El petróleo sigue siendo uno de los factores fundamentales de la geopolítica mundial, esto a pesar de los anuncios y los esfuerzos para lograr una transición energética hacia el consumo de energías distintas a las fósiles; la realidad, es que éstas (petróleo, gas y carbón), aún constituyen el 84% del consumo mundial de energía. Así, mientras grandes economías industrializadas vienen anunciando desde 2020 –con ocasión de la pandemia del COVID-19– el fin de la era del petróleo, lo cierto es que la economía mundial ha basado su recuperación en el consumo de petróleo. 

Para inicios de este año 2022, el precio del petróleo se ubicó en 80 dólares por barril; mientras que, la demanda, luego de una recuperación extraordinaria de los 10 millones de barriles diarios perdidos durante la pandemia del COVID-19, se colocó en 100 millones de barriles día de petróleo, la cifra más alta de consumo en la historia de la humanidad. Una vez que se produce la invasión rusa a Ucrania, el precio del petróleo se ha disparado a valores que han superado los 120 dólares el barril, por el riesgo que dicho conflicto significa para la estabilidad del mercado petrolero, toda vez que Rusia no sólo es el segundo mayor productor de petróleo y gas del mundo; sino que, le han sido impuestas sanciones devastadoras por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. El precio del petróleo ha promediado durante todo este año 111 dólares el barril, un precio definitivamente extraordinario. 

Ante este escenario, la OPEP+ ha jugado un papel fundamental en la estabilización del precio del petróleo; debemos recordar, que el precio del petróleo llegó a cotizar en -34$ el barril en abril de 2020 y que fue solo, gracias al decidido recorte de producción de 9 millones de barriles, que entró en vigencia en mayo de ese mismo año, que la OPEP+ pudo recuperar el precio y estabilizar el mercado. 

Esta capacidad demostrada por la OPEP+, de incidir sobre el mercado petrolero, no sólo ratifica la vigencia de la organización y el derecho de los países productores de intervenir el mercado para defender el justo valor de su recurso natural, sino que, le otorga a la misma, liderada por Arabia Saudita y Rusia, un extraordinario rol como actor geopolítico en el mundo. 

En toda esta situación, Venezuela ha estado ausente 

Nuestro país, miembro fundador de la OPEP y poseedor de las mayores reservas de petróleo del mundo, sencillamente, no tiene nada que decir ni hacer en la coyuntura actual del mercado mundial del petróleo. El colapso de la producción petrolera venezolana (con una caída entre 2014 y 2022 de 2,4 millones de barriles de petróleo) que se ubica hoy día en solo 670 mil barriles día de petróleo; y, la incoherencia de la postura política del gobierno, que ha manifestado como un logro haber puesto fin a la era del petróleo en el país, han colocado a Venezuela al margen de cualquier decisión en el seno de la OPEP+ y, por supuesto, sin ninguna relevancia geopolítica.

En la última reunión de la OPEP+ del pasado 05 de octubre –la primera reunión presencial de los Ministros desde la pandemia de la COVID-19–, el ministro de petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, sancionado por los EEUU, la Unión Europea y con orden de captura internacional, no estuvo presente en Viena. Es decir, para tener una medida de la situación de aislamiento del país y su escaso peso en el acontecer mundial, el ministro de petróleo venezolano ni siquiera puede asistir a las reuniones de la OPEP. Esto es, sin duda, un grave problema para el país en el seno de la organización.

El gobierno venezolano, siempre ha achacado esta situación de aislamiento y minusvalía de Venezuela en el mercado petrolero internacional y la OPEP+, a las sanciones norteamericanas y europeas; pero este argumento, es inmediatamente desmentido por la realidad, cuando en las reuniones de esta organización y sus decisiones, tienen un peso preponderante las opiniones y el accionar, nada más y nada menos, que de Rusia e Irán. Estos países, a pesar de participar en una guerra abierta y de estar sometidos a sanciones y bloqueos absolutos, en algunos casos, como el de Irán, desde hace más de 40 años, por parte de las grandes potencias occidentales, no han abandonado ni descuidado por un segundo su industria petrolera, puesto que entienden que la misma no solo es un factor fundamental en sus economías como países productores, sino que es un elemento clave en su fortaleza geopolítica y seguridad. 

A pesar de la guerra y las sanciones, Rusia produce hoy día 9,9 millones de barriles de petróleo, solo ha perdido 200 mil barriles día a pesar de la guerra y las masivas sanciones; mientras que, Irán produce 2,6 millones de barriles día de petróleo. En conjunto, aportan 12,5 millones de barriles día de petróleo, lo que corresponde al 29% de la producción de petróleo de la OPEP+. Con ese peso específico, nadie puede dejar de lado a estos países, aunque estén duramente sancionados, cuando se hacen consideraciones con respecto al mercado mundial de petróleo. 

La situación de nuestro país, más que lamentable, es absurda. En 2013, con una producción de 3 millones de barriles día, Venezuela se ubicaba como el cuarto productor más importante de la OPEP;  nuestra producción equivalía al 11% de la producción del grupo; y, nuestra opinión y posturas, eran escuchadas y relevantes; Venezuela siempre estaba presente en la organización y en la política petrolera internacional. Hoy día, con una escasa producción de 670 mil barriles diarios de petróleo, Venezuela ha caído al foso de la organización, ubicándose en el 10º puesto –sólo superando a Gabón, Guinea Ecuatorial y Congo–, y su producción equivale al 2% de la producción del grupo. 

En América Latina, donde Venezuela se ubicaba tradicionalmente como el gran productor de petróleo, junto a México, muy por encima del resto de los países de la región, hoy día, está igualmente al final de la cola, por debajo de Colombia, Brasil, México y Argentina, solamente por encima de Ecuador y de Guyana; que, por cierto, hoy día produce 350 mil barriles día de petróleo en las aguas del Territorio Esequibo, esto ante el silencio y la inacción de las autoridades venezolanas.

Esta situación, producto del colapso petrolero en Venezuela, tiene además, severo impacto económico para el país. Si tomamos la cantidad de petróleo que ha dejado de producir Venezuela, es decir, 2,32 millones  de barriles y lo multiplicamos por el promedio precio del año de 111 dólares el barril de este año, tendríamos que, el país ha dejado de recibir 258 millones de dólares por día, lo que, a la fecha de hoy, corresponde a 79 mil 772 millones de dólares que dejaron de ingresar a la economía nacional, es decir, el gobierno venezolano ha sido incapaz de captar esta suma extraordinaria de la renta petrolera internacional para beneficio del país. 

Pero el negocio petrolero es tan rentable que, aún siendo mal administrado, es el mejor del mundo. Veamos y hagamos la cuenta de lo que debería haber ingresado al país, aun con la mermada producción de PDVSA. 

¿Dónde está el ingreso petrolero?

Hagamos un ejercicio numérico de lo que ha sucedido con la producción y exportación de petróleo en el país en los primeros seis meses del año, recordando siempre aquella frase atribuida a Pitágoras, y que Chavez gustaba repetir, de que “dios habla por las matemáticas”. La producción promedio de Venezuela durante los primeros seis meses del año, se ubica en 690 mil barriles día, muy por debajo de los 2 millones prometidos por el gobierno y que el ministro juró que alcanzaría; si a esta cifra le restamos un estimado de 140 mil barriles día, que se usan teóricamente en la producción de combustible en nuestro deteriorado sistema de refinación (el cual tiene una capacidad instalada de 1,2 millones barriles de petróleo), las exportaciones de petróleo para este periodo serían de 554 mil barriles diarios. 

Como en Venezuela nadie rinde cuentas y PDVSA dejó de emitir sus estados financieros auditados a partir de 2016; entonces, vamos a utilizar para estimar los ingresos de PDVSA, por comparación, los resultados de la gestión de Ecopetrol (empresa de petróleo del Estado Colombiano) en los primeros seis meses de este año, los cuales se reflejan en sus Estados Financieros, que son de acceso público.

Los resultados de Ecopetrol, con una producción de petróleo  de 537 mil barriles día (del cual el 70% es crudo pesado) para el periodo, muestran ingresos de 16 mil 500 millones de dólares, un monto extraordinario, nada despreciable, producto tanto del incremento de la cesta de crudos pesados debido al alza de los precios del petróleo, sumado a la producción y venta  de productos de mayor calidad, refinados en Colombia y la gestión de la empresa, que comercializa directamente su producción. Esto quiere decir que PDVSA, ahora con una producción similar a la Ecopetrol, y exportador de crudos pesados, ha debido tener ingresos cercanos a esta cifra (16 mil 500 millones de dólares) en los primeros seis meses del año, sin embargo, ese dinero NO SE VE por ningún lado en el país.

Habría que interpelar al ministro Tareck El Aissami, tan dado al insulto y la descalificación, para que explicara al país y, por cierto, a su propio gobierno, los resultados de PDVSA. Habría que preguntarle al ministro: ¿Dónde está el dinero proveniente de la renta petrolera? ¿Quién vende el petróleo venezolano? ¿A qué precio? ¿Cuánto es el descuento que se está otorgando a nuestro petróleo? ¿Cuántos impuestos y regalías se pagan al país y cuánto de todo ese dinero, ingresa de nuevo a la economía venezolana? 

Yo asomo algunas respuestas, de situaciones que he advertido y denunciado desde hace tiempo respecto al caótico manejo de PDVSA y que me han valido todo tipo de descalificaciones y ataques pseudo jurídicos en mi contra y en contra mi familia. Veamos:

• El poco petróleo que se produce, y no voy a entrar en las consideraciones de por qué se produjo el colapso de la producción de PDVSA, se vende en su totalidad, a través de intermediarios y terceros vinculados a los distintos grupos del gobierno. 

• La Dirección de Comercio y Suministro de la empresa está desmantelada, y se ha convertido en una oficina que otorga volúmenes de petróleo a empresas privadas, a su solo criterio y entera discreción. 
• La producción de petróleo del país NO es fiscalizada por el Ministerio de petróleo, este fue desmantelado; no puede verificar volúmenes,  calidades, destinos y mucho menos el precio.

• El petróleo venezolano no se vende más, utilizando precios fórmula, públicos y verificables, como teníamos anteriormente; después del desmantelamiento de la oficina técnica del Ministerio de Petróleo en Viena, no existe nadie que pueda fiscalizar, verificar el precio mínimo de venta de nuestro petróleo, ni el precio final para cobrar las regalías del Estado. Ya no hay ni fórmula de precios, ni factor K, ni verificación del Ministerio.

• Nuestro petróleo se vende al precio que decide el privado, con descuentos que alcanzan, incluso, el 40% del valor del mercado. En este punto, la excusa del bloqueo y las sanciones, han amparado un verdadero saqueo; la administración del General Quevedo en PDVSA, dejó perder o entregó nuestra flota de 83 embarcaciones, con buques propios y asociados, luego de lo cual, cedieron nuestra comercialización a terceros, que hacen lo que quieren con nuestro petróleo; por supuesto que, así, resulta muy difícil que este dinero ingrese al país y a la economía nacional. 

De vuelta a la Apertura Petrolera

Un último aspecto que no hay que perder de vista, es que, a raíz de la  decisión de la OPEP, tomada en su pasada reunión, de recortar 2 millones de barriles de petróleo, para sostener el precio ante las perspectivas de desaceleración en la recuperación de la economía mundial  producto de la guerra en Ucrania, la inflación y otros efectos macroeconómicos producto de las medidas anti COVID-19, sumado a la conflictividad geopolítica, el presidente norteamericano Joe Biden, mostró abiertamente su disgusto, con el hecho de que la OPEP+, no solo se mantuviera coordinando la política petrolera con Rusia; sino que, no hiciese nada, para que el precio del petróleo se colocara por debajo de los 80 dólares el barril. 

Biden anunció que seguirá liberando petróleo de sus reservas estratégicas; hasta ahora, lo han hecho, con 830 mil barriles diarios durante este año; además, pidió apoyo al Congreso, para tomar acciones para debilitar el poder que tiene la OPEP sobre el precio del petróleo. 

Esto, por supuesto, se traduce en un cheque en blanco a las operadoras de petróleo norteamericanas que, a pesar de las promesas de la administración de frenar la producción de energías fósiles, en el marco de su política de Green Deal, han aumentado su actividad petrolera. Se estima que, Estados Unidos, llegue a producir, para finales de este año, 12,3 millones barriles de petróleo diarios; ésto significa, un incremento de 27% desde mayo de 2020. 

En Venezuela, la punta de lanza de la estrategia de quebrar la unidad de la OPEP y debilitar a la organización, son las negociaciones de la Chevron con el gobierno de maduro. No por la importancia que tengan en el incremento de la producción (realmente, estamos hablando, en el mejor de los casos, de 200 mil barriles de petróleo), sino, por la derogación implícita de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y violación de la Constitución, que suponen estos acuerdos; y, con ella, la restauración, clara y abierta, de la Apertura Petrolera, donde las transnacionales controlarán, nuevamente, el manejo y uso de nuestro petróleo, y los venezolanos perderemos la posibilidad de utilizar la renta petrolera para reconstruir el país.

Estos son temas para el debate, aspectos cruciales, de la economía de un país petrolero, que deberían ser objeto de una amplia interpelación e intervención de los distintos factores políticos, porque de ellos dependen las posibilidades de atender la emergencia humanitaria de nuestro pueblo y superar la catástrofe del país. Pero, ¿quién va a decir algo al respecto, si los que levantan su voz, son objeto de todo tipo de ataques y persecuciones, como ha sido mi caso, si se los llevan presos a ellos o sus familiares? En estas condiciones no es posible debatir, mucho menos interpelar, no hay partidos políticos ni instituciones, se han cerrado todos los espacios para la participación política, es un pueblo en desbandada. Mientras tanto, en el silencio del miedo, el país se hunde inexorablemente.

El Tercer Informe de la Comisión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos (“Facts-finding Commission”) del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Venezuela, emitido el pasado 20 de septiembre en Ginebra, reviste una gravedad tal, que coloca al gobierno en una precaria situación de legitimidad ante el país y la comunidad internacional, al señalarse a sus más altos representantes como responsables directos de graves violaciones a los DDHH.

El gobierno ha guardado silencio, desconcertado por los señalamientos y las pruebas; mientras que, el Fiscal General trata, como es usual en él, de recurrir a la descalificación y la mentira, arremetiendo en contra de un organismo tan prestigioso como la Comisión de las Naciones Unidas, con el ya usual argumento de que actúan movidos por el dinero, es decir, que son corruptos.

Pero los Informes de la Comisión Internacional Independiente de la ONU (FFC), actúa y genera sus Reportes por mandato del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, (constituida por países electos en la Asamblea General, del cual Venezuela, es parte), con el objeto de determinar hechos e identificar lo que sucede en un país o conflicto, de manera específica. Es decir, ya no se trata de un Informe de la Oficina del Alto Comisionado, que emite reportes sobre la situación de los DDHH en todo el mundo, sino de un trabajo y un dictamen concreto sobre el caso de Venezuela; y ello, por solicitud expresa de los países que conforman el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en este caso, a través de la Resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019.

Esta Comisión trabaja de acuerdo con una metodología ya establecida y acordada en el seno de la ONU, para sus investigaciones sobre violación de los Derechos Humanos y utiliza, como base de sus conclusiones, entrevistas directas a las víctimas, familiares, ex funcionarios -en este caso, 246 personas-, que son verificadas con otras fuentes de información, hasta tener lo que se conoce como “motivos razonables para creer”.

Esta metodología, ha permitido identificar y denunciar graves violaciones a los Derechos Humanos en los territorios ocupados de Palestina y Gaza; así como, las cometidas en Sudán del Sur, Darfur, RD del Congo, Yemen, Myanmar, Ruanda, entre otros.  

Además de los Reportes de la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU, el Consejo de los DDHH de la ONU, por intermedio de la Comisión Internacional Independiente (FFC), ha emitido tres Informes demoledores sobre la situación de Venezuela:

• En su Primer Informe (25 septiembre de 2020), se centró en la Violación de los DDHH en el país, donde, con base en más de 383 entrevistas y hechos documentados, se determinó la comisión de graves violaciones y  sus responsables, hechos que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es signataria desde el año 2000, gracias al Presidente Chávez. 

• En su Segundo Informe (16 de septiembre de 2021), la Comisión se centró en el Sistema de Justicia (Fiscalía y Poder Judicial), donde concluyó que estos organismos contribuyen, directamente, a perpetuar la impunidad en las violaciones de los Derechos Humanos, señalando la ausencia de Estado de Derecho y los mecanismos violatorios que se han establecido para mantener desamparados a los ciudadanos y guardar silencio ante los crímenes, señalando como responsable directo, al Fiscal General Tarek William Saab.

• El Tercer Informe (20 de septiembre de 2022), se centra en la actuación del DGCIM y SEBIN en la violación de los DDHH eidentifica, con base en entrevistas, declaraciones y documentación existente, la estructura y cadena de mando de estos organismos, determinando la responsabilidad directa de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami, además de los directores generales y directores de línea de dichos Entes que, actuando de conformidad a un Plan para reprimir a personas opositoras al gobierno, deciden los objetivos políticos a reprimir y ordenar la detención de opositores civiles o militares, sus familiares, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones sexuales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

El Informe es definitivo, no habla de presunciones, sino de hechos comprobados. Identifica, uno a uno, los supuestos y los va encuadrando como Patrones de Conducta; y por tanto, reiterados y continuos, en especial, para las formas y métodos de torturas, secuestros y ensañamiento con los familiares. Es claro, cuando se refiere a las víctimas como objetivos previamente seleccionados, directamente, por los altos funcionarios, y  habla de represión selectiva. Aclara que no se han producido mejoras, ni cambios, a pesar de los llamados de atención; confirma la falta de colaboración del gobierno para llevar a cabo su investigación y el terror de los testigos al informar, aunque, logra declaraciones determinantes de los propios funcionarios internos.  Pone en duda las aseveraciones del gobierno; identifica las arbitrariedades, las violaciones a los derechos humanos. Se adentra en los espacios; va hasta el fondo, usando un lenguaje contundente, concluyendo con el DEBER, y no simplemente el exhorto, de investigación de los responsables.  

Un señalamiento grave del Informe, es que las altas autoridades del gobierno mencionadas, tenían pleno conocimiento de las violaciones a los derechos humanos de los detenidos y participaron en reuniones de coordinación de acciones, dando órdenes concretas y seleccionando directamente al objetivo,  en contra de personas con un perfil específico o en sus familiares, que incluía: personas que habían criticado al gobierno, que alcanzaron notoriedad o son percibidos como una amenaza o, incluso, una potencial amenaza política, sea real o supuesta, para el gobierno. 

El Informe establece que “El nivel de responsabilidad más allá de los perpetradores directos, suele aumentar hasta llegar a los rangos superiores de mando”. Para luego agregar, que “Estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno; y que, Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel, prestaron apoyo y fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”. El Informe concluye que los señalados, tienen responsabilidad penal personal y directa en los hechos descritos y deben ser investigados por los órganos con competencia nacional e internacional.

Los hechos documentados y las conclusiones de estos reportes, son muy graves, a lo que se suma el hecho de que por primera vez en la historia, cursa en contra de un país de americalatina una investigación por crímenes de Lesa Humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).  Estos hechos no pueden ser desechados o ignorados, ni por el gobierno, ni las fuerzas políticas y sociales del país,  ni las academias, universidades, la iglesia, gremios, asociaciones, intelectuales, periodistas, trabajadores; y, en general, por todos aquellos que aún sean capaces de “indignarse ante la injusticia”, como decía el Ché Guevara.

Si existiesen Instituciones, si tuviésemos un Fiscalía General que velase por los Derechos Humanos, si tuviésemos una Asamblea Nacional, que controlara la acción del gobierno, partidos políticos preocupados por el futuro del país, o un PSUV Chavista o, al menos, humanista; si tuviésemos intelectuales (de aquellos que les encanta “presumir” lo que desea el gobierno), si hubiese periodistas valientes o con ética en el ejercicio de su misión, ya se hubiese abierto una profunda discusión de lo que sucede en el pais, de la violación de los DDHH, la represión y el miedo.  

Pero la realidad es que, a pesar del silencio y el control impuesto al país,  es evidente que el gobierno está a la deriva; ha conducido al país a un abismo, en el cual se ha perdido toda referencia ética y humana de la política. Ni en el gobierno, ni en la clase dirigente, hay dirección; no hay política, ni unidad de mando, no hay instituciones, solo prevalecen los intereses mezquinos de los distintos grupos de poder. Se ha perdido el sentido de la política.

El gobierno recurre a la represión y el miedo para mantener un férreo control sobre el país, sobre el pueblo, que sigue escapando como puede de este desastre. No hay ningún éxito, ni logro que mostrar; la situación sólo va de mal en peor, por lo que, el gobierno ha recurrido a la violencia de Estado, para imponer el miedo y reprimir cualquier posibilidad de ejercicio de los derechos políticos por parte de los ciudadanos.

El gobierno recurre a las peores prácticas represivas, al Sippenhaftung nazista, que responde al ensañamiento e incluso, el secuestro de los familiares de sus enemigos políticos, de aquellos quequienes nos oponemos a este desastre, el método que utilizaron las dictaduras de Videla, Pinochet; y, Trujillo, en República Dominicana.

En mi caso, que he cumplido con mi responsabilidad y deber de  defender las políticas del gobierno del presidente Chávez, nuestra gestión al frente de la PDVSA del pueblo, defender a los trabajadores petroleros que han sido encarcelados y muertos en custodia, defender el Plan de la Patria, el socialismo y denunciar la entrega del país, he sido sometido a la más feroz persecución política, sujeto de agresiones de todo tipo, incluyendo falsas acusaciones y medidas judiciales, por parte del “sistema de justicia” del madurismo. Nadie dice nada, el linchamiento y la persecucion politica, se convirtió en una norma, el miedo es tremendo. 

A partir de que manifesté mi intención de postularme a las próximas elecciones presidenciales como una opción Chavista, Bolivariana, de unidad nacional, para batirnos en la arena política, en el marco de la Constitución, se desató la furia y la intolerancia del madurismo. Los más peligrosos agentes del madurismo, se ensañan en mi contra y en contra de mi familia. El fracasado ministro Tarek El Aissami y el Fiscal desquiciado, me acusan, ofenden y atacan con sus ollas podridas, pero además, ocupan mi casa y la de mis familiares, arremeten entre otros miembros de mi familia, en contra de mi esposa y se llevan secuestrado a mi hermano.

Yo soy el único responsable de mis actos y posturas políticas, por lo que, arremeter en contra de mi familia, mi esposa y hermano, no sólo, es un acto cobarde y absolutamente ilegal, sino que, demuestra que el gobierno actúa como si fuera una banda de malandros, unos fascistas. No tienen ningún tipo de ética política, no existen códigos. Mi padre y mis tíos estuvieron involucrados en la lucha armada de los años 60, combatientes de las FALN y jamás, ni el gobierno, ni la DIGEPOL, arremetió contra la familia; el mismo Comandante Chávez, encabezó una rebelión militar, un alzamiento armado y el gobierno de entonces, no se llevó presos a sus familiares. El gobierno de maduro actúa como las peores dictaduras, ejerciendo una violencia que era desconocida en nuestra historia política, pero en todo caso, se supone que un gobierno que utiliza la figura y el nombre de Chávez, no puede recurrir a actos tan cobardes y aberrantes como éstos, de tomar represalias en contra de familias enteras, como si fuera una vendetta. 

Arremeten en contra de personas honorables y justas, que no tienen nada que ver con mis posturas políticas, ni con decisiones de gobierno. En el caso de mi esposa, su dilatada y brillante trayectoria profesional y académica, universitaria y su labor a favor de todos, desde La Estancia ha sido reconocida por todo el país. En el caso de mi hermano, se trata de un hombre de principios, valores, científico, un médico especialista y reconocido en el sector, con más de 36 años de servicio profesional, dedicado al estudio y ejercicio de la medicina a tiempo completo, nunca se ha involucrado ni en el gobierno, ni en la política, solo acudió al llamado del presidente Chávez para finalmente diagnosticar su grave enfermedad. Ha cumplido con todas las medidas restrictivas dictadas por el gobierno y a pesar de ello, se ha mantenido en el país, trabajando y ayudando a sus pacientes, salvando vidas; su detención es una retaliación política, una actuación desproporcionada e ilegal del gobierno en contra de inocentes para castigar o condicionar mis posturas políticas, chavistas.  

La dirigencia del madurismo ha perdido el norte político, no saben cómo actuar, están envilecidos por el poder y actuando de acuerdo con los más crueles instintos de revancha u odio, al margen de la Ley, haciendo lo que les da la gana.

Los altos jerarcas y el gobierno están aislados de la comunidad internacional, han perdido toda influencia geopolítica, perdieron el petróleo, son señalados como violadores de los DDHH., desprestigiados, sancionados y con órdenes de captura; maduro ni siquiera se atreve a asistir a la Asamblea General de la ONU, el discurso que leyó su canciller, no aporta nada, a nadie le interesa. 

Mientras la propaganda gubernamental trata de convencer vanamente al país de que “todo se arregló”, la verdad es que, más allá de los intereses y riquezas de empresarios oportunistas y aventureros que participan del “milagro” del gobierno, para las inmensas mayorías del país todo va de mal en peor, la economía, la vida diaria, la posibilidad de un futuro mejor, una vida digna, sin miedo, por ello, siguen escapando millones de venezolanos (6,8 millones lo han hecho entre 2016-2021 según la UNHCR). 

El gobierno entrega el país e invita a los privados a apropiarse de todo, en el más absoluto secreto e impunidad, violando o desaplicando las Leyes de la República, mientras, los trabajadores tienen salarios de hambre, son explotados como mano de obra esclava, sin ningún tipo de derecho, les escamotean sus pensiones, sus conquistas laborales. Se burlan de ellos, de su tragedia. 

Se quieren lavar la cara, mostrar una fachada democrática, pero arremeten contra los que queremos conquistar espacios políticos, mostrar alternativas a este desastre, siempre en el marco de la Constitución y las Leyes, buscando salidas políticas a esta profunda crisis. Actúan en contra de los ciudadanos, de las leyes, despojando de manera arbitraria a los ciudadanos de su libertad, de su tranquilidad,  de su vida. 

Pero el poder es algo pasajero, las sociedades no se suicidan y todo tiene su tiempo. Todo lo que ha sucedido en el país en esta etapa oscura, esta tragedia, está siendo registrado y documentado, para el momento en que haya que rendir cuentas ante la Ley y la historia.