo y lograr el control social”, destaca Ramírez.
Denuncia, además, las más de 6.000 muertes reportadas como “resistencias a la autoridad” por el mismo gobierno, que constituyen, la mayoría de ellas ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas y las familias de los sobrevivientes describen la actuación del FAES como verdaderos escuadrones de la muerte en las zonas populares. Una pena de muerte impuesta de facto por el madurismo.
4.- Represión selectiva y persecución política al chavismo
El exministro Rafael Ramírez resalta que, por primera vez, el Informe Bachelet hace un reconocimiento a la persecución política y represión de la que son objeto líderes, ex ministros del chavismo, trabajadores, dirigentes sindicales y militares por su actitud crítica en contra del gobierno, por exigir la vigencia de la Constitución y denunciar la política entreguista y profundamente anti popular de maduro.
5.- Detenciones arbitrarias y tortura.
La Oficina de la Alta Comisionada tiene en su poder cientos de testimonios de víctimas y casos bien documentados de las miles de detenciones arbitrarias por razones políticas, así como el restablecimiento de la práctica usual de tortura y maltratos de todo tipo, incluyendo abusos sexuales contra las detenidas. Estas prácticas aberrantes se denuncian sobre todo ejecutados por el SEBIN y el DGCIM.
Estas prácticas nos recuerdan el periodo de violencia de la IV República y, que por supuesto, no tienen ninguna justificación, toda vez que se tratan de actuaciones criminales que debe ser rechazadas y repudiadas por todo el país.
6.- Control social: violencia y manipulación del hambre
Para Ramírez, el informe identifica los elementos fundamentales del control social que ejerce el gobierno en contra de los sectores populares. La “paz” de los sepulcros del madurismo.
De un lado las ejecuciones extrajudiciales del FAES, con el apoyo de los grupos paramilitares del gobierno y las detenciones arbitrarias y torturas del SEBIN y DGCIM. Del otro, la manipulación que hace el gobierno con la miseria creada por el mismo, donde el Clap y los bonos otorgados a través del Carnet de la Patria, se otorgan ejerciendo todo tipo de exigencias de apoyo político.
Estos mecanismos, sin describir las asignaciones de las pocas viviendas de la GMVV que se otorgan, o de familias que son desalojadas de las viviendas porque no apoyan al gobierno, además del control y vigilancia que se ejerce sobre los empleados de la administración pública y trabajadores del Estado, son los elementos fundamentales del control social que el madurismo ejerce sobre el pueblo, imponiendo sus bajos y ruines criterios políticos.
7.- Indígenas, mujeres y migrantes bajo la lupa
Bachelet también elevó su voz por los pueblos indígenas del país. Su informe reveló tratos crueles y degradantes aplicados a las comunidades indígenas por parte del Estado.
El tema de la mujer fue otro de los elementos muy destacados por la expresidenta de Chile. De hecho, hace especial mención a la vulnerabilidad de las mujeres, los abusos sexuales y humillaciones de todo tipo, incluyendo a niñas, a las que son sometidas durante los operativos y razias del FAES, durante las detenciones arbitrarias, en las zonas indígenas y a migrantes.
El informe denuncia los maltratos y abusos de todo tipo que sufren los 4 millones de venezolanos que han salido del país. Fenómeno este que ha sido documentado por la ACNUR y que es una dura realidad para las familias venezolanas, pero que el gobierno y los voceros del madurismo insisten en negar.
8.- La fiscalía como agente de la Violación de los DDHH.
El informe señala y documenta de manera contundente el incumplimiento por parte del Fiscal y el defensor del pueblo, de su obligación de proteger a las víctimas de violaciones de los DDHH, además de su inacción frente a estos delitos. Esto, sumado a la falta de independencia de los poderes y la corrupción del ministerio público y poder judicial completan un cuadro de absoluta impunidad de las autoridades en el país.
El informe reseña además, la inacción e indiferencia del ministerio público, la actuación violenta y el lenguaje inquisitorial del fiscal como una clara violación al Derecho a la defensa de la víctima: “el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
9.- Lo advertimos y nadie escuchó
Finalmente, después de reconocer y agradecer la gran labor de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, Ramírez recuerda que lleva cinco años denunciando las atrocidades del gobierno de maduro, que al fin hoy corroboran el informe de la ONU en detalle.
Señala que el escrito es crudo y demoledor. Sus revelaciones son, además, una bofetada a la indiferencia y un reclamo a la Fuerza Armada Bolivariana, al psuv, a las fuerzas progresistas y populares que todavía apoyan a maduro. ¿Hasta cuándo tanta violencia y represión?, ¿por qué?, ¿qué defienden?, se pregunta.
Ramírez resalta que maduro ha dado un claro giro a la derecha, volviendo a las las prácticas represivas de la IV República. Insiste en que el madurismo acabó con el legado de Chávez y que ha impuesto a sangre y fuego sus políticas neoliberales, sin importarle el sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo.
Lea el último artículo de Rafael Ramírez: “De Bachelet a Barbados”
The report of the UN High Commissioner for Human Rights, led by Michelle Bachelet, on the situation in Venezuela is a document which bears clear political importance for the country. The drafting and publication of the report, based on resolution 39/1 of the UN Human Rights Council, based in Geneva, of which Venezuela is a member, has been devastating for maduro’s government, which will now have to address the facts in it reflected.
The report was prepared on the basis of the powers entrusted by the UN to the Office of the High Commissioner, in accordance with the international treaties and agreements endorsed by Venezuela, by virtue of which, they may collect evidence and substantiate files regarding human rights violations, which is expressly classified as a crime. In other words, the report has legal effect and is established within the United Nations, which in turns deploys all its mechanisms for the protection of the victims and hold those accountable responsible. Upon its release, the crimes of the madurismo have been documented before the UN, history, and the world.
Following its discussion before the Human Rights Council in Geneva, said instrument will be further discussed in the Third Committee of the General Assembly during the upcoming session, and from there, it will likely be presented for consideration of the Plenary of the UN General Assembly.
If requested by other countries during the Plenary of the UN General Assembly, a debate on the human rights situation in the country will be open for discussion. In this, the violations denounced on the report can be rejected or condemned, and even a resolution can be adopted to condemn the events and request measures to monitor such crimes, in addition to demanding the government to comply with its responsibilities and obligations within the framework of the human rights international law.
This does not, in any way, mean that our country will be invaded by the United Nations, as the spokespeople of the madurismo assure and the Venezuelan extreme right lament. No. The human rights reports or issues are competencies and themes of the General Assembly; therefore, they are not submitted for consideration of the Security Council, the only body with the power to invoke Chapter 7 of the United Nations Charters, which contemplates the use of force against a country. The cases of Iraq and Libya, used by the spokespeople of the madurismo to frighten and blackmail our people, were invasions and interventions carried out by the United States and NATO respectively; these were not a United Nations mandate.
It is equally strange and sad to see the reactions of both intolerant extremes, where both coincide in rejecting the Bachelet Report. The extreme right grumbles that we are not getting invaded, thus, for them, the report is worthless. On the other hand, the madurismo tries to discredit the report and feed the fear of the imminent “invasion” that such document allegedly propitiates to harden internal repression and to evade the serious accusations made by the UN.
The government immediately rejected the report, fact that surprises no one, since it is the typical attitude of authoritarian regimes which violate human rights. It has even gone so far as to discredit the High Commissioner and the United Nations.
The government sent one of its star persecutors to Geneva to represent it, replacing Ambassador Valero (one of the few career diplomats left in the Foreign Ministry). In that forum, he attacked the report, calling it “biased and lacking in scientific accuracy”, among other derogatory terms. As for the spokespeople of the madurismo, both the traditional and the opportunists, in a display of their ignorance about the work of the United Nations, they talk about an imminent invasion of the country while demanding names. They want the names of the victims and those who denounced the violations! They demand this information in a country where everyone knows, even themselves, that those who speak against the government immediately suffer the reprisals or end up imprisoned. Evidently, they ignore the fact that in this kind of reports the names of the victims and those making the denunciation are kept concealed so to avoid any sort of retaliation by the perpetrators.
It is certainly unbelievable that, at the time of writing this text, eight days after his death, the same government that accuses the Bachelet Report of being “biased” has not yet returned the body of Navy Captain Rafael Acosta Arévalo to his family.
Whether the government likes it or not, the report and the human rights situation in the country will be debated in the most important organization of global multilateralism. There, the elements of the report will be presented, one by one, and a discussion on the situation will be held. The government will be exposed to the world for what it is, a disaster that has led our country into an abyss, placing in such a vulnerable situation that anything could happen. Venezuela, a country that only six years ago was a referent of hope for the peoples of the world, has now become a hell from which its children flee by the millions.
Maduro’s government has nothing to prove, nothing to offer, no progress, no epic, nothing heroic, nothing but the example of how to lead an entire people, that until recent was proud of the developments, a proud and happy people, to despair and misery, submitted by force to a shameful situation. Ashamed should feel the countries that up to their neck involved in supporting maduro; countries that in the past defended just causes and the hopes of peoples are now degraded to an incomprehensible pragmatism. Long gone are the days of Chávez and Fidel.
The truth is that we all have to thank the work of the Office of the High Commissioner, and especially that of its chief, former President Michelle Bachelet. She knew how to overcome the pressure of the extreme right and the power factors that support it, as well as the manipulations of the government.
The first ones, in a display of their intolerance, demanded that Bachelet went public with an upside down Venezuelan flag and, when she did not do so, they thought she was going to show herself applauding maduro. The second believed that since Bachelet is a progressive woman and champion of socialism in Chile, she would keep the complicit silence that so many who proclaim themselves “leftists” maintain regarding the Venezuelan tragedy.
The fact that the two-time president of Chile, renowned and respected political leader of the region, widely known and knowledgeable of the United Nations system, coordinated the preparation of the aforementioned report is, in itself, a guarantee of objectivity, responsibility, and balance.
But since she is also a socialist political leader, who has suffered firsthand the violence of fascism, it strips the madurismo of the banner of victimization before the left, which does not want to realize that we are facing an authoritarian and criminal government that is in no sense revolutionary.
In addition to the political and human credentials of Bachelet, the report was prepared by a professional work team which strictly adheres to the United Nations methodology and that it also counts on the support of other agencies of the multilateral organization.
In the last two opportunities that I visited the Office of the High Commissioner in Geneva, both to denounce the political persecution and aggression of all kinds of which I am a victim due to my critical positions, as well as to denounce the persecution and kidnapping of PDVSA workers and officers of our Bolivarian National Armed Forces, I provided documents, evidence, videos, photographs, irrefutable notorious and public facts, and long testimonial interviews. In the case of PDVSA workers, I delivered letters from the relatives and lawyers, with phone numbers and emails to be contacted and interviewed by the High Commissioner team. It is neither an easy nor a light task. Everything had to be corroborated.
Therefore, no one can accuse the report of lacking accuracy, depth and details, simply because it does not serve their interests or political priorities. On the contrary, the document has not only been prepared with the methodological thoroughness and expertise within the United Nations system, coordinated by former President Bachelet, an honorable and serious person who is not susceptible to manipulations of any kind. but who has conclusive testimonies and documentation on a situation that, instead of making the political factors act defensively, it should give way to open a national discussion on the political violence, intolerance, and human rights violations in the country as a whole.
That is precisely the discussion we should all worry about, regardless of the decisions of the elite. There is a reality that not only needs to be corrected and eradicated from the country, but those responsible must be held accountable and brought to justice, and the victims must receive reparations for the damages if possible at all. The impunity of the government must end and the legal and constitutional framework of the country, the guarantees, and the full rights of its citizens must be restored.
Nothing justifies the level of degradation of the government and nothing that excuses those responsible for all these crimes and atrocities that make us regress even beyond the sad episodes of State violence from the 60s and 70s.
But although the tactics of distraction and the propaganda machine of the madurismo tend to erase a tragedy by replacing with news or any scandalous event, as it is now the case of the alleged Barbados “agreements”, to which we will refer later, I believe that we need to clarify some aspects of this document of utmost importance not only for the United Nations but also, and especially, for the country. These are elements for the war of ideas and to better acknowledge that we are standing on a nest of snakes.
The Bachelet Report unmasks in a blunt, clear, and precise way the authoritarian, repressive and criminal nature of the government. It documents crimes and human rights violations of Venezuelans, which include offenses without statutory limitations, but it also reveals its obvious rightist orientation. In other words, they are violent and repressive not because they are insane or merely criminals, No! They are violent because they are imposing a rightist package of policies with devastating effects for the poor and hardworking people.
Maybe as important as the previous element, the report denounces violations to the economic and social rights of the people; this means, to work, remuneration, food, health, and life. At the same time, it points out that such violated rights “resulted from the Government’s failure to fulfill its core obligations, which are non-derogable, even for economic reasons”. That is to say, the government cannot use the “economic war” or any kind of blockade as an argument to avoid its responsibilities with the economic and social rights of the people.
The fact that the minimum wage is not even a “subsistence wage”, that it is only enough to buy food for four days; that the “United Nations’ Food and Agriculture Organization reported 3.7 million people in Venezuela were malnourished”; that families only have enough food to eat twice or sometimes once a day; the fact that 60–100% of essential drugs cannot be found in the four most important cities of the country, including Caracas; and that “between November 2018 and February 2019, 1,557 people died due to lack of supplies in hospitals” as well as the reports that indicate that “40 patients died as a result of the March 2019 power outages”, among other atrocities, is the sole and exclusive responsibility of maduro’s government.
The madurismo insists on blaming others for such disaster, but it cannot avoid its obligations, they are State obligations. Let us consider the case of Cuba, a country severely abused and blocked for over 40 years, however, despite the poverty rates, it guarantees health, food, work, and life of its inhabitants. It is a problem of political orientation, of work capability.
The government tends to use the excuse of US sanctions against the country as the responsible for the economic situation, and, it does not deny that their impact is, above all, the consequence of Quevedo’s inability to lead PDVSA. The report stresses that the“figures published by the Central Bank of Venezuela on 28 May 2019 show that key economic indicators began to decline dramatically well before August 2017”.
So, as I have insisted since 2014, PDVSA’s intervention and the deliberate goal of the madurismo of controlling the industry by persecuting and imprisoning workers, with the subsequent loss of productive capacity, as well as the erratic behavior of the economy in the hands of maduro, led to this crisis of tragic proportions well before the US sanctions against the country.
The report unveils the deeply antipopular nature and fascist behavior of the armed groups created by maduro to subdue the people and achieve social control.
The revelation with figures provided by the government itself which indicates that in the raids carried out by FAES in poor neighborhoods, between 2018 and 2019, there have been 6,856 deaths due to “resistance to authority”, according to the official version, gives an idea of the terror imposed among the poor.
FAES “modus operandi” described by witness and relatives of the victims is outrageous: “Families of the victims described FAES breaking into their houses, taking their belongings, and exercising gender-based violence against women and girls, including forced nudity. They would separate young men from other family members before shooting them. According to their relatives, almost all of the victims had one or more shots in the chest.”
These criminal groups, masked and armed to the teeth, that hide behind their masks to attack poor neighborhoods are the work of maduro and his inner circle, his trust group. Cruel, violent, who despise life, who have decreed a de facto death penalty, administered by the police chiefs, keeping neighborhoods «at bay» with crime and violence. This is his doing, his inspiration, his criminal work.
The report, for the very first time, draws attention to the situation of repression and persecution against Chavistas, including State workers and trade union leaders, who are against maduro.
The report points out that “The authorities have particularly targeted certain individuals and groups, including members of the political opposition and those perceived as threats to the Government due to their capacity to articulate critical positions and to mobilize others.” “Attacks have also targeted supporters of former President Hugo Chávez and military dissidents as well as civil servants and employees of State companies perceived as opponents.” “In 2018–2019, various trade union leaders and many workers were fired or detained after protesting for decent salaries and working conditions.”
The report mentions that “the Government has used arbitrary detentions as one of the principal means to intimidate and repress the political opposition and any real or perceived expression of dissent since at least 2014.”
“In most cases, people were detained for exercising their fundamental rights, particularly freedom of opinion, expression, association and peaceful assembly. The detentions often had no legal basis. OHCHR also identified serious and repeated violations of the right to a fair trial in each of these cases.”
It also makes reference to the retaliation against the victim by arbitrarily detaining his or her relatives as a way of pressing anyone requested or a political persecuted, and even, as a form of additional punishment for those kidnapped or imprisoned.
Torture has taken over the country as an extended practice of police and security forces of the State. The report claims that “In most cases, women and men were subjected to one or more forms of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including electric shocks, suffocation with plastic bags, waterboarding, beatings, sexual violence, water and food deprivation, stress positions and exposure to extreme temperatures. Security forces and intelligence services, particularly SEBIN and DGCIM, routinely resort to such practices to extract information and confessions, intimidate, and punish the detainees. The authorities have failed to conduct prompt, effective, thorough, independent, impartial and transparent investigations into credible allegations of torture and ill-treatment, including sexual and gender-based violence.”
Torture is a deplorable and unjustifiable act under any circumstance.
Social control exercised by the government, particularly in popular areas, is a combination of direct violence and the manipulation of the misery they created themselves.
The report states that “FAES has allegedly been responsible for numerous extrajudicial executions in security operations, as well as the CICPC” (6,856 deaths by resisting authority). It also points out that “Intelligence services (SEBIN and DGCIM) have been responsible for arbitrary detentions, ill-treatment, and torture of political opponents and their relatives. Armed “colectivos” contribute to this system by exercising social control in local communities, and supporting security forces in repressing demonstrations and dissent.”
The report indicates, based on interviews made in popular areas that “As the economic crisis deepened, the authorities began using social programmes (CLAP boxes and “carnet de la Patria) in a discriminatory manner, based on political grounds, and as an instrument of social control”.
This, of course, goes without mentioning the mechanisms of control and surveillance exercised over workers and employees of the public administration and State-run companies, military, and the Armed Forces, in which support and praise are demanded for the “builder of victories” under penalty of dismissal or imprisonment.
The report mentions and documents the human rights violations to our indigenous people, a sector that was previously protected with special care by President Chávez and to which an entire chapter of our Constitution was dedicated for the very first time. They are now victims of misery, hunger, and violence, particularly in the states surrounding the Mining Arc, where they have suffered displacement from their ancestral lands, both by military personnel and by paramilitary groups dedicated to the extraction of gold and other minerals. The crimes against the Pemones and Warao peoples are mentioned in different chapters, as well as the issue of trafficking in persons, including the prostitution of women and girls in mining areas.
The report makes special reference to the vulnerability of women and girls who are victims of sexual abuses and humiliations of all kind during the operations and raids of FAES in indigenous areas, or in the mechanisms for assigning “Clap” boxes, in which they are subjected to arbitrary detentions for being related to a politically persecuted person, and even the abuses suffered by migrant women in the harsh journey to their destination or host country. This is an infuriating and painful situation, despite the tweet posted by a “magistrate” of the madurismo, in which she affirmed that if a woman, for any reason, engages in prostitution is because “she is a whore”.
The report also refers to the situation of vulnerability of most of the four million Venezuelans who have fled the country, that despite the madurismo’s stupid and obtuse insistence of denying such figure, it has been provided by United Nations agencies, among which UNHCR, in its last report on Venezuela.
Moreover, the report stresses that “Vulnerable situations generated in Venezuela are compounded by challenges that migrants face in transit and destination countries, such as lack of regular migration status, inadequate living conditions, labor exploitation, discrimination, and xenophobia. These factors of vulnerability, combined with hyper-sexualized stereotypes, increase migrants’ exposure to trafficking, sexual exploitation, and gender-based violence, particularly of women and girls, throughout their journey and in their final destination.”
Additionally, it touches upon a practice established by the government of extorting those who want to migrate legally, by charging them in dollars to guarantee all procedures to obtain and legalize documents, opening space for the extortion and corruption so well extended in this government. The report reads “Venezuelans face obstacles to obtain or legalize documentation, which infringe their right to leave their country and the right to an identity”.
Usually in cases of human rights violations, it is a question of identifying whether they respond to isolated events, whose perpetrators are brought to justice, or if, on the other hand, such in the case of Venezuela, it is part of a State policy with the participation of the Executive, the Judiciary, and the Public Prosecutor’s Office.
In this regard, the report stresses that “institutions responsible for the protection of human rights, such as the Attorney General’s Office, the courts and the Ombudsperson, usually do not conduct prompt, effective, thorough, independent, impartial and transparent investigations into human rights violations and other crimes committed by State actors, bring perpetrators to justice, and protect victims and witnesses. Such inaction contributes to impunity and the recurrence of violations.”
In addition, it indicates that “judicial authorities have often reversed the burden of proof”, which means that it is up to the victim to demonstrate his or her innocence, which in turns is a violation of the principle of presumption of innocence, it means that the victim is innocent until proven guilty.
At the same time, it highlights what it has become a cancer for the administration of justice: “The lack of independence of, and corruption within, the judiciary are also major obstacles faced by victims in their search for justice and reparation.”
The report underscores the deplorable role of the attorney general and the ombudsperson: “The Attorney-General’s Office has regularly failed to comply with its obligation to investigate and prosecute perpetrators, and the Ombudsperson has remained silent vis-à-vis human rights violations. Neither of these institutions nor the Government or the police provides protection to victims and witnesses of human rights violations.”
It clearly points out the leading role of the attorney general in the cases of human rights violations “the Attorney General has contributed to public rhetoric stigmatizing and discrediting the opposition and those critical of the Government, in violation of the principle of presumption of innocence.”
For more than five years, I have been warning and denouncing in all the spaces and instances the «abrupt turn» of the madurismo towards the right. This has cost me persecution, all kinds of aggressions, ostracism, and exile. The Bachelet Report corroborates, with the help of the United Nations, what with so much personal sacrifice I have denounced for the country’s awareness.
The violence denounced here brings us back to the worst practices of the Fourth Republic, since it is the expression of a right-wing government. The madurismo’s dismantling of the work and legacy of President Chávez in economic, political, and social fields has serious consequences for the people, thus they have only been imposed using violence and hunger.
The madurismo, and particularly maduro, have become the gravediggers of the Chavismo and the Bolivarian Revolution. A sad reality that has only been made possible through the violence and repression instituted as State policy; a bourgeois, outdated, incompetent State that, led by the madurismo, is developed with its worst concepts and practices, violently imposing itself over the remains of the Bolivarian State.
This harsh report, which reveals the true nature of this government, while being sad because it reveals the pain of the victims of imprisonment, is an appeal to the conscience of all the people, of the society as a whole. The revelations in it included are a slap in the face of indifference, a complaint to our Bolivarian Armed Forces, to PSUV, to the progressive and popular forces that still support maduro. How much longer will all the violence and repression last? Why? What are they defending?
Nothing justifies the current situation in the country. Commander Chávez did not sacrifice his life and immolated himself for this. This is not a revolution. The report demonstrates the birth of a fascist behavior that will destroy the entire country and it will lead us to an even greater tragedy.
The news and speculation regarding the negotiations in Barbados seek to distract and hide the pain of the victims, of the Captain murdered under torture, of the young man who was blinded by a shot to the face, of the Bachelet Report.
Whatever is taking place in Oslo, Washington, Barbados, or anywhere outside the country, is nothing but a negotiation among the elites, behind the backs of the country.
No one knows what it is being negotiated, what it is on the line, what they are giving in exchange. The political dialogue is the right instrument as long as the people are allowed to partake. Why are voluntad popular and the madurismo going to decide the future of the country? Who are they representing? Why does it have to be a secret negotiation if we have a Constitution and laws? Why are there no calls for exercising popular sovereignty?
They are not going to do so, they continue to make decisions for all of us, even worse, the countries whose interests they represent, are the true rulers of the situation. How many people are maduro and voluntad popular representing?
There cannot be any dialogue behind the backs of the country. The people need to decide their own future.
Elections are offered as the solution. The country is in no conditions to go to elections. Elections are necessary, but first, the institutions must change. Elections with mikel moreno and its judiciary that bars and imprisons? Elections with tarek williams saab who persecutes, accuses and condemns? Elections with maduro and his Sebin, Dgcim, Faes? Elections with a CNE in which jorge rodríguez and Diosdado are free to enter the room where votes are being counted and tell people what the result should be?
And how the four million people that have fled the country will cast their votes if the government does not even recognize their existence? And while the elections are being organized, what does it happen with the hunger, the medicine, the violence? Who steers this boat adrift? maduro? guaidó? Who holds legitimacy?
And if the elections are tomorrow, are the results going to be recognized? How can rule in this disaster? How do you achieve governance?
I have said it, a Patriotic Government Junta holds far more legitimacy than any secret pact between the elites, behind the backs of the people. We can convene it through the referendum requested by some sectors; the Civic-Military Union can take over and consult the people, in order to restore the Constitution, the sovereignty of the nation; this would be a transitional government to reestablish the institutionalism, the rights of all Venezuelans, and only then, in a period no longer than the period necessary for a recall referendum, call for elections, dissolve the Patriotic Junta, and legitimize all powers. Then, and only then, we can restart the reconstruction of the country. This is the moment of politics with capital “P”.
Let each one of us review our role in history. I have assumed mine. I can see the eyes of Commander Chávez in any face of a humble person, at the time of being held accountable by history. I have sworn to do anything in my power to end this tragedy, to overcome this disaster and join the people in their fight for rescuing justice, life, and peace.
Para Rafael Ramírez hay dos cosas vitales que se desprenden del reciente y polémico informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La primera de ellas es que se reconoce no solo políticamente, sino legalmente que el gobierno de Nicolás Maduro viola los derechos humanos, y segundo; que en el informe, por primera vez, se reconocen a los presos de Pdvsa, como presos políticos.
Crítico acérrimo de Maduro —su excompañero de gabinete y hasta su exministro— y de Juan Guaidó , el Presidente del Parlamento, a quien identifica como la extrema derecha, la misma que junto con EE UU termina, según dijo, convirtiéndose en la mejor aliada de Maduro. Sobre el informe de Bachelet, el diálogo Nacional, la posibilidad del rescate de Pdvsa y de la misma Citgo habló con PANORAMA.
—Comencemos por Bachelet y su informe y las reacciones ¿o prefiere que lo hagamos por la reanudación del diálogo?
—Yo, primero, creo que el informe de Michelle Bachelet es muy importante para el país. Desde el punto de vista político es un documento contundente, demoledor para el gobierno de Nicolás Maduro, en el sentido que se base a la metodología de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas se pudieron documentar de hechos de violación de los derechos humanos que constituyen en sí mismos documentos legales. Hay que recordar que la alta comisionada es una oficina creada a instancias del secretario general y es una organización que tiene peso jurídico, que puede sustanciar expedientes, puede recabar pruebas y eso entra en el sistema de las Naciones Unidas. De tal manera que los mecanismos de las Naciones Unidas se activan con este informe de Bachelet y, finalmente, llegará el punto en el que los responsables tendrán que rendir cuentas ante el sistema internacional. Es decir, no solo es un documento de peso político, sino que tiene mucha carga legal.
La otra cosa es que presencié con asombro la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro al informe. Su argumentación para hacerlo es muy débil. Primero exigen pruebas y nombres de las víctimas cuando nadie va a darlos porque saben que los meterían presos, pero además en la metodología misma de estos informes nunca se dan nombres porque precisamente se necesita proteger la identidad de las víctimas.
Todos esos documentos están a resguardo en la oficina de la alta comisionada. Así que ese argumento del gobierno es falso.
Luego los voceros del gobierno agitan las banderas del miedo diciendo que esto es preparatorio para una invasión. Eso es falso. Si te fijas, las reacciones al informe son coincidentes en los dos extremos: el madurismo y la extrema derecha rechazan el informe porque ambos sectores creían que Bachelet sencillamente iba a hacer lo que ellos querían que hicieran. No. Bachelet fue dos veces presidenta de Chile, es una mujer muy seria y siendo una mujer de izquierda le quita al Gobierno esa bandera.
Lo que se documenta allí es verdaderamente muy preocupante en la cifra de más 6.800 muertes en apenas dos años en los operativos del Faes, por oponerse a la “autoridad” como dice el propio Gobierno, es una cifra escandalosa. Es una pena de muerte de facto.
Pero el hecho de que Bachelet haya reconocido a los presos políticos de Pdvsa para mí es muy importante porque por primera vez se reconoce: que Maduro se le opone la oposición tradicional y los chavistas como nosotros. En ese sentido el informe de Bachelet ha sido muy equilibrado.
—Sin embargo en el informe hay funcionarios más señalados que otros, es el caso del Defensor y del fiscal.
—Es que otra cosa bien importante en el informe de Bachelet es que en algunos países se pueden identificar violaciones de derechos humanos de manera puntual, entonces se llama la atención para que actúen las instituciones. Pero ella lo que está señalando aquí es que ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial tienen la independencia ni han actuado; en consecuencia, Venezuela puede catalogarse como un país donde la represión y la violación de los derechos humanos es una política de Estado. Entonces es mucho más grave.
—Por cierto, de repente el fiscal ya no lo menciona más ¿hubo un acercamiento o solo obedece a que tiene asuntos más graves que atender ?
—No ha habido ningún tipo de acercamiento ni deseo tenerlo con ninguno de los miembros de este Gobierno. Esta gente no tiene nada que ver con Chávez y lo único que espero es que verdaderamente rindan cuentas ante la justicia por tanto daño que han hecho al país. Creo, sin duda, que efectivamente tienen cosas más graves de las qué ocuparse. Y es que el mismo informe de Bachelet me da la razón en el sentido de que identifica como uno de los mecanismos de persecución política la falta del derecho a la defensa, la ausencia del debido proceso, el propio discurso de odio. Y fíjate que ellos actúan con más dureza contra los chavista que contra la oposición.
Maduro, tras el informe de Bachelet, libera a varios presos, cosa que yo saludo, pero no se le ocurre liberar a un solo chavista, a ninguno, ni siquiera una medida cautelar. Él odia a los chavistas porque sabe que le recordamos exactamente lo que él ha hecho contra de nuestro proyecto.
—¿Es el caso de Baduel, por ejemplo?
—Es un ensañamiento. Y de Rodriguez Torres tampoco se sabe. La figura del secuestrado político está vigente en el país.
—Es extraño porque el presidente Maduro fue canciller durante seis años y sabe cómo opera el mecanismo internacional. Es como difícil que no conozca las consecuencias …
—Yo siempre dicho que el canciller de Venezuela siempre fue el Presidente Chávez. Maduro lo que hacía era la tarea. Pero, obviamente, Maduro si entendió de qué se trataba, no le interesa, y eso es mucho más grave, porque es indolente. No le importa nada.
— ¿Queda reserva en el chavismo para levantarse de esta crisis?
—Maduro le ha hecho un daño terrible al chavismo y a la causa del socialismo, porque hábilmente la oposición ahora vincula al chavismo y al socialismo a este desastre de Maduro y yo insisto en que no tiene nada que ver. Yo creo que en algún momento el pueblo le va a pasar factura a Maduro. Si ahorita mismo fuéramos a unas elecciones, Maduro perdería hasta en los baluartes históricos del chavismo. Maduro ha sido el peor gobierno de la historia y el pueblo, tan pronto pueda decidir por su propia voluntad, le pasará factura. Ahora se impone por la fuerza y eso lo desenmascara el informe.
—Maduro acaba de ratificar a Padrino López en el ministerio de la Defensa ¿qué lectura hace de eso?¿Cree que a Maduro le alcanza solo con el apoyo de China y Rusia como a Al Assad en Siria ?
—Mira la designación de Padrino lo único que aclara es que Maduro no confía en nadie. No se puede dar el lujo, como hacía el Presidente Chávez, de respetar los ascensos y las promociones. Él pasa por encima de todo eso sencillamente porque sabe que Padrino es el único que le garantiza continuar en el poder.
De hecho, fíjate en la salida de Suárez Chourio es muy sintomática, porque siguen saliendo del Ejército los hombres que estuvieron con Chávez, no de ahorita, sino desde el 4F. Eso demuestra lo solo que está Maduro. ¿Hasta cuándo Maduro podrá sostener esa situación? yo creo que es solo cuestión de tiempo. Sus aliados internacionales ya están negociando y lo más simpático es que lo van a negociar sin que él se dé cuenta. Los americanos y los rusos están hablando, y los chinos también. Son países que tienen problemas e intereses mucho más complejos. Si alguien les garantiza mantener su presencia en el país, ellos no tienen ningún problema en apoyar una salida de Maduro.
Con Al Assad operan otros factores que tienen que ver con la propia seguridad de Rusia en su retaguardia y del tema islámico. Venezuela está muy lejos de todos esos intereses rusos; y los chinos ven todo para los próximos mil años. Ellos trabajarían con quién sea.
Además no hay nada ideológico o heroico en el gobierno de Maduro. Es el peor enemigo del pueblo venezolano.
—Entonces si es así le ha faltado al propio chavismo esa gesta de la que habla, esa heroicidad para rescatar su propio proceso
—Definitivamente, la élite y la dirección chavista han defraudado lo que se suponía era su rol. Sobre todo el Psuv. Le ha faltado muchísimo a esa dirección y el pueblo le pasará por encima y lo más paradójico es que la inacción del Psuv lo que ha hecho es abrirle las puertas a la extrema derecha.
Ahora quien está negociando con el gobierno allá en Barbados es la extrema derecha, con Voluntad Popular. En Barbados se está reuniendo una élite de espaldas al país. Nadie sabe qué negocian, nadie sabe qué comprometen. Las elecciones es lo de menos. El problema es bajo qué términos se está acordando eso en Barbados, porque quienes están dialogando allá forman parte de una élite que no representa ni el 30% del país. Esa es nuestra tragedia .
—Sin embargo pese a lo debilitado que está su gobierno, la oposición tampoco ha podido convertirse en una alternativa aun cuando Guaidó tenga más puntos en las encuestas que el propio presidente
—Bueno eso lo tiene cualquiera. Tú pones al monje loco y tiene más puntos que Maduro en las encuestas. Maduro es un desastre. No lo quiere nadie. Pero la oposición está secuestrada por la extrema derecha, porque es la que tiene los recursos de la extrema derecha norteamericana, entonces se imponen también con violencia sobre el resto de los factores de oposición. ¡Ay de aquel opositor que diga algo distinto a Guaidó! Bueno, lo execraran, lo hacen a un lado. Entonces la gran mayoría del país vivimos sometidos a dos minorías.
—Lo que habla de la torpeza norteamericana para manejar el tema Venezuela…
—Yo creo que ellos no terminan de entender la realidad venezolana y al final terminan siendo los mejores aliados. Voluntad Popular y Estados Unidos son los mejores aliados del Gobierno. Incluso, lo del 30 de abril fue una chapucería, un desastre y quedaron muy mal. Creo que internamente dentro de la propia administración norteamericana va a haber un reacomodo y las posiciones extremas como las de Bolton van a ser desplazadas por las de Elliot Abrams que es mucho más propenso a una salida sin excluir a los chavistas en una necesaria transición.
—¿Cree que es posible en Barbados llegar a un acuerdo electoral?
—Mira son puras especulaciones sobre lo que se está discutiendo en Barbados. Nadie sabe lo que se dialoga. Muy probablemente el Madurismo esté discutiendo es para dónde se van a ir. Y de hecho creo que la delegación que está discutiendo por el gobierno está fracturada. Una cosa es Héctor Rodríguez y otra muy distinta los hermanos Rodríguez. Representan cosas muy distintas. Hay mucha desconfianza dentro del grupo negociador del gobierno. Una de las cosas que están negociando allí es rematar la industria petrolera. Maduro le ha ofrecido a Chevron, que es la única empresa que queda, una reducción de la regalía; ya le quitó los impuestos. Es decir están entregando el petróleo y en eso es algo en lo que coinciden tanto Voluntad Popular como el Madurismo.
Ahora, en términos objetivos sería bueno que cualquiera salida anuncie una salida electoral, pero lo que está claro es que el país no es listo para eso. No hay condiciones, primero porque tiene que haber un reacomodo institucional. Tienen que haber una coalición, un gobierno de unidad nacional y el que quede electo en cualquier elección va a necesitar de un acuerdo.
—¿Cuánto tiempo cree que le tome a los venezolanos reponerse de esta crisis moral y social en la que se encuentra?
—Un gobierno de transición, por lo menos para que salgamos y podamos respirar, se va a necesitar dos años fácilmente. En dos años, con un gobierno de unidad nacional, con un gobierno de patriotas.
—¿Y usted cree que es posible rescatar Pdvsa?
—La única posibilidad que tenemos de salir de esta crisis es recuperar la industria petrolera. Claro que es posible rescatar Pdvsa. Lo que allí ocurre es producto de la incapacidad y falta de voluntad. Yo siempre pongo el ejemplo del sabotaje petrolero. Allí estábamos peor. Solo producíamos 23 mil barriles, hoy al menos esta gente produce 600 mil, menos que Colombia, pero al menos 600 mil. Y las refinerías estaban saboteadas, no paradas por falta de mantenimiento como están ahora. Maduro llenó eso Guardias nacionales. ¿A cuenta de qué Guardias Nacionales? Para manejar Pdvsa hace falta conocimiento. Nuestro petróleo está allí y además tenemos un complejo industrial privado poderoso que está allí también. Es cuestión de voluntad. Pdvsa es como un BMW que esta gente tiene montado en cuatro ladrillos y le quitó los asientos y las baterías, pero el BMW está allí. El día que alguien lo compre como chatarra va a hacer el negocio del fin del mundo, que es lo que está gente quiere. Eso lo que hay es que resetearlo, pero no podemos perder Pdvsa.
—¿Y qué es lo primero que debería hacerse?
—Lo primero que debe hacerse es restablecer las líneas de mando. Sacar a todos los militares y devolver a los trabajadores su autoestima, su orgullo. Habría que pedirle perdón a los trabajadores petroleros. Hace falta mucho liderazgo. Desde el punto de vista técnico, hay en lo que se llama producción diferida unos 600 mil barriles diarios. Con que nosotros comencemos a hacer caja con 1 millón 200 mil barriles al día para empezar a reponer la industria tenemos, eso sí, habrá que hacer sacrificios nacionales y priorizar la recuperación de la industria en un periodo de dos a cinco años. Pero eso se puede hacer.
—¿Y de la situación jurídica de Citgo, cuál es su opinión?
—Fíjate una cosa: primero yo siempre fui de la opinión que Citgo había que venderla. Y menos mal logré vender varias refinerías, porque es que tú no puedes tener unos activos tan importantes fuera de tu control jurisdiccional, más aún cuando están en los Estados Unidos. Ahora lo que han hecho las autoridades norteamericanas con Citgo es un adefesio jurídico, es una confiscación. Pero lo que está haciendo Guaidó con los ingresos de Citgo va a ser un escándalo cuando eso se logre determinar. Porque Citgo está comprando petróleo y está vendiendo productos ¿dónde está esa plata?¿quién la vendió?! Todo eso es ilegal.
El Informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela emitido por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que dirige Michelle Bachelet, es un documento de clara importancia política para el país. Abre diversos caminos para que la comunidad internacional, en el seno de la ONU, pueda incrementar la presión política para lograr que el gobierno de Venezuela cumpla con sus deberes con el pueblo y la Nación y ayudar a restituir la constitución y las leyes del país.
Ésto no significa que nuestro país vaya a ser invadido por las Naciones Unidas, como aseguran los voceros del madurismo y lamenta la extrema derecha Venezolana. Es curioso y triste a la vez ver las reacciones de los dos extremos intolerantes, donde ambos coinciden en rechazar el Informe de Bachelet. La extrema derecha, se lamenta de que no nos invadan, por tanto, para ellos, el Informe no sirve para nada. Por su parte, el madurismo trata de descalificar al informe e invoca el miedo a la inminente “invasión”, que éste supuestamente propicia, tanto para arreciar la represión interna, como para evadir los graves señalamientos de la ONU.
Lo insólito es que, al momento de escribir estas líneas, a 8 días de su muerte, el mismo gobierno que acusa de “parcializado” el Informe Bachelet, no entrega aún a sus familiares el cuerpo del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo.
En mi artículo de esta semana, preciso 10 puntos sobre el informe que merecen destacarse, a la vez que alerto sobre la táctica distraccionista que la maquinaria de propaganda madurista ha puesto en marcha para desviar la atención sobre el Informe Bachelet, filtrando información, creando expectativas, sobre las “negociaciones” entre las élites del madurismo y Voluntad Popular en Barbados.
El Informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela emitido por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que dirige Michelle Bachelet, es un documento de clara importancia política para el país.
Su elaboración y publicación, a solicitud de la Resolución 39/1 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, del que Venezuela es miembro, ha sido demoledor para el gobierno de maduro, quien tendrá que hacerle frente por los hechos que en él se reflejan.
El Informe es elaborado con base en las potestades concedidas por la ONU a la Oficina de la Alta Comisionada, en función de los tratados y acuerdos internacionales de los que Venezuela es parte, en virtud de lo que puede recabar pruebas y sustanciar expedientes referentes a la violación de los Derechos Humanos, lo cual es expresamente tipificado como delito. Es decir, el Informe tiene carga y efecto jurídicos y queda asentado en el seno de las Naciones Unidas, la cual se activa en todos sus mecanismos de protección de las víctimas y rendición de cuentas de los responsables. A partir de su emisión, los delitos del madurismo han quedado documentados ante la ONU, la historia y el mundo.
Luego de su discusión ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, el indicado instrumento se discutirá en la Tercera Comisión de la Asamblea General para el venidero período de sesiones y de allí, probablemente se eleve a la consideración de la Plenaria de la Asamblea General de la ONU.
En la Plenaria de la Asamblea General de la ONU, si así lo solicitaran otros países, se abrirá un debate sobre la situación de los DDHH en el país. En esta discusión, se pueden rechazar o condenar las violaciones denunciados en el Informe, incluso se puede aprobar cualquier resolución, condenando los hechos y solicitando medidas de vigilancia sobre estos delitos, además de exigir al gobierno que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Ésto no significa que nuestro país vaya a ser invadido por las Naciones Unidas, como aseguran los voceros del madurismo y lamenta la extrema derecha Venezolana. No. Los informes o temas de Derechos Humanos son competencias y temáticas de la Asamblea General, por lo que, no se someten a la consideración del Consejo de Seguridad, único órgano con posibilidades de invocar el Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, el uso de la fuerza contra cualquier país. Los casos de Irak y Libia, esgrimidos por los voceros del madurismo para atemorizar y chantajear a nuestro pueblo, fueron invasiones e intervenciones llevadas a cabo por los Estados Unidos y la OTAN respectivamente, no fue un mandato de las Naciones Unidas.
Es curioso y triste a la vez ver las reacciones de los dos extremos intolerantes, donde ambos coinciden en rechazar el Informe de Bachelet. La extrema derecha, se lamenta de que no nos invadan, por tanto, para ellos, el Informe no sirve para nada. Por su parte, el madurismo trata de descalificar al informe e invoca el miedo a la inminente “invasión”, que éste supuestamente propicia, tanto para arreciar la represión interna, como para evadir los graves señalamientos de la ONU.
El gobierno de inmediato rechazó el informe, cosa que no extraña a nadie, pues es la típica actitud de los gobiernos autoritarios y violadores de los Derechos Humanos. Incluso, han llegado al extremo de descalificar a la Alta Comisionada y a las Naciones Unidas.
El gobierno envió a Ginebra a uno de sus perseguidores estrella, para hablar, en sustitución del Embajador Valero (uno de los pocos diplomáticos de carrera que quedan en Cancillería). Allí, éste arremetió contra el Informe, lo tildó de “parcializado y carente de rigor científico”, entre otros descalificativos. En cuanto a los voceros del madurismo, los tradicionales y los oportunistas, en un alarde de desconocimiento del funcionamiento de la ONU, hablan de la inminente invasión contra el país; y, además, exigen los nombres, ¡quieren los nombres de las víctimas y denunciantes!, en un país donde todo el mundo sabe, hasta ellos mismos, que el que habla en contra del gobierno, de inmediato sufre represalias o termina preso. Evidentemente desconocen el hecho de que en este tipo de informes, los nombres de las víctimas y denunciantes se mantienen en reserva, justo para evitar las represalias de los victimarios.
Lo insólito es que, al momento de escribir estas líneas, a 8 días de su muerte, el mismo gobierno que acusa de “parcializado” el Informe Bachelet, no entrega aún a sus familiares el cuerpo del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Pues le guste o no al gobierno, el Informe y la situación de los DDHH en el país, serán debatidos en la Máxima Instancia del multilateralismo mundial. Allí se escucharán uno a uno, los elementos del Informe, se abrirá una discusión sobre la situación. El gobierno quedará expuesto ante el mundo como lo que es, un desastre que ha llevado a nuestro país al abismo, y que lo ha colocado en una situación de vulnerabilidad tal que cualquier cosa puede pasar. Venezuela, que hace tan sólo 6 años era una esperanza y referencia para los pueblos del mundo, ahora está convertida en un infierno, del que sus hijos salen por millones.
El gobierno de maduro no tiene nada que mostrar, nada que aportar, ningún avance, ninguna épica, nada heroico, solo el ejemplo de cómo se puede conducir a todo un pueblo, hasta hace tan poco, orgulloso de lo construido; próspero y alegre, a la desesperación y a la miseria, sometido por la fuerza a una situación vergonzosa. También vergüenza deben sentir los países que están hasta el cuello involucrados en el apoyo a maduro, otrora defensores de causas justas y sueños, hoy degradados en un pragmatismo incomprensible. Qué lejos quedaron Chávez y Fidel.
La verdad es que todos tenemos que agradecer el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada; y, en especial, a su titular, la ex Presidenta Michelle Bachelet. Supo ella sobreponerse, tanto a la presión de la extrema derecha y los factores de poder que la apoyan, como a las manipulaciones del gobierno.
Los primeros que, en su intolerancia, exigían que Bachelet apareciera con una bandera de Venezuela al revés; y, al no hacerlo, pensaban que ella iba a mostrarse aplaudiendo a maduro. Los segundos, creían que, al ser Bachelet una mujer progresista y abanderada del socialismo en Chile, guardaría el silencio cómplice que tantos que se proclaman de “izquierda” mantienen en torno a la tragedia venezolana.
El hecho de que las dos veces Presidenta de Chile, connotada y respetada líder política de la región, ampliamente conocida y conocedora del sistema de la Naciones Unidas, coordinara la elaboración del referido Informe, es, en sí mismo, una garantía de objetividad, responsabilidad y equilibrio.
Pero tratándose además, de una líder política socialista, que ha sufrido en carne propia la violencia del fascismo, le quita al madurismo la bandera de la victimización ante la izquierda, que no quiere darse cuenta de que estamos ante un gobierno autoritario y criminal, que no tiene nada de revolucionario.
En adición a las credenciales políticas y humanas de Bachelet, el Informe es elaborado por un equipo de trabajo, profesional, que se ciñe estrictamente a la metodología de las Naciones Unidas y que cuenta, además, con el apoyo de otras agencias del organismo multilateral.
Durante las dos oportunidades que he asistido a la Oficina de la Alta Comisionada en Ginebra, tanto para denunciar la persecución política y agresiones de todo tipo de la que soy víctima por mis posiciones críticas, así como, para denunciar la persecución y secuestro de trabajadores de PDVSA y oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aporté documentos, pruebas, videos, fotos, hechos públicos y notorios, irrefutables, así como, largas entrevistas testimoniales. En el caso de los trabajadores de PDVSA, hice entrega de cartas de los propios familiares, abogados, con sus respectivos números telefónicos y correos para ser contactados, y posteriormente entrevistados por el equipo de la Alta Comisionada. No es un trabajo ni fácil, ni ligero. Todo debió ser corroborado.
Por tanto, nadie puede acusar al Informe de falta de rigurosidad, profundidad y detalle; sencillamente, porque no atiende a sus intereses o prioridades políticas. Al contrario, no sólo es un documento hecho con la rigurosidad metodológica del sistema de las Naciones Unidas, coordinado por la ex Presidenta Bachelet, una persona honorable y seria, que no se presta para manipulaciones de ningún tipo, sino que cuenta con testimonios y documentación contundente sobre una situación que, en vez de poner a los factores políticos a la defensiva, debería abrir una gran discusión nacional sobre la violencia política en el país, la intolerancia y la violación de los Derechos Humanos como un todo.
Esa es la discusión que debería preocuparnos a todos, independientemente de lo que las élites decidan; hay una realidad que, no sólo debe ser subsanada y erradicada del país, sino que los responsables tienen que rendir cuenta ante la justicia, y las víctimas deben ser reparadas en su daño, si es que se puede de alguna manera. Se tiene que acabar la impunidad con la que actúa el gobierno y restablecerse el marco legal y constitucional en el país, las garantías y los plenos derechos de sus ciudadanos.
No hay nada que justifique el nivel de degradación a la que ha llegado el gobierno, ni nada que excuse a los responsables de estos crímenes y atrocidades, que nos retrogradan más allá de los tristes episodios de violencia del Estado en los años 60-70.
Pero aunque la táctica distraccionista del madurismo y su maquinaria de propaganda, tiende a borrar una tragedia con cualquier hecho noticioso o escandaloso, como ahora los supuestos “acuerdos” de Barbados, a los cuales nos referiremos luego, considero que debemos precisar algunos aspectos de este documento que resulta de importancia capital, no sólo en las Naciones Unidas, sino; y, sobre todo, en el país. Son elementos para la batalla de ideas y para saber mejor que estamos parados sobre un nido de serpientes.
El Informe de Bachelet desenmascara de una manera contundente, clara y precisa, el carácter autoritario, represor y criminal del gobierno; documenta crímenes y violaciones a los Derechos de los Venezolanos, que implican delitos que no prescriben, pero que además, exponen su clara orientación de derecha. Es decir, son violentos y represivos, no porque sean locos o sólamente criminales, nó, son violentos porque están imponiendo un paquetazo de derecha, con efectos devastadores, al pueblo pobre y trabajador.
Tal vez tan importante como lo anterior, el Informe denuncia violaciones a los Derechos Económicos y Sociales del pueblo. Es decir, trabajo, remuneración, alimentación, salud y a la vida. Y señala, que tales derechos vulnerados “son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos” .
Es decir, el gobierno no puede argumentar la “guerra económica”, ni ningún bloqueo, para evadir sus responsabilidades con los Derechos Económicos y Sociales del pueblo.
Que el salario mínimo ni siquiera sea un “salario de subsistencia”, que no alcance sino para adquirir 4 días de alimentos; que el “El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición”, el que las familias hagan sólo dos o a veces una sola comida al día; el que no se consigan entre el 60-100% de los medicamentos esenciales en las cuatros ciudades más importantes del país, incluyendo Caracas; y, que “entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales”, y reportes que “40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019”, entre otras barbaridades, es sólo y exclusivamente responsabilidad del gobierno de maduro.
El madurismo insiste en culpar a otros por este desastre, pero no puede evadir sus obligaciones, son obligaciones de Estado. Pongamos el caso de Cuba, país verdaderamente agredido y bloqueado por más de 40 años, sin embargo, a pesar de la pobreza, garantiza la salud, la alimentación, el trabajo y la vida de sus habitantes. Es un problema de orientación política, de capacidad de trabajo.
El gobierno tiende a utilizar la excusa de las sanciones norteamericanas contra el país, como responsables de la situación económica, y sin negar que afectan, sobre todo, por la incapacidad de Quevedo en la conducción de PDVSA, el Informe señala que “Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017”.
Es decir, tal como lo hemos señalado desde 2014, la intervención de PDVSA y el objetivo deliberado del madurismo de controlar a la industria, persiguiendo y encarcelando trabajadores, con la consecuente pérdida de capacidades de producción, además de la conducción errática de la economía por parte de maduro, ocasionaron esta crisis de dimensiones de tragedia, mucho antes de las sanciones norteamericanas contra el país.
El Informe desenmascara el carácter profundamente antipopular y la actuación fascista de los grupos armados, que maduro ha creado para someter al pueblo y lograr el control social.
La revelación, con cifras aportadas por el propio gobierno, de que en las razias del FAES en los barrios pobres, entre 2018-2019, han ocurrido 6.856 muertes por “resistencia a la autoridad”, según la propia versión oficial, da una idea del terror impuesto entre los pobres.
El “modus operandi” del FAES descrito por testigos y familiares de las víctimas es indignante: “Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”.
Estos grupos criminales, enmascarados, armados hasta los dientes, que azotan con máscaras a los barrios pobres, son obra de maduro y su círculo más íntimo, su grupo de confianza. Crueles, violentos, que desprecian la vida, que han decretado la pena de muerte de facto, administrada por los jefes policiales, manteniendo a los barrios “a raya” con el crimen y la violencia. Esa es su creación, su inspiración, su obra criminal.
El Informe, por primera vez, visibiliza la situación de represión y persecución contra los Chavistas, incluidos trabajadores del Estado y dirigentes sindicales, que estamos en contra de maduro.
El informe señala que: “Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.“También se atacó a disidentes chavistas, a militares disidentes y a funcionarios/as públicos/as y empleados/as de empresas estatales a los/as que se considera opositores/as. “En 2018-2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos/as trabajadores/as que habían protestado en demanda de salarios y condiciones de trabajo decentes”.
Señala el Informe que “el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014”.
“En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo, las detenciones carecían de fundamento legal. El ACNUDH también encontró graves y repetidas violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos”.
También se hace referencia a las acciones de retaliación contra la víctima al detener arbitrariamente a sus familiares como medida de presión a cualquier solicitado o perseguido político, incluso, como una medida de castigo adicional al secuestradoçprivado de libertad.
La tortura se ha restablecido en el país como una práctica extendida de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado. Denuncia el informe “En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género”.
La tortura constituye un acto deplorable e injustificable bajo cualquier circunstancia.
El control social que ejerce el gobierno, sobre todo en las zonas populares, es una combinación de la violencia directa y la manipulación de la miseria que ellos mismos han creado.
El informe señala “al FAES como responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC” (6.856 muertes por “resistencia a la autoridad”). Mientras que, “Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.
El Informe indica, basado en entrevistas en zonas populares, que, “conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales, (cajas “Clap” y “Carnet de la Patria”), de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social”.
Ésto por supuesto, sin mencionar los mecanismos de control y vigilancia que se ejercen sobre los trabajadores y empleados de la administración pública y empresas del Estado, milicia y Fuerza Armada, en las que se exige y se vigila el apoyo y aplauso al “constructor de victorias”, so pena de despido o prisión.
El Informe menciona y documenta la violación de los Derechos Humanos a nuestros pueblos originarios, sector que antes era protegido con especial atención por el presidente Chávez y al que fue destinado expresamente y por vez primera todo un capitulado de nuestra Constitución. Ahora son víctimas de la miseria, hambre y violencia, sobre todo en los estados del Arco Minero, donde han sufrido el desplazamiento de sus tierras ancestrales, tanto por efectivos militares, como por grupos paramilitares dedicados a las actividades de extracción de oro y otros minerales. Se mencionan los crímenes de pueblos Pemones y Warao en distintos episodios, así como, el problema de la trata de personas, incluyendo la prostitución de mujeres y niñas en las zonas mineras.
Hace el Informe una mención especial a la vulnerabilidad de las mujeres, los abusos sexuales y humillaciones de todo tipo, incluyendo a niñas, a las que son sometidas durante los operativos y razias del FAES, en las zonas indígenas, en los mecanismos de asignación de cajas “Clap”, en las que están sometidas a detenciones arbitrarias, detenidas por ser familiares de algún perseguido político y los abusos de las que son víctimas las mujeres migrantes en el duro trayecto a su destino o el país de acogida. Esta situación resulta indignante y dolorosa, aunque alguna “magistrada” del madurismo publicó un twitter al respecto, donde afirma que, si una mujer, por cualquier circunstancia, se prostituye, es “porque es puta”.
El Informe hace mención a la situación de vulnerabilidad de la mayoría de los 4 millones de venezolanos que han salido del país, pese a que el madurismo insiste en negar de manera estúpida y obcecada, es una cifra aportada por organismos de las propias Naciones Unidas, como la ACNUR en su último Informe sobre venezuela.
El Informe señala que “Las situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia. Estos factores de vulnerabilidad, conjugados con estereotipos hipersexualizados, aumentan la exposición de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género durante el viaje y en el lugar de destino”.
Además, hace mención a una práctica instaurada por el gobierno de extorsión a quien quiere migrar legalmente del país, al cobrar en dólares y garantizar todos los trámites para obtener y legalizar documentos, abriendo espacio para la matraca y corrupción tan extendida en este gobierno. El informe reza: “Las personas venezolanas tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad
Normalmente en las violaciones a los Derechos Humanos se trata de identificar si las mismas responden a hechos aislados, cuyos responsables son llevados ante la justicia; o, si por el contrario, como en el caso de Venezuela, es una política de Estado, donde participan el Ejecutivo, el Judicial, el Ministerio Público.
Al respecto, el informe señala que “Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”.
Además, indica que a menudo, “las autoridades judiciales han invertido la carga de la prueba”, lo que significa que es la víctima quien tiene que demostrar que es inocente de lo que se le acusa, lo que constituye una violación al Derecho de Presunción de Inocencia. Es decir, la víctima es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Señala igualmente lo que es un cáncer en la administración de justicia: “La falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.
El Informe destaca el papel deplorable del fiscal y del defensor del pueblo, “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos.”
Señala con claridad el rol protagónico del fiscal en la violación de los Derechos Humanos, “el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
Llevamos más de cinco años advirtiendo y denunciando en todos los espacios e instancias el “golpe de timón” del madurismo hacia la derecha. Ésto me ha costado persecución, todo tipo de agresiones, ostracismo y exilio. El Informe de Bachelet corrobora, de la mano de las Naciones Unidas, lo que con tanto sacrificio personal hemos denunciado a la conciencia del país.
La violencia aquí denunciada, nos retrograda a las peores prácticas de la IV República, puesto que es la expresión de un gobierno de derecha. El desmontaje que ha hecho el madurismo de la obra y legado del presidente Chávez en lo económico, político y social, tiene graves consecuencias para el pueblo, por lo que sólo han podido ser impuestas usándose la violencia y el hambre.
El madurismo, y maduro, en particular, se han convertido en los sepultureros del chavismo y de la Revolución Bolivariana, triste realidad que sólo ha sido posible por medio de la violencia y represión instaurada como política del Estado; un Estado burgués, atrasado, incapaz, que, de la mano del madurismo, se restablece en sus peores conceptos y prácticas, y se impone con violencia por sobre los restos del Estado Bolivariano.
Este Informe, crudo y revelador de la naturaleza de este gobierno, a la vez de resultar triste por el dolor de las víctimas de prisión, es un llamado a la conciencia de todo el pueblo, de toda la sociedad. Sus revelaciones son una bofetada a la indiferencia, un reclamo a nuestra Fuerza Armada Bolivariana, al psuv, a las fuerzas progresistas y populares que todavía apoyan a maduro. ¿Hasta cuándo tanta violencia y represión?, ¿por qué?, ¿qué defienden?
Nada justifica lo que está sucediendo en el país. No fue por ésto que el Comandante Chávez sacrificó su vida y se inmoló. Ésto no es una revolución. Este Informe evidencia el germen de una conducta fascista, que se llevará por el medio a todo el país, y nos conducirá a una tragedia aún mayor.
La noticia y especulaciones sobre las negociaciones en Barbados buscan distraer, ocultar el dolor de las víctimas, del Capitán asesinado en las torturas, del joven ciego por un tiro en la cara, del Informe Bachelet.
Lo que sucede en Oslo, Washington, Barbados o cualquier sitio fuera del país, no es más que una negociación entre élites, de espaldas al país.
Nadie sabe lo que están negociando, qué están pactando, qué entregan. El diálogo político es correcto en la medida que el pueblo participe. ¿A cuenta de qué voluntad popular y el madurismo van a decidir el futuro del país? ¿A quiénes representan?¿Por qué tiene que haber una negociación secreta si tenemos una Constitución y leyes? ¿Por qué no se convoca a la soberanía popular?
Ellos no lo van a hacer, ellos siguen decidiendo por todos nosotros, peor aún, los países cuyos intereses representan, son los dueños del circo. ¿A cuántos del país representan maduro y voluntad popular?
No puede haber diálogo de espaldas al país. Es necesario que sea el pueblo quien decida su propio futuro.
Se ofrecen elecciones como la solución. El país no está en condiciones de ir a elecciones. Ellas son necesarias, pero primero, deben cambiar las Instituciones. ¿Elecciones con mikel moreno y su poder judicial, que inhabilita y encarcela? ¿Elecciones con tarek willians saab, que persigue, acusa y condena? ¿Elecciones con maduro y su Sebin, Dgcim, Faes? ¿Elecciones con un CNE donde jorge rodríguez y diosdado ingresan a la sala de totalizaciones y les dicen qué resultado deben poner?
¿Y cómo votan los 4 millones que han salido del país, si el gobierno ni siquiera reconoce que existen?¿Y mientras se preparan las elecciones, qué pasa con el hambre, los medicamentos, la violencia? ¿Quién conduce este barco a la deriva? ¿maduro, guaidó? ¿con qué legitimidad?
Y si se realizan elecciones mañana ¿van a reconocer los resultados? ¿cómo se gobierna este desastre?¿cómo se gana gobernabilidad?
Lo hemos dicho, una Junta Patriótica de Gobierno tiene más legitimidad que cualquier pacto secreto entre élites, de espaldas al pueblo. La podemos convocar por el Referéndum que algunos sectores piden, puede asumirla la Unión Cívico-Militar, y consultar al pueblo, para restablecer la Constitución, la soberanía del país, un gobierno de transición para restablecer la institucionalidad, los derechos de todos los venezolanos y sólo entonces, en un período que no puede ser mayor al período que resta para un Referendo Revocatorio, entonces, convocar a elecciones, disolver la Junta Patriótica y legitimar todos los poderes. Sólo entonces, podremos reiniciar la reconstrucción del país. Es el momento de la política con “P” mayúscula.
Que cada quien revise su papel en la historia. Yo he asumido el mío, puedo ver los ojos del Comandante Chávez en cualquier rostro de un humilde, al momento de rendir cuentas a la historia. He jurado hacer todo lo que esté a mi alcance para acabar con esta tragedia, salir de este desastre, acompañar al pueblo en su lucha por el rescate de la justicia, la vida y la paz.
41º sesión del Consejo de Derechos Humanos
Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet
Señor presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,
Según lo solicitado por la resolución 39/1 del Consejo, la Oficina ha presentado un informe sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela.
En marzo, mi personal realizó una visita técnica al país. Los oficiales de derechos humanos también realizaron nueve visitas para entrevistar a refugiados y migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España.
Además, pude visitar Caracas hace dos semanas —la primera misión oficial de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos—. Me reuní con el Presidente Nicolás Maduro y varios ministros y funcionarios del gobierno. También me reuní con el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Mantuve conversaciones con el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con los miembros del Parlamento y con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
También sostuve reuniones con representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, la academia, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, la comunidad diplomática, el equipo de las Naciones Unidas en el país y aproximadamente 200 víctimas.
Permítanme comenzar esta actualización con los aspectos positivos. Tengo la esperanza de que el acceso que se me otorgó, —junto con la posterior aceptación por parte de las autoridades de la presencia continua de dos oficiales de derechos humanos para llevar a cabo el monitoreo, y comenzar a brindar asistencia técnica y asesoramiento—, significa el comienzo de un compromiso positivo en las diversas situaciones de derechos humanos del país.
Sin embargo, como aclara nuestro informe, las instituciones esenciales y el estado de derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados. El ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión, y el derecho a participar en la vida pública, conllevan un riesgo de represalias y represión. Nuestro informe señala los ataques contra reales o aparentes opositores y defensores de derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas.
La fuerza excesiva y letal se ha utilizado repetidamente contra los manifestantes. Mi Oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, con múltiples asesinatos, principalmente de hombres jóvenes. Muchos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales, y deben investigarse a fondo, con la rendición de cuenta de los autores y las garantías de no repetición.
La muerte bajo custodia hace seis días de un capitán de la Marina retirado —supuestamente después de la tortura— es profundamente lamentable. Tomo nota de la apertura de una investigación y el arresto de dos oficiales militares de contrainteligencia en este contexto. Sin embargo, hay un patrón de informes de tortura en Venezuela en el contexto de la detención arbitraria. Las autoridades deben garantizar una investigación completa de acuerdo con las normas internacionales, así como la rendición de cuentas y, cuando sea relevante, la reparación para todos los casos de presuntas torturas.
Señor Presidente,
El pueblo venezolano está sufriendo una crisis económica. Desde el 2013, la contracción acumulada del PIB ha sido de 44.3%, y la inflación acumulada desde el 2013 alcanzó un dramático 2.866.670% a fines de enero de 2019 —2.8 millones por ciento—. En los últimos dos años, los ingresos públicos se han reducido con la drástica reducción de las exportaciones de petróleo. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos clave comenzaron a disminuir mucho antes de agosto de 2017. En cualquier caso, las sanciones económicas más recientes están exacerbando aún más esta situación, dado que la mayoría de los ingresos de divisas del país se derivan de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense. Además, los efectos de estas sanciones parecen estar afectando la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos de salud a la población.
El Gobierno ha aceptado gradualmente la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y otros agentes. Sin embargo, la escala de la crisis es tal que es difícil responder completamente a las necesidades de las personas.
La situación ha tenido un impacto negativo en las condiciones de vida de las personas y, de hecho, en su esperanza de vida, especialmente en las personas más vulnerables. En el curso de mi visita, conocí a muchas personas que están sufriendo. El salario mínimo, que se estima en alrededor de US$ 7 por mes, no puede cubrir ni el 5% de la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas. Se han informado muertes por malnutrición, aunque no se han publicado datos sobre este y muchos otros temas.
Venezuela es un país con muchos recursos valiosos, que incluyen formidables reservas de petróleo y oro, una población joven y vibrante, ubicación y sistemas clave que durante muchos años brindaron atención médica universal gratuita, educación y otros servicios públicos. La crisis actual y dramática tiene un impacto profundo en los derechos económicos, sociales y culturales, así como en los derechos políticos y civiles.
Muchos servicios públicos han colapsado, incluido el transporte, la electricidad y el agua. El sector sanitario se encuentra en estado crítico. La no disponibilidad de medicamentos y equipos básicos está causando muertes evitables, mientras que la falta de disponibilidad de anticonceptivos obliga a muchas mujeres a dar a luz hijos que no podrán cuidar adecuadamente. Una evaluación de las necesidades humanitarias realizada por OCHA en marzo encontró que aproximadamente siete millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria: una cuarta parte de la población.
El hambre y las privaciones han llevado a muchos a convertirse en migrantes o refugiados. Muchos se ven obligados a irse por motivos de salud, sin recursos económicos de ningún tipo, y su protección de los derechos humanos debe considerarse una cuestión de urgencia.
También me preocupa la situación de los pueblos indígenas en Venezuela. En particular, observo la pérdida de control sobre sus tierras, territorios y recursos tradicionales; militarización; violencia; falta de acceso a alimentos y agua adecuados; y los efectos de la minería.
Según los informes, los miembros de las comunidades indígenas están siendo explotados en condiciones de esclavitud para la extracción ilegal de oro. Ha habido violencia contra algunas autoridades y líderes indígenas, y se han informado declaraciones de varios funcionarios que sugieren la intención de eliminar a los miembros de la comunidad de Pemón que se oponen al gobierno.
Tal como dije en Caracas, a todos los líderes políticos, la única forma de salir de esta crisis es unirnos, dialogando. Aliento al Gobierno a que considere a la oposición y a los defensores de los derechos humanos como socios en la causa común de los derechos humanos y la justicia, y que plante las semillas para un acuerdo político duradero que conduzca a la reconciliación.
Entre otros puntos, el gobierno ha acordado permitirnos llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, incluido el compromiso de acceso completo a todos los centros de detención. Espero que se cumpla este y otros compromisos.
También realizaremos una evaluación de los principales obstáculos para acceder a la justicia. Además, las autoridades han declarado que participarán de manera más sustancial con los organismos internacionales de derechos humanos. En particular, acordaron aceptar diez visitas de los Expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo durante los próximos dos años.
También hemos estado abogando constantemente por la liberación de todos los que actualmente están detenidos por actos de disidencia no violenta. Antes de mi visita, tres detenidos fueron liberados. Posteriormente, 59 ciudadanos colombianos, incluida una mujer, que habían sido detenidos arbitrariamente desde 2016 también fueron puestos en libertad. Y ayer mismo, también fueron liberados 22 detenidos. Celebramos estas liberaciones y alentamos a las autoridades a liberar a otras personas detenidas por el ejercicio de sus derechos humanos.
Sobre todo, como expresé en mis reuniones con las víctimas y sus familias, todos los venezolanos tienen derechos humanos fundamentales. Merecen disfrutar de esos derechos. Espero sinceramente que la Oficina pueda ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La situación es compleja, pero el informe contiene recomendaciones claras y concretas para el futuro. Espero sinceramente que las autoridades tomen estas recomendaciones con el espíritu constructivo en que se hacen.
Como señalé en Caracas, el destino de más de 30 millones de venezolanos se basa en la disposición y la capacidad del liderazgo para poner los derechos humanos de las personas por encima de cualquier ambición personal, ideológica o política. Corresponde a este Consejo y a la comunidad internacional apoyarlos en este esfuerzo compartido. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin temor, y con acceso a alimentos, agua, atención médica, vivienda y otras necesidades humanas básicas adecuadas. Por mi parte, estoy dispuesta a acompañar al pueblo de Venezuela.
Gracias señor presidente.
Fuente: ACNUDH
Traducción: ACNUDH-América del Sur
