fbpx
CONTRIBUYA
Sample Page

Los Generales saltan hacia el norte

Toby Valderrama Antonio Aponte
-
0

La historia militar de la época del madurismo registrará que los militares saltaban hacia el norte. Allá, bien protegidos, entregan información, con ella compran impunidad. Al contrario, en la época del chavismo, los militares daban batallas heroicas como en Abril, como en el sabotaje petrolero. El hecho merece estudio.

Los militares que ayer fueron chavistas vuelan al norte con su cartapacio de datos acusatorios bajo el brazo. ¿Cuáles son sus motivos, por qué lo hacen? La respuesta amerita ubicarla en el teatro de la confrontación. Veamos.

Hoy, en pocas palabras, combaten en Venezuela dos bandos: los gringos, en alianza con la derecha del continente representados por guaidó, que dicho sea de paso es una buena marioneta, un muñequito de torta; y, por el otro lado, el gobierno del madurismo, agotado, vendiendo trozos de la Patria en la más reaccionaria conducta rentista. Para asombro de todos, estos militares no se ubican en una opción propia, no intentan reconstruir al chavismo que es la respuesta a las dos anteriores opciones de derecha, al contrario, se ubican en el bando gringo en contra de todo pensamiento nacionalista, revolucionario, por lo menos decente.

Muchos de ellos conocieron de cerca al Comandante, estuvieron allí en las buenas y las malas, conocen el pensamiento, los errores, los aciertos, saben el rumbo. Sin embargo, aquel pasado luminoso se olvida, se desecha, regresamos a la dictadura de pérez jimenez cuando no había otra opción que la democracia burguesa, el pacto de punto fijo, el medio siglo de oscuridad que eso significó.

Es verdad, y en descargo de los militares, que los civiles luego del asesinato del Comandante decretaron desbandada, aquello fue una estampida, no se concretó una vanguardia verdaderamente chavista, la confusión del duelo perdura, la consecuencia la padecemos: un país sin rumbo, en manos del pranato madurismo y sin más alternativa que la entrega a los gringos.

La situación es difícil, no obstante es propicia para el aparecimiento de los verdaderos líderes, las dificultades purifican las filas revolucionarias, identifican a oportunistas y aduladores, en ellas emergen las carencias ideológicas y también se fortifican las convicciones. Las adversidades preparan los espíritus para dirigir las batallas y para comprender bonanzas y carencias.

Ahora es necesario el vigor, el ímpetu de los mejores, los capaces de correr el riesgo de construir una verdadera opción de poder, una vanguardia que garantice la recuperación del autoestima de la masa, el sentido de Patria, el amor a la sociedad, es decir, que reconstruya las bases esenciales de la nacionalidad, del humanismo. Ese es el reto de los chavistas-chavistas, señalar el camino de la redención, dejar claro que hay otra opción frente al pranato madurista y la entrega a los gringos de guaidó.

Sabemos que los líderes chavistas comienzan a retomar su papel de guías, lo hacen en condiciones muy difíciles, la propaganda en contra es brutal, se les acusa, se les cierra la posibilidad de defenderse, de difundir sus ideas, se les obliga al calabozo o al exilio, el ostracismo, el aislamiento no permite un intercambio fluido de ideas. Sin embargo, ya hay indicios de reagrupamientos de los chavistas-chavistas. La reconstrucción de una fuerte corriente chavista-chavista, de una dirección chavista, es condición previa a cualquier movimiento revolucionario. Se debe ir a la amplitud con un núcleo organizado duro, una ideología clara.

Rafael Ramírez: La visita de Bachelet es un triunfo de todo el país

Rafael Ramírez Carreño
-
0
Rafael Ramírez: La visita de Bachelet es un triunfo de todo el país

COMISIÓN DE DDHH DE LA ONU DEBE IMPULSAR RESTITUCIÓN URGENTE DE DERECHOS A PRESOS Y PERSEGUIDOS

*El ex ministro saluda que la comisionada dio visibilidad a los casos de persecución y prisiones ilegales de ex trabajadores de Pdvsa, militares y dirigentes chavistas.

Caracas, 26 de junio de 2019.- El ex ministro de Petróleo del presidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez agradeció la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, porque puso en evidencia la situación de violación de los DDHH en el país.

El también ex embajador de Venezuela ante la ONU sostiene que es primera vez en 20 años, que se requiere la intervención del sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en el país. Y aplaude que con la visita de Bachelet se visibiliza y reconoce un hecho que ha estado silenciado producto de la intolerancia política, y es que “el gobierno de maduro persigue, exilia, encarcela, secuestra, maltrata y tortura, con especial saña, a los chavistas que estamos en contra de su gobierno, sean éstos políticos, trabajadores, militares o ex ministros”, denunció.

Para Ramírez la visita de Bachelet tiene otras lecturas políticas que conviene destacar: “El gobierno está dividido y se impone el grupo, encabezado por el propio maduro, que está cediendo, hace concesiones porque tiene el agua al cuello, porque, a pesar de que está parado sobre los hombros del pueblo venezolano, sabe que su posición es insostenible. Este grupo ahora trata de lavar su cara, en el ámbito económico y político: cede el Esequibo a la Exxon Mobil, publica tardíamente cifras del BCV, entrega áreas petroleras, gasíferas, de oro y los activos del Estado, de la República, que pueda, mientras negocian una salida. El otro grupo, que será objeto de la negociación, sigue dando saltos grotescos de guerra”.

UN TRIUNFO DEL PAÍS

Para el ex ministro Ramírez, la visita de Bachelet es un triunfo de las víctimas que pudieron hacer visible las violaciones de Derechos Humanos, expresadas en detenciones arbitrarias, secuestros, desconocimiento del debido proceso, maltratos, torturas, persecución de las víctimas y sus familias y la judicialización de la política que ha llevado al exilio a dirigentes políticos y trabajadores.

Señala, además, que maduro tiene especial temor por el chavismo, porque es el único sector que puede garantizar una salida a la crisis, a través de una Junta Patriótica Cívico-Militar de Gobierno, que restablezca el hilo Constitucional  y la soberanía popular.

“Al madurismo se le acabó el tiempo, la situación es insostenible, política, económica y socialmente. Las sociedades no se suicidan. La salida del poder de maduro y del madurismo es cuestión de tiempo. Lamentablemente, y en la misma medida en que el madurismo ha cerrado todas las opciones constitucionales y políticas, parece que será por una acción violenta, cruenta, que puede tener signo de izquierda o derecha. Más temprano que tarde, cuando menos lo imagine el madurismo, irrumpirá una fuerza o conmoción política que pondrá fin a su gobierno tiránico”, sentencia Ramírez.

PROPUESTAS A LA COMISIÓN

Como se ha informado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acordó con Maduro mantener en Venezuela una delegación permanente de dos representantes, con miras a establecer una oficina.

Para Ramírez, los delegados de Bachelet tendrán una ardua tarea, porque el gobierno de Maduro no se caracteriza por su honestidad y la situación que vive el país es realmente muy peligrosa, porque el riesgo no está solo en el gobierno madurista, sino en las tentaciones totalitarias de la ultraderecha que aspira conquistar el poder para imponer su visión intolerante del país y consolidar con otras leyes y otra Constitución el proceso de entrega que, de manera ilegal, comenzó con maduro.

En este sentido, Ramírez hace una serie de propuestas a la comisión, entre las cuales destacan las siguientes:

–   Fe de vida y levantamiento de información de todos los secuestrados en centros de detención, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y los efectivos de la FANB. Precisar su ubicación. Fe de vida del Mayor General Rodríguez Torres y del General Raúl Baduel.

–    Certificación por el equipo de la Alta Comisionada de la lista de presos políticos, civiles y militares, trabajadores de PDVSA, efectivos de la FANB. Además reconocerles a todos su condición de presos políticos.

–    Inspección a los centros de detención del Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Entrevistas a los detenidos-secuestrados. Exigir un censo de cárceles y centros de reclusión de todo el país, con el número y la identificación, así como, el status de sus juicios y procedimientos penales, de presos y secuestrados por razones políticas y comunes así como, el estado físico de los mismos.

–    Debe exigirse que se proceda a otorgar las audiencias correspondientes a los imputados que han sido privados de libertad. (En este sentido, debe exigirse el cumplimiento de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal cuyos artículos 9 y 229 son muy claros al señalar que la privación de libertad de un imputado es de carácter EXCEPCIONAL. Es decir, no es regla que un imputado sea privado de su libertad, todo lo contrario. Si no fuera así, no existiría el derecho a la presunción de inocencia.

–   Deben garantizarse a toda la población penitenciaria, no solo a los presos políticos, todos sus derechos y garantías procesales.

–   Debe garantizarse que se generen responsabilidades a los funcionarios que violen los Derechos Humanos de los imputados, tal como lo establece el artículo 123 ejusdem.

–   Debe, sobre todo, garantizarse que la acción penal esté en manos del Estado a través del Ministerio Público debidamente restituido, y no de un órgano distinto, menos aún del presidente de la República ( art. 11 ejusdem).

–   Garantizar que cesen las torturas, secuestros, exilios, confiscaciones de bienes, tanto de los imputados, como de sus familiares. Liberación inmediata de todos los detenidos y secuestrados, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y efectivos de la FANB.

–    Facilidades al equipo de la Alta Comisionada para que se puedan recibir familiares y víctimas de violación de los DDHH en las oficinas de la ONU en Caracas y, dados los severos problemas de transporte existentes, abrir centros de atención en el oriente y occidente del país para el mismo propósito.

–    Crear una Comisión internacional de Juristas que revisen los juicios y procedimientos aplicados a los imputados por el Ministerio Público o bajo medidas judiciales.

–   Exigir al gobierno, los ministerios respectivos y al Instituto Nacional de Estadística, la publicación de todas las estadísticas en relación a la salud, mortalidad infantil, educación y todos los indicadores de desarrollo social en el país.

–    Hacer un levantamiento nacional, con el apoyo de la Cruz Roja, la OMS, OPS y otras organizaciones internacionales de las necesidades de medicamentos y tratamientos especiales para enfermedades crónicas y de alto riesgo, así como el estado de la infraestructura de salud en el país.

–    Hacer un levantamiento nacional, con apoyo de la FAO, UNICEF y otros organismos de la ONU, de las necesidades de alimentación y los niveles de desnutrición en el país, sobre todo en niños, mujeres embarazadas y ancianos.

“Verdaderamente, la oficina de la Alta Comisionada y demás organismos de las Naciones Unidas tendrían mucho que hacer en el país; todos los sectores nacionales tenemos que sumar esfuerzos y voluntades para prestar todo el apoyo a esta encomiable labor, así como para desenmascarar esta absurda e intolerable situación de violación de los DDHH que sufre nuestro pueblo”, concluye Ramírez.

Lea el último artículo de Rafael Ramírez: “Bachelet y el fin de la impunidad”

Los culpables de las colas de la Gasolina

Antonio Sucre
-
0

La llamada Teoría de las Colas de Kraup, definida matemáticamente hace 110 años, establece que las colas son el resultado de una deficiente operación al momento de ofrecer un servicio a un número determinado de individuos. Es posible que, en los próximos años, investigadores venezolanos desarrollen una revolucionaria teoría de las colas, en función de la amplía experiencia en largas filas a la que nos ha sometido el peor gobierno de nuestra historia republicana: el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, aunque todas las colas generan indignación y molestia, recientes declaraciones de dos constituyentes «expertos petroleros» nos facilitan abordar, basados como es nuestra costumbre, en las cifras oficiales de PDVSA, el Ministerio de Petróleo y la OPEP, el fenómeno de las colas para surtir gasolina en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. ¿Por qué en todo el país (excepto Caracas) hay que hacer colas por horas e incluso días enteros para poder surtir gasolina? ¿A qué se debe esta deficiencia? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Hasta cuándo se tiene que soportar? Son preguntas de relativa complejidad, cuyas respuestas deberían generar un debate nacional sobre la situación en el sector de los hidrocarburos en el país.

En primer lugar, es necesario aclarar que el suministro de gasolina en el país está planificado para realizarse por áreas geográficas. El Complejo Refinador de Paraguaná (Amuay y Punta Cardón) garantiza el combustible de las regiones andina y occidental, la Refinería El Palito (ELP) puede garantizar el combustible de las regiones central y capital, y la Refinería de Puerto La Cruz (PLC) puede garantizar el combustible de las regiones oriental, insular y Guayana. Es importante mencionar que las capacidades de diseño de estas refinerías superan con creces la demanda nacional, generando un superávit de combustible para ser exportado. Con esto en mente, analicemos algunas cifras.

En noviembre de 2017, PDVSA entregaba al mercado interno de combustibles, 6 millones de barriles mensuales de gasolina, de los cuales 5.7 millones (85% de la gasolina entregada) eran producidos en el país, en las refinerías antes mencionadas. La importación de gasolina, fundamentalmente desde Curazao (generada en una refinería operada por PDVSA), era producto de varios aspectos: el recorte de producción petrolera acordado por la OPEP, que dejó a Venezuela una cuota cercana a los 2 millones de barriles de petróleo diarios, la postergación de los mantenimientos y el retraso en la adecuación de las refinerías del país para que pudieran procesar crudo pesado, que representaba más del 60% de la producción nacional (lo cual es consecuencia del secuestro del flujo de caja de PDVSA por parte de Maduro y sus adláteres, colocados al frente de las finanzas de la empresa); y por último, la imposibilidad gubernamental de controlar el contrabando de combustible a países fronterizos.

Adicionalmente, una parte de la gasolina que se importaba, se destinaba a cumplir compromisos internacionales, por lo que, en realidad, a pesar de las dificultades naturales, la industria petrolera era capaz de surtir el mercado interno de combustibles de Venezuela, no había colas para el suministro de gasolina en el país, con la excepción de las zonas fronterizas, las cuales tienen, sin duda, otras consideraciones estructurales derivadas del diferencial de precios de la gasolina, entre Venezuela y sus vecinos.

Según Maduro y sus «expertos petroleros», la industria petrolera que garantizaba al país la gasolina necesaria para su funcionamiento, a pesar de estar siendo asfixiada financieramente por el mismo Maduro desde el inicio de su mandato, estaba «llena de traidores» (?) y decidió entregársela a un oficial de la Guardia Nacional de escasa relevancia y nula preparación técnica en el área petrolera. Actualmente, la situación es desastrosa. La producción petrolera está por debajo del millón de barriles diarios, las refinerías están casi paralizadas y la empresa petrolera estatal reduce drásticamente su nómina. Algunas voces advirtieron sobre la catástrofe nacional que se avecinaba, pero la imagen apocalíptica era tal, que sólo puede creerse hoy, viendo las interminables colas para surtir gasolina. Si un ciudadano en una de estas colas preguntase inocentemente ¿A qué se debe esta situación que le era ajena hace apenas un año y medio atrás?, la respuesta inmediata que recibirá de los dirigentes de la industria petrolera es: «sanciones», «imperialismo», «corruptos». Sin embargo, si analizamos detenidamente los datos disponibles desde que Manuel Quevedo está cumpliendo órdenes de Maduro al frente de PDVSA, queda claro que la respuesta seria a la pregunta del ciudadano común es reveladora.

En 2018, por ejemplo, PDVSA entregó al mercado interno un promedio de 4.7 millones de barriles mensuales de gasolina. Esto es un 30% menos de lo que se entregaba al mercado nacional hasta noviembre de 2017, cuando Quevedo llegó a PDVSA. Pero lo que resulta aún más relevante es que se importaron en promedio 2 millones de barriles de gasolina cada mes. Es decir, durante 2018, PDVSA importó el 44% de la gasolina que entregó al mercado interno. El último mes de 2018, PDVSA entregó al mercado interno apenas 4.2 millones de barriles de gasolina (casi 40% menos de lo que entregaba en noviembre de 2017) e importó casi el 85% de ese volumen. En un año, la industria petrolera perdió su capacidad de garantizar el combustible interno, violando la Ley del Plan de la Patria, lo cual algún abogado podría aclarar si se trata o no de un delito, aun cuando hay quien asegura lo contrario, sin presentar una estadística o una prueba.

Es importante aclarar que durante todo el año 2018, PDVSA no estuvo sometida a ninguna sanción que afectara su capacidad para comercializar crudo y productos ya que el inicio de las sanciones, unilateralmente impuestas desde los Estados Unidos a finales de 2017, estaban orientadas a limitar la capacidad de endeudamiento de PDVSA bien fuese a través de los instrumentos financieros ya existentes, o la generación de algún nuevo tipo de financiamiento, pero esta no impedía el accionar de la corporación.

La drástica disminución del volumen de gasolina importada mensualmente, sumado a la catastrófica caída de la producción petrolera en el país, resulta en la entrega al mercado interno de combustible de aproximadamente el 30% de lo que se entregaba en noviembre de 2017. Los datos también revelan que la reducción en la gasolina importada ocurre justo cuando EE.UU. decide prohibir a PDVSA utilizar su sistema financiero, y en el momento en el que el 70% del combustible importado se compraba en EE.UU. Cabe la pregunta ¿Qué se hizo por evitar tal impacto negativo? ¿Cómo pudo transcurrir todo el año 2018 sin esbozarse un plan de contingencia para generar los combustibles en el país o en el peor de los casos importarlo de otros países, sino que por el contrario se incrementaron las importaciones desde EE.UU.? ¿Realmente son las sanciones introducidas en enero de 2019 las responsables de la disminución de la gasolina entregada al mercado interno que se evidencia desde el primer momento en que Quevedo asumió el control de PDVSA?

De hecho, es tan cierto que las sanciones no fueron determinantes en 2018, que entre el 80-90% de las importaciones de gasolina realizadas durante dicho año, provinieron precisamente de los Estados Unidos. Entonces, ¿Por qué se disminuyó en 40% el volumen de gasolina que se entregó al mercado interno? ¿Es tan grande la migración de venezolanos? ¿Es acaso la incapacidad de Quevedo y su combo para dirigir la industria petrolera la que tiene a todos los venezolanos sufriendo un ineficiente servicio de combustible? ¿Cómo fue posible que pasáramos de importar solo el 15% del combustible nacional, a importar el 85% del mismo? ¿Por qué se importaba la gasolina desde EE.UU., precisamente?

Comenzamos así el 2019 con la triste realidad de importar más de las ¾ partes del combustible consumido en el país. Es necesario considerar a los muelles en los que se descarga la gasolina importada, estos son: El Palito (ELP), el cual puede surtir los estados centro-occidentales y andinos; Carenero (CAR), el cual sirve a la región capital, Miranda y Vargas; y Guaraguao (GUA), el cual puede surtir a los estados orientales y del sur. Los volúmenes de combustible descargado mensualmente desde marzo en cada muelle, se presentan a continuación:

Los datos mostrados reflejan que, ante la reducción del combustible disponible para el mercado interno, se ha dado prioridad en la distribución de combustible a la región capital sacrificando alternativamente a los estados occidentales (abril y mayo) y orientales (junio) mientras que los estados fronterizos siguen en su larga agonía no solo por el contrabando sino por una decisión manifiesta del gobierno en la administración de los exiguos volúmenes de gasolina disponible.

De esta manera, es posible ofrecer algunas respuestas a las preguntas generadas al inicio del presente artículo. ¿A qué se debe la deficiencia en el suministro de gasolina en el país? Esto se debe a un menor volumen de gasolina disponible para el mercado interno, lo cual, a su vez, es producto de la disminución de la producción petrolera en el país y el estado de ruina en el que se encuentra la industria petrolera en general. ¿Sanciones? No. Durante todo 2018 PDVSA no sufrió sanciones a su capacidad de comercializar, y a pesar de ello, cada mes disminuyó su producción petrolera y su entrega de combustible al mercado interno.

Parece más un ejemplo claro de mala gerencia e incapacidad, en momentos en los que se requería un altísimo nivel de conocimiento para manejar una industria tan compleja en un escenario financiero y político hostil. ¿Imperialismo? De ser así, resulta difícil entender que, hasta las sanciones comerciales de enero de 2019, el 80% de la importación de gasolina se hiciera precisamente desde Estados Unidos y que no hubiese un plan alternativo para que la importación se hiciera a través de otros socios. ¿Herencia de una empresa petrolera corrupta? La verdad es que esa misma empresa petrolera cumplía a cabalidad con el suministro de gasolina hasta noviembre de 2017 y los niveles de producción que presentaba eran cercanos a lo acordado por la OPEP. ¿Hasta qué punto es posible sostener la situación de relativa tranquilidad en la región capital, a costas del sacrificio de las demás regiones del país? Esto depende en gran medida de los escrúpulos de quienes dirigen al País, los cuales parecen decididos a llegar al extremo de suministrar eficientemente sólo el combustible mínimo para la región capital y de esta manera mantener el eufemismo «Caracas Bella» a lo que habría que agregar: «mientras el resto del país esta en ruinas». ¿Cómo superar esta situación? Levantando la mayor sanción que tiene el País: el gobierno de Maduro. Remover a Quevedo y ejecutar un Plan de Emergencia para la industria petrolera, con visión Nacional, Popular y Revolucionaria.

El Estado venezolano carece de un buen gobierno. Sobre esta idea, parece haber consenso. Se ha alcanzado un punto en el cual el mal gobierno causa daños muy severos al Estado venezolano. La situación de la industria petrolera, en general y del suministro de gasolina, en particular, es un ejemplo de ello. Cuando la importación de combustible era de apenas un 10-15% de lo que se consumía en el país, el subsidio de la gasolina le costaba a PDVSA 3.700 millones de dólares al año. ¿Cuánto cuesta hoy en día el desastre que Maduro y Quevedo tienen con la gasolina que es casi en su totalidad importada?

¿Quién se beneficia de esta situación?

antoniosucre287@gmail.com

Bachelet and the end of impunity

Rafael Ramírez Carreño
-
0
Bachelet and the end of impunity

First of all, I would like to thank the United Nations High Commissioner for Human Rights, former president Michelle Bachelet, for having visited our country and for having received the reports of human rights violations: cases of persecution, exile, imprisonment, kidnapping, and torture for political reasons, as well as cases of deaths resulting from political violence, and, very particularly, I would like to thank her for having met and listened to the wives and relatives of PDVSA workers and military officers that have been kidnapped by the government.

It is the first time in 20 years that the intervention of the United Nations system in the matter of Human Rights in the country is required; and, for the first time, her visit renders visible and recognizes a fact that has been silenced as a result of political intolerance: maduro’s government persecutes, exiles, imprisons, kidnaps, mistreats, and tortures, with special viciousness, the Chavistas, including myself, that are against his government, whether they are politicians, workers, military or former ministers.

Bachelet’s visit reveals a great hidden truth in our country, which is that this government, that is neither Chavista and much less revolutionary, has imposed fear and repression on the Chavista sector, which is supposed to be the vanguard and conscience of the revolution: the psuv, the workers, the popular movement, and the Bolivarian National Armed Forces, the only force capable of removing him from power, so to keep it demobilized and paralyzed out of fear.

The madurismo knows well that only the Chavismo will be able to put an end to this disaster. He fears it more than anything else and that is the reason why it acts with particular violence, repressing our leaders, workers, and militants to keep them quiet and demobilized.

The madurismo time is over. The situation is untenable, politically, economically, and socially. Societies do not commit suicide. The fall or removal from power of maduro and the madurismo is just a matter of time. Unfortunately, and to the same extent the madurismo has shut down every constitutional and political option, it seems that it will end up being a violent, bloody action that may come from the left or right.

Sooner than later, when the madurismo is least expecting it, a political force or commotion will burst into the situation, putting an end to such tyrannical government.

Hopefully, maduro’s removal from power happens by the hand of the Chavismo and the Bolivarian sector, under the leadership of an inclusive Patriotic Government Junta; otherwise, its removal will be through a coup coming from the extreme right, taking over power to unleash intolerance and hatred, handing over whatever is left of the country to the transnational capital, openly and definitely abdicating our sovereignty. Against this backdrop, our country will inevitably enter a long period of ungovernability, with the Chavismo taking the streets and the impossibility of achieving the necessary unity to rebuild the country.

It seems like the only way of having a pacific outcome would be if the international contending factors force an understanding among the parties. Washington and Moscow are reaching agreements on Venezuela which have allowed international facilitation to advance in that direction, as it has been evidenced by the diplomatic efforts promoted by Norway, in Oslo, and by the group of friends led by Sweden, Italy, Uruguay, Mexico, among others. All of these options are underway, but, unfortunately behind the country’s back.

The most dangerous of these is the violent removal or foreign intervention encouraged and promoted by the extreme right, whose leaders are convinced, and so they have promised their funders, that they will take power. They do not cease their efforts and are willing to do anything. Hence my reiterated calls to the patriotic and Chavista forces, especially the military, to not act in a desperate way, joining the extreme right in whatever adventure comes to their minds.

It is not about ousting maduro to hand over the power to the rancid oligarchy, enemies of what has been built with so much effort, enshrined in our Constitution, and the historic objectives of the Homeland Plan.

It is about installing a Patriotic Government Junta to restore popular sovereignty. A Junta that includes the national and patriotic sectors that are committed to the Constitution, with the Bolivarian Armed Forces as guarantor to lead the country for a period of no more than two years, in a process to reestablish the legitimacy of all powers of State, address the humanitarian, social, and economic crisis, and restore the political guarantees and full liberties. It is a collective effort to include everyone, the millions who have left the country, consult the people through the universal and secret vote, in a referendum and elections of all bodies of popular election and, in this way, begin to recover the governability and normalcy in the country.

Bachelet’s visit has been an achievement of the families, organizations, and sectors, including myself, that have taken actions to denounce the human rights violations in the country and it must be embedded in the ongoing process which promises a change in the political situation.

Without the public opinion awareness, the madurismo is making compromises and fulfilling demands of the same international factors that have sustained them, but since their own interests are on the edge of the abyss, they have distanced themselves or have reached agreements bypassing maduro.

The government is divided and the group that has taken the lead, headed by maduro himself, is giving way, making concessions because they are neck deep in the water, because despite them standing on the shoulders of the Venezuelan people, they know very well that their position is unsustainable. This group is now trying to wash their hands, in the economic and political sphere, ceding the Essequibo to Exxon Mobil, issuing belatedly and hastily BCV figures, signing oil, gas, and gold concessions, and surrendering all the assets of the State, of the Republic, they can while negotiating their way out. The other group, which will be subject of the negotiation, continues to make grotesque leaps beating the drums of war.

The government tries to manipulate and take advantage of Bachelet’s visit. It has made a commitment with the High Commissioner, according to what she has said, to “carry out an evaluation of the National Commission on Torture Prevention and another study to determine the main obstacles to accessing the justice system in the country”. At the same time, it committed with the UN team to have “access to detention centers and to speak in confidence with the inmates”, among other promises.

In an effort to help the reduced team of the High Commissioner that was authorized to remain in the country, we could indicate the following actions so the government begins to fulfill its pledges and cease from its characteristic impunity:

  • Proof of life and compilation of information of all those kidnapped in detention centers, including PDVSA workers and FANB members. Determine their location.

• Certification by the team of the High Commissioner of the list of political, civilian and military prisoners, PDVSA workers, FANB members.

• Proof of life of Major General Rodríguez Torres and General Raúl Baduel.

• Recognize as political prisoners of those kidnapped by maduro for political reasons and raids and institutions and public companies, such as PDVSA, Corpoelec, and Ferrominera, among others.

• Require that all prisoners in the aforementioned prisons are included in the censuses and considerations set forth in this document, thus avoiding that under the name of “common prisoners” and accusations of “corruption” or “betrayal”, the political character of their seclusion is distorted. Such is the case of PDVSA workers and the military.

• Inspect the detention centers of Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Interviews with the imprisoned-kidnapped.

• Demand a census of prisons and detention centers throughout the country, of prisoners and kidnapped for political or common reasons, with their number and identification, as well as the status of their trials and criminal procedures, in addition to their physical state.

• Identify one by one the status of criminal procedures of each of the accused and deprived of liberty in the aforementioned prisons.

• It must be demanded that the appropriate hearings be given to the accused who have been deprived of their liberty. (In this sense, compliance with the Constitution and the Organic Code of Criminal Procedure must be enforced, particularly articles 9 and 229 which are very clear in pointing out that the deprivation of liberty of an accused person is EXCEPTIONAL; that is to say, it is not the rule that an accused person is deprived of his freedom, quite the contrary. If this were not the case, there would be no right to the presumption of innocence. Hence, pretrial detention is exceptional and the rule that allows it is of restrictive interpretation. Consequently, according to article 132, ejusdem, at 12 hours after the arrest of a person, a Judge must be notified; at 24 hours (article 232) plus 48 (article 233), the hearing and the decision of the judge must take place, otherwise the accused must be automatically released).

• It must be ensured that no accused is held, as established in Article 230 of the Organic Code of Criminal Procedure, for more than two years in custody. The opposite constitutes a NOTORIOUS FACT of human rights violation by the government.

• It must be ensured, as stated in article 231 ejusdem, that no accused person over 70 years of age is detained (deprived of liberty), even preventively.

• It must be ensured that police actions comply with the rules established in the law for their intervention, during the apprehension and participation in the entire criminal process (Article 119 ejusdem), under penalty of incurring in criminal responsibilities.

• It must be ensured that officials who violate the human rights of the accused are held accountable, as established in article 123 ejusdem.

• Respect for dignity, due process, defense, contradictory, presumption of innocence, protection of the Constitution, res judicata, of the accused must be ensured (articles 10 and following ejusdem).

• It must be ensured, above all, that the criminal proceedings are in the hands of the State through the duly reinstated Public Prosecutor’s Office, and not by a different body, let alone the president of the Republic (art.11 ejusdem).

• Guarantee that torture, kidnappings, exiles, confiscation of property, both of the accused and of their family members, cease.

• Immediate release of all persons detained and kidnapped, including PDVSA workers and FANB members.

• Provide assistance to the High Commissioner team so they can receive relatives and victims of human rights violations at the UN offices in Caracas, and, given the current and serious transport issues, open focal point centers in the east and west of the country for the same purpose.

• Create an International Commission of Jurists to review trials and proceedings applied to those accused by the Public Prosecutor’s Office or under legal measures.

• Reestablish the right to dignity, reputation, defense, and presumption of innocence.

• Eliminate the use of justice as an instrument of political persecution.

• The government and a UN political mission must guarantee the rights and full liberties of the political exiles so we can return to the country.

• Intervene or dissolve the “Truth Commission”. Create a body of international Jurists, with the support of the UN, to investigate all crimes and acts of political violence that occurred in the country, between 2013 and 2019, including the death in custody of former minister Nelson Martínez.

• Request the intervention of the Public Ministry and that an independent commission of jurists can undertake a review of all cases and accusations previously made by said body. The Attorney General must resign.

• Open an accelerated and transparent process to solve and review the ongoing judicial cases without a final judgment.

• Request the intervention and deactivation of FAES. Investigate the human rights crimes and violations carried out by this body.

• Request the intervention of SEBIN. Investigate the human rights crimes and violations carried out by this body. Receive and investigate the denunciations made by Major General Cristopher Figuera.

• Investigate the human rights crimes and violations carried out by Dgcim.

• Cancel the extradition and capture orders issued by the TSJ on August 17, 2018.

• Allow access to the High Commissioner’s team to the prisons for common prisoners of the country.

• Investigate the cases of deaths and killings in these prisons, as well as opening an investigation into the deaths of more than 67 common prisoners burned alive in the police cells of Carabobo, on March 29, 2018.

• Demand the government, the relevant ministries, and the National Institute of Statistics to provide all the figures regarding health, child mortality, education, and all indicators of social development in the country.

• Request support from PAHO, WHO, UNICEF, UNHCR, FAO, ECLAC, among other United Nations agencies to restore the survey and statistics of economic and social indicators in the country.

• Carry out a national survey, with the support of the Red Cross, WHO, PAHO and other international organizations, of the needs for medicines and special treatments for chronic and high-risk diseases, as well as the state of the health infrastructure in the country.

• Carry out a national survey, with support from FAO, UNICEF, and other UN agencies, of the food needs and levels of malnutrition in the country, especially in children, pregnant women and the elderly.

In all honesty, the Office of the High Commissioner and other United Nations agencies will have much to do in the country. All the national sectors must join efforts and wills to provide full support to this commendable task, as well as to expose this absurd and unbearable situation of human rights violations suffered by our people.

It is important to recognize and understand that human rights must be treated without politicization or discrimination, they are universal and for all. No death and no abuse can be tolerated; no government, and much less one that proclaims itself progressive, can be based on suffering and cruelty.

It is important to recognize the other half of the country, the Chavistas imprisoned, tortured and persecuted by the madurismo, including myself, are citizens, human beings with rights and we will enforce them. Let us all be one voice, those that demand the end of the government’s impunity, the respect for human rights and the full validity of our Constitution.

Bachelet y el fin de la impunidad

Rafael Ramírez Carreño
-
0

Bachelet y el fin de la impunidad

Compatriotas y amigos y amigas de Venezuela en el mundo,

Ha culminado la importante visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta Michelle Bachelet. Por primera vez en 20 años que se requiere con urgencia la intervención del sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en el país y por primera vez se visibiliza y reconoce un hecho que ha estado silenciado producto de la intolerancia política: el gobierno de maduro persigue, exilia, encarcela y maltrata, con especial saña, a los chavistas que estamos en contra de su gobierno, sean estos políticos, trabajadores, militares o ex ministros.

La visita de Bachelet ha sido un logro de los familiares, organizaciones y sectores que nos hemos movilizado en denunciar la violación de los Derechos Humanos en el país y debe enmarcarse en un proceso que ya está en marcha, de cambio de la situación política. A su equipo que queda en Venezuela, respetuosamente quisiera proponerle los siguientes puntos de acción sobre los que velar para el cumplimiento del compromiso que hiciera el gobierno de corregir la situación de DDHH en el país.

Sólo el chavismo, una Junta Patriótica de Gobierno, podrá sacar al madurismo del poder para refundar la patria. Cualquiera de las otras opciones que busca la derecha, especialmente de la mano de la violencia, una aventura militar, bien sea nacional o extranjera, está destinada al fracaso. La visita de Bachelet constata la transición política en marcha.

Conoce más sobre mi propuesta de la Junta Patriótica para una transición pacífica, refundacional de la República y de regreso a la Constitución en este breve video, comparte el folleto o lee mi desarrollo sobre esta propuesta.

Junta Patriótica, un camino para refundar la patria y volver a la Constitución

Rafael Ramírez Carreño
-
0
Junta Patriótica, un camino para refundar la patria y volver a la Constitución

Antecedentes:

La hemos llamado Junta Patriótica, porque se refiere a la única experiencia exitosa de rebelión cívico-militar en nuestra propia historia, con elementos de fondo que, a pesar de la diferencia de momentos y condiciones, siguen vigentes.

El origen de esta propuesta se remonta a nuestra propia experiencia como país: el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, por un movimiento cívico-militar, articulado por una Junta Patriótica, conformada por todos los factores políticos del país: AD, el Partido Comunista, URD, Copei, a la que luego se sumaron los militares patriotas. Se trataba de un movimiento nacional, patriótico, de unidad cívico-militar para derrocar a la dictadura.

La propuesta de la Junta Patriótica de Gobierno, nace de la discusión impostergable de cómo el resto de la sociedad, la mayoría del pueblo, recupera su rol protagónico en la conducción de sus propios asuntos, preservando la soberanía política y económica, y avanzando en la reconstrucción de la patria.

La arremetida contra PDVSA y el sector petrolero, es un ejemplo claro de lo urgente de la salida del gobierno y la instalación de la Junta Patriótica.

La Junta es una estructura transitoria de gobierno, mientras se restablece la vigencia de la Constitución y el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del voto directo y secreto. Es la unidad de los sectores patriotas, democráticos y populares.

Legitimidad:

Nuestra actual Constitución, contempla elementos fundamentales para darle legitimidad a la creación de la Junta Patriótica de Gobierno:

Lo establece expresamente el artículo 5º Constitucional, la Soberanía Nacional reside “en el pueblo”.

Por otra parte, el artículo 333º de la Constitución, convierte en un deber de toda ciudadana y ciudadano, hacer lo necesario para restablecer el orden constitucional, sus garantías y derechos, sin ningún tipo de límite o exclusión, si éstos están siendo violados o desconocidos.

Objetivos:

Lo más importante, además de recuperar gobernabilidad y legitimidad, es recuperar el alma de nuestro pueblo, restablecer los valores del gentilicio venezolano: la solidaridad, el trabajo, el compromiso, el amor, el afecto, la alegría, la esperanza. Dejar atrás el egoísmo, la intolerancia, el odio. Volver a la razón, a las ideas, a la grandeza como pueblo. Volver a ser el pueblo Bolivariano, grande, orgulloso y noble que siempre hemos sido.

La Junta, ha de ser un organismo colegiado, con decisiones de consenso, y una permanente consulta popular, tiene que tener una autoridad limitada, en el alcance y el tiempo:

  • Aplicar, por dos años, un plan de emergencia humanitaria, organizar un Referéndum Consultivo, legitimar instituciones y conducir elecciones. Podría llamarse gobierno de transición, podría activarse después de realizar un referéndum consultivo, o con una acción cívico-militar que deponga a maduro.
  • Proteger y resguardar la Constitución y las leyes promulgadas al inicio del conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Estásno se pueden cambiar, por lo que se debe derogar todas las leyes, decretos y contratos entreguistas e ilegales hechos por maduro y avalados por la Asamblea Nacional CoConstituyente.

Actuar apegada a la Constitución, de acuerdo con la integridad de su articulado.

  • Respetar los Acuerdos Internacionales suscritos por el país.

Garantizar  la Soberania, Autodeterminación y la Independencia de la patria venezolana, no puede hacer nada en el ámbito internacional que vulnere nuestra soberanía, ni suscripción de tratados, ni solicitudes de injerencia o presencia militar extranjera en el país. No puede permitir la implantación de ningún plan, que viole los preceptos constitucionales y nuestro marco legal vigente.

  • Proteger la Soberanía económica y territorial del país. Es indispensable, desde la misma transición patriótica, establecer una política económica y monetaria que recupere la capacidad adquisitiva del salario, el ingreso, el crecimiento económico. Rescatar todas nuestras capacidades productivas, públicas y privadas, para recuperar nuestros espacios territoriales, la producción de alimentos, el funcionamiento de los servicios públicos.
  • Proteger a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como árbitro y garante del proceso y la vigencia de la Constitución y Leyes.
  • Incluir a todos los sectores políticos y sociales patriotas.

Así mismo, la Junta debe tener facultades Ejecutivas, para tomar decisiones en el ámbito de organizar y conducir el período de emergencia:

  • Restablecer el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales: agua, luz, gas, combustibles; la conectividad nacional e internacional del país: transporte terrestre, aéreo, comunicaciones.
  • Atender como prioridad la crisis humanitaria: alimentación, salud, atención de desplazados, emergencia social. Solicitar ayuda a los organismos especializados de las Naciones Unidas y sus diferentes entes especializados, el apoyo y la solidaridad internacional, de los pueblos del mundo, para salir de esta coyuntura catastrófica: salud, medicamentos, alimentación, refugiados, para enfrentar la crisis humanitaria. Debe movilizar a todo el país para adelantar un programa de protección inmediata a la población, ir hasta ellos, directamente, con todos los recursos del Estado para atender sus necesidades.
  • Elaborar un plan de emergencia de recuperación de la producción de petróleo, con PDVSA, recuperar nuestras capacidades productivas. Convocar a todos los trabajadores que han salido, sacar de la empresa a los organismos de inteligencia del Estado, liberar a los trabajadores y gerentes secuestrados, cesar la persecución, reivindicar a sus trabajadores, hacer un marco especial de protección de la empresa, sus activos, sus actividades, garantizar la seguridad de las instalaciones, revisar y revertir todos los contratos y cesiones ilegales.
  • Restablecer las operaciones fundamentales del aparato productivo interno: alimentos y medicamentos como prioridad.
  • Iniciar un registro de los venezolanos y venezolanas en el exterior, documentar la situación real y condiciones de los que han emigrado. El país necesita un “conteo de protección”. Presentar un plan de regreso y reinserción al país, al trabajo. Solicitar ayuda a los organismos internacionales para este programa de reinserción. Una “Misión Leander”. Los hijos, volverán para reconstruir a la madre patria.

La Junta debe restablecer las plenas libertades políticas en el país, el Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y el carácter participativo y protagónico de nuestra democracia:

  • Libertad para los presos políticos.
  • Cese a la persecución política, vuelta de los exiliados.
  • Levantamiento de la censura a los medios de comunicación.
  • Libertad para todos los trabajadores secuestrados.
  • Libertad para todos los oficiales y miembros de la Fuerza Armada Bolivariana secuestrados.
  • Intervención al Ministerio Público.
  • Intervención a los organismos de inteligencia y cuerpos policiales vinculados a la represión política.
  • Garantía al Debido Proceso y el Estado de Derecho en el país.
  • Organización y promoción de un amplio debate nacional, en todos los niveles, sobre los pasos hacia el restablecimiento de la normalidad del país, la superación del odio y la intolerancia.
  • Erradicación de la violencia y el discurso del odio de la vida pública y el ejercicio político en el país.

La Junta tendrá que ser capaz de organizar un Referéndum Consultivo para que el pueblo decida los pasos fundamentales del restablecimiento de la Constitución:

  • Nombrar un nuevo TSJ, un nuevo Fiscal General, Poder Moral y un nuevo Poder Electoral, todos transitorios, hasta que se realicen elecciones generales y se legitimen todos los poderes como establece la Constitución.
  • Renovar la Asamblea Nacional a través de elecciones, previo acuerdo que permita que, en su directiva, se logre una representación paritaria de los bloques políticos.
  • Cesar las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sin ningún resultado concreto desde su creación.
  • Realizar elecciones Presidenciales.
  • Cesar funciones de la Junta Patriótica.
  • Conducir al país en un período de emergencia, de máximo dos años, para entonces convocar un Referendo Consultivo, legitimar las instituciones y restablecer la soberanía popular sobre la conducción de la patria.

Conoce mi propuesta de Junta Patriótica de Gobierno en este video

Rafael Ramírez Carreño
-
0
Conoce mi propuesta de Junta Patriótica de Gobierno en este video

 

Entérate cómo en 1958 se logró derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, tras la conformación de una Junta Patriótica un año antes. Rafael Ramírez insiste en que hoy es la única manera de salir de la peor crisis de la historia de Venezuela. Convoca entonces a la unión de todos los sectores patriotas del país, sin distinciones de ningún tipo.

Bachelet y el fin de la impunidad

Rafael Ramírez Carreño
-
0
Bachelet y el fin de la impunidad

Ante todo quisiéramos agradecer a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta Michelle Bachelet, su visita al país y haber recibido las denuncias de violación de los Derechos Humanos: casos de persecución, exilio, detención, secuestro y tortura por razones políticas, los casos de muertes producto de la violencia política, y, muy particularmente, le agradecemos el haber recibido y escuchado a las esposas y familiares de los trabajadores de PDVSA y militares secuestrados por el gobierno.

Es la primera vez en 20 años, que se requiere la intervención del sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en el país; y, por primera vez, con su visita se visibiliza y reconoce un hecho que ha estado silenciado producto de la intolerancia política: el gobierno de maduro persigue, exilia, encarcela, secuestra, maltrata y tortura, con especial saña, a los chavistas que estamos en contra de su gobierno, sean éstos políticos, trabajadores, militares o ex ministros.

La visita de Bachelet descubre una gran verdad oculta en nuestro país; y es que este gobierno, que no tiene nada de chavista y mucho menos de revolucionario, ha impuesto el miedo y la represión hacia el campo chavista para mantener desmovilizadas y paralizadas por el miedo a lo que se supone debía ser la vanguardia y conciencia de la revolución: el psuv, los trabajadores, el movimiento popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la única fuerza capaz de removerlo del poder.

El madurismo sabe que solo el chavismo será capaz de ponerle punto final a este desastre. A eso le teme más que a nada y por ello actúa con especial violencia, reprimiendo a nuestros dirigentes, trabajadores y militantes  para mantenerlos callados y desmovilizados.

Al madurismo se le acabó el tiempo, la situación es insostenible, política, económica y socialmente. Las sociedades no se suicidan. La caída o salida del poder de maduro y del madurismo es cuestión de tiempo. Lamentablemente, y en la misma medida en que el madurismo ha cerrado todas las opciones constitucionales y políticas, parece que será por una acción violenta, cruenta, que puede tener signo de izquierda o derecha.

Más temprano que tarde, cuando menos lo imagine el madurismo, irrumpirá una fuerza o conmoción política que pondrá fin a su gobierno tiránico.

Ojalá que la salida del poder del madurismo suceda por la acción del chavismo y del campo bolivariano, bajo la conducción de una Junta Patriótica de Gobierno, inclusiva; porque de lo contrario, su salida será por un golpe de mano de la extrema derecha, haciéndose del poder para dar rienda suelta a la intolerancia y el odio, entregar lo que queda al capital transnacional, abdicando abierta y definitivamente de  nuestra soberanía. Bajo este escenario nuestro país entrará, irremediablemente, a un largo periodo de ingobernabilidad, con el chavismo en la calle y la imposibilidad de lograr la unidad necesaria para reconstruir el país.

Pareciera que la única manera de que el desenlace sea pacífico, será si los factores internacionales en pugna obliguen a un entendimiento entre las partes. Washington y Moscú están llegando a acuerdos respecto a Venezuela y ello ha permitido que avance la facilitación internacional en esa dirección, como lo evidencian  los esfuerzos diplomáticos adelantados por Noruega, en Oslo, y por el grupo de amigos liderados por Suecia, Italia, Uruguay, México entre otros. Todas estas opciones están andando, lamentablemente, de espaldas al país.

La más peligrosa de ellas es la salida violenta o intervención extranjera estimulada y promovida por la extrema derecha, cuyos dirigentes  están convencidos, y así lo han prometido a sus financistas, que tomarán el poder. No cesan en su empeño y están dispuestos a lo que sea. De allí mi llamado reiterado a las fuerzas patriotas y chavistas, sobre todo a los militares, a no actuar de manera desesperada, acompañando a la extrema derecha en cuanta aventura se le ocurra.

No se trata de sacar a maduro para entregar el poder a la rancia oligarquía, enemigos de lo que se ha construyó con tanto esfuerzo y que está consagrado en nuestra Constitución y los objetivos históricos del Plan de la Patria.

Se trata de instalar una Junta Patriótica de Gobierno para restablecer la soberanía popular. Una Junta que incluya a los sectores nacionales y patriotas que estén comprometidos con la Constitución, donde esté la Fuerza Armada Bolivariana como garante, para conducir al país, por un período no mayor de dos años, en un proceso de restablecimiento de la legitimidad de todos los poderes del Estado, atención a la crisis humanitaria, económica y social, restablecimiento de las garantías políticas y plenas libertades. Se trata de un esfuerzo colectivo, incorporar a todos, a los millones que han salido de la patria; consultar al pueblo a través del voto universal y secreto, en referéndum y elecciones para todos los órganos de elección popular y, de esta manera, comenzar a recuperar la gobernabilidad y normalidad del país.

La visita de Bachelet ha sido un logro de los familiares, organizaciones y sectores que nos hemos movilizado para denunciar la violación de los Derechos Humanos en el país y debe enmarcarse en un proceso que ya está en marcha, y que promete un cambio de la situación política.

Sin que la opinión pública lo pueda percibir, el madurismo está haciendo concesiones y cumpliendo exigencias de los mismos factores internacionales que hasta ahora lo han sostenido, pero que, viendo que sus propios intereses están al borde del abismo, se han distanciado o están llegando a acuerdos por encima de maduro.

El gobierno está dividido y se impone el grupo, encabezado por el propio maduro, que está cediendo, hace concesiones porque tiene el agua al cuello, porque, a pesar de que está parado sobre los hombros del pueblo venezolano, sabe que su posición es insostenible. Este grupo ahora trata de lavar su cara, en el ámbito económico y político, cede el Esequibo a la Exxon Mobil, publica tardíamente, y a la carrera, cifras del BCV, firma concesiones petroleras, gasíferas, de oro y entrega todos los activos del Estado, de la República, que pueda, mientras negocian una salida. El otro grupo, que será objeto de la negociación, sigue dando saltos grotescos de guerra.

El gobierno trata de manipular y capitalizar la visita de Bachelet. Se ha comprometido con la Alta Comisionada, de acuerdo a lo indicado por ella, a “llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”. Igualmente se compromete a que el equipo de la ONU tenga “acceso a los centros de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad”, entre otras promesas.

En aras de ayudar al reducido equipo de la Alta Comisionada que fue autorizado a permanecer en el país, podríamos indicar las siguientes acciones para que el gobierno comience a cumplir sus promesas y cese la impunidad que lo caracteriza:

  • Fé de vida y levantamiento de información de todos los secuestrados en centros de detención, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y los efectivos de la FANB. Precisar su ubicación.
  • Certificación por el equipo de la Alta Comisionada de la lista de presos políticos, civiles y militares, trabajadores de PDVSA, efectivos de la FANB.
  • Fé de vida del Mayor General Rodríguez Torres y del General Raúl Baduel.
  • Reconocer el carácter de presos políticos de los secuestrados por maduro por razones políticas y razzias en instituciones y empresas públicas, como PDVSA, Corpoelec y Ferrominera entre otras.
  • Exigir que se incluyan dentro de los censos y consideraciones aquí expuestas, a todos los presos de las mencionadas cárceles, evitando que, bajo el calificativo de “presos comunes”, acusaciones de “corrupción” o “traición” , se desvirtúe el carácter político de su reclusión. Éste es el caso de los trabajadores de PDVSA y de los militares.
  • Inspección a los centros de detención del Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Entrevistas a los detenidos-secuestrados.  
  • Exigir un censo de cárceles y centros de reclusión de todo el país, con el número y la identificación, así como, el status de sus juicios y procedimientos penales, de presos y secuestrados por razones políticas y comunes así como, el estado físico de los mismos.
  • Identificar uno a uno el status de los procedimientos penales de cada uno de los imputados y privados de libertad en las cárceles antes indicada.
  • Debe exigirse que se proceda a otorgar las audiencias correspondientes a los imputados que han sido privados de libertad. (En este sentido, debe exigirse el cumplimiento de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal cuyos artículos 9 y 229 son muy claros al señalar que la privación de libertad de un imputado es de carácter EXCEPCIONAL. Es decir, no es regla que un imputado sea privado de su libertad, todo lo contrario. Si no fuera así, no existiría el derecho a la presunción de inocencia.  La detención preventiva es excepcional, y la norma que la permite es de interpretación restrictiva. En consecuencia, según el artículo 132 ejusdem, a las 12 horas de la aprehensión de una persona, debe notificarse al Juez; a las 24 horas (art. 232) más 48 (art. 233), debe producirse la audiencia y la decisión del Juez, de lo contrario, el imputado ha de quedar automáticamente en libertad).
  • Debe garantizarse que ningún imputado se mantenga, tal como lo establece el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, más de dos años en custodia. Lo contrario, constituye un HECHO NOTORIO de violación por parte del gobierno, de los Derechos Humanos.
  • Debe garantizarse, tal como lo señala el artículo 231 ejusdem, que ningún imputado mayor de 70 años, sea detenido (privado de libertad) siquiera preventivamente.
  • Debe garantizarse que las actuaciones policiales cumplan las reglas establecidas en la ley para su intervención, durante la aprehensión y participación en todo el proceso penal (art. 119 ejusdem), so pena de incurrir en responsabilidades penales.
  • Debe garantizarse que se generen responsabilidades a los funcionarios que violen los Derechos Humanos de los imputados, tal como lo establece el artículo 123 ejusdem.
  • Debe garantizarse el respeto a la dignidad, debido proceso, defensa, contradictorio, presunción de inocencia, protección de la Constitución, Cosa Juzgada, de los imputados (artículos 10 y siguientes ejusdem).
  • Debe, sobre todo, garantizarse que la acción penal esté en manos del Estado a través del Ministerio Público debidamente restituido, y no de un órgano distinto, menos aún del presidente de la República ( art. 11 ejusdem).
  • Garantizar que cesen las torturas, secuestros, exilios, confiscaciones de bienes, tanto de los imputados, como de sus familiares.
  • Liberación inmediata de todos los detenidos y secuestrados, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y efectivos de la FANB.
  • Facilidades al equipo de la Alta Comisionada para que se puedan recibir familiares y víctimas de violación de los DDHH en las oficinas de la ONU en Caracas y, dados los severos problemas de transporte existentes, abrir centros de atención en el oriente y occidente del país para el mismo propósito.
  • Crear una Comisión internacional de Juristas que revisen los juicios y procedimientos aplicados a los imputados por el Ministerio Público o bajo medidas judiciales.
  • Que se restablezcan el derecho a la dignidad, la reputación, la defensa, la presunción de la inocencia.
  •  Eliminar el uso de la justicia como instrumento de persecución política.
  •  Que el gobierno y una misión política de la ONU garantice los derechos y plena libertad de los exiliados políticos para que podamos retornar al país.
  •  Intervenir o disolver la “Comisión de la Verdad”. Crear un organismo de Juristas internacionales, con el apoyo de la ONU, que investigue todos los crímenes y hechos de violencia política ocurrida en el país, entre 2013-2019, incluyendo la muerte en custodia del ex ministro Nelson Martínez.
  • Solicitar la Intervención del Ministerio Público y que una comisión independiente de juristas pueda efectuar una revisión de todos los casos e imputaciones que ha formulado dicho organismo. Es Fiscal General debe renunciar.
  • Abrir un proceso acelerado y transparente para resolver y revisar los casos judiciales que estén en curso, sin sentencia firme.
  • Solicitar la intervención y desactivación del FAES. Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH de este organismo.
  • Solicitar la intervención del SEBIN. Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH de este organismo. Recibir e investigar las denuncias formuladas por el Mayor General Cristopher Figuera
  • Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH cometidos por el Dgcim.
  • Anular las Órdenes de extradición y captura emitidas por el TSJ en fecha 17 de agosto de 2018.
  •  Permitir el acceso del equipo de la Alta Comisionada a los penales para presos comunes del país.
  •  Investigar los casos de muertes y matanzas en dichos penales, así como abrir una investigación sobre la muerte de más de 67 presos comunes quemados vivos en calabozos de la policía de Carabobo, el día 29 de marzo de 2018.
  • Exigir al gobierno, los ministerios respectivos y al Instituto Nacional de Estadística, la publicación de todas las estadísticas en relación a la salud, mortalidad infantil, educación y todos los indicadores de desarrollo social en el país.
  • Solicitar apoyo a la OPS, OMS, la UNICEF, la ACNUR, la FAO, la CEPAL, entre otros organismos de las Naciones Unidas, para restablecer el levantamiento y las estadísticas de los indicadores económicos y sociales en el país.
  • Hacer un levantamiento nacional, con el apoyo de la Cruz Roja, la OMS, OPS y otras organizaciones internacionales de las necesidades de medicamentos y tratamientos especiales para enfermedades crónicas y de alto riesgo, así como el estado de la infraestructura de salud en el país.
  • Hacer un levantamiento nacional, con apoyo de la FAO, UNICEF y otros organismos de la ONU, de las necesidades de alimentación y los niveles de desnutrición en el país, sobre todo en niños, mujeres embarazadas y ancianos.

Verdaderamente, la oficina de la Alta Comisionada y demás organismos de las Naciones Unidas tendrían mucho que hacer en el país; todos los sectores nacionales tenemos que sumar esfuerzos y voluntades para prestar todo el apoyo a esta encomiable labor, así como para desenmascarar esta absurda e intolerable situación de violación de los DDHH que sufre nuestro pueblo.

Reconocer y entender que los DDHH deben tratarse sin politización, ni discriminación, son universales y para todos. Que no se puede tolerar ninguna muerte, ningún atropello, ningún gobierno, y menos uno que se proclama, al menos, progresista, puede sustentarse sobre el sufrimiento y la crueldad.

Reconocer a la otra mitad del país, que los Chavistas presos, torturados y perseguidos por el madurismo, somos ciudadanos, seres humanos que tenemos, por tanto, derechos y haremos que se respeten. Seamos todos, como una sola voz, los que exigimos el cese a la impunidad del gobierno, el respeto a los Derechos Humanos y la plena vigencia de nuestra Constitución.

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet al final de su visita a Venezuela

Rafael Ramírez Carreño
-
0
Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet al final de su visita a Venezuela

Caracas, 21 de junio de 2019

Buenas tardes y gracias por estar aquí,

Esta ha sido una corta pero crucial visita para mí. Es, además, la primera visita oficial de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela. Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi Oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela.

Agradezco al Gobierno su invitación, su cooperación y su compromiso con mi Oficina, incluyendo al equipo técnico que visitó el país en marzo.

Previo a mi visita, solicitamos al Gobierno varios compromisos, y hemos podido alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y sus familiares por obtener justicia ante las graves violaciones de derechos humanos. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El Gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales.

Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilber Caro, que se encontraba en custodia del servicio de inteligencia SEBIN. Asimismo, recibo con beneplácito de la liberación de Melvin Farías y Junio Rojas, aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todas las personas que están detenidas o privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica.

El propósito de mi visita fue abrir un espacio que permita mantener una relación más cercana y fluida con las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad civil y las víctimas de derechos humanos. Mi deseo era venir y escuchar a todos los actores para poder trabajar con ellos hacia el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todos los venezolanos.

Durante mi visita me reuní con el presidente, Nicolás Maduro Moros, y con varios ministros de Gobierno y otros altos cargos, incluyendo el Canciller, el Ministro de Defensa y el del Interior, y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales. También mantuve reuniones con al Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

También conocí a víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa, así como muchas otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de algunas personas que fueron privadas de libertad y sufrieron terribles torturas, como también cientos de violaciones contra partidarios del Gobierno. Conocí el testimonio de una madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas de 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró cómo su padre fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Sus historias son desgarradoras y muestran la desconfianza que tienen en las autoridades estatales. Todos demandan justicia. Un sacerdote de la Iglesia para los Pobres nos compartió apasionadamente acerca de cómo los pobres y los grupos más vulnerables son los que más están sufriendo. No se trata de política, dijo, sino del sufrimiento de la gente.

Me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores. Soy consciente de que hay miles de otras víctimas y sus familias con las cuales no tuve la posibilidad de encontrarme, pero déjenme decirles algo: Su lucha por la justicia es importante, no solo por lo que ustedes han sufrido, sino por lo que significa para todos los venezolanos. No están solos.

He escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos, y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido. He encontrado a representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios, y académicos de todo el espectro socio-económico y político. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de las Naciones Unidas en Venezuela.

Todos me han transmitido como la situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. El Gobierno ha lanzado proyectos en un esfuerzo de asegurar acceso universal a programas sociales, para lo que ha dedicado el 75 por ciento del presupuesto nacional. Sin embargo, hemos oído el testimonio de venezolanos, que a pesar de tener un empleo – muchos en el sector público enfrentan dificultades para adquirir medicinas o comida.

La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores, la escasez de medicinas y equipamientos, el éxodo de los profesionales de salud, el deterioro de la calidad del agua y del saneamiento, y los apagones eléctricos. El costo y la falta de anticonceptivos en las farmacias ha contribuido a un aumento de los embarazos adolescentes, y de la mortalidad materno-infantil. Los trabajadores de la salud me han descrito como equipamientos médicos, como las máquinas de rayos X, escasean o no están en funcionamiento; y las personas que viven con enfermedades crónicas me han alertado sobre la falta de medicamentos esenciales para su supervivencia. He hecho un llamado al Gobierno para que proporcione los datos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socio-económicos que permita evaluar la situación y apoyar de forma adecuada.

Las causas de esta inmensa crisis económica -la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013- son diversas, y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica.

Nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se presentará el 5 de julio de 2019, contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar, además de recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar.

En este tiempo de grave crisis económica, social y política, he hecho un llamamiento a líderes de todo el espectro político para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis solo pueden ser resueltas a través de la participación significativa, franca e inclusiva de diversos actores de la sociedad.

He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro esfuerzo para intentar enfrentar la actual situación política en Venezuela. El destino de más de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la habilidad de sus líderes para colocar los derechos humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal, política o ideológica. Entiendo el escepticismo de algunos en Venezuela acerca de la posibilidad de que cualquier de estas negociaciones prosperen, pero la grave situación en el país debe instar a los líderes a intentarlo. Mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados solo agravará la crisis, y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país.

Hago un llamado a dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a medio y largo plazo para todo el país. Las negociaciones pueden dar frutos solo si son inclusivas y si las partes involucradas dan una respuesta a la urgencia real de la situación.

Nuestra Oficina está lista para dar asistencia y asegurar que los derechos humanos de todos los venezolanos sean plenamente protegidos. Nuestra presencia aquí posibilitará trabajar con las instituciones estatales, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas.

FIN

Michelle Bachelet recibió de las esposas de detenidos de PDVSA información de los vicios procesales y violaciones a los DDHH

Rafael Ramírez Carreño
-
0
Michelle Bachelet recibió de las esposas de detenidos de PDVSA información de los vicios procesales y violaciones a los DDHH

*La Alta Comisionada les aseguró que está al tanto de los casos y que está muy pendiente de ellos. Los familiares detallan en el comunicado entregado a Bachelet que exigen la inmediata liberación de todos los trabajadores y que les sean respetados los DDHH

Caracas, 21 de junio de 2019.- El país sigue movilizado por la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet. Las denuncias y protestas no se han dejado esperar y su estadía abarrotada de solicitudes de múltiples ONGs y diversos organismos para ser oídos por la Comisionada, han marcado su apretada agenda.

Sin embargo, las esposas y familiares de los trabajadores de PDVSA privados ilegítimamente de libertad lograron entregarle, en horas de la noche de este jueves, un comunicado donde detallan a la Alta Comisionada las violaciones a los derechos humanos y procesales de los más de 100 familiares apresados.

Onervy Graterol de Barreto, esposa de uno de los detenidos y Carol Piña de Torres esposa y abogada de otro privado de libertad, fueron las encargadas de hacer llegar a Bachelet el Comunicado que exige, además, “la inmediata liberación de todos los trabajadores, para lo cual debe seguirse el debido proceso y realizarse las audiencias preliminares, a fin de demostrar que no cometieron los supuestos delitos por los que se les acusa”, reza el documento.

Graterol aseguró que durante el encuentro, al cual asistieron varias esposas y familiares de los detenidos, la Alta Comisionada para los DDHH mostró conocimiento de los casos de PDVSA y le precisó que está al tanto de todos ellos.

El comunicado denuncia además que un gran número de trabajadores petroleros encarcelados han sido sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, torturas físicas y psicológicas, así como la vulneración de sus derechos básicos como la alimentación, la atención médica, las visitas de sus hijos y otros familiares.

El documento también reseña que varios detenidos, debido a las deplorables condiciones de detención y torturas psicológicas, han cedido a presiones, y se han declarado culpables sin serlo, solo para lograr sentencias y medidas favorables.

Las esposas agradecen la visita y deferencia de la Alta Comisionada. Están seguras de que desde ahora se abrirá un nuevo capítulo para los derechos humanos del país, ya que a pesar del cerco del gobierno, ha sido imposible invisibilizar a los ojos de Bachelet, la ruda realidad del país en todo orden.

Michelle Bachelet, ha sido cauta y ha evitado dar declaraciones, las cuales reservó para su despedida una vez finalizada su amplia agenda de reuniones con todos los factores del país. Se espera que para este próximo 5 de julio la ONU haga entrega de los resultados de  la estadía.

También, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró necesario dejar una misión permanente del organismo en Venezuela para mantener el seguimiento a la evolución de la situación del respeto a los derechos humanos y la crisis humanitaria.

El encuentro con la Alta Comisionada marca un hito muy importante en el país, porque es la primera vez que se reconoce una verdad fundamental: que los trabajadores de PDVSA son presos políticos y que el gobierno de Maduro se ensaña en contra de los Chavistas que le hacen frente a su gobierno y denuncian la entrega de la industria petrolera y la violación de la Constitución.

Las esposas y familiares de los trabajadores de PDVSA, además de agradecer la presencia e interés de la Alta Comisionada por sus casos, esperan que el equipo de trabajo que queda en el país, tenga la oportunidad de conocer los más de cien casos de trabajadores de PDVSA y pueda constatar cómo se violan permanentemente los derechos políticos, jurídicos, económicos y sociales del pueblo venezolano.

Lea aquí el comunicado completo

1...183184185...207Página 184 de 207
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv