Finalmente, como era de esperarse, la ANC, en una sesión que quedará marcada para la historia como una burla a la inteligencia del país, “aprobó” al mejor estilo adeco, la “Ley Antibloqueo”, una ley inconstitucional y entreguista del patrimonio de todos los venezolanos.
Esta sesión de la ANC, nos trajo a la memoria las sesiones del antiguo Congreso de la IV República, donde la aplanadora y el furor entreguista (“votar con las dos manos”), aprobaba los contratos de la Apertura Petrolera, privatizaba PDVSA, entregaba CANTV, Aeropostal, Viasa, la CAVN, entre otras. Hoy día, son otros “doctores” y actores políticos, algunos insospechados hace apenas 7 años, pero con el mismo resultado: imponer, de espaldas al pueblo, una Ley que desmonta el marco jurídico y Constitucional del país y consuma la decisión política de desnacionalizar la economía nacional, los pilares de la Soberanía.
Tengo más de cinco años denunciando hacia dónde va este gobierno, la entrega de nuestro petróleo, la reversión de las conquistas de la Revolución Bolivariana, el bandazo a la derecha del madurismo y el abismo al que nos ha conducido. Esto me ha valido exilio, linchamiento moral y persecución poliítica; pero los hechos y todo el accionar del gobierno, así como sus consecuencias sobre el país, nos han dado la razón. Nosotros seguiremos leales al pueblo y a Chávez. Los traidores son ellos.
La ANC, antes de disolverse, en diciembre, como ya ordenó maduro, demuestra que ni es Poder Originario, ni pensó nunca redactar otro Texto Constitucional; y, mucho menos, preservar las garantías económicas, políticas y sociales conquistadas por el pueblo con la Revolución Bolivariana. Su propósito, ahora claro pero que nosotros advertimos en nuestro artículo del 8 de mayo de 2017, “La línea roja”, es actuar como instrumento del gobierno para desmontar el marco jurídico y constitucional de la República y así abrir vías para el restablecimiento de un capitalismo ramplón, dependiente, basado en el saqueo de nuestros recursos naturales, principalmente el petróleo, el gas, el oro.
En una sesión antecedida de todo tipo de amenazas y advertencias de que no se aceptarían opiniones contrarias a la Ley, los constituyentistas “debatieron” un proyecto de Ley que ni siquiera tenían en sus manos, es decir, desconocido, y los constituyentistas que tenían posiciones críticas no pudieron entrar a la misma, no había el “quórum” respectivo.
El debate fue conducido y entubado de manera “magistral” por Diosdado Cabello, ya uno no puede diferenciar quién está allí sentado, podría ser cualquiera, menos aquel capitán rebelde que se sumó al 4F y juró lealtad a Chávez.
El método del NO-debate consistió en la exposición de cada Capítulo de la Ley, momento estelar para que los operadores del madurismo se rasgaran las vestiduras por su jefe, seguido de la lectura-amenaza de los artículos, para concluir con la esperada levantada de manos. Listo. Nadie argumentó, nadie discutió temas tan graves y comprometedores para el país.
Solo unos pocos constituyentistas salvaron su voto, entre ellos, María Alejandra Díaz, quien es la que ha actuado con mayor entereza y valor. Sin embargo, Diosdado, ya aclaró, como si no se tratara de un órgano colegiado regido por las reglas de los mismos, que él no acepta votos salvados, tiene que ser una aplanadora total porque allí se hace “lo que diga nicolás”.
La presentación de cada capítulo y la rápida lectura de los artículos, está llena de elementos de orden político, que muestran con claridad la esencia del madurismo, además de la inconsistencia de los alegatos que, en un ejercicio de “leguleyismo” puro, buscan enmascarar la inconstitucionalidad y las verdaderas intenciones de la Ley.
Creo importante hacer mención a estos aspectos porque, por un lado deja importantes enseñanzas políticas de lo que es el madurismo, sus propósitos y razones, sobre todo para aquellos sectores revolucionarios que, en lugar de asumir su papel histórico defendiendo el legado del presidente Chávez, el socialismo y los derechos del pueblo, se mantienen apoyando todo lo que hace este gobierno; mientras que, por otro lado, resulta importante desenmascarar las violaciones a la Constitución y el propósito de los artículos fundamentales que ahora “maquillados” siguen estando allí, amenazando la soberanía del país.
Aquí es necesario hacer algunas precisiones.
Diosdado insiste en que la Ley no viola la Constitución sólo porque así lo indica en su articulado, pero los redactores de la Ley saben, y Diosdado ya debería saber, que la potestad de “desaplicar o inaplicar” (como quieran decirlo) leyes o normas legales del país, sólo corresponde a los JUECES DE LA REPÚBLICA, no a los ministros de maduro, ni a nadie del gobierno. Así lo establece el artículo 334 de la Constitución:
“Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.(…)
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”. (Cursivas y resaltado nuestros).
Es decir, según el Texto Constitucional, para GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE SU CONTENIDO, otorga la potestad de “desaplicar o inaplicar” (como quieran decirlo) leyes del país al Ppoder Jjudicial y esto sólo en casos de violación a la Constitución.
Por otra parte, las modificaciones o promulgación de nuevas Leyes, que obviamente tampoco pueden colidir con la Constitución o violarla, pueden ser propuestas por el Ejecutivo o el Poder Legislativo, pero siempre deben ser debatidas y aprobadas en la Asamblea Nacional.
Si el madurismo quiere modificar leyes de la República entonces que vayan a la Asamblea Nacional y den una discusión abierta, incluso pueden esperar a tener su propia Asamblea en diciembre. Claro, ni siquiera en esta circunstancia la Ley aprobada o modificada puede violar la Constitución.
Lo que no puede hacer el gobierno es “desaplicar o inaplicar” la Constitución. Para ello tienen que preparar un nuevo Texto Constitucional y someterlo al voto popular o dar un GOLPE DE ESTADO “suave”, usando para ello la ANC, como están haciendo.
La Asamblea Nacional Constituyente, no tiene facultades legislativas. De acuerdo con el artículo 347 de la Constitución, el Poder Constituyente se convoca sólo, para:
“… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y REDACTAR una NUEVA CONSTITUCIÓN…”
Los supuestos de la norma constitucional se deben dar en conjunto, son complementarios entre sí. Cuando se habla de un “nuevo ordenamiento jurídico” se refiere al que corresponde a la “nueva Constitución”.
Por ello, los redactores de la Ley Antibloqueo, no pueden argumentar que crearán “un nuevo ordenamiento jurídico” que VIOLE la Constitución vigente. Primero, tienen que redactar una NUEVA CONSTITUCIÓN, y que ésta sea aprobada por el voto popular, para LUEGO, redactar nuevas leyes, para así, “cambiar el ordenamiento jurídico”.
Por otra parte, Diosdado, a esta altura de su “experiencia parlamentaria” también debería saber que si se “DESAPLICAN o INAPLICAN” las leyes de la República que desarrollan el articulado de la Constitución, entonces, la norma en cuestión queda vulnerada, inaplicada y por ende, VIOLADA LA CONSTITUCIÓN. Veamos un caso, en lo relativo al petróleo. El artículo 302 de la Constitución establece:
“El Estado se reserva, mediante LA LEY ORGÁNICA respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico…”
La “LEY ORGÁNICA respectiva” a la que se refiere la Constitución en este artículo es nada más y nada menos que la LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS. Por esta Ley nos dieron un Golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Fue de las primeras leyes que “DESAPLICÓ o INAPLICÓ” Pedro Carmona Estanga.
¿Cómo pueden tener tan corta memoria Diosdado y los que aprobaron esta Ley que permite ahora, bajo la dirección de maduro y sus ministros “DESAPLICAR o INAPLICAR” esta Ley Fundamental? ¿Dónde queda Chávez, su obra, su palabra?
Esta ley siempre fue rechazada por la Vieja PDVSA, la meritocracia petrolera que impuso la Apertura Petrolera, por el capital transnacional que se había apoderado de la Faja Petrolífera del Orinoco y los sectores privatizadores de PDVSA. Hoy la ANC reivindica a Luis Giusti, la “Gente del Petróleo” y al General Guaicaipuro Lameda, entre otros.
La LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS (LOH) que ahora el gobierno quiere “DESAPLICAR o INAPLICAR”, consagra un articulado que desarrolla la reserva del petróleo, su propiedad y sus actividades relacionadas. Entre otros artículos fundamentales tenemos:
El Artículo 3. establece que “Los yacimientos de hidrocarburos, …pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por lo tanto inalienables e imprescriptibles”; el Artículo 4. estipula que las actividades de hidrocarburos “se declaran de utilidad pública y de interés social”. Estos artículos consagran que EL PETRÓLEO ES DEL PUEBLO, NO DE INTERÉS PRIVADO;
El Artículo 8. señala que el Ministerio del Petróleo será el órgano nacional competente en todo lo relacionado con la administración de los hidrocarburos, y que la empresa petrolera nacional de propiedad del Estado, PDVSA, será un ente adscrito al Ministerio de Petróleo y por lo tanto, del Estado; es decir, la LOH consagra que la POLÍTICA PETROLERA ES DIRIGIDA POR EL ESTADO VENEZOLANO y PDVSA es su operadora que, SUBORDINADA AL ESTADO, es instrumento del desarrollo de su política.
El Artículo 33. establece que PDVSA tendrá la mayoría accionaria y el control de las Empresas Mixtas, las que requerirán para su constitución de la aprobación de la Asamblea Nacional; el Artículo 9. indica que las actividades primarias y las relativas a las otras que su manejo requiera, por ende, sus bienes y activos, quedan reservados al Estado; en su Artículo 10. que establece que PDVSA mantendrá la PROPIEDAD sobre todos los activos existentes; La LOH es muy clara, de conformidad con los establecido en el artículo 302 de la Constitución, ni PDVSA, activos, bienes, refinerías, empresas, ni su FILIALES pueden ser privatizadas. El gobierno no puede dejar a PDVSA (100% propiedad del Estado) como un “cascarón vacío”, al vender sus filiales y empresas sustantivas, así como no puede perder la propiedad y control sobre los activos y empresas que permiten el desarrollo de la actividad reservada al Estado
El Artículo 57. que reserva la comercialización del petróleo crudo y productos derivados a la empresa de exclusiva propiedad del Estado; en sus artículos 44 hasta el 48. en un acto de Soberanía, el Estado establece regalías y otros impuestos a la actividad petrolera. La LOH es clara en que las competencias para fijar precios y vender el petróleo corresponden al ESTADO; de otra manera ¿cómo podemos estar en la OPEP?, ¿cómo podemos establecer el precio de nuestro recurso?, ¿cómo podemos captar el ingreso petrolero? El gobierno no puede “desaplicar o inaplicar” las potestades soberanas del Estado, de defender el precio de nuestro petróleo y venderlo de manera soberana, así como, de establecer impuestos y regalías, sobre un recurso que es de su propiedad y que desarrolla en el territorio nacional.
Entonces, si el gobierno “desaplica o inaplica” la Ley Orgánica de Hidrocarburos o su articulado, tal como pretende la “Ley Antibloqueo” en su artículo 19, para “celebrar todos los actos o negocios jurídicos”, como establece su artículo 24; “adaptarse a los mecanismos utilizados en la práctica internacional”, como postula su artículo 25; o “modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado de determinadas empresas públicas o mixtas”, como consagra el artículo 26, entonces, obviamente estaría violando el artículo 302 de la Constitución, es decir, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela quedaría como “LETRA MUERTA”.
Con la aprobación de esta Ley Inconstitucional, el gobierno pretende darle visos de legalidad a sus planes privatizadores de la industria petrolera, de la entrega del petróleo, tal como están plasmados en el Plan de “reestructuración” que la Comisión Alí Rodríguez Araque desarrolla en PDVSA; y que, como denunciamos el pasado primero de mayo, es un plan de privatización y entrega del petróleo que, sin duda alguna, viola la Constitución y las Leyes.
Dos caras del madurismo
No deja de ser una triste ironía del destino, que ahora Diosdado se apoye en Hermann Escarrá para tratar de darle visos de Constitucionalidad a esta Ley. Ahora, resulta ser el pilar fundamental de la ANC, quien se pavonea por el hemiciclo y se da el lujo de faltar el respeto e insultar de manera engominada, es la voz “docta” del madurismo. El mismo personaje que nunca le dio tregua al presidente Chávez, que al lado de la extrema derecha, alentaba las “marchas sin retorno”, el mismo que quería llevar al presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional.
Escarrá (no confundir por favor con su hermano, nuestro amigo, Carlos Escarrá, un verdadero y respetado constitucionalista que siempre puso su conocimiento y trabajo al servicio del pueblo y de la Revolución Bolivariana), se pregunta en su intervención, cito textualmente: “La verdad, cuando veo en los informes sostener la supuesta venta, privatización, de las empresas del Estado, tengo que pensar, o se trata de una distorsión mental o quienes están haciendo el análisis no saben de interpretación constitucional”. No es de extrañar Escarrá se esté refiriendo al mismo presidente Chávez, quien en su intervención el 10 de enero de 2010, ante la Asamblea Nacional, solicitando la Reforma de la Constitución en 2006, dijo:
“… Ustedes saben que esta Constitución nació, bueno en el medio de la tormenta, y ustedes recuerdan que… después que se daban aquellos debates, allá en la oscuridad de una oficina, un grupo de constituyentistas traicionando el espíritu de la Constituyente y del pueblo, modificaron artículos. Eso se detectó y se descubrió.
Pero aún así. Aquí quedaron infiltrados muchos gazapos del viejo orden, del viejo régimen y otros elementos que no quedaron bien firmes. Bien ajustado, bien delineados. Fíjense, Brito apunta bien aquí, en algunos artículos de nuestra Constitución que deben ser reformados. No cabe duda…
El artículo 303 también dice que el Estado se reserva, por razones de soberanía económica, política y la estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera. Pero viene, aquí el pero, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocio de Petróleos de Venezuela. La privatización pues. Esto hay que cerrarlo. Hay que modificarlo ¡Ni filial ni nada! ¡Aquí no se privatiza más nada! Pero hay que cerrarlo aquí en la Constitución. Y así muchos, muchos artículos en lo económico, en lo político no es por Chávez que el pueblo vota. Es por un proyecto, es por un camino, es por una vía, y Chávez durante una y mil veces lo dijo: Vamos por la vía del socialismo. ¡El pueblo votó por la vía del socialismo y el socialismo lo que quiere el pueblo y el socialismo lo que requiere el pueblo, lo que necesita la patria!”
Les recomiendo a los señores constituyentistas escuchar al Presidente Chavez, sin cortes, original, Chavez Radical. Mientras tanto, la maquinaria de propaganda del madurismo eleva a Hermann Escarrá a nivel de “salvador” de la revolución. Increíble cómo han cambiado las cosas. Aunque, para ser claros, Hermann Escarrá no ha cambiado en nada, siempre ha sido una persona de derecha, los que han cambiado son los que lo pusieron allí.
Por otra parte, la intervención de Jesús Faría en la Sesión de la Asamblea, no deja de ser patética y triste. El hijo de un destacado dirigente obrero del Partido Comunista, defendiendo hoy una Ley donde se entrega el país, los activos y empresas del Estado, al capital transnacional.
Faría, en su intervención, le agrega un carácter tragicómico a la sesión, ¿cómo se pueden esgrimir argumentos contra el imperialismo, cuando se justifica y defiende una ley, donde justamente se abren las puertas a los intereses transnacionales para que se apropien de los recursos y del trabajo de los venezolanos?
Es decir, frente a las sanciones del imperialismo, “entreguemos el país al imperialismo”, ¿quién entiende? Mientras, sus ex-camaradas del PCV fijan una posición correcta y consecuente con la clase obrera.
Esta sección y articulado de la Ley que le correspondió defender al ex dirigente comunista, contiene los artículos de la Ley Antibloqueo, referentes a la entrega de la economía del país. Además de los señalados anteriormente, habría que mencionar:
El Artículo 29. Establece que el “Ejecutivo Nacional podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional”. Nuestra Constitución y leyes, incluyendo la LOH, permiten la participación del capital privado en nuestra economía.
Entonces, la reflexión es: ¿qué tiene que ver la lucha contra “el bloqueo y las sanciones”, la defensa de la Patria, con entregar la economía al sector privado? Este articulado del Capítulo II de la Ley, descubre el verdadero propósito de utilizar la excusa de las sanciones, para justificar la entrega de la economía al capital transnacional y todo tipo de operadores, amigos y a la “burguesía revolucionaria” del gobierno.
El artículo 30, muestra la clara intención desnacionalizadora de la Ley: “Los activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado Venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, que sean requeridos para su incorporación urgente en un proceso productivo, podrán ser objeto de alianzas con entidades del sector privado…”
Aprovechándose de errores y la pésima gestión del gobierno en la gestión de las empresas nacionalizadas durante el gobierno del presidente Chávez, viene una reversión de esta política. Será la rebatiña, tal como sucedió en Rusia durante el gobierno de Boris Yeltsin.
Será la reversión de la política de soberanía económica plasmada en el Plan de la Patria, entregando al sector privado aquellos activos, actividades y empresas que hubiesen sido nacionalizadas durante el gobierno del Presidente Chávez, incluyendo la FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO y los bienes, activos y actividades que el capital transnacional había arrebatado al país durante la nefasta Apertura Petrolera.
La ley ofrece GARANTÍAS A LA INVERSIÓN. Nadie hace eso, el Estado no puede garantizar que a un “inversionista” le irá bien en su negocio, ni que el Estado ejercerá su derecho soberano a imponer términos y condiciones fiscales o impositivas a un negocio para tales fines. Si lo hace, está incurriendo en el vicio Desviación de Poder, porque está utilizando las potestades del Estado para cumplir un objetivo distinto a aquel por el cual se le otorga la competencia, haciendo nulas sus actuaciones.
El artículo 34 establece que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de la inversión y de resolución de controversias, a los fines de generar confianza y estabilidad…”
El gobierno otorga garantías al capitalismo transnacional, mientras no es capaz de garantizar los derechos fundamentales del pueblo venezolano, además de renunciar a la soberanía jurisdiccional del país, aceptando el arbitraje internacional de inversiones, prohibido expresamente en la Constitución en su artículo 151.
Tales disposiciones, “garantías de inversión” y “arbitraje internacional de inversiones”, son los mecanismos de dominación del capitalismo transnacional. Estos mecanismos no son nuevos, los mismos ya habían sido impuestos al país por las transnacionales petroleras, durante la Apertura Petrolera y los tratados de protección de inversiones que, precisamente la cancillería de nicolás maduro siguió firmando, a pesar de que en el sector petrolero los habíamos prohibido expresamente en los contratos.
Han sido esos mecanismos y esos tratados de inversión los que han favorecido que empresas transnacionales, cometiendo fraude jurisdiccional (mediante la constitución de empresas de maletín “ad hoc” en países beneficiarios de tales Tratados) y empresas de todo tipo han llevado a la República a tribunales internacionales y han logrado confiscar y congelar activos del Estado venezolano en el exterior.
Es decir, el gobierno pretende combatir las “sanciones” y el “bloqueo” exponiendo al país a los mecanismos de sujeción del capital transnacional, vulnerando la soberanía y renunciando a la inmunidad soberana.
Tal como establecen los artículos 19 y 25 de esta ley, el gobierno “desaplica o inaplica” el marco legal y constitucional de la República para sujetarse y “adaptarse” a los mecanismos del capitalismo transnacional. En particular estos que vulneran la soberanía nacional.
Para finalizar el desmadre inconstitucional, la ANC aprobó el articulado contenido en el Capítulo III, “Otras medidas de protección”
En el artículo 36, el gobierno establece mecanismos de protección a sus “agentes” y empresas: “Se crea el Sistema de Asistencia y Protección Legal ante las Medidas Coercitivas Unilaterales el cual tiene por finalidad asistir, orientar y proteger, nacional o internacionalmente, a las víctimas en general, ya sean personas naturales o jurídicas…”. El gobierno busca darle rango legal a la protección que ofrece a sus operadores económicos en el exterior, tal vez el caso más emblemático es el “agente» que está detenido en Cabo Verde.
El secreto como norma
En los artículos 37 al 42 se consagra el secreto como norma de actuación y ejecución de esta Ley, violando los artículos 141, 143, 150, ord. 3 del 187 de la Constitución.
La ley otorga a los funcionarios públicos una potestad que no tienen, que es inconstitucional, NO se puede ocultar información relativa a materias sensibles o estratégicas definidas de interés público en la Constitución, más aún cuando se trata de contratos de interés nacional, de actos que han de ser controlados por la Asamblea Nacional y por el Poder Judicial, entre otros.
Se argumenta que el secreto es necesario para enfrentar las sanciones y evitar acciones de retaliación contra de operadores privados. Ese es el argumento que probablemente aplica en otros países pero no en Venezuela, no con la Constitución vigente y mucho menos con este gobierno.
La Constitución establece mecanismos de control a la gestión del gobierno, el principio de rendición de cuentas, separación de poderes, democracia participativa y protagónica, los contratos de interés público, deben ser del conocimiento del país. No se puede gobernar en el secretismo, se están manejando materias, recursos y el patrimonio de todos los venezolanos.
Es notable que tanto Diosdado, como Escarrá apelan a que “confiemos” en maduro y sus ministros. ¿Por qué habremos de confiar en ellos? Un país no se puede gobernar de manera discrecional. Ni siquiera el presidente Chávez tuvo, ni quiso, ese poder. Siempre se sometió al escrutinio público y exigía que la gestión del gobierno y todos los asuntos del Estado se manejaran de cara al pueblo.
Se argumenta que vivimos una situación excepcional, es verdad, pero es fundamentalmente por un mal gobierno, una pésima gestión, donde han prevalecido los intereses económicos y grupales por encima de los intereses colectivos de todo el país, un gobierno que ha debilitado al extremo nuestras capacidades y soberanía.
El gobierno ha actuado siempre en secreto, nadie conoce los negocios del gobierno, ni las empresas mixtas aprobadas en su gestión, ni la entrega de nuestras refinerías en el Caribe y Europa, ni los Contratos de Servicios Petroleros firmados por Quevedo, ni la privatización de las empresas mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco, ni los manejos financieros de Malpica o Simón Zerpa, ni la deuda contraída por el gobierno, ni las garantías que han dado, nadie sabe qué pasó con nuestros buques, nuestros taladros, las reservas internacionales, con el oro, nadie sabe lo que pasa en el Arco Minero.
Este es un gobierno que creó cuerpos policiales enmascarados para sembrar el terror en nuestros barrios, para adelantar ejecuciones sumarias, el gobierno tiene “agentes”, aventureros de todo tipo que realizan operaciones económicas, secretas, de espaldas al país. Viola la Ley, se salta los mecanismos de rendición de cuentas, nadie sabe nada de lo que hace el gobierno.
¿Para qué más secretos? ¿A cuenta de qué vamos a dar un cheque en blanco al gobierno para que siga comprometiendo el futuro del país, entregando las empresas y recursos del Estado? El secreto de esta Ley pretende ocultar el saqueo de la Patria. Es inconstitucional y sumamente peligroso.
Para finalizar, cual Decreto de Carmona, la Ley Antibloqueo en su disposición transitoria deroga de facto cualquier ley, sea orgánica o no, que colidan con la aplicación de ésta y sus objetivos. Quedamos en manos de un gobierno y un grupo de ministros que tendrán carta blanca para “desaplicar o inaplicar” leyes orgánicas en materias tan sensibles como la petrolera, cuya “desaplicación o inaplicación” deroga de facto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todo ello sucederá en el más absoluto secreto. Una dictadura.
Todos estamos en el deber de leer y entender la gravedad de lo que ha aprobado la Asamblea Nacional Constituyente para nuestro país, y nuestras posibilidades de salir de este abismo. Actúan ilegalmente, siguen desmontando nuestro marco legal y constitucional e imponiendo un retroceso terrible en el país, expropiando al pueblo venezolano de sus conquistas y derechos. La ANC ya va de salida y va directo al basurero de la historia. Triste papel, triste el silencio de personas valiosas allí, repudiable la complicidad con los enemigos de la patria.
La derecha guarda silencio, el psuv también, mientras FEDECAMARAS aplaude.
Pero para el pueblo venezolano, los trabajadores, los humildes, los sectores revolucionarios y patriotas la aprobación de esta Ley debe ser OTRO campanazo de alerta sobre el rumbo que lleva este gobierno. Mientras más pase el tiempo y mientras puedan seguirán entregando y haciendo todo lo que puedan para mantenerse en el poder, desesperados buscan un pacto con nuestros enemigos históricos.
Hay que dejar atrás el chantaje y la dispersión. Las condiciones de vida y sobrevivencia a las que han sometido a todo el pueblo, nos distrae de temas fundamentales, estratégicos. Hay que detener a este gobierno, hay que organizarse en defensa de nuestra Constitución, nuestros recursos estratégicos y la soberanía económica, única posibilidad de salir de este abismo.
