Me hicieron llegar un documento interno de la Comisión Reestructuradora de PDVSA “Alí Rodríguez Araque” (ARA), que devela, finalmente y de manera indubitable, cuál es el plan del gobierno de maduro para terminar de liquidar a PDVSA y entregar en forma definitiva el control del petróleo.

El documento lo han hecho circular trabajadores de PDVSA, en medio de su estupor e indignación al conocer en detalle la verdadera intención del gobierno en torno a PDVSA, y explica muy bien por qué colocaron de ministro de petróleo a Tareck El-Aissami y presidente de PDVSA a Asdrúbal Chávez. El primero; es el incondicional a maduro, no importa que no sepa nada de petróleo y que ni siquiera pueda ir a la OPEP. Lo que lo hace útil, es que no le tiembla el pulso para revertir el legado y obra del Presidente Chávez, entregando toda la economía al más ramplón y atrasado de los capitalismos, como lo han hecho. Al segundo, lo pusieron para que venga a rematar PDVSA, poniendo el apellido Chávez, estampado en la entrega, tal como hacen con el nombre de Alí Rodríguez. No importa que éste sea incapaz de manejar la empresa y que su paso por el Ministerio de Petróleo haya sido tan inútil como destructivo. Lo que le importa a maduro, es que es dócil, lo manejan los Rodríguez y hace lo que sea, le gusta el poder.

Triste y vergonzoso ha sido el paso de quevedo por la industria, arremetió con violencia en contra de los trabajadores, arrasó con PDVSA y sus capacidades, como dije en su momento, no sabe nada de petróleo; pero ahora, nos damos cuenta que eso no les importaba, nunca ha habido un empeño del gobierno de mantener a PDVSA, había que demolerla y lo hicieron. Le tocó a este general hacer en PDVSA, el mismo papel que le asignaron cuando reprimió a sangre y fuego las protestas en la calle al frente de la GNB. Con la salida de quevedo y los militares, sin gloria alguna, sale de la empresa uno de los grupos del madurismo que siempre desde siempre la quisieron controlar; lo lograron con maduro y la destrozaron.

Pero el documento ya es un secreto a voces, está circulando en el país y en el exterior. Éste, necesita ser analizado y discutido porque es el plan real de maduro, es la razón por la cual, nos persiguen y atacan, es la razón por la cual, se llevaron presos a los trabajadores y gerentes. Lo he dicho innumerables veces, el objetivo real de toda esta violencia, siempre fue y es barrer con el Chavismo en PDVSA y preparar las condiciones para que su entrega fuera vista como una “necesidad”.

Debo decir, que este documento, es la culminación de los pasos dados por maduro para cambiar de facto el régimen petrolero venezolano, que siempre ha estado bajo control del Estado, desde el Decreto de Quito de 1829 del Libertador Simón Bolívar, pasando por los Códigos de Minas, todas las Constituciones Venezolanas, hasta la vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Este proceso de desnacionalización y entrega del gobierno lo he denunciado permanentemente y está documentado en mis articulo para su análisis y para la historia. Comenzaron con la sentencia número 156 del Tribunal Supremo de Justicia; luego, con la promulgación del Decreto 3.368; de inmediato,  la firma de los Contratos de Servicios Petroleros, la intervención de PDVSA con la comisión reestructuradora, que como siempre hemos dicho, es una comisión privatizadora; y, ahora, este plan de entrega, llamada eufemísticamente de “reestructuración de PDVSA” que ejecutarán las nuevas “autoridades” del sector.

Debo decir, como veremos más adelante, que este plan supera a la nefasta Apertura Petrolera y al Plan País de la oposición. Es una entrega nunca vista, nos despoja de todo, de un patrimonio que es de toda la Nación y que se ha edificado en más de cien años de existencia del petróleo; patrimonio que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas reconquistar, y que ahora se entrega entre el caos y la incapacidad de este gobierno, para favorecer a los grupos económicos que lo sostienen.

Se entrega el petróleo, justamente cuando el país está más débil y necesita más que nunca de su ingreso petrolero.

El Documento.

El documento en cuestión, aunque está firmado por la Dirección Ejecutiva de Planificación de PDVSA, que dirige Héctor Felizolla, miembro de la comisión reestructuradora ARA, ha sido redactado por los factores económicos que se han enquistado en el gobierno y que terminarán de  apropiarse de los activos de la empresa. En el documento se devela la absoluta saña en contra del modelo petrolero vigente, del legado del Presidente Chávez, del carácter nacional, popular y revolucionario de nuestra política petrolera y que le imprimimos a PDVSA. El contenido de este texto es la descripción de la rebatiña de la industria y sus activos, así como, de un despojo contra todo el país.

Veamos:

Antecedentes, Objetivos y Reestructuración.

1. El documento en sus antecedentes, justifica la propuesta de entrega, argumentando la “decadencia de la producción nacional,” sin señalar, para nada, que la misma ha sido el resultado, no del modelo y el régimen petrolero venezolano, sino de la incapacidad y mala gestión de maduro y quevedo al frente de PDVSA. Ahora se entrega PDVSA, la empresa más importante del país, para recuperar la mitad de la producción perdida por la incompetencia de quevedo. Está claro que, más que entregar PDVSA lo que procede, es resolver el problema de Miraflores, para luego reconstruir la empresa.
2. Insertan un gráfico de la evolución de PDVSA, donde hablan de la “Transformación de PDVSA 2020+” (por cierto, le cambiaron hasta el rojo del logo, por el negro de la gente del petróleo), donde hablan de una “coexistencia de modelos”, que, como veremos, no es más que un lema. Realmente es un solo modelo: el privado.
3. Se plantean como “única prioridad”: la “recuperación en el menor tiempo posible de al menos 1 millón de barriles de petróleo y gas”. Es decir, van a entregar PDVSA para recuperar un tercio de la producción que la empresa tenía cuando la entregamos en 2014. Entre 2014-2020 se han perdido 2,4 millones de barriles de petróleo. Ellos destruyeron a PDVSA, y ahora esa destrucción, es la excusa para entregar y repartirse la industria.
4. Hablan de una “simplificación de la estructura de la empresa”, eufemismo con el cual se cerrarán filiales y se desprenderán de una muy buena parte de las empresas, sin decir nada, sobre qué pasará con los trabajadores y empleados, éstos saldrán a un destino incierto.
5. Como bases para “la reestructuración de PDVSA”, se establecen:

• “Eliminación de la participación de PDVSA en negocios no petroleros”, es decir, PDVSA se desprende de cualquier participación en el desarrollo social del país, Misiones, Grandes Misiones, infraestructura social, educativa, de salud (incluso de la responsabilidad estipulada para con sus mismos trabajadores en la Ley e históricamente en las Convenciones Colectivas del sector).
  Es decir, de manera clara, para la comisión reestructuradora ARA, un objetivo, es revertir el carácter nacional y popular que le imprimimos a PDVSA, una empresa al servicio del pueblo.
  Por otra parte, la comisión ARA entrega filiales, empresas y activos, que nos permitieron tener Soberanía Económica y Operativa hasta 2014: PDV Marina (incluyendo nuestra propia flota de tanqueros VLCC Ayacucho, Boyacá, Junín, Carabobo, tanqueros de 2 millones de barriles de capacidad), PDV Naval, PDVSA Servicios Petroleros (taladros, sísmica, servicios a pozos), PDVSA Industrial (fábrica de tubos, de válvulas, Vicoha), PDVSA Ingeniería y Construcción, entre otras. Activos que, por supuesto, serán transferidos a los sectores económicos asociados al madurismo, para que PDVSA siga contratando sus servicios, a través de la figura de la tercerización, un lucrativo negocio para sus amigos.

• “Venta de participación y eliminación de las filiales en PDVSA-América”, las filiales de PDVSA en Suramérica, que nos dieron presencia en la Región y que nos permitieron, por primera vez, en 100 años, mirar hacia el Sur y dejar atrás el papel asignado por las transnacionales de ser una economía satélite del norte. En otras palabras, la comisión ARA ordena salir de América del Sur, abandonar el sueño del Sur, nuestro espacio geopolítico natural, abandonar el legado y obra del Presidente Chávez. Ésto, al mismo tiempo que abre una nueva filial, con sede en Rusia, a la que denominan EUROASIA.

La entrega de la producción.

6. Se fusionan PDVSA Petróleo y CVP, conformando una “empresa operadora” (ya eran empresas operadoras), pero esta última (no se entiende bien si es la nueva entidad), “se focalizará en la gestión financiera y contractual de la cartera de inversiones del Estado…”
   Es decir, la “nueva operadora”, básicamente, será una administradora de los contratos de producción de petróleo y gas de los privados. Será una gestora de contratos.
   Ello desnaturaliza el objetivo fundamental de nuestras dos filiales operadoras de petróleo. Hasta el 2013, toda la operación y el control de la producción de petróleo y gas en el país, se desarrollaba por PDVSA, a través de PDVSA Petróleo, CVP y PDVSA Gas.
   PDVSA Petróleo, era la operadora de la producción con esfuerzo propio de PDVSA, es decir, 100% participación de PDVSA que, como mencionamos, era de 1.881MBD, el 63% de nuestra producción nacional del año 2013, de 3,011 millones de barriles día.
   La CVP era la filial de propósitos especiales, nuestra operadora de producción de petróleo en las Empresas Mixtas, donde teníamos una mayoría accionaria mínima de 60%. Como hemos mencionado, para el 2013, esta producción era de 1.130MBD, es decir, el 37% de nuestra producción nacional.
   PDVSA Gas, era la operadora que producía el gas no asociado al petróleo, sobre todo, Anaco, además de las áreas Costa Afuera, lo que el Presidente Chávez llamó, “el Cinturón Gasífero del Caribe”, hoy entregado a empresas rusas y europeas.

“Nueva Dinámica del Negocio Integrado”

Con este título, la comisión reestructuradora ARA, habla de una “Nueva configuración del negocio petrolero en Venezuela”, creando una separación de las actividades petroleras, ficticia, diseñada para entregar activos de PDVSA, es un traje a la medida de la entrega, creando una figura que no existe ni en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ni en la jerga petrolera, de “aguas intermedias”, para separarlas de las “actividades primarias”, y evadir las restricciones legales que reservan éstas al Estado.

La violación de la Constitución, Ley Orgánica de Hidrocarburos y el Decreto 5.200 de la Ley de Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco.”

Para entregar la producción de petróleo, el gobierno ha creado nuevas figuras contractuales que NO EXISTEN en la Ley Orgánica de Hidrocarburos: “Contratos de Producción Compartida” y los “Acuerdos de Servicios Conjuntos”. Éstos no sólo no existen en la LOH, sino que, violan la reserva que hace el Estado en el artículo 302 de la Constitución de las actividades primarias de producción petrolera, donde éstas sólo pueden ser ejercidas por PDVSA o una entidad 100% propiedad del Estado, bien sea, de manera directa, o a través de las empresas mixtas, donde el Estado tenga el control efectivo, sustancial.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece textualmente, en su artículo 302 que “El Estado se reserva, mediante la Ley Orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público, y de carácter estratégico…” (Cursivas y negrillas nuestras).

La forma de garantizar la RESERVA para el Constituyente, no fue otra que a través de la plena propiedad por parte del Estado, de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. (a la cual se le da por primera vez en nuestra Constitución RANGO CONSTITUCIONAL, es decir, se le incluye en la Constitución, en su artículo 303, como parte integrante del Estado y su protección la garantiza el principio de la  Supremacía Constitucional). Busca la Constitucion asi, garantizar la actividad reservada y ello porque la misma tiene carácter según consagra, Estratégico, Nacional y no puede sino tener fines de interés público. La previsión que hace el artículo 303 del resto de las empresas, incluyendo las filiales, es para hacer referencia a aquellas actividades que le den apoyo a PDVSA, en el desarrollo de tales actividades estratégicas, que son las reservadas, y NUNCA para que sean sustitutivas de la misma.

Ahora bien, la Ley Orgánica a la que se refiere nuestra Constitución, es la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ésta establece en su artículo 9 que: “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a efectos de esta Ley.

De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como, las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en la Ley”. (Cursivas y negrillas nuestras).

La Ley Orgánica de Hidrocarburos, en desarrollo de los artículos 302 y 303 Constitucionales,  establece que las actividades primarias reservadas por el Estado, serán ejercidas por PDVSA directamente o por una entidad 100% propiedad del Estado. La participación de actores privados solo es permitida cuando PDVSA tenga la mayoría accionaria y el control efectivo y sustancial de las operaciones. A tal fin, la LOH, en su artículo 22, contempla ÚNICAMENTE la figura de Empresa Mixta, donde PDVSA DEBE tener como mínimo un 50,1% de participación. Por su parte, el Decreto 5.200 de la Ley de Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, Ley de Carácter Orgánico, y por tanto, de ejecución directa e inmediata de la Constitución vale decir, de aplicación preferente en el ordenamiento jurídico de las materia,  promulgada el 27 de febrero de 2007, establece que PDVSA tendrá, como mínimo un 60% de participación en las empresas mixtas que operan en esta área estratégica, nacional y de interés público para el país, que no es otra que, la de las mayores reservas de petróleo del planeta.

Sin embargo, bajo el título de “Nueva Arquitectura petrolera Venezolana”, la comisión ARA hace un planteamiento demoledor y violatorio de nuestro marco legal y constitucional: entregar la producción de petróleo y los procesos de gestión de la empresa, la infraestructura operacional, hasta la exportación de petróleo, a los privados, y despojar de ello a PDVSA, vale decir, a los venezolanos. De acuerdo con el plan de la comisión:

7. En las Empresas Mixtas existentes, PDVSA reducirá su participación, de los niveles actuales (60-70%), hasta el mínimo de 50,1%, entregando el control de la empresa al socio privado, hasta hoy día minoritario, llamado socio B, dejando en sus manos la gestión operacional y todos los procesos de las empresas (producción, finanzas, contrataciones, recursos humanos, procura) hasta la exportación de petróleo.
   El conjunto de Empresas Mixtas que no sean del “interés de PDVSA”, de acuerdo con un “análisis de una Matriz de Rentabilidad del negocio”, serán cedidas al socio privado, para que, luego de “renegociar el portafolio”, opere bajo cualquiera de las figuras creadas por la comisión ARA: “Contratos de Producción Compartida” y los “Acuerdos de Servicios Conjuntos”, ninguno de ellos contemplados en la LOH.

8. Lo que se conoce como “esfuerzo propio”, es decir, la producción de petróleo 100% de PDVSA, pasa al control efectivo de los privados. Nuevamente, en base al “análisis de una matriz de rentabilidad del negocio”, se pasan TODAS las áreas y campos de producción operados por PDVSA, a los privados, bien sea bajo la figura de “Empresa Mixta”, con una participación de PDVSA de 50,1% o bien a través de los “Acuerdos de Servicios Conjuntos”, figura que no existe en la LOH.
   Estamos hablando de que van a entregar TODOS los campos del país, según se observa en el mismo documento. En Oriente: Morichal, San Tomé, Orocual, Carito, Pirital, Cabrutica, Junín Sur, Furrial Jusepín, Pirital, Boyacá; en Occidente: Lagunillas, Lagomar, Urdaneta, Tía Juana, Rosa Mediano, Centro Sur Lago, LagoCinco, Lagomedio, Franquera, la Ceiba, Tomoporo, Apure, Barinas.

Es por ésto que la comisión ARA establece, que la nueva empresa que resulta de la fusión entre PDVSA petróleo y la CVP, se focalizará en “la gestión financiera y contractual de la cartera de inversiones del Estado en las empresas, ASC y Licencias”.

Es decir, PDVSA no operará más, ni producirá petróleo con esfuerzo propio, será solo la administradora de contratos otorgados a los privados,

Así, PDVSA se convierte de facto en la “Agencia” gestora, administradora y reguladora de la actividad petrolera en el país, en detrimento además del Ministerio de Petróleo, que está en vías de disolución y con ello, se elimina el control del Estado Venezolano de la política petrolera del país. Es decir, retrocedemos a la época de Juan Vicente Gómez, cuando no había operadora nacional, ni control del Estado, ni política petrolera nacional.

9. PDVSA Gas se convertirá en un “ente comercializador del gas producido en el país, comprando la producción de las Empresas Mixtas” u operadores privados “a precios de mercado”.
   Es decir, PDVSA Gas entrega la producción de gas y sus campos del Área Mayor Anaco, Área Mayor Anaco Este y Área Mayor Anaco Oeste, a los privados bajo la figura de licencias.
   PDVSA Gas solo distribuirá el gas que ahora comprará a los privados a “precio de mercado”, y la venderá en el país a precio internacional. El gas que se produce en tierra firme en el país, es asociado al petróleo, por lo que, al salir junto al petróleo, su costo de producción está por debajo de 50 centavos de dólar, ese es el gas para el mercado doméstico. Es decir, que ahora se le impondrá un precio internacional al gas para el consumo en el hogar, en la industria, en el sector eléctrico, la petroquímica.

El remate de los activos de PDVSA.

La comisión ARA crea en su plan, una clasificación que denominan “Negocios Aguas Intermedias”, una denominación artificial, que no existe, incurriendo en lo que el Derecho Penal califica de FRAUDE A LA LEY,  para meter allí un segmento de la actividad petrolera, que es vital para garantizar la realización de las actividades primarias, reservadas al Estado. Es decir, separan, bajo esa denominación ficticia, activos esenciales de PDVSA, que van a ser cedidos. Es un traje a la medida de la entrega.

Toda la infraestructura de almacenamiento, transporte, tratamiento, inyección, terminales de despacho, servicios y  actividades lacustres, se engloban en esta denominación arbitraria, para luego señalar que “serán operados como unidades de negocios bajo los modelos de licencias, empresas mixtas o ASC”.

Es decir, la comisión pretende entregar toda la infraestructura que soporta la producción petrolera nacional, y que venimos construyendo como país petrolero desde hace 100 años. Infraestructura que está reservada al Estado, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde esta infraestructura y facilidades se ubican precisamente como necesarias para realizar las actividades reservadas al Estado, y por ende, también se reservan. Pero la comisión ARA, interpreta a su antojo la LOH y pretende entregar lo siguiente:

En Oriente: Terminales de José y Guaraguao, Comor-Morichal, patios PTO Oficina, PTO Anaco, PTT Travieso, PTJ Jusepín, PTC Cabrutica, los sistemas de oleoductos, Condominio de Jose, TAEJ, TAEG, Planta de Extracción Santa Bárbara, San Joaquín, Fraccionamiento de Jose, Plantas de Compresión IGF, PIGAP I, PIGAP II, Media y Baja, planta de tratamiento e inyección de agua RESOR/SAEM, entre otros.

En Occidente: Puerto Miranda, La Salina, Bachaquero, Ulé, Bajo Grande, Punta Palma, Silvestre y todos los sistemas de oleoductos. Compresión de baja y media presión, extracción de LGN, Fraccionamiento de Ulé, Fraccionamiento Bajo Grande, tratamiento e inyección de agua.

Todas estas instalaciones, son parte intrínseca, fundamental, indispensable para garantizar la producción de petróleo, y están reservadas al Estado, tal como establece el citado artículo 9 de la LOH. La forma como se denominen no las desnaturaliza, siempre serán actividades primarias. Algunas de ellas, habían sido tercerizadas durante la apertura petrolera, otras, ni siquiera, a los más aperturistas de la vieja PDVSA se les ocurrió tocarlas. Todas las que habían sido privatizadas o tercerizadas, fueron recuperadas por el Estado en nuestro periodo de gestión, en desarrollo de la Plena Soberanía Petrolera. Ahora, serán objeto de  la rebatiña de los grupos económicos que apoyan y hacen negocios con el actual gobierno.

La comisión ARA también pretende entregar lo que se conoce como el sector “aguas abajo”, es decir: refinación, transformación, comercio nacional e internacional.

En su plan, plantean entregar todos estos activos existentes, en violación de lo establecido en la Seccion Cuarta denominada “De las Actividades de Refinación y Comecialización” de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, específicamenre, en su  artículo 10, que reza también de forma textual: “…Las instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones, propiedad del Estado o de las empresas de su exclusiva propiedad, dedicadas a las actividades de refinación de hidrocarburos naturales en el país y al transporte principal de productos y gas, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley.” (Cursivas y negrillas nuestras).

Sin embargo, la comisión ARA pretende que estas instalaciones y activos existentes y propiedad de PDVSA, se entreguen y “sean operados como unidades de negocios bajo los modelos de licencias, empresas mixtas o ASC independientes…” Es decir, se pretende entregar en Oriente: Refinería de Puerto La Cruz, San Roque y las Plantas de distribución de combustibles de todo el oriente; en Occidente: Complejo Refinador Paraguaná (Refinerías Amuay-Cardón) (la refinería más grande del mundo, nuestro “Coloso de Paraguaná”), Refinería Bajo Grande, Refinería El Palito, planta envasadora de lubricantes Cardón y las plantas de distribución de combustibles de todo el occidente.

Por supuesto que, en línea con el espíritu de la referida comisión, se establece la necesidad de vender los combustibles al mercado interno a precios internacionales. Es decir, al precio que se vende en economías  industrializadas, de países ricos, con altos niveles de ingresos de sus habitantes.

Modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para violar la Constitución.

La comisión ARA plantea modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para profundizar la entrega del petróleo. De esta forma, “adaptarán” la Ley a sus propósitos, pero, de lograrlo, estas modificaciones violarían lo establecido en la Constitución. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia debería verse obligado a declararla inconstitucional, considerando que el Control Constitucional es una garantía del Principio Absoluto de Supremacía Constitucional, que consagra a la Constitución como NORMA SUPREMA, y, en consecuencia, de aplicación preferente, según lo establecido en el artículo 7 de nuestra Carta Fundamental. Veamos.

La Comisión plantea la “necesidad” de cambiar, tanto el artículo 22, como el artículo 57 de la LOH.

Al efecto, el artículo 22, establece: “Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta ley, serán realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad. Igualmente, podrá hacerlo mediante empresas donde tenga el control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social, los cuales, a efectos de esta ley se denominarán empresas mixtas. Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras”. (Cursivas y negrillas nuestras).

La comisión pretende modificar este artículo, para adaptarlo a sus propósitos, de la siguiente manera:  “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, podrán ser realizadas directamente por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas con participación de capital estatal y privado en cualquier proporción y por empresas privadas. Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras”.(Cursivas y subrayado nuestros).

Así, la comisión elimina el requisito legal que obliga a que las actividades primarias sean desarrolladas por PDVSA o una entidad que sea 100% propiedad del Estado, y de que en el caso de las empresas mixtas, PDVSA o la citada entidad, tenga la mayoría y el control sobre la misma, incluso la comisión establece que las actividades primarias (reservadas al Estado), puedan ser ejecutadas por el privado, lo cual nos retrocede a la época concesionaria, que era el régimen contractual petrolero, hasta la promulgación de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (LOREICH) de 1975.

Olvida además la comisión, lo establecido en el artículo 12 de la Constitución, cuando establece la PROPIEDAD POR PARTE DE LA REPÚBLICA DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS, que reza textualmente: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del DOMINIO PÚBLICO, y por tanto, inalienables e imprescriptibles”. (cursivas y negrillas nuestras)

Esto último quiere decir que, los yacimientos de hidrocarburos no pueden trasladarse a través de ninguna forma de contrato (llámenlos como lo llamen), no son vendibles, cedibles (inalienables), y el derecho de la República sobre los mismos no se extingue (imprescriptibles).

Así el gobierno cambie la Ley Orgánica de Hidrocarburos (lo mismo se aplica para la oposición y su “Nueva Ley de Hidrocarburos”), estaría violando la Constitución en sus artículos 302 y 303 de la reserva de la actividad petrolera al Estado Venezolano y, lo que es más grave, los principios, fundamentos y valores del Texto Constitucional en lo referente a la soberanía nacional, integridad territorial, inmunidad y autodeterminación.

Por otra parte, la comisión ARA, también plantea modificar el artículo 57 de la LOH que establece: “Las actividades de comercialización de los hidrocarburos naturales, así como,  la de los productos derivados que mediante decreto señale el Ejecutivo Nacional, sólo podrán ser ejercidas por las empresas a que se refiere el artículo 27 de la presente Ley (-empresas de exclusiva propiedad del Estado-) A tal efecto, las empresas mixtas que desarrollen actividades primarias, sólo podrán vender los hidrocarburos naturales que produzcan, a las empresas a las que se refiere el artículo 27 de la presente Ley (-empresas de exclusiva propiedad del Estado-)”. (Agregados en paréntesis y subrayados nuestros).

Nuevamente, según indica el documento, la comisión pretende modificar este artículo, para adaptarlo a sus propósitos, permitiendo que sean las empresas privadas, ahora con el control de las actividades de producción de petróleo en el país, las que comercialicen nuestros hidrocarburos, “a partir del principio de libertad de comercio”.

Con estas dos modificaciones, a los artículos 22 y 57 de la LOH, además de ser violatorias del Texto de la Constitución, en lo relativo, entre otros, al artículo 302 que reserva la actividad petrolera al Estado, se viola el principio constitucional de la Soberanía Nacional. Venezuela estaría perdiendo el manejo soberano de su principal recurso natural, el petróleo.

A partir de la pérdida de control sobre la actividad petrolera, el país no podrá administrar ni la tasa de explotación, ni sus volúmenes de producción, ni los precios. Todos éstos, elementos fundamentales de nuestra política de Plena Soberanía Petrolera y que, además, constituyen los principios que fundamentan la existencia de la OPEP. Si el país no es soberano en el manejo de su petróleo, no tiene nada que hacer en la OPEP, y ese será el siguiente paso o consecuencia del plan de entrega de la comisión ARA, abandonar la política de defensa de precios de nuestro periodo, y no tener la posibilidad de coordinar su defensa con otros países productores de petróleo agrupados en la OPEP.

Derogación del Decreto 5.200, la entrega de la Faja Petrolífera del Orinoco.

La comisión ARA pretende derogar el Decreto 5.200 de la “Ley de Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco”, promulgada por el Presidente Chávez el 27 de febrero de 2007.

Justamente mañana, viernes 1ero de mayo, se cumplen 13 años del hermoso acto que marcaba la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco y que restablecía la Plena Soberanía del Estado venezolano, a través de PDVSA, sobre la mayor reserva de petróleo del planeta, con reservas certificadas por nosotros de 316 mil millones de barriles de petróleo, localizados en el sur oriente del país, extendiéndose a lo largo del norte del río Orinoco, en un área de 56.000 kilómetros cuadrados, que constituye nuestra oportunidad de restablecer el equilibrio territorial del país, y una nueva área de desarrollo y progreso para beneficio del pueblo venezolano.

Hoy debemos decir que, ¡este primero de mayo no hay nada que celebrar, debe ser un día para la reflexión y lucha en rescate de nuestra Plena Soberanía Petrolera entregada por el gobierno de maduro!

La derogación de esta ley de nacionalización, también orgánica,  es el paso previo para continuar entregando las mejores áreas petroleras del país, como ya han hecho a favor de las empresas rusas, chinas, y las empresas de maletín de capitales venezolano-españoles.

Esta derogación, reversaría las áreas de petróleo más prolíficas, al capital transnacional, retrocederíamos a una situación peor que la situación de las llamadas “asociaciones estratégicas” de la apertura petrolera.

Están matando las posibilidades de desarrollo petrolero para los próximos 300 años, un desarrollo de acuerdo a los intereses y decisiones Soberanas del país, se destruye el legado de Chávez y la obra de todos los que estuvimos a su lado, de los miles de trabajadores petroleros, soldados y pueblo, que estuvimos en este proceso histórico de reivindicación de la Soberanía Patria. Se entrega la esperanza de un país.

Por otra parte, la comisión plantea la derogación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos. Ley promulgada por el Presidente Chávez en el 2009, para nacionalizar y garantizar el control de estas actividades, tales como, las operaciones de inyección de agua, gas y operaciones acuáticas en el Lago de Maracaibo, estas actividades cuando estaban en manos privadas, sabotearon y paralizaron las actividades primarias de producción de petróleo del Lago, en el 2002-2003, durante el Sabotaje Petrolero.

Derogación del régimen fiscal petrolero.

La comisión ARA, en una muestra de que su propuesta fue redactada desde el sector privado, plantea como un problema que “Venezuela se sitúa realmente en el puesto número 1 de los países que más se benefician de su actividad petrolera, ésto hace a Venezuela un país mucho menos atractivo para invertir en esta actividad”. Esta afirmación resulta increíble e indignante, y demuestra, claramente, a favor de qué intereses se mueve esta entrega de PDVSA.

Es decir, lo que para nosotros, quienes estuvimos dirigiendo el sector petrolero durante el gobierno del Presidente Chávez, era un objetivo y una reivindicación del pueblo venezolano, poner el petróleo al servicio del pueblo, para la mentada comisión es un problema.

Resulta que fue nuestra política de Plena Soberanía Petrolera, y el restablecimiento de nuestro régimen fiscal petrolero, lo que nos permitió captar e ingresar a la economía nacional más de 700 mil millones de dólares de ingresos petroleros entre 2004-2013, y más de 480 mil millones de dólares como aportes al Fisco Nacional en el mismo periodo.

Fue gracias a este ingreso petrolero que pudimos saldar una parte importante de la deuda social con el pueblo venezolano, con las  misiones sociales, las grandes misiones, obras de todo tipo, y un crecimiento económico sostenido en el periodo, con justicia social, era el buen vivir del período Chavista.

Así, la comisión y sus mentores plantean reducir drásticamente el ingreso fiscal petrolero, es decir, expropiar al pueblo de sus riquezas, por lo que se fijan como meta, reducir la participación del Estado en el sector, dice el documento “el government take debe ser llevado a un monto suficientemente atractivo para la inversión privada”, para inmediatamente plantear:

• Reducción permanente de la Regalía e Impuesto sobre la Renta, para llevarla de 30% a 20%
• Eliminación definitiva de la Contribución Especial sobre precios Extraordinarios y Exorbitantes
• Eliminación definitiva de Impuestos y Contribuciones Marginales
• Regulación por Ley de los Impuestos Municipales, para llevarlos de 12% a 1%.

Estas regalías, impuestos y contribuciones especiales, son los pilares del ingreso fiscal petrolero venezolano, todas fueron reformas introducidas durante el gobierno del Presidente Chávez y fueron éstas las que nos permitieron captar el ingreso petrolero, que antes se llevaban las transnacionales, para ponerlo en beneficio del pueblo y de todo el país.

Por supuesto que el planteamiento de la comisión va en la dirección de eliminar todo tributo petrolero, especialmente, lo referente a la regalía, reduciéndolo solo al pago de algunos impuestos.

En el texto del documento de la comisión ARA, además de todos los argumentos esgrimidos a favor de los intereses privados, como “el derecho que tienen los privados a disfrutar de mayores beneficios por operar en Venezuela”, o permitir que los activos y campos de PDVSA sean canjeados por las “deudas” del gobierno por los privados, entre otras. Las verdaderas intenciones de la comisión de eliminar la regalía petrolera, se revelan cuando plantea que “la participación del negocio petrolero (por parte de los privados) puede ser honrada, por ejemplo, con el ISLR que las Empresas Mixtas cancelan al Fisco Nacional”, es decir, van a eliminar las regalías y otros impuestos petroleros.

A manera de cierre.

Con este “Plan de Reestructuración de PDVSA” planteado por la comisión Alí Rodríguez Araque (¿cuándo será que los hijos de Alí exigirán que no se siga utilizando el nombre de su papá?), están claras las verdaderas motivaciones y actuación del gobierno contra el sector petrolero nacional, en contra de PDVSA, de sus trabajadores, gerentes, en mi contra como el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA del período del Presidente Chávez.

No era, como algunos insensatos y pusilánimes creían, que se trataba de “un problema entre maduro y Ramírez”, o para “combatir” irregularidades en el manejo de la industria. ¡NO! Se trataba de barrer con el Chavismo en PDVSA, con los únicos que podíamos impedir, que nos opondríamos con todas nuestra fuerzas, a que algo así se concretara; arremetieron contra quienes fuimos leales al Presidente Chávez y sobre todo, al pueblo Venezolano, a todo el país, a quienes fuimos capaces de conquistar nuestra Plena Soberanía Petrolera y transformar a PDVSA en una empresa nacional de petróleo, eficiente, eficaz, con capacidades técnicas operativas demostradas en 12 años de gestión, donde llevamos a nuestra empresa aser la quinta empresa petrolera a nivel mundial, pero además, una empresa profundamente NACIONAL, popular y revolucionaria.

Este “Plan de Reestructuración” de PDVSA, que realmente es un cambio completo del régimen petrolero vigente en Venezuela, de la referida comisión del gobierno, compite en entreguismo y lesión a la soberanía e interés nacionales con la Nueva Ley de Hidrocarburos que aprobará pronto la oposición más extremista, atrincherada en la Asamblea Nacional.

Desde el 2014 lo he venido advirtiendo; primero, desde el gobierno y el PSUV; y luego, desde el exilio en mis escritos y declaraciones: tras el caos, incompetencia y violencia y autoritarismo del gobierno, se han consolidado en el poder, aquellos sectores de derecha que siempre estuvieron agazapados en el chavismo y que el Presidente Chávez los tenía bien lejos. Arribaron al poder a la sombra de maduro y en combinación con un sector muy corrupto de algunos componentes militares, han entrado a saco roto en las empresas del país, para destruirlas y finalmente, entregarlas a sus grupos del capital privado, nacional y transnacional.

Todo ésto lo han hecho en nombre de Chávez, matándolo todos los días, destruyendo su obra y su legado. Los más cercanos al Presidente Mártir, o estamos presos, o exiliados y perseguidos, o guardan un silencio incomprensible.

En medio de esta terrible crisis y debilidad del país, las instituciones y el “sálvese quien pueda” de la sociedad, han fallado actores fundamentales: las instituciones políticas, el poder popular y las fuerzas morales del país, las cuales deberían oponerse firmemente a la violación de la Ley y la Constitución.

La entrega del petroleo y de PDVSA está sucediendo en medio del silencio cómplice de los políticos y militares, y de la desesperanza de un pueblo golpeado por la crisis, el hambre y carencias de todo tipo, pero además, por la violencia de un gobierno policíaco, que recurre al miedo y la represión, para imponer al pueblo un modelo que ha llevado miseria y atraso a todo el país, y que nos arrebata los elementos estratégicos, soberanos y de interés nacional, como lo son, nuestros recursos naturales, el más importante de ellos, el petróleo.

El gobierno de maduro y la derecha extrema y antinacional, en lo único que coinciden, es en la entrega del petróleo y de PDVSA. Es por lo mismo que coinciden en atacarnos y perseguirnos. La entrega del petróleo y de PDVSA, es un grave error que compromete el futuro de nuestras próximas generaciones. Esta es la condición del capitalismos mundial para garantizar el apoyo a las dos facciones políticas en disputa por el control del país. A los intereses transnacionales, no les interesa lo que pase en el país, los daños colaterales de despojarnos de nuestras riquezas, del petróleo y demás recursos naturales.

Corresponde a las fuerzas políticas y populares, nacionales, patrióticas, y Bolivarianas, asumir la defensa del petroleo, de la soberanía de nuestro país, del bienestar y destino de nuestro pueblo, hoy dia, atrapado entre la intolerancia e intereses de dos grupos de poder, que están dispuestos a entregarlo todo, para mantener sus privilegios y mantenerse o hacerse del poder.

A nosotros, la mayoría de los venezolanos, no nos importa lo que pase con uno u otro bando, con sus intereses mezquinos o luchas internas, estamos cansados del derrumbe del país, sus instituciones, economía y empresas, del abismo al que nos han llevado.

Hoy primero de mayo, dia de los trabajadores, del trabajo, no hay nada que celebrar, el pais esta en ruinas y entregado, hoy más que nunca, hay luchar y levantar la voz en defensa de nuestras posibilidades como país soberano, independiente, luchar para cambiar a este gobierno infame sin caer en manos del fascismo.

A la Fuerza Armada Bolivariana, custodios por Mandato Constitucional de la Soberanía y de la propia Constitución, a las fuerzas políticas y patrióticas del país, el llamado es a restablecer el hilo constitucional y la soberanía popular, la posibilidad de recuperar los objetivos planteados en nuestro Plan de la Patria, aprobado por el pueblo en 2012.

Se trata de asumir el papel histórico que a cada quien le corresponda, para el rescate de la patria, del futuro de nuestros hijos, de los hijos de sus hijos y de las generaciones futuras, que verán y juzgarán esta etapa de nuestra historia como la más oscura y tenebrosa de nuestra República.

Más de 3.000 millones de personas en los países golpeados severamente por el Covid-19, especialmente Europa, China y EEUU, están cumpliendo cuarentenas o cumplen severas restricciones de movilidad y desplazamientos. 

En todos estos países, el gran debate es cuándo y cómo flexibilizar estas restricciones, garantizando la salud de sus ciudadanos. Todos los gobiernos, desde sus distintas ópticas y programas, han tomado medidas de emergencia para proteger a sus ciudadanos y mantener sus economías funcionando. Para todos ellos, la cuarentena ha sido un tropiezo, una medida extrema, coyuntural, para salvar la vida de su población, golpeada por los efectos de la pandemia que, cual enemigo silencioso, se infiltró en sus países y se esparció desde el mismo corazón de sus sociedades.

En cambio en Venezuela,  la cuarentena se ha convertido en un fin en sí mismo. Al gobierno de maduro, un gobierno disfuncional y que ha demostrado su incapacidad para conducir al país, el Covid-19 le ha caído “como anillo al dedo”, pues le ha dado la excusa de mantener a la población en un virtual toque de queda, con la argumento de que protege la vida de los ciudadanos con una cuarentena total del país. En una cuarentena, el gobierno debe garantizar las posibilidades de que la población sobreviva a ella, que tenga acceso a los alimentos, a los servicios básicos, de lo contrario sería insostenible como está sucediendo en el Venezuela.

En un país donde no hay información ni estadísticas, ni boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, donde despiden a los ministros que se atreven a dar cifras de la mortalidad infantil, con un sistema hospitalario en ruinas y una escasez crítica de medicamentos e insumos de salud, donde cabalgan al mismo tiempo la malaria, la difteria y el sarampión, enfermedades que habían sido erradicadas hace años, pero que volvieron porque el gobierno no ha sido capaz de mantener los programas de vacunación, es el mismo gobierno que proclama tener “controlada” la pandemia y ofrece cifras dudosas que ninguna organización internacional se atreve a tomar como ciertas.

En Venezuela la población muere de cualquier cosa, desde baleados en la calle o barrios, pasando por los enfermos crónicos o de alto riesgo que no consiguen los medicamentos, ni acceso a la atención adecuada; o los que mueren de asepsia en los hospitales contaminados, o los desnutridos, o los indígenas, o ancianos que mueren de mengua.

Pero el gobierno ha tomado la cuarentena, que obviamente es necesaria y correcta para evitar la propagación del virus, no como una situación transitoria, coyuntural, mientras se controla la propagación -que no ha sido tal- para hacer las pruebas recomendadas por la OMS -que no se han hecho- ni para acondicionar el sistema de salud -que tampoco ha sucedido-, sino como una oportunidad para mantener al país desmovilizado, encerrado; como una excusa para restringir toda actividad, movimientos y sacar a la gente de la calle. 

Al gobierno le conviene, por razones políticas, que la población esté encerrada en sus casas, recibiendo mentiras y desinformaciones, exacerbando la sensación de fatalismo. Le conviene un pueblo bombardeado de propaganda y aislado de la realidad. Es por ello que, en la llamada comisión presidencial, no hay ningún médico especialista en el área, como sucede en todas partes del mundo, ni nadie capaz de decir la verdad. 

El gobierno, ante su incapacidad de gobernar y conducir al país, recurre al caos, al escándalo, la amenaza y la represión para mantenerse en el poder. En una situación normal, donde tuviesen que rendir cuentas o medirse en unas elecciones, este gobierno no duraría nada, ya lo hubieran revocado.

Pero esta estrategia distraccionista le puede salir cara al madurismo. En el caso de la cuarentena es difícil mantener al pueblo en una cuarentena indefinida y menos aún en una cuarentena de hambre. Lo hemos dicho anteriormente, no se puede pedir que el pueblo se suicide, que se quede en su casa encerrado si no hay comida, ni agua, ni electricidad, ni luz, ni gasolina, ni gas. No solo porque es injusto y cruel, una conducta indolente del gobierno, sino porque sencillamente es insostenible, la gente no aguanta, no se la cala mas.

Porque es que la Venezuela de maduro, es la Venezuela de los bodegones, de la injusticia, de la desigualdad. Si usted vive en Caracas, Valencia o Maracaibo, en las zonas de mayores recursos, entonces puede, con dificultades, pero puede, mantenerse en cuarentena, si tiene dólares, puede incluso hacerse un mercado para abastecerse, digamos de 150 dólares quincenal, que al cambio de hoy, es algo así como 30 millones de bolívares devaluados, 120 veces el salario mínimo mensual. 

Pero la inmensa mayoría de los venezolanos, más del 90%, está en niveles de pobreza, según el índice de pobreza de las Naciones Unidas, de 1,9 dólares diarios de ingreso, es decir, 380.000 bolívares diarios de ingresos, que serían 11.400.000 bolívares de salario mínimo mensual. Todo el que gane por debajo de ese monto mensual, está en la pobreza.

No hay dinero que alcance para sobrevivir en el país, ni para adquirir alimentos cuyos precios se han disparado nuevamente. Otra vez el gobierno intenta acordar precios con los pocos empresarios y productores que quedan en pie, en una economía devastada por su incapacidad y malas decisiones, una economía de libre mercado, capitalismo salvaje, atrasado, expoliador del trabajo. Ésta es la economía del madurismo, el resultado del paquetazo anunciado el 28 de agosto de 2018. 

Nuevamente, y en el mismo esquema del escándalo y distracción, se anuncia la intervención de algunas de las pocas compañías que quedan operando en el país, y que lo hacen a sus anchas, en la medida que no hay gobierno que gobierne. El gobierno no tiene capacidad para conducir ni hacerse cargo de nada, el mejor ejemplo de ello es la destrucción de PDVSA y de todas las empresas del Estado que, apenas hace 7 años, eran las que sostenían la economía del país. El madurismo ha acabado con todo.

Al gobierno le interesa que el país esté encerrado, porque no hay gasolina para moverlo. En mis Boletines Petroleros, he explicado el por qué se ha creado el caos generado por la escasez de gasolina, diesel y gas. Aquí no hay excusas que valgan, esto es únicamente responsabilidad de maduro y su equipo de gobierno. Ellos arremetieron contra PDVSA, nos persiguieron y encarcelaron a sus directivos, gerentes y trabajadores, llegaron al extremo de dejar morir a Nelson Martínez en prisión, y el resultado es, que la empresa, que hasta el 2013 era la quinta empresa petrolera más importante del mundo, colapsó. 

La producción de petróleo ha caído 2,4 millones de barriles en 7 años, desde el 2013 que produjimos 3,011 millones de barriles día, hasta marzo de este año que producimos solo 660 MBD. Pero también ha sucedido con la gasolina, el diesel y el gas. En el 2013 fuimos capaces de producir en el país, 1.127 MBD de combustibles: 302 de gasolina, 270 de diesel, 193 de Fuel Oil y 361 de otros productos como aceites lubricantes. En esos años podíamos, no solo satisfacer el mercado interno, sino exportar, el año 2014, con una producción de 1 millón 72 mil barriles dia, destinamos 666 MBD de combustibles al mercado interno y 406 MBD a la exportación.

Pero este año 2020 no se produce nada, solo 135 MBD de combustibles y las refinerías nacionales están paradas técnicamente. El gobierno y su comisión privatizadora intentan entregar PDVSA y las refinerías a los privados, pero nadie quiere hacer tratos con maduro y su gobierno. Por ello, el gobierno está rematando desesperadamente  lo que no ha sido capaz de conducir, de dirigir. Éste es un país que está siendo rematado y saqueado en sus recursos naturales.

No hay gasolina, ni la habrá, mientras se mantenga en MIraflores este gobierno incapaz. Ellos podrían traer algo de combustibles, pero eso, no resuelve el problema. El problema se resuelve reactivando PDVSA, nuestra empresa, nuestras refinerías, como hicimos cuando derrotamos el sabotaje petrolero. Ahora están canibalizando equipos de una refinería para tratar de arreglar otra. Sacan equipos y partes del Complejo Refinador Paraguaná, para tratar de reactivar la Planta de Fraccionamiento en El Palito, para producir al menos 35 MBD, lo cual no ha dado resultados, es difícil que eso suceda. Es como sacar repuestos de un Toyota para ponérselos a un Ford. Traen aviones con equipos técnicos iraníes para tratar de reactivar algunas plantas en el CRP, mientras tienen presos a Jesús Luongo y sacaron de PDVSA a Iván Hernández y tantos otros trabajadores, pilares del arranque del CRP después del sabotaje y líderes del equipo técnico-gerencial que mantuvo a nuestro gigante refinador operando, hasta que llegó maduro y se puso a improvisar, a jugar con las refinerías y sus improvisados equipos gerenciales.

Un general que era viceministro de refinación fue destituido porque hizo un tuit agradeciendo el apoyo Iraní a PDVSA. maduro aduce que es removido por la escasez de gasolina, en esa lógica, debería remover a Quevedo y a toda la Junta Directiva y el generalato que se ha tomado PDVSA. No, todos sabemos que la razón verdadera es el “error” del viceministro de informar al país, el propósito de los aviones iraníes en el país.

Ahora, se ha convertido en un problema o un delito informar al país. Botan a la ministra de salud porque publicó cifras de la mortalidad infantil, meten presos a periodistas que informan la verdad del Coronavirus, destituyen viceministros, sin mencionar la cantidad de trabajadores presos por denunciar los manejos del gobierno y reclamar sus derechos.

Pero el pueblo no aguanta más. Toda esta semana se han producido saqueos y revueltas en los estados más apartados y más pobres. En el Estado Sucre, Cumanacoa, Araya; en el Estado Bolivar, Upata; en el Estado Monagas, Punta de Mata; en Mérida, Pueblo Nuevo. La respuesta del gobierno ha sido represión, plomo, bandas armadas, al mejor estilo de las bandas armadas adecas, de la Sotopol, salen a disparar y asesinar al pueblo, como pasó en Upata, un joven muerto por grupos de motorizados que salieron a reprimir al pueblo. Y de ello no informan nada.  

No se puede sostener una cuarentena con hambre. No se puede sostener un país en este caos, con la economía destrozada, con una profunda crisis política, económica y social, cuyo único responsable es maduro y los cinco que lo acompañan.

El país no puede seguir así. Uno es propenso a ayudar y aportar soluciones. Pero lo que uno diga o proponga, caerá en el vacío de la indolencia del gobierno, el “culillo” del Psuv y la intolerancia de la derecha. 

Pasamos años y perdimos un tiempo precioso intentando que maduro rectificara en base al programa para el cual fue electo, pero fue imposible, perdimos un tiempo valioso, dejamos que la barbarie avanzara con el chantaje de la unidad de los patriotas y la lealtad a Chávez. Nos engañaron a todos, por eso hay que actuar con urgencia y determinación.

Antes de poder hacer nada constructivo por el país, hay que salir de la crisis política, del problema de falta de legitimidad del gobierno, hay que restablecer la Constitución y las leyes; permitir que el pueblo asuma el control de su destino. Una Junta Patriótica de Gobierno es imperativa, más allá de cualquier otra circunstancia, se impone la urgencia de un cambio de gobierno, de dirección, retomar el camino de la soberanía, del bolivarianismo, de la justicia, del desarrollo económico y social, el camino que nos trazó el Presidente Chávez.