Este próximo 24 de junio se celebran 200 años de la Batalla de Carabobo, brillante acción militar conducida de manera heroica por El Libertador Simón Bolívar, que sellaría la independencia de Venezuela y pondría fin a más de 10 años de cruenta guerra contra el imperio español en nuestro país. Esta acción militar  garantizó la independencia en la Nueva Granada, alcanzada por El Libertador años antes y le permitió abrir operaciones militares hacia el sur del Continente, expulsando al imperio español de toda Suramérica, fundando cinco Repúblicas y consolidando a la Gran Colombia.

Carabobo tiene una dimensión extraordinaria y continental que trasciende hasta el día de hoy. El genio y la determinación de Bolívar y los demás próceres dieron en esa batalla el golpe final a los veteranos ejércitos de uno de los imperios más poderosos de la tierra. El cruel imperio español que pretendía ahogar en sangre y barbarie nuestra determinación de ser libres. 

Solo el genio político-militar de Bolívar fue capaz de entender, adelantándose a su época, el carácter de liberación nacional de la guerra, reflejado en el Decreto de Guerra a Muerte. Los años terribles de la Segunda República, su caída alanceada por los llaneros y las atrocidades de Boves, la derrota, el exilio y la influencia de Pétion, hicieron que  El Libertador comprendiera el carácter social de la Guerra de Independencia. Ésta, no podía ser solo una aspiración política de las élites criollas en contra de la dominación de España; tenía que convertirse necesariamente en una guerra social, del pueblo. De allí sus Decretos aboliendo la esclavitud y los privilegios de castas impuestos por el colonialismo. Daba Bolívar un paso político de trascendencia para su época y espacio, que le permitió aglutinar al pueblo venezolano bajo la bandera tricolor del ejército patriota. Esto a pesar de que una parte de la élite criolla que lo acompañaba militarmente no entendía o simplemente, no estaba dispuesta a desprenderse ni de sus esclavos ni de sus privilegios. 

La liberación de Guayana –la octava estrella–, el Congreso de Angostura y la creación de la Gran Colombia,  dotaron a la nueva República de un marco constitucional e instituciones a las que siempre se subordinó El Libertador, así como una carácter continental a la guerra y de unidad; fusión, en una sola unidad político-territorial de los territorios liberados bajo la Gran Colombia.

La guerra de independencia permitió acrisolar el sentido nacional del pueblo venezolano, luego de una cruenta guerra que acabó con la vida de más de un tercio de nuestra población, liberándose de la égida político-espiritual de una Capitanía General de la Colonia, para crear, no una nueva de monarquía, sino una República, sin castas ni privilegios, subordinados a la Constitución y las leyes, con un cuerpo institucional que impidiera el caos y la tiranía, soportada por las armas del Ejército Libertador, cuya espada –tal como lo repitió Bolívar en su última proclama ya traicionado– sólo se emplearía para defender las garantías sociales. 

Durante toda la guerra de independencia, nuestra tierra, sus campos y pueblos, fue bañada con sangre venezolana en una gesta donde se escribieron páginas de sacrificio, heroísmo y amor patrio, con extraordinarias lecciones de política e infinitos ejemplos de heroísmo, valor y desprendimiento que constituyen nuestro patrimonio colectivo como pueblo y que hoy doscientos años después, cuando la patria se entrega y se descuaja, están más vigentes que nunca.

Luego de Carabobo, se incubaba la traición entre las nuevas elites en los territorios liberados, en torno a Páez y Santander, mientras Bolívar y Sucre se empeñaban en la guerra al sur. Luego vendría el enfrentamiento abierto, el pérfido atentado de Bogotá en contra de El Libertador, la emboscada de Berruecos donde asesinaron a Sucre, el “Abel de América”, como diría Bolívar en medio del dolor. 

Un Simón Bolívar asediado por la perfidia y la traición, el genio libertador de cinco Repúblicas, muere solo y rodeado de muy pocos, derrotado por sus enemigos, como lo dijo él mismo con amargura en su última proclama a los Colombianos: “… Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro…”. 

A partir de allí, vino la traición a su legado, se descuajó la Gran Colombia, se desbandó al Ejército Libertador –los llaneros y campesinos volvieron a ser esclavos, pobres sin tierra– y los caudillos y segundones, oportunistas de todo tipo, se adueñaron de las nuevas Repúblicas suramericanas. 

En Venezuela, tal como en el mito de Sísifo, la historia de nuestro país después de Carabobo ha sido la de un permanente engaño y traición.  Después de Bolívar, vino Páez; después de Zamora vino Guzmán Blanco; después de Fabricio Ojeda vino Betancourt y después de Chávez vino maduro. A cada esfuerzo liberador, a cada momento histórico, estelar, donde llegamos a rasgar las tinieblas, sobreviene una traición, para volver a perdernos en el abismo.

Sin duda, de todos los esfuerzos colectivos de nuestro pueblo, de todos sus intentos redentores, el más genuinamente Bolivariano ha sido el de Chávez. Aunque obviamente nadie puede apropiarse de la figura de Bolívar, este legado es de todos los venezolanos, si podemos reclamar a un Bolívar vivo, popular, vibrante como idea, revolucionario, anti imperialista. 

El presidente Chávez asumió el Bolivarianismo como parte integral de sus tesis políticas. La revolución Bolivariana de Chávez fue concebida como una continuación del proyecto Bolivariano. Así la entendimos y asumimos todos, como un compromiso histórico de avanzar en el camino trazado por Bolívar, en base a su eje central de independencia y soberanía, justicia social y unidad, enriquecida con lo más avanzado del pensamiento político de su época, que pasaba por la abolición de la esclavitud, el sistema económico de dominación de su época. Para Chávez, y nosotros, en nuestros días, en nuestra época, se trata de abolir el capitalismo como sistema de dominación y la construcción del socialismo como alternativa. 

Pero tal como en Berruecos y Santa Marta, el proyecto Bolivariano se ha visto nuevamente truncado tras el asesinato del presidente Chávez. Del proyecto, su legado y su obra NO QUEDA NADA.

El madurismo representa, nuevamente, la traición a Bolívar y Chávez, la restauración de la dominación y el desmantelamiento de la Patria. A 200 años de Carabobo, nuestra Nación está como nunca antes en peligro de ser rematada, entregada. Sus fronteras, con Colombia, con Guyana; su territorio, El Esequibo, el Arco Minero; sus recursos naturales, el petróleo, el gas, el oro y otros minerales estratégicos; su soberanía, la economía dolarizada, entregada al capital más especulativo y ramplón, a sus empresas transnacionales, a través de la “ley Anti Bloqueo”, la “ley de Zonas Económicas Especiales”, la nueva “ley de Hidrocarburos”; las armas de la República se emplean no para defender las garantías sociales, ni la Constitución, sino para sostener a una tiranía que mantiene al país sumido en el miedo, la injusticia, la opresión, mientras le han arrebatado todas las conquistas políticas, económicas y sociales alcanzadas durante la Revolución Bolivariana.

A 200 años de Carabobo el pueblo venezolano, protagonista de aquella gesta heroica, se encuentra arrinconado, desesperanzado, sumido en una terrible miseria, tratando de salir del país como puede, –ya lo han hecho más de 5,5 millones–.

Estamos cada vez más lejos del pensamiento de Bolívar y Chávez, de aquel sistema de gobierno que El Libertador soñaba como el que proveyera “la mayor suma de felicidad posible” a los ciudadanos, estamos lejos del “Vivir Bien” y de la Plena Soberanía Petrolera de Chávez. Muy lejos estamos del Socialismo del Siglo XXI

Este gobierno ha desmantelado a las instituciones de la República, violado la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales de los venezolanos, es un gobierno que reprime, tortura y mata, encarcela trabajadores y persigue al Chavismo para entregar la patria, sus recursos, sus empresas, su petróleo, el futuro de todos los venezolanos, nuestra soberanía.

El 24 de junio seguro desfilarán –no sin dificultad– los tanques, armamentos y componentes del Ejército –en ese mismo campo inmortal de Carabobo me condecoró el presidente Chávez luego de la derrota del Sabotaje Petrolero en 2003. Es un campo sagrado, un espacio para la reflexión, el pensamiento grande, especialmente de nuestros componentes militares, de los herederos de la gloria del Ejército Libertador, sobre la situación actual del país y su papel en nuestra historia.

Vendrán los discursos y la propaganda del madurismo, capaz de convertir cualquier cosa, desde empresarios corruptos hasta diputados oportunistas, en héroes de la patria. Vendrán golpes de pecho y juramentos; las poses grandilocuentes y utilizarán una y mil veces más a Chávez, a Bolívar, para justificar lo injustificable, para excusar la entrega del país y evadir sus responsabilidades en este desastre. La tribuna estará a reventar de oportunistas y de los artífices de la entrega, mientras que el pueblo protagonista hace 200 años, estará ausente, sumergido en el día a día de su miseria, de su desesperanza. 

El madurismo tiene su gobierno de espaldas al pueblo, tiene sus leyes y su propio plan de entrega de la patria. La gran pregunta es ¿hasta cuándo callará el Chavismo? ¿hasta cuándo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajará la cabeza? ¿hasta cuándo el pueblo aguantará y seguirá sufriendo su tragedia en silencio?

A doscientos años de Carabobo, el país, como un todo, debe convocarse, el Chavismo debe convocarse. Debemos acudir, aquí y ahora, a cumplir nuestra responsabilidad histórica, nuestro esfuerzo consecuente con el de Bolívar, el de Chávez, debemos derrotar al madurismo, debemos romper ese mito de Sísifo, la maldición de las traiciones y el engaño. 

Volver a Carabobo es volver a Bolívar y a Chávez, vivos y vibrantes en el corazón y la conciencia del pueblo. Volver al ejemplo heroico de los padres de la patria, de los héroes de Carabobo, de un pueblo grande, orgulloso, el mismo que cruzó Los Andes, no para escapar de un gobierno tiránico, sino para derrotar la opresión.

A doscientos años de Carabobo, nuestro pueblo debe reivindicar toda su gloria, su pasado heroico, grande, hermoso, que no puede ser resumido en un tuiter, ni manipulado por las tendencias de los bots del gobierno y mucho menos utilizado en su beneficio por estos tiranos. Carabobo tiene un gran contenido revolucionario, una dimensión histórica, la obra de un genio libertador que hoy día, todos los días, es mancillado por este gobierno entreguista. Carabobo nos debe convocar a lo grande, volver a Chávez, que es volver al camino de la revolución, zafarnos de este gobierno infame y entreguista, para volver al cauce de la Constitución, de la grandeza, donde el pueblo sea protagonista de su propio destino y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana verdaderos garantes de sus conquistas, de la independencia y la soberanía de nuestra Patria.

Desde el mismo momento que el Presidente Chávez falleció, declaré a los medios internacionales, a la BBC de Londres, que al Comandante lo habían asesinado. No soy una persona que practica el escándalo, ni tampoco busca notoriedad, mucho menos tratándose de un hecho tan grave y doloroso.  Pero, desde ese momento, he tenido la convicción de que la enfermedad y posterior muerte del presidente Chávez fueron producto de una acción deliberada, un crimen político, y por ello, en mis declaraciones, he insistido en que este hecho debe ser investigado. Varios somos los que hemos levantado la voz en ese sentido, aunque el gobierno –es decir, maduro y los cinco que controlan el país–, se han negado de manera reiterada a hacerlo, muy probablemente porque ni tienen la capacidad, ni tampoco el interés. Ese fue el primer asesinato del Presidente Chávez.

Luego vendría el asalto al poder por parte del madurismo, compuesto por esa extensa gama de oportunistas de todo tipo, “Los alacranes”, como los llamó el general Müler Rojas en su oportunidad. El “Chavismo sin Chávez”, como se advirtió tantas veces, estaban agazapados dentro del campo bolivariano, listos para  perpetrar el segundo asesinato de Chávez. Esta vez, un asesinato más cruel, cotidiano y sistemático: la destrucción de su obra, de su legado, de todo lo conquistado, por lo que Chávez ofrendó su vida.

El gobierno de maduro –o el madurismo, para abarcar a los sectores políticos, militares y económicos que lo sostienen en el poder–, luego de haber perseguido al Chavismo y de haber instalado un régimen de terror y represión, se ha dedicado a demoler –hasta sus cimientos– la obra de Chávez, su legado, sus conquistas y realizaciones.

Del gobierno de Chávez no queda nada, de la Revolución Bolivariana tampoco. Solo basta levantar la mirada, sacar la cabeza de la densa niebla de caos, conformismo y resignación en la que han envuelto la vida diaria de nuestra población, para darse cuenta de este crimen. 

Si alguien tuviese la capacidad de pensar en frío, dejar atrás la confusión, la rabia, desprenderse del tuiter y la propaganda estupidizante, detenerse, mirar hacia atrás y comparar el país que teníamos hace 9 años, por allá en octubre de 2012 –con las 7 avenidas de Caracas repletas de un pueblo vibrante, entusiasta, movilizado, apoyando un programa de gobierno revolucionario, socialista, el Plan de la Patria–, con la situación actual de un pueblo empobrecido, desesperado por salir del país, asediado en los barrios por el FAES o por El Coqui, haciendo interminables colas para obtener gasolina o gas, haciendo maromas para llevar comida a su casa, con salarios de miseria, destruida la autestima, recibiendo una caja Clap, nos daremos cuenta del segundo asesinato de Chávez. 

Una mirada

Si miramos al país, de manera objetiva, sin excusas acomodaticias, nos espantaremos al ver el proyecto y la obra revolucionaria chavista, en ruinas: 

La tragedia humana que vive nuestro pueblo, empobrecido, privado de sus derechos fundamentales, políticos, económicos y sociales. El madurismo le borró la sonrisa al pueblo, como también destruyó el “vivir bien” alcanzado en Revolución. Se acabaron las Misiones y Grandes Misiones, el Poder Popular desarticulado, el concepto de Democracia Participativa y Protagónica sepultada por la represión, desde la actuación del SEBIN, DGCIM, hasta el propio PSUV. Las condiciones de pobreza e indigencia de la mayoría son terribles, y alcanzan a los trabajadores, los jubilados, pensionados, campesinos y a los que no tienen nada. 

En sus guetos de miseria, en el país de zonas exclusivas, la mayoría de la población ha sido despojada de sus posibilidades de vivir con dignidad, corriendo detrás de la comida, haciendo maromas para llevar a la casa lo esencial: comida, medicinas, vestido. No hay tranquilidad: puede faltar la luz o el agua, no hay transporte, ni gasolina, ni gas o telecomunicaciones. El interior del país ha retrocedido décadas en cuanto a condiciones de vida, mientras el gobierno, por su parte, estimula la grotesca diferencia social y de calidad de vida entre la población que tiene acceso a los dólares y vive en Caracas y las zonas exclusivas de Maracaibo o Valencia, como sustento para la propaganda de “su nuevo modelo de prosperidad”, mientras la inmensa mayoría vive la tragedia de la exclusión, la pobreza y la falta de acceso a los servicios y condiciones mínimas de vida. Es un pueblo empobrecido que se lanza a las calles, al rebusque de lo esencial para la vida, desde alimentos hasta una vacuna para no morir de COVID, un pueblo que ni siquiera figura en las estadísticas del mundo de fantasía del gobierno. La mayoría ha bajado la cabeza y se ha resignado a vivir en esta nueva condición de miseria que ha impuesto el madurismo, todo ello en silencio.

La violación de los Derechos Humanos, se ha convertido en una constante, una política de Estado, bajo el gobierno de maduro, tal como lo ha establecido la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. El Ejecutivo ejerce un control absoluto sobre el resto de los poderes del Estado, hace lo que le viene en gana, no existe independencia del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, instituciones del Estado que actúan bajo órdenes directas de maduro. Se hace “lo que maduro diga”, no hay Estado de Derecho, por lo cual se violan de manera sistemática los derechos y garantías fundamentales de la población. 

El Informe de la Comisión Independiente Internacional, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para determinar la situación respecto a esta materia en el país, fue demoledora en su Reporte del pasado mes de marzo, donde concluyó que en Venezuela se violan de manera sistemática los DD.HH. de la población, señalando que se han cometido Delitos de Lesa Humanidad y  menciona con nombre y apellido a los altos funcionarios del actual gobierno -incluyendo a nicolás maduro- como responsables directos de estas acciones, recomendando abrir un juicio ante la Corte Penal Internacional, la cual se rige por el Estatuto de Roma, suscrito por Venezuela durante el gobierno del presidente Chávez.

Las cárceles del país están llenas de presos políticos, trabajadores de PDVSA, obreros, dirigentes sociales y políticos. Cualquiera del madurismo puede poner preso a un ciudadano, el Fiscal está listo para defender lo indefendible, para guardar silencio cómplice o para acusar, perseguir y difamar.

Nosotros hemos sido víctimas permanentes, sistemáticas de esta persecución política, nos han acusado, difamado, han allanado mi casa, somos hostigados y perseguidos hasta en el exterior. Otros han corrido peor suerte: el Mayor General Rodríguez Torres, el General Raúl Isaías Baduel, cientos de trabajadores y oficiales militares o cualquiera que sea víctima de una venganza o retaliación por parte de maduro, todos, están sepultados en vida, sin ningún tipo de derechos. Con cada acto de violación de los Derechos Humanos en el país, de crueldad, tortura, persecución, se mata a Chávez, mil veces.

El sistema carcelario y penitenciario del país, ha sido diseñado y estructurado por una persona enferma. Al infierno de las cárceles en Venezuela, ahora se suma  la imposición de su ley por parte de los mismos “pranes” que azotan los barrios de Caracas a los cuales el gobierno entregó el control de los penales del país. El gobierno, en una extraña alianza, usa a estos grupos criminales para controlar espacios y territorios que le interesa mantener bajo el terror. El gobierno, ahora decidió que los prisioneros políticos, secuestrados en las cárceles de los organismos de seguridad o militares, sean transferidos al infierno del sistema penitenciario, condenándolos al olvido bajo el gobierno de los pranes y, muy posiblemente, a la muerte.

Mientras el gobierno avanza en la entrega del país y en la imposición de su modelo capitalista salvaje, para lograrlo continúa con la violencia y la represión contra el pueblo. Esta violencia, en algunas ocasiones es masiva, como las ejecuciones extrajudiciales del FAES y otros organismos policiales que suman más de 14 mil, tal como han determinado los informes de la ONU antes señalados, y en otros casos es una persecución política focalizada sobre dirigentes políticos incómodos para el gobierno, como nuestro caso y el de tantos otros que se encuentran en el exilio o presos. Además, se ha comenzado a reeditar la práctica de las desapariciones políticas, ante el escándalo de los maduristas. Habría que preguntar ¿dónde está Carlos Lanz?

La economía, antes, con Chávez estaba puesta al servicio del pueblo, ahora está al servicio de los sectores más especulativos y voraces del capitalismo. Sobre las ruinas de nuestra soberanía económica y capacidades productivas, se erige un sistema absolutamente depredador de nuestros recursos naturales, explotador, hambreador del pueblo. Una economía solo para “la gente bella”, la que tiene dólares, la que puede ir a los bodegones o mega rumbas en el Hotel Humbolt o al Parque Nacional Canaima; la nueva élite que con sus excesos le da una bofetada en la cara a la inmensa mayoría pobre, la que gana en bolívares, la que no está “enchufada”, cuyo salario mínimo mensual son escasos 3 dólares, la que muere asesinada en los barrios o sale como puede del país, dispuesta a hacer lo que sea para sobrevivir, alimentar a sus hijos, enviar dinero a sus familias que quedan atrás.

La dolarización ha sido el resultado concreto del gobierno y su paquetazo económico de 2018.  Dolarizó a medias la economía, porque los sueldos siguen siendo en bolívares, y dejó que se desataran los demonios del ajuste salvaje del capitalismo: mega devaluación, hiperinflación, desregularización de la economía, eliminación de las conquistas de los trabajadores, salarios de miseria, minimización de los “costos laborales”, exenciones impositivas. Venezuela es hoy el paraíso del capitalismo salvaje, con su buena dosis de violencia y represión, son cientos los trabajadores presos por exigir sus derechos.

PDVSA, otrora empresa insignia del país y de la revolución, bastión de la soberanía, donde –tal como repetía una y otra vez Chávez– se respiraba “patria”, hoy día está en ruinas, desmantelada, sus cuerpos de dirección técnicos-políticos perseguidos, exiliados, encarcelados, defenestrados por la propaganda y el odio madurista. La producción de petróleo situada en escasos 531 MBD, revela una caída de 2,5 millones de barriles día respecto al año 2013, con las refinerías en ruinas. La empresa está siendo rematada entre los socios y amigos del madurismo. Se entrega el petróleo, violando la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, las mismas que derogó Carmona durante el Golpe de Estado de 2002.

La entrega de los activos del país, el petróleo, el gas, el oro y demás minerales, nuestras empresas del Estado, la industria petrolera, PDVSA, las empresas básicas y todo el entramado industrial construido o adquirido por el gobierno del presidente Chávez –concebido para ser parte del nuevo modelo productivo, basado en el trabajo y en la propiedad social– está siendo rematado o transferido al sector privado de manera grosera, ilegal, “en secreto”, donde la podredumbre de “Lácteos los Andes” o de “PDVSA Gas Comunal” es solo un ejemplo de lo que está haciendo el madurismo con los activos del Estado. En esta mega piñata están hundidos hasta el cuello militares, políticos y empresarios. 

La Asamblea Nacional  legisla para el capitalismo, para la burguesía. El presidente de dicho organismo y el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV, preparan los proyectos de leyes para favorecer a la burguesía. Entre estos proyectos destacan la reforma-derogación de leyes emblemáticas de Chvez, como la Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo que representa  un fusilamiento diario del Comandante; la Ley de Zonas Económicas Especiales, elaborada para convertir al país en una gran maquila con mano de obra esclava, al servicio de la burguesía, siendo un ejemplo del asesinato diario de Chávez. Esta Asamblea entrega al país y asesina a Chávez todos los días, y lo hace en shows políticos de “acusaciones e investigaciones”, entre el payaso Brito y el cínico Rodríguez.

Mientras tanto, Fedecámaras aplaude al gobierno por sus políticas y decisiones, y las petroleras exigen la entrega total del petróleo. No quieren una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, exigen su derogación y así acabar con cualquier resquicio de soberanía: es el saqueo o no habrá pacto. Las bancadas de diputados de ambas Asambleas en lo único que están de acuerdo es en reformar-derogar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, acabar con PDVSA, convertirla en una “agencia de administración de contratos”. Y así van matando, una y otra vez, a Chávez.

El desastre militar en la frontera requiere, con urgencia, que las Fuerzas Armadas Bolivarianas hagan un punto de inflexión y analicen  lo sucedido y reflexionen sobre qué van a hacer de aquí en adelante. Le recomendé al General en Jefe Padrino López que no se dejara enredar en las triquiñuelas políticas del madurismo y sus aventuras guerreristas en la frontera con Colombia. El papelón que hicieron nuestros componentes militares y la jefatura militar en sus operaciones en la frontera, muestra una grave fisura en las capacidades reales y en el liderazgo de los componentes estratégicos del país, los cuales deben estar siendo evaluados por el enemigo. Salieron con las tablas en la cabeza: tanques volados, muertos, desaparecidos, prisioneros de guerra y todo ello acompañado de las fantasías en el twitter sobre “operaciones de rescate” que resultan tragi-cómicas. Mientras tanto, las petroleras se apoderaron del Esequibo, explotan nuestros recursos naturales, extraen diariamente nuestro petróleo, y cierran –de hecho– nuestra salida estratégica y vital al Atlántico. ¿Qué diría el Comandante Chávez, señores Generales y Comandantes?

La izquierda boba

En la izquierda, el PSUV y los sectores revolucionarios, que están llamados a ser la voz del pueblo, a estar junto al pueblo, a proteger los principios y los postulados de la revolución, a ubicarse a la vanguardia de las transformaciones políticas, económicas y sociales, por ser –teóricamente– el sector político más avanzado de la sociedad, reina una absoluta confusión respecto a lo que sucede. Es una izquierda boba y acomodaticia que no logra desprenderse del chantaje del madurismo, del estribillo de la propaganda y cree todo lo que quiere creer; es una izquierda entregada desde hace años, que sólo la fuerza del Comandante pudo ponerla en el carril de la historia, pero que hoy día –cuando más hace falta– se quedó sin fuerza ni argumentos. Una izquierda que parece no haber aprendido nada del liderazgo de Chávez. No ha sido capaz de dar una opinión propia, rebelde, indubitable  respecto a lo que sucede en el país. Basta que el madurismo le diga tres pendejadas y les mande una amenaza, o que les organice un encuentro “intelectual” de solidaridad entre ellos mismos, o se les ofrezca un cargo burocrático por aquí o por allá para que se sientan  otra vez tranquilos, de vuelta a su zona de confort, arrullados por el estribillo “sanciones–conspiración”. Bien lo cantó Silvio, el trovador, “dijo Guevara el humano que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial”.

Es trágico ver al PSUV haciendo pintas a favor de Alex Saab, el nuevo héroe del madurismo, ¿hasta dónde va a llegar la degradación del otrora partido de la revolución?, convertido ahora en un partido para la contención de las luchas populares, en un freno, ubicado a espaldas del pueblo y guardando un silencio cómplice. Ahora el PSUV se ha convertido en lo que fue Acción Democrática en la IV República.

En el país hay un estruendoso reflujo revolucionario, el madurismo le ha abierto la puerta a los espantos de la contrarrevolución que habían sido sepultados por el impulso y la acción revolucionaria del Comandante Chávez. Ahora hay una opinión abierta, desfachatada en contra de Chávez y su obra, pronto la campaña de falsos positivos y corrupción del madurismo en contra del gobierno del presidente Chávez, en contra del “Rojo Rojito” de Chávez, tocará su propia figura y su propio prestigio. El daño que le ha hecho maduro a la figura de Chávez y a la posibilidad del socialismo ha sido monumental.

¿Cómo llegamos a este punto? Esta es la consecuencia natural de resignarse ante la consigna “aquí se hace lo que diga maduro”. ¿Qué diría Chávez? 

Entonces, ¿qué debe hacer el Chavismo?

Lo primero que debe el Chavismo hacer es sacudirse al madurismo, con sus trampas, sus falsos positivos y su manipulación. El Chavismo, donde quiera que se encuentre –en el PSUV, en el Ejército, en el Poder Popular, en el exilio o en el ostracismo–, debe dar un paso al frente. Debemos agruparnos, no hay que darle muchas vueltas al asunto, hay que volver a Chávez. Identificar y decir claramente que este NO ES un gobierno Chavista. Dejar de andar por las ramas, dejar de “dorarle la píldora” al madurismo. 

El Chavismo es mucho más que esto, es mucho más que un movimiento temeroso y calculador, el Chavismo tiene tesis y programa, es eminentemente Bolivariano, socialista, tenemos el Plan de la Patria. Por tanto debe ser contrario, por una cuestión de principios, al desastre del madurismo. 

El Chavismo es un movimiento de profundas raíces populares y nacionalistas, su obligación es estar al lado del pueblo, pase lo que pase, siempre con el pueblo, debe estar al lado de la Soberanía, esa que se pierde cuando entregan el petróleo, el gas, el Arco Minero, el Esequibo, la economía. 

El Chavismo no puede guardar silencio cómplice ante la tortura, ante los crímenes políticos, la persecución, la violación de los Derechos Humanos, las razzias en PDVSA y en los barrios. No puede guardar silencio ante la persecución y las detenciones, ante el exilio de los ministros que estuvimos tantos años al lado de Chávez, haciendo revolución, transformando el país.

El Chavismo no puede permitir que entreguen nuestro petróleo, que rematen PDVSA, que entreguen la economía y los activos de la Patria. NO podemos permitir que la economía del país se entregue a la burguesía. El Chavismo debe reivindicar el Socialismo, nuestro socialismo, el de Chávez: radical, como nuestra propuesta.

El Chavismo no puede presenciar, en silencio, como destruyen el país, cómo el “pranato” de la política hace lo que le da la gana, no puede permitir que nuestro país se haya convertido en un país de injusticias, de privilegios para unos pocos y de una inmensa tragedia para el resto, para el pueblo.

El Chavismo no puede permanecer impávido, en silencio, temeroso, callado, mientras a Chávez lo fusilan una y otra vez, mientras su obra la destruyen todos los días. Nuestro comandante Chávez es asesinado en el martirio permanente de nuestro pueblo. 

Hay que liberar a Chávez de sus captores, hacer que regrese a nuestros barrios, a nuestros campos petroleros, a nuestras montañas y fábricas, a su llano querido, a su cajón del Arauca, que su pensamiento revolucionario y humano, viva libre entre el pueblo, en los cuarteles, en la lucha de los humildes, haciendo revolución para expulsar con un látigo a los mercaderes del templo, del templo de la Patria. Es lo mínimo que merece nuestro querido Comandante Chávez: volver a Chávez sólo es posible derrotando al madurismo para volver a su camino, reconstruir su obra, ¡volver con el pueblo como protagonista de la Revolución Bolivariana!

Entre las leyes o reformas de leyes que impulsa la bancada mayoritaria del PSUV en la Asamblea Nacional, resaltan, por sus implicaciones para el país, la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales y la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en el marco de las históricas 43 Leyes Habilitantes del Presidente Chávez y promulgada el 1ero de enero de 2000, lo que sin duda fue el desencadenante del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Ley de Zonas Económicas Especiales

Con respecto a la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), la misma convierte al país en una gigantesca maquila, como muy bien lo han denunciado distintas voces desde la izquierda y sus diversas posturas, unas más académicas y blandas; otras, más revolucionarias, al rompe, desde Brito García y Pascualina Curcio, hasta Toby Valderrama y Marcos Luna –es notable el silencio de la derecha y de la oposición– no me referiré a ello en esta oportunidad, ya lo he hecho en otros artículos–, y me centraré en desmentir a la canallada del madurismo de pretender adjudicar el origen de este instrumento al presidente Chávez. 

Mienten, una vez más, en toda su gigantesca trama de manipulación. El Presidente Chávez JAMÁS propuso nada como la Ley ZEE, ni remotamente parecido.  El Comandante impulsó la idea de los Distritos Motores de Desarrollo (DMD), como una iniciativa para ir creando espacios para el socialismo. En la misma, se planteaba crear territorios donde fuesen hegemónicas la propiedad social, las empresas del Estado y organizaciones comunales, para así impulsar las actividades productivas con base en un modelo centrado en el trabajo, en nuevas relaciones de producción, humanas, con plena vigencia de la Constitución y todas las leyes de la República, donde se crearía el germen de un nuevo modelo post petrolero: el socialismo. 

El mismo, estaría basado justamente en la expansión de nuestras actividades petroleras en el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, proyecto bandera de Chávez que, repito una vez más para los “expertos” y opinadores de oficio, no era un proyecto de PDVSA, no era un proyecto solo petrolero, era el Gran Proyecto Socialista Orinoco, la única posibilidad de Desarrollar ese extenso territorio de más de 50 mil kilómetros cuadrados, ubicado al norte del Río Orinoco, asiento de las reservas de petróleo más grandes del Planeta –certificadas por el MInisterio de Petróleo y la Ryder Scott entre el 2007-2010– de 316 mil millones de barriles de petróleo. Un desarrollo que sería la bisagra entre el norte y sur del país, entre el oriente y el occidente; el centro de gravedad de la Patria, un poderoso territorio de desarrollo capaz de irradiar el nuevo modelo, sus novísimas relaciones, su conciencia al resto del país, fracturado y deformado, luego de un siglo del modelo capitalista dependiente del rentismo petrolero.

Los Distritos Motores de Desarrollo, tendrían un rol estelar de ocupación de ese vasto territorio para, desde allí, como un enclave socilistas, irradiar conciencia y extender el nuevo modelo a la nueva gran provincia petrolera del mundo, a lo largo del Eje Orinoco-Apure. 

No tiene Chávez nada que ver con este adefesio del madurismo de las ZEE, por medio del cual entregan el territorio, nuestros recursos y nuestra mano de obra, como trabajo esclavo, para ser explotado en un territorio sin ley, sin la presencia del Estado, sin derechos laborales, entregando nuestra economía al más brutal esquema de explotación y despojo del capitalismo dependiente y ramplón que el gobierno impone al país.

Entonces que no mientan más, en el gobierno todo transcurre entre la mentira y el engaño. Hay que salvar la responsabilidad histórica de Chávez y del Chavismo, de este desastre, NO tenemos nada que ver con ésto. Así como no tiene Chávez nada que ver con la entrega y destrucción a través del Arco Minero –otro desastre del madurismo que quieren adjudicar a Chávez–, ni con el colapso de la industria petrolera ocurrida precisamente entre 2014-2021, ni con la entrega del Esequibo. Estos estruendosos fracasos y políticas entreguistas son responsabilidad única y exclusiva de nicolás maduro y su gobierno.

EL PROBLEMA DE LA SITUACIÓN DE PDVSA NO ES LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS.

El madurismo, la bancada del PSUV mayoritaria en la Asamblea Nacional, avanza con “su propuesta” –secreta– de reforma-derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Lo coloco entre comillas, porque esta iniciativa, no es de autoría del PSUV, ni es secreta para el interés petrolero transnacional. Esta “reforma-derogación” de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es la misma propuesta presentada por la Comisión de Energía de la anterior Asamblea Nacional, la cual, se ha discutido entre las empresas transnacionales –que exigen una derogación completa de la misma–.

La “reforma-derogación” sólo es secreta para el pueblo, incluyendo el madurismo en el PSUV que, de manera irracional y absurda, insisten en que en el otrora partido de Chávez y de la revolución se “hace lo que maduro diga”, como fue la consigna que se impuso en su último y triste congreso, al estilo de La Cosiata, también llamada la “Revolución de los Morrocoyes”.

Al gobierno de maduro le quedó grande la conducción del país; y, particularmente, la de PDVSA. A partir del año 2014, empeñados en su objetivo de tomar el control de nuestra principal empresa, colocar a sus incondicionales y manejar a una organización tan importante como ésta con los mismos criterios de irresponsabilidad, improvisación e intereses grupales que han caracterizado a este gobierno, destrozando todos los aspectos e instituciones de la República, se inició la debacle de nuestra industria petrolera nacional, evidenciada –de manera irrefutable–, en la caída de su producción petrolera desde los 3,015 millones de barriles día de 2013, hasta los 445 mil barriles día del este mes de abril –, el mismo nivel de producción de 1932–, el colapso de su sistema refinador, de la producción de gas y el abandono y entrega de sus instalaciones y equipos. 

La persecución despiadada en mi contra y los gerentes, directivos y trabajadores de PDVSA, ha dejado un terrible saldo de más de 125 trabajadores presos, secuestrados por el gobierno, sin ningún tipo de derechos, la muerte del exministro Nelson Martínez en prisión, la detención de dirigentes sindicales como Eudis Girot, el robo de los beneficios laborales, Fondos de Pensiones y seguro médico y la salida de más de 30 mil trabajadores y personal especializado de la empresa, éste ha sido el costo humano de la razzia del madurismo y la militarización de la empresa a partir del 2017 y que he denunciado de manera consecuente y sistemática. Hoy en día, PDVSA es una empresa en ruinas, rematada por el madurismo al mejor postor, “en secreto”.

Debo decir, una y otra vez, hasta el cansancio, que la PDVSA del pueblo, esa que sostuvo al país y todos sus avances económicos y sociales, entre 2004-2012, durante el gobierno del presidente Chávez, la entregamos en agosto de 2014, con una producción de 3,015 millones de barriles día –crudo y condensados–, 1,072 millones de barriles día de combustibles producidos en nuestras refinerías en el país –612 mil barriles día para el mercado interno y 462 mil barriles día para la exportación–, y satisfacíamos todas las necesidades del mercado interno de gas, lubricantes, aditivos y combustibles en general. La nuestra era la 5ta. empresa petrolera más importante del mundo de acuerdo con el “Petroleum Intelligence Weekly” de 2013.

El extraordinario desarrollo y fortalecimiento de la nueva PDVSA, desde la derrota del sabotaje petrolero hasta el 2014, lo logramos precisamente con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente. Fue esta Ley, la que nos permitió derogar la nefasta apertura petrolera, reasumir el control de la explotación del petróleo, su administración, explotación, procesamiento y exportación a través de la figura de las Empresas Mixtas, en la misma contemplada. Figura esta que garantiza el concepto de CONTROL y RESERVA de la actividad petrolera, como lo establecen, tanto el artículo 12, como el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos nos permitió avanzar en la Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), el 1ero. de mayo de 2007, mediante la Ley de Nacionalización de la FPO, el Decreto 5.200, a través del cual, se desmonta el aspecto más lesivo de la apertura petrolera, el cual fue la cesión de nuestra soberanía sobre la reserva de petróleo más grande del planeta. Esta Ley de Nacionalización, mantiene todos los principios y disposiciones de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, incrementando la participación del Estado, a través de PDVSA y su filial de propósitos especiales –la CVP–, en un mínimo de 60% para garantizar el control de áreas tan estratégicas para el país. Con fundamento en esta Ley, la producción de la Faja Petrolífera del Orinoco, bajo control de PDVSA desde 2007, se incrementó de 598 MBD hasta 1,270 millones de barriles día en el 2013.

El régimen fiscal petrolero, contemplado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, Regalías e impuestos de 33%, así como, el ajuste a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, para eliminar las exenciones y restablecer el impuesto a la actividad petrolera hasta el 50%, la inclusión del “impuesto sombra” del 50% que impedía la evasión de impuestos de las operadoras y la Ley de Contribuciones Especiales, que permitió captar los excedentes petroleros en tiempos de altos precios del petróleo, permitieron captar en nuestro período, la renta petrolera: el ingreso que pertenece al pueblo venezolano. Entre 2004-2014, ingresamos más de 800 mil millones de dólares al país por exportaciones petroleras, de los cuales, 480 mil millones de dólares fueron al Fisco Nacional por concepto de regalías, impuestos y contribuciones especiales; y, 216 mil millones de dólares, fueron al desarrollo social, misiones y grandes misiones, de los cuales, 106 mil millones fueron a los Fondos de Desarrollo del Estado, FONDEN, FONDESPA, entre otros.

Estos aportes –todos números verificables porque son públicos–, fueron los que pudieron sostener el período de crecimiento y bienestar económico y social del pueblo venezolano entre 2004-2012, con base en la política de distribución popular de la renta petrolera, a través de la cual, se financiaron todas las Misiones y Grandes Misiones de la Revolución Bolivariana, además, de TODOS los proyectos de infraestructura y productivos que hoy día el gobierno remata en secreto.

Nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos es una de las más avanzadas y completas entre los países productores de petróleo del mundo, entre los países de la OPEP. Nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera, ha sido referencia del pensamiento petrolero de los países productores y factor fundamental del desarrollo económico y social de otros, como el caso más cercano de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales.

Entonces, ¿por qué reformar nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos? ¿Por qué seguir desmantelando la economía, nuestra soberanía? ¿Por qué seguir seguir entregando nuestras riquezas, nuestros recursos naturales? ¿Por qué siguen despojando al pueblo de los recursos indispensables para salir de este abismo? ¿Por qué el PSUV impulsa este segundo GOLPE en contra de Chávez?

EL PROBLEMA NO ES LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS, EL PROBLEMA ES MADURO. 

La incapacidad del gobierno de maduro de conducir PDVSA, de manejar nuestros recursos petrolíferos, de gestionar nuestra empresa, no tiene nada que ver con la LEY. Todo lo que han hecho, sobre todo, desde que nombraron al General Manuel Quevedo, en diciembre de 2017, y le otorgaron plenos poderes –todos ellos inconstitucionales y al margen de la Ley Orgánica de Hidrocarburos– a través del Decreto 3.368, ha sido al margen del ordenamiento jurídico Vigente: los “Contratos de Servicios Petroleros” –una mala copia de los Convenios Operativos de la Apertura Petrolera–; la aprobación de empresas de maletín por medio del TSJ –incumpliendo el procedimiento de constitución de Empresas Mixtas establecidas en la LEY–; la cesión de propiedad y operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, a favor de la Rosneft y la CNPC –en clara contraposición a la Ley de Nacionalización de la Faja Petrolífera del 2007–; la cesión de las operaciones de comercialización a las empresas transnacionales y operadores privados –en clara contraposición al monopolio establecido por la Ley–; la exención de Impuestos, la entrega de operaciones y equipos, de los buques de transporte de crudo, los masivos descuentos en las ventas del petróleo, TODO HA SIDO EN CONTRA DE LA LEY VIGENTE.

La última Comisión Interventora de PDVSA, con el irónico nombre de Comisión Alí Rodríguez Araque–, desde que llegó, propuso un plan para liquidar PDVSA, convertirla en la “agencia” reguladora de contratos que soñó la Apertura Petrolera. En su momento denunciamos este Plan de Privatización y entrega de PDVSA, el pasado 1ero. de mayo de 2020, todo lo planteado por la infame Comisión es contrario a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La entrega de los activos petroleros del país, los cuales fueron acumulados durante más de 100 años de actividad petrolera –valorados en más de 250 mil millones de dólares al 2013–, no sólo es ilegal desde todo punto de vista, sino que es un crimen, el despojo más grande de la historia de Venezuela. 

Porque entregar PDVSA es entregar el petróleo. ¿Cómo se puede ejercer la soberanía y la reserva que contempla la Constitución sobre el petróleo, si no tienes con qué? Si no tenemos una empresa petrolera, propia, nacional, retrocedemos al período concesionario, superado incluso por la IV República con la nacionalización de 1976.

La promulgación de la Ley Antibloqueo, por la extinta y ya olvidada ANC, abrió las puertas para el remate de la empresa. En un plan que la vicepresidenta y el presidente ausente de PDVSA, van mostrando a todo aquel que quiere participar en la piñata, se remata el activo más importante del país, por 77 mil millones de dólares. Estos descarados le pusieron precio a la Patria. Pero aún así, nadie se va a arriesgar a hacer negocios con maduro, a menos que sean sus empresarios mafiosos como Álex Saab, devenido en héroe del madurismo. ¡Que triste el PSUV haciendo propaganda por este señor! ¿Qué diría Chávez?

¿Entonces quién EXIGE la derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos? ¿Cuál es el interés? 

La reforma-derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es exigida por los mismos que impulsaron el GOLPE DE ESTADO del 11 de abril de 2002, en contra del Presidente Chávez, los mismos que aplaudieron cuando Carmona derogó las Leyes Habilitantes y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es el interés transnacional, representado en el país por sus organizaciones políticas, Fedecámaras y los partidos de la derecha, esos son los que exigen la reforma-derogación, ésta es la CONDICIÓN IMPUESTA PARA EL PACTO CON EL MADURISMO. Lo hemos dicho antes, los cinco dueños del país, están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el poder, salvar su cabeza, –muchas de las cuales tienen efectivamente precio–.

EL LINCHAMIENTO A CHÁVEZ, LA FALTA DE LEGITIMIDAD Y LA CPI

Agradezco a Toby Valderrama –destacado político, excombatiente del Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos, exjefe del PRV en Mérida, combativo y leal militante Chavista, escritor de la famosa columna “Un grano de maíz”, colaborador de Aporrea– por un artículo que publicó ayer, donde denuncia el linchamiento en mi contra desde el madurismo. En esta ocasión, utilizando a otro payaso, muy corrupto, paradójicamente al frente de una “Comisión” de la Asamblea Nacional creada para “investigar” las acciones de la anterior Asamblea. Este señor, que ha estado por Europa a sueldo de Álex Saab, junto a otros miembros de su corrupta ex comisión de contraloría de la AN, pidiéndole a la Banca Europea que desbloquee las millonarias cuentas del “héroe” del madurismo, fue sancionado por la Unión Europea, expulsado de su partido Primero Justicia y se ha prestado para todas las marramucias de la política con “p” minúscula del madurismo. No tiene credibilidad, no me interesa lo que diga, aunque es obvio, que anuncia otra andanada de agresiones de nicolás maduro en mi contra.

Los agentes y operadores del madurismo, sean estos de la Asamblea Nacional, del Gobierno, del Poder Judicial o de la Fiscalía, tienen un problema de fondo en sus actuaciones y su persecución política en mi contra y el resto de los ciudadanos que son víctimas de su accionar: la falta de legitimidad.

Es la primera vez que los más altos funcionarios del Estado, los que encabezan estas instituciones, no solo están sancionados, tienen órdenes de captura y precio a sus cabezas, sino que la manera como han sido electos en procesos electorales fraudulentos y la manera como han designado a sus autoridades contraviniendo las leyes y disposiciones constitucionales de la República, están severamente cuestionadas y desconocidas por una cantidad importante de países y la mayoría de las instituciones y organismos multilaterales. Por otra parte, organismos de las Naciones Unidas, electos en el seno de la Asamblea General, han actuado para investigar y preservar los Derechos Humanos fundamentales de los venezolanos ante la violacion sistemática de los mismos por parte del gobierno de maduro. 

La actuaciones más importantes en este sentido han sido los informes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde ha identificado la violacion de estos como una política del Estado Venezolano y el informe de la Comisión Internacional Independiente del Consejo de los DD.HH. de la ONU (“fact-finding commission”)sobre la situación en Venezuela, donde se señala a los altos funcionarios del Estado como incursos en delitos de lesa humanidad.

La Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, informó que existen elementos para llevar a cabo un proceso penal ante la máxima corte penal del mundo, en contra de altos funcionarios del gobierno de maduro y otras instituciones del Estado por la violacion de DD.HH. –entre ellos la persecución política selectiva– y la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Esos son mis perseguidores.

Pero el linchamiento, la persecusión política en mi contra y el ensañamiento de maduro y su gobierno –no hay antecedentes de una situacion similar en el país–, además de violar mis Derechos Humanos y mi Derecho Fundamental a la Defensa, a la Dignidad, a la Imagen, al Honor y Reputación, significa en términos políticos el linchamiento a Chávez.

Decía el Comandante Chávez en uno de sus últimos actos de la campaña del 2012, en La Guaira, cuando salió en mi defensa ante los ataques personales del entonces candidato de la oposición, que lo que pasaba es que –cito a Chávez refiriéndose a los ataques en mi contra y en contra de PDVSA– : 

“…NO se trata de Rafael Ramírez nada más, no, Rafael Ramírez es, la cabeza visible, digámoslo así, junto a Chávez, de una estrategia, de un proyecto que nos ha costado ¡hasta el alma! pero que nos ha permitido recuperar ¡la Plena Soberanía Petrolera de Venezuela!, cuando el candidato burgués dice que le devolverá su “independencia a PDVSA”, lo que está diciendo es lo que ellos harían, ¡entregarle Petróleos de Venezuela, de nuevo, a la meritocracia petrolera y a las transnacionales del imperialismo!, eso es, ese es su proyecto….”

El linchamiento es en mi contra, porque de esa manera se golpea, se destruye lo que el mismo Chávez, llamaba la cabeza visible, de la política de la Plena Soberania Petrolera, la politica de Chávez. Es eso lo que está en juego.

Claro, el madurismo, acostumbrado a usufructuar, a utilizar la imagen del Comandante Chávez –ante el silencio inexplicable de los suyos–, no sabe como reconocer que va a reformar-derogar la Ley de Hidrocarburos, la ley más importante del Presidente Chávez. La ley que derogó Carmona. No sabe cómo explicar a los que aún engañan o manipulan este golpe continuado en contra de Chavez.

Entonces, recurren al linchamiento, acusar, atacar, perseguirme a mí, a los trabajadores. Machacan una y otra vez, de todas las formas posibles, el concepto –muy utilizado por la derecha y las transnacionales–, de que el modelo de empresa nacional, y revolucionaria, ésto es, la PDVSA del pueblo, fracasó, que la Ley fracasó y hay que derogarla.

Esta inmensa mentira podría colarse si se tratara de un debate académico, o entre “expertos”, pero resulta que la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la PDVSA del pueblo –la Roja Rojita que desequilibra a maduro–, ha estado en vigencia en el país en el período de mayor crecimiento de nuestra industria petrolera, entre 1999-2013, un crecimiento del 366% y 158% en activos y patrimonio, 287% en reservas y un crecimiento, sin precedentes, del 566% en el aporte anual a la Nación (Fisco Nacional, desarrollo social y Fondos de Desarrollo). 

Es por ello que recurren al tuiter, a la mentira y al escándalo en contra de PDVSA y nuestra política petrolera, en mi contra, arremetiendo contra todos los trabajadores, ¡qué caro hemos pagado nuestra lealtad a Chávez y al pueblo! 

La propuesta –privatizar PDVSA y entregar el petróleo, modificando la Ley Orgánica de Hidrocarburos–, que era  impensable en 2013, hoy día es la bandera, nada más y nada menos que del PSUV. ¡INCREÍBLE! ¿Qué dirá el jefe de la bancada del PSUV? 

Llamo al pueblo y a todas las fuerzas patriotas, a los trabajadoras y las fuerzas nacionalistas del país a evitar la entrega del petróleo, a defender la Plena Soberanía Petrolera, a defender la Ley de Hidrocarburos, leyes esenciales de la República a favor del Pueblo. ¡El problema no es la Ley de Hidrocarburos, el problema es maduro! 

Uno de los factores fundamentales de la violencia política en el país y del establecimiento de la violación de los Derechos Humanos como política de Estado del gobierno actual, se refleja en la judicialización de la política y la utilización de los órganos responsables de velar por el cumplimiento y administración de la misma como instrumento al servicio de los intereses políticos del gobierno e, incluso, de los grupos económicos que se han instalado en el poder.

Desde que asumió el poder nicolás maduro, uno de sus objetivos fundamentales fue obtener de cualquier forma, el control de todas las instituciones y órganos del Estado, tanto políticas y económicas, así como lo que en su artículo 253 la Constitución denomina “El sistema de justicia”, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales, el Ministerio Público (Fiscalía), la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, el sistema penitenciario, entre otros. 

El madurismo, encarnado en el mismo maduro y los cinco que controlan el país, se trazó este objetivo como prioritario, a pesar de que veníamos de casi 18 años de gobierno del presidente Chávez. 

Es decir, maduro intervino y controló, para luego desmantelar, todo el aparato institucional del Estado venezolano que se había construido   con base en los principios y disposiciones establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y dentro del marco legal que se desprende de ella, desmontando la institucionalidad de la V República, algo impensable, apenas en el 2013, estafando al sentimiento popular y traicionando a Chávez.

La pregunta que viene a la mente de manera lógica es ¿porque destruir o desmantelar los equipos de trabajo, el gobierno y las instituciones del Estado, si todas ellas se fundaron o crearon durante el GOBIERNO DEL PRESIDENTE CHÁVEZ? ¿Cuál era el propósito de esto? Esta pregunta se evade porque parece que ahora a muy pocos les interesa o se niegan a entender que este gobierno ha traicionado a Chávez.

El desmantelamiento del Sistema de Justicia, para convertirlo en un órgano a disposición y uso discrecional del madurismo, ha despojado al país, a toda la sociedad, de la posibilidad de contar con los Órganos del Estado que deberían velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y Constitucional del país, incluyendo las garantías a los ciudadanos y todo lo relativo a la preservación de sus derechos fundamentales y particularmente, de la protección a los Derechos Humanos,  tal y como establecido en la misma. 

El Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República son órganos creados para ejercer el control sobre la acción del gobierno, para proteger la Constitución y las leyes, pero además, para poner freno a cualquier actuación del presidente o del gobierno que se extralimite en sus atribuciones y ejerza actos de forma autoritaria e ilegal en contra de los ciudadanos, evitando de esta forma que el presidente de turno se convierta en un dictador o un cruel reyezuelo.

Tanto el Poder Judicial, como el Ministerio Público, deben ser instrumentos del Estado para garantizar el derecho a la justicia de los ciudadanos, en la forma como lo establece la Constitución en su artículo 26 una justicia “…gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, …”

El madurismo ha desmantelado el Sistema de Justicia del país, no solo para vulnerar a sus anchas la Constitución y las leyes, imponiendo su viraje a la derecha, sino para ejercer la violencia política contra cualquiera que se oponga a sus decisiones, sus políticas, designios e incluso caprichos, sumiendo al país en una tenebrosa atmósfera de autoritarismo, miedo, impunidad y violencia. Hoy día, maduro o cualquiera de su círculo íntimo, hacen LO QUE LES DA LA GANA, y para ello cuentan con su Fiscal, su Tribunal Supremo de Justicia, sus jueces, sus policías, el FAES, DGCIM, SEBIN y todos los órganos creados o transformados en instrumentos de represión.

¿Cómo llegamos a esta situación?

Lo primero que hizo el madurismo, muy temprano en el 2014, fue intervenir el Tribunal Supremo de Justicia, para de esa forma colocar magistrados que, lejos de reunir los requisitos mínimos establecidos para ocupar tan importante cargo, resultaran incondicionales a nicolás maduro y a su círculo íntimo. 

El actual TSJ y su directiva, no solo están muy cuestionados por la manera en que fueron electos –absolutamente al margen de lo establecido en la Constitución– y sus escasos méritos para ocupar la máxima magistratura del país, sino porque su hoja de vida los vincula a serios delitos.

A partir del control que tiene el madurismo sobre el TSJ, toda la actuación del poder judicial es irregular, las sentencias del Tribunal convalidan actos inconstitucionales como la entrega del país, la usurpación de poderes y la persecución política; mientras, los jueces son utilizados para dictar sentencias violatorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los jueces actúan según las órdenes del “jefe” o de cualquiera del madurismo que tenga algo de poder.

Esta situación vulnera un principio fundamental de nuestra Constitución, la INDEPENDENCIA del Poder Judicial, tal como lo establece el artículo 254 de la Constitución. En Venezuela la justicia actúa “a la carta”, se hace lo que maduro o cualquiera de los suyos diga: se encarcela, se persigue, se allana, se confisca, se solicitan extradiciones, se entrega el país, se violan las leyes.

Cualquiera del madurismo o de sus socios, “agentes” o “héroes”, tiene a su disposición a un juez, o a todo un tribunal, dispuesto a actuar de acuerdo a sus intereses, lo cual les otorga el poder de la impunidad y la capacidad de actuar a sus anchas por el autoritarismo y el miedo. Ejemplos hay todos los días.

Pero lo más grave es que NO HAY DONDE RECURRIR para defender al país o al ciudadano ante una decisión arbitraria o ilegal del presidente, su gobierno o del mismo Poder Judicial, de los jueces a la carta. No hay instancia que reciba un escrito, que lo procese, que se oponga a una decisión del ejecutivo u a otra instancia del Estado. El ciudadano está absolutamente indefenso, sabe que nadie le atenderá, ni dará curso a su petición, pero además porque teme las represalias contra sí mismo o hacia la persona cuyos derechos requieren protección.

Estos comentarios que hago en torno al Poder Judicial, los hago con pesar y tristeza debido al respeto que he tenido siempre por la justicia y por los jueces justos, capaces, honestos. Siempre he estado rodeado de magistradas y juristas, jueces, abogados y académicos a los cuales respeto mucho, indistintamente de sus posiciones políticas. ¡Qué útil y necesario resulta para una sociedad contar con verdaderos órganos de justicia y juristas capaces de mantenerse apegados a la Constitución y las leyes!

Pero mientras esto sucede con el Poder Judicial –situación tan lamentable, como peligrosa–, en el Ministerio Público, la situación es más grave.

De acuerdo a las atribuciones de la Constitución, el Ministerio Público debe procurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, por ello se hace parte en los procesos judiciales, para garantizar al ciudadano acceso a la justicia, independientemente de su condición social o económica. Por otra parte, la Constitución le confiere al Ministerio Público la responsabilidad de velar por el debido proceso, por el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos humanos.

El actual Fiscal General, ex gobernador y activista político del madurismo, no solo NO cumple con ninguna de las responsabilidades establecidas en la Constitución, sino que lejos de ser un garante del debido proceso y del acceso a la justicia, se convierte en un perpetrador de la violación de los derechos fundamentales del ciudadano, su derecho  la defensa, al debido proceso y sus derechos humanos.

Electo de una manera absolutamente inconstitucional, de manera ilegítima, éste actúa como un apéndice, subordinado al gobierno. El Fiscal actúa con saña, por motivaciones políticas, recibiendo instrucciones directas de nicolás maduro y de su círculo íntimo. Acusa y condena, lanza al escarnio público al ciudadano, abusa de su poder para saldar cuentas y problemas personales de todo tipo, actuando de forma desproporcionada, desequilibrada, pasando por encima de los derechos consagrados en la Constitución y, particularmente, violentando los Derechos Humanos de la víctima de su inquina.

Lejos de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, así como el acceso a la justicia del ciudadano señalado, el fiscal acusa, denigra, ofende y condena a la víctima de turno, lanzándola a la jauría del odio, ya sea a través de sus ruedas de prensa-show, o las descalificaciones e injurias que se transmiten en los medios de comunicación y redes sociales controlados por el gobierno. Al mismo tiempo que actúa de manera directa con sus fiscales transitorios, designados con el fin de tener lealtad absoluta por parte de los funcionarios, para ir en contra de la víctima, confiscar sus viviendas, fabricar –de común acuerdo con el poder judicial– expedientes amañados, “falsos positivos”, lo que sea para destruir a su víctima.

Este Fiscal, quien presume de “poeta”, hace tiempo que perdió cualquier condición de defensor de los Derechos Humanos y se degradó al extremo de ser responsable directo o por omisión de crímenes de lesa Humanidad –tal como está señalado en el informe de la Comisión de Determinación de hechos (“Factfinder”) del Consejo de  DDHH de las Naciones Unidas–, donde se le señala a él, a nicolás maduro y a otros jerarcas del alto gobierno de estar incurso en estos crímenes, recomendando que los mismos sean llevados a juicio ante la Corte Penal Internacional.

Todavía hay más de 120 trabajadores de PDVSA detenidos-secuestrados, sin derecho a la defensa, ni al debido proceso, en la mayoría de los casos sin tener audiencias, ni conocer de qué se les acusa. 

La muerte en custodia del ex ministro y ex presidente de PDVSA, Nelson Martínez, fue producto del ensañamiento y la crueldad, no solo del Fiscal, sino de los altos personeros del gobierno, incluyendo a nicolás maduro, Delcy Rodríguez y tareck el aissami, tal como lo señaló la esposa del infortunado Nelson en carta pública a todo el país. 

La falta de asistencia a Oscar Peréz, una persona rendida, que hizo un llamado por las redes sociales a la Fiscalía para que le salvara la vida, rodeado de más de 400 miembros de las Fuerzas de seguridad. La Fiscalía nunca acudió al llamado. Luego, las fuerzas policiales volaron, con una granada propulsada (RPG), al grupo rendido quienes –hay evidencias y denuncias–, fueron rematados con tiros de gracia.

La muerte del Concejal Albán, lanzado desde un piso 10 de la propia sede del Sebin, y el Fiscal declaro de inmediato que fue un “suicidio” a la vez que amenazaba a los periodistas de actuar en contra de quien volviese a preguntar sobre la hipótesis de asesinato. La muerte en tortura del Capitán Arévalo, y la actuación tímida del Fiscal ante este horrendo crimen.

El Fiscal tiene muchas cosas que responder, muchas vidas sobre su conciencia.

El objetivo político de la violencia: destruir a Chávez

El Chavismo y Chávez son el gran obstáculo para un nuevo pacto con la derecha, sea esta la madurista o cualquiera de las otras vertientes. El pacto no cuaja, porque Chávez y el Chavismo siguen allí, y las potencias extranjeras que tutelan a todos los factores que se disputan el poder EXIGEN terminar de liquidar a Chávez.

Aunque han destruido su obra y sus políticas, sin embargo, el marco legal y constitucional está allí. Todavía de pie, no sólo escrito, sino en la conciencia y el corazón de muchos.

Por ello a maduro le exigen que entregue TODO antes de concretar un pacto, esto significa entregar las leyes de la Revolución, entre ellas la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y crear sus opuestos, sean estas “La Ley de Protección de Inversiones Extranjeras”, la “Ley Anti-bloqueo” o la “Ley de Zonas Económicas Especiales”. Pero también exigen entregar o aniquilar políticamente a los hombres de Chávez, a sus equipos, a sus ministros. 

Necesitan perseguirlos, apresarlos, lanzarlos al ostracismo o al exilio, o convertirlos en criminales, incluso cambiando la historia. El poder de manipulación del madurismo es tal, que tiene la capacidad de transformar a  un empresario delincuente en “héroe” y a un ministro de Chávez en “criminal”. 

Con su acción y su propaganda han convertido a Chávez y al Chavismo en el chivo expiatorio de su propio desastre. Han barrido con el Chavismo y han sepultado la posibilidad material y espiritual del socialismo, por lo menos mientras ellos se mantengan en el poder.

La persecución, amenazas, el odio y el encono en mi contra y las actuaciones ilegales del gobierno, que me obligan a permanecer en el exilio para preservar mi vida, son un ejemplo claro de la AUSENCIA DEL ESTADO DE DERECHO y la actuación desproporcionada e ilegal de maduro, del Fiscal General y del Poder Judicial, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, en la persecución al Chavismo.

Para todo el país es conocida mi postura política de rechazo y denuncia del curso que tomó el gobierno y la destrucción de nuestra industria petrolera y del país, la destrucción de toda la obra de Chávez y de la Revolución Bolivariana, esta posición la he expresado públicamente a través de mis escritos, entrevistas y opiniones. He propuesto la necesidad de que maduro deje el poder, y que, en el marco de nuestra Constitución una Junta Patriótica de Gobierno, asuma –como una medida extraordinaria y transitoria– la conducción del país, para restablecer el hilo constitucional y devolver la soberanía al pueblo.

La defensa de nuestra política de Plena Soberanía Petrolera, de PDVSA y del Plan de la Patria, me ha valido persecución y exilio. El madurismo ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General y a todo el poder del Estado, para, acusarme, destruir mi nombre y mi reputación, amenazando permanentemente con “ponerme los ganchos” –como ha expresado el propio maduro en su odio visceral–, utilizando para este fin todos sus medios para actuar en mi contra: me han acusado, han allanado y confiscado mi casa, me amenazan a mí y a mi familia, se me persigue en el exterior, solicitan la extradición –junto a la de más de 24 dirigentes de la oposición– e intentan todo lo que esté a su alcance para detenerme, llevarme a la tumba, donde me espera un destino como el del Mayor General Miguel Rodríguez Torres, el del General Raúl Baduel o el de Nelson Martinez.

Intentan doblegar por la violencia mi postura leal y consecuente con Chávez y con los intereses supremos del país. ¡No lo lograrán!. Hagan lo que hagan, seguiré firme e irreductible en mis posiciones y mantendré mi apego a nuestra obra, nuestro programa y propuestas hechas al país en el año 2012, nuestro Plan de la Patria.

El abismo de la violencia

Venezuela se ha convertido en el país del miedo, de la violencia del Estado, de la violación de los DDHH como una política del Estado venezolano, tal como lo ha señalado la Alta Comisionada Michelle Bachelet en sus informes de julio de 2019 y julio de 2020 que condenan la situación en Venezuela. 

El gobierno de maduro, nos hizo retroceder a la época de las peores prácticas de la violencia política, como el abuso policial, el crimen y la represión, que se habían hecho cotidianas durante la IV República. Esta conducta de violación a los Derechos Humanos, a la dignidad humana, desnudan, como ninguna otra, la esencia de este gobierno, el para quién gobierna y qué intereses defienden.

La Misión Internacional Independiente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU publicó, en septiembre del año 2020, un extenso informe de más de 400 páginas, donde describe de manera minuciosa y bien documentada, cómo el gobierno ha desmantelado el Sistema de Justicia y ha creado un aparato represivo que actúa sistemáticamente en contra de los ciudadanos, bien sea por razones políticas, ejerciendo la represión selectiva contra los ciudadanos, sean de la oposición tradicional o del Chavismo y contra los militares; igualmente, denuncia las operaciones de “limpieza social” que ha llevado adelante el gobierno en las zonas populares de las ciudades y el campo, para aterrorizar y desmovilizar al pueblo venezolano, para impedir cualquier tipo de protesta. Más de 14 mil ejecuciones extrajudiciales, a mano de cuerpos represivos y paramilitares como el FAES, SEBIN y DGCIM, han enlutado los barrios pobres del país. 

Esta política de terror, esta ausencia de la justicia, del Estado de Derecho, esta represión extendida, han sido el instrumento del gobierno para ejercer el control social del país, para perseguir, exiliar y encarcelar a cualquiera que se oponga a su paquetazo económico, a su política económica absolutamente anti-popular, al desmantelamiento del sistema de garantías económicas, políticas y sociales conquistadas con la Revolución Bolivariana.

El gobierno ha impuesto un retroceso espantoso en nuestro país y lo ha hecho con la violencia, utilizando, para ello, a la justicia madurista. Le ha arrebatado al pueblo sus conquistas, mientras entrega el país a las élites –las nuevas y las viejas–, quienes ahora intentan cuajar un nuevo pacto para gobernar sobre las ruinas del proyecto Bolivariano, para “descuajar la Patria”, como tantas veces advirtió el presidente Chávez que intentarían nuestro enemigos. No se imaginaba nuestro querido Presidente que esas fuerzas estaban allí, acechando, manipulando, actuando, esperando su asesinato, para que así emergiese con toda su fuerza “el chavismo sin Chávez”, ese que ahora está en el poder, ejerciciendo su violencia sin ningún tipo de decoro, manteniendo al país en el abismo.